RESOLUCIÓN 81745 DE 1996

 

RESOLUCIÓN 81745 DE 1996 

(Agosto 6)

“Por la cual se reglamenta la aplicación de los criterios que ha utilizado y, continuará utilizando el Ministerio de Minas y Energía para compensar los subsidios que las distribuidoras o comercializadoras de electricidad conceden a los usuarios finales de menores ingresos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes según la disponibilidad de recursos del presupuesto de la Nación para este fin y se deroga la Resolución 81412 de 1996 ”.

El Ministro de Minas y Energía,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 67, numeral 67.4 de la Ley 142 de 1994, el artículo 3º, numeral 4º, del Decreto 27 de 1995,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 368 contempla la posibilidad de que la Nación y los entes territoriales concedan subsidios para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas del servicio de electricidad que cubran sus necesidades básicas;

Que, en desarrollo de la Constitución, las leyes 143 de 1994, en su artículo 3º literal g) y 188 de 1995, artículo 20, numeral 4.1.3.5, establecen que las personas de menores ingresos beneficiarias del subsidio son los usuarios de los estratos I, II y III y los de menores ingresos del área rural en su consumo de subsistencia;

Que es deber del Ministro de Minas y Energía identificar el monto de las subvenciones que debe dar la Nación para el servicio público de electricidad, los criterios correspondientes de asignación y hacer las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto nacional, según lo establece el artículo 67, numeral 67.4 de la Ley 142 de 1994;

Que las leyes 142 y 143 de 1994 establecen, en sus artículos 89 y 47, respectivamente, que, además de los fondos de la Nación para el otorgamiento de subsidios en el servicio de electricidad, existen otras fuentes de recursos, como son los aportes de los usuarios residenciales de estratos altos y los usuarios no residenciales, los provenientes de los fondos de solidaridad y los aportes contemplados en el Decreto 1596 de 1995 ;

Que adicionalmente la Constitución Política, en su artículo 368, contempla que los departamentos, distritos, municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos;

Que la Ley 143 de 1994, en sus artículos 3º, 4º y 6º, ordena al Estado proveer una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector, que debe garantizar la prestación del servicio al menor costo económico, y así mismo debe promover la competencia, elementos éstos que deben tomarse en cuenta en la estimación de los parámetros requeridos para el cálculo de las subvenciones del presupuesto de la Nación, en particular los de costos;

Que el consumo de subsistencia, junto con los costos y tarifas constituyen elementos para el cálculo de las transferencias de la Nación destinadas al pago de subsidios de que trata el artículo 3º, literal g), de la Ley 143 de 1994;

Que las fórmulas que recoge la presente resolución son de carácter general y resultan aplicables cualquiera que sea el valor de los parámetros utilizados en ellas;

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 14, numeral 14.29 de la Ley 142 de 1994, el subsidio es la diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe;

Que si el costo de eficiencia de prestación del servicio a cargo del comercializador es igual a la tarifa media de venta completa al usuario final, el subsidio recibido por un consumidor está financiado por otro consumidor que paga una tarifa de venta superior al precio medio de venta al usuario final, caso en el cual la política tarifaria generaría transferencias dentro de la empresa y no se requerirían aportes distintos a los que se originan por este cruce, y que, en cambio, si el costo de prestación del servicio a cargo del comercializador o distribuidor excede la tarifa media de venta al usuario final, la empresa en cuestión como un todo, recibiría subsidios de fuentes externas a ella, caso en el cual sí hay lugar a los subsidios de que trata el artículo 368 de la Constitución Política;

Que, para el cálculo de los subsidios deben practicarse los ajustes necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, el artículo 1º de la Ley 286 de 1996; los artículos 3º, literal g) y 47 de la Ley 143 de 1994; y, el artículo 20 numeral 4.1.3.5 de la Ley 188 de 1995, con el fin de que las transferencias sólo se apliquen a los estratos y rangos de consumo contempladas por estas leyes, y reconocidos por la autoridad competente;

Que el artículo 99 numeral 99.9 de la Ley 142 de 1994 establece que los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignen preferentemente a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos;

Que según lo establece la Constitución Política en su artículo 368, los subsidios provenientes de los presupuestos de la Nación y entes territoriales están dirigidos a que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos que cubran sus necesidades básicas y que, así mismo, la Ley 142 de 1994, en su artículo 89, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, contempla que quien preste el servicio público distinga en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidio a los usuarios de los estratos I, II y III;

Que así mismo la Ley 142 de 1994 en su artículo 148, indica que entre otros elementos, la factura debe tener información de cómo se determinaron y valoraron los consumos;

Que como se desprende de lo anterior el legislador señala reiterativamente que el subsidio está asociado a la existencia de una factura y al pago de una tarifa, lo cual significa que los sujetos del subsidio son los usuarios que, además de tener en principio el derecho consagrado en la ley, reciban efectivamente una facturación y paguen una tarifa;

Que es preciso compatibilizar la obligación señalada por la ley a las empresas, en el sentido de facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso al subsidio, con el pago de una tarifa por los usuarios respectivos y con la inclusión del subsidio en las facturas; por ende se hace indispensable la legalización previa de usuarios y consumos como condición para dar lugar a los aportes de la Nación;

Por las consideraciones expuestas, el Ministro de Minas y Energía,

RESUELVE:

ART. 1º—Variables para el cálculo de transferencias de la Nación con destino a los subsidios previstos en la ley. Estas variables comprenden el costo unitario o por KWh real eficiente de prestación del servicio a cargo de la empresa distribuidora o comercializadora, el consumo a subsidiar por KWh/mes o año según el caso, la tarifa media de venta al usuario final KWh; un ajuste necesario para eliminar transferencias asociadas a subsidios extralegales, las ventas totales de la empresa y el número de usuarios en los estratos I, II y III, incluidos los del sector rural, así como lo que estos usuarios pagan por la prestación del servicio.

ART. 2º—Costo real eficiente de prestación del servicio a cargo de la empresa distribui-dora o comercializadora de energía. Se refiere al costo real de eficiencia por KWh que cada empresa comercializadora tiene a su cargo para la prestación del servicio, y está integrado por los siguientes elementos:

a) El costo por KWh estipulado en el contrato bilateral de largo plazo de compra de energía en bloque suscrito entre generadores y comercializadoras o distribuidoras, cuya información es de carácter confidencial; la restante información resulta de las resoluciones de la Comisión de regulación de Energía y Gas, CREG, y de las divulgaciones no resolutivas de las entidades oficiales del sector.

PAR.—Para la determinación del costo unitario de la energía en bloque no se toma en cuenta el precio de la bolsa del mercado mayorista por la alta fluctuación de dicho precio, el cual ha sido en promedio más bajo que el precio de los contratos, situación que puede cambiar en el futuro, pues en el mediano y largo plazo estos dos precios deben ser similares. Las pérdidas en que pueda incurrir la empresa por su participación en la bolsa, al comparar el precio en dicha bolsa con el del contrato bilateral, son inherentes al riesgo de la actividad empresarial en el nuevo régimen de competencia; de la misma manera, los beneficios que obtenga de su participación en bolsa al comparar dichos precios son retribuciones de su gestión que pueden asignarse a inversiones u otras actividades prioritarias, a juicio de cada empresa;

b) Los cargos unitarios por concepto de uso y conexión del sistema de transmisión nacional a los comercializadores o distribuidores, así como las pérdidas de eficiencia reconocidas por el regulador, vigentes en el momento de la preparación del presupuesto de la Nación, junio de cada año serán los correspondientes a las resoluciones específicas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que rijan en este momento la materia. Los cargos unitarios por concepto de uso y conexión de los sistemas de transmisión regional y distribución local, correspondientes a los niveles de tensión IV a II, aplicables a los comercializadores o distribuidores para efectos de la estimación de transferencias del presupuesto de la Nación, son los consignados en la resolución de la CREG específica aplicable, incluyendo las pérdidas de eficiencias reconocidas por el regulador;

c) Para el cálculo de los costos unitarios eficientes de distribución correspondientes al nivel de tensión I, se toman las cifras contempladas en el cuadro 38 del estudio sobre costos de distribución, CREG 1994, que sobre ese particular contrató la CREG ese año, o las actualizaciones o, preferiblemente, las normas aplicables que se dicten específicamente sobre este punto; para esta fase también se reconocen las pérdidas de eficiencia aceptadas por el regulador.

Deberá tenerse en cuenta que el costo unitario de distribución se refiere a un costo medio según el nivel de tensión donde se localicen los usuarios de la respectiva empresa;

d) Costos unitarios o por KWh adicionales eficientes de operación del sistema aplicables a los comercializadores o distribuidores y representados fundamentalmente por reconciliaciones o restricciones operativas. Estos costos parten de las resoluciones pertinentes de la CREG, y transitoriamente corresponden, a los montos de restricciones en que las distintas empresas incurrieron en el período comprendido entre el mes de julio de 1995 y el mes de mayo de 1996 según el anexo 1, actualizados por el índice de precios al productor, nivel nacional. Se entiende que las cifras del anexo 1 se revisarán cada vez que el mercado permita tener cifras más estables y confiables, y

e) Costos por KWh de clientela, el cual transitoriamente se aproxima a 2.4 $/KWh para todas las empresas en 1997, que corresponde al valor medio nacional sin incluir las empresas de Medellín, Cali y Bogotá.

PAR.—El costo por KWh de clientela se obtiene de las cifras contenidas en el cuadro 34 del estudio de costos de distribución de CREG/1994 y de las cifras de ventas físicas de las empresas. Para calcular el promedio nacional por KWh no se incluye a Bogotá por la razón indicada en el mencionado estudio de CREG, ni tampoco a Medellín y Cali con el fin de preservar el principio de equidad, pues al excluir estas empresas de los cálculos del costo medio de clientela, se eleva el valor medio de esta variable y se logra así que sea similar el número de empresas por debajo y por encima de dicho promedio.

ART. 3º—Consumo a subsidiar. Mientras una nueva ley no fije el consumo de subsistencia aplicable a los estratos I, II y III, se utiliza el establecido por la Ley 188 de 1995, artículo 20, numeral 4.1.3.5, que fija dicho consumo de subsistencia en 200 KWh/mes con la excepción de los consumos a subsidiar inferiores, aplicados antes del 1º de noviembre de 1994.

El consumo total a subsidiar en estos tres estratos se define en la siguiente fórmula:

Donde:

CST 1-3 = Consumo total a subsidiar en los estratos I, II y III aplicable a los usuarios de estos estratos y a los de menores ingresos del área rural que reciban una factura y paguen una tarifa.

CS = Consumo a subsidiar por usuario.

USU i = Usuarios totales en los estratos I, II y III respectivamente.

PAR.—Para el período anterior al 1º de noviembre de 1994, se emplean consumos a subsidiar de aproximadamente 130 KWh/mes para la totalidad de los mercados subsidiados por el presupuesto de la Nación hasta ese momento. Para aquellos mercados marginales no contemplados para efectos de subsidios de la Nación antes de 1995, se toma un consumo a subsidiar de 200 KWh/mes, según el concepto 754 de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

ART. 4º—Tarifa media de venta al usuario final, aplicable para el cálculo de transferencias de la Nación. Esta tarifa por KWh, corresponde a la relación entre el valor de la facturación y el consumo, valorando todos los consumos a los precios señalados por la ley o por la autoridad competente. Esta es la variable a comparar con el costo por KWh de prestación de servicio a cargo del comercializador para el cálculo del subsidio legal, practicado el ajuste indicado en el artículo 5º de esta resolución. También se toma para el cálculo de transferencias del presupuesto de la Nación, la tarifa aplicable a los estratos y rangos de consumo con subsidios por encima de los autorizados por la ley y por la autoridad competente, en la forma indicada en los artículos 5º y 8º de esta resolución.

ART. 5º—Ajuste de la tarifa de venta al usuario final para eliminación de los subsidios superiores a los autorizados por la ley y reconocidos por la autoridad competente. Estos subsidios que otorguen las empresas al usuario final no son objeto de compensación con cargo al presupuesto de la Nación, por lo cual se suprime de los cálculos de que trata esta resolución. Al efecto, se ajusta la tarifa de los estratos y rangos de consumo con subsidio por encima de los autorizados por la ley y reconocidos por la autoridad competente al costo real de prestación del servicio a cargo de la empresa distribuidora o comercializadora. Este ajuste incide sobre la tarifa media de venta al usuario final en una magnitud igual a la proporción de las ventas de energía al estrato y rango de consumo con subsidio extralegal dentro de las ventas totales de la empresa respectiva, según la siguiente fórmula:

TV* j = TV j + aj (C j - t j ), 0 < a j < 1

t j < C j

Donde:

TV* j = Tarifa media ajustada de venta al usuario final por KWh en la empresa j de subsistencia para el cálculo de transferencias.

TV j = Tarifa media de venta al usuario final por KWh en la empresa j.

a j = Factor igual a la relación entre las ventas a estratos y rangos de consumo con subsidio superiores a los autorizados por la ley y reconocidos por la autoridad competente y las ventas totales de la empresa j.

C j = Costo por KWh real y eficiente de energía de prestación del servicio a cargo de la empresa distribuidora j.

t j = Tarifa media por KWh en los estratos y rango de consumo consubsidio superiores a los autorizados por la ley y reconocidos por la autoridad competente en la empresa j.

La forma en que el ministerio práctica estos ajustes se resume con un ejemplo que se presenta en el anexo 2 de esta resolución.

ART. 6º—Ventas de la empresa para el cálculo del subsidio. Estas ventas comprenden el 90% de las ventas físicas totales facturadas de la empresa al usuario final, como tope fijado en la Ley 143 de 1994, artículo 47, y corresponden a la energía total entregada y facturada en los estratos I a VI residencial y en los sectores no residenciales. A las ventas facturadas se aplicará un factor marginal de ajuste que consiste en sustituir las ventas efectuadas a los estratos I, II y III por el consumo a subsidiar respectivo de estos tres estratos y los de menores ingresos del área rural, también facturados y calculados en la forma indicada en el artículo 3º de esta resolución.

ART. 7º—Actualización de variables. Todas las variables contempladas en la presente resolución se toman en los valores existentes al momento de preparar la propuesta de inclusión de subsidios en el presupuesto de la Nación, según lo indicado en el artículo 2º, literal b), ajustándolos por la proyección del índice de precios al productor, nivel nacional, y de ventas totales para cada empresa según sea el caso, de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación, DNP, o de las unidades de planeación o de información del Ministerio de Minas y Energía.

ART. 8º—Estimación de las transferencias del presupuesto de la Nación. La forma más fiable y directa de hacer este cálculo es comparando el costo real de eficiencia de prestación del servicio a cargo del comercializador o distribuidor definido en el artículo 2º de esta resolución con la tarifa media de venta completa al usuario final ajustada según lo establecido en el artículo 5º de esta resolución.

Las transferencias se estiman para cada empresa según la siguiente fórmula:

T j = (C j - TV* j ) * VTAS j *0.9

Donde:

T j = Transferencia del presupuesto de la Nación a la empresa j.

C j = Costo por KWh real de eficiencia de prestación del servicio a cargo de la empresa distribuidora j, según se define en el artículo 2º de la presente resolución.

TV* j = Tarifa media de venta al usuario final de la empresa j por KWh, según ella se define en los artículos 4º y 5º de la presente resolución.

VTAS j = Ventas totales físicas de la empresa j al usuario final, según se indicó en el artículo 6º de la presente resolución.

PAR.—El procedimiento señalado en este artículo evita distorsiones en los cálculos al hacer proyecciones, cuando no es posible anticipar la coherencia entre las tarifas de venta en distintos estratos y rangos de consumo con la tarifa media de venta al usuario final, o tampoco se puedan anticipar en forma precisa las proporciones de ventas en cada estrato y rango de consumo dentro de las ventas totales de la empresa.

ART. 9º—Apropiaciones presupuestales y ajuste en las transferencias. Para cumplir con el propósito previsto en el artículo 99 numeral 99.9 de la Ley 142 de 1994, el Ministerio de Minas y Energía toma como referencia los ingresos tributarios per cápita de los municipios que aproximadamente componen el mercado atendido por cada empresa, según la información disponible procesada por el Banco de la República y el DANE. Esta información se reproduce en el anexo 3* de esta resolución.

Establecida así la variable de ingresos tributarios per cápita, se da prioridad al 80% o 90% de las empresas comercializadoras o distribuidoras ubicadas en los subconjuntos de municipios con más bajo ingreso tributario per cápita, según la disponibilidad presupuestal y conforme a la información disponible.

ART. 10.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 6 de agosto de 1996.

*N. de D.: Los anexos a esta resolución pueden consultarse en el Ministerio de Minas y Energía.

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