RESOLUCIÓN 820 DE 2004 

(Abril 16)

Dictamen 06-2004 de incumplimiento por parte de la República de Colombia al no haber suspendido las medidas correctivas y no haber levantado las medidas restrictivas a las importaciones de productos oleaginosos originarios de los países miembros de la Comunidad Andina

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

Vistos: El artículo 30, literal a), del Acuerdo de Cartagena; los artículos 4º, 23 y 26 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y las resoluciones 671, 724 y 773 de la secretaría general; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 671 de 5 de noviembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 860 de 6 de noviembre de 2002, la secretaría general denegó la solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, clasificados en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00, originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, al amparo del artículo 109 (actual artículo 97) del Acuerdo de Cartagena y suspendió las medidas correctivas aplicadas por el Gobierno de Colombia a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina;

Que mediante la Resolución 724 de 7 de mayo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 927 de 8 de mayo de 2003, la secretaría general determinó que la exigencia por parte de la República de Colombia de licencias previas para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 72 (actual 73) del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, y por lo tanto vulnera el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, la secretaría general concedió a la República de Colombia un plazo máximo de diez (10) días hábiles para el levantamiento de la restricción;

Que mediante la Resolución 773 de 2 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 993 de 3 de octubre, la secretaría general declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la República del Perú contra la Resolución 724 de la secretaría general. En consecuencia, sustituyó el artículo 1º de la Resolución 724 por el siguiente:

“Determinar que el establecimiento por parte de la República de Colombia de un contingente para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, así como la exigencia de licencias previas para la administración de dicho contingente, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, y por lo tanto vulnera el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena”;

Que mediante comunicación VREI-DGIN-DIS-326/8238 del 29 de agosto de 2003, el Gobierno de Bolivia denunció ante esta secretaría general, la aprobación del Decreto 2130 de 30 de julio de 2003, publicado en el Diario Oficial 45.265 de 31 de julio de 2003, por parte del Gobierno de Colombia, a través del cual pasó al régimen de licencia previa los productos clasificados en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00, 1517.90.00.00, provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, y estableció un contingente de 1.105.971 litros mensuales para la importación de los productos comprendidos en las subpartidas mencionadas originarias de los países miembros de la Comunidad Andina. Dicho decreto tendría una vigencia de tres meses, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial;

Que en la misma comunicación, el Gobierno de Bolivia señaló que la aprobación del mencionado decreto por parte de la República de Colombia, “constituye un flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria y de los principios de libre comercio en la subregión”;

Que el 11 de septiembre de 2003, la secretaría general expidió la nota de observaciones SG-F/0.5/1486/2003 al Gobierno de Colombia, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Cartagena, el Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de obligaciones derivadas del ordenamiento comunitario, en especial de los artículos 72, 76, 77 y 97 del Acuerdo de Cartagena y 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de las resoluciones 671 y 724 de la secretaría general; y concedió a la República de Colombia un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para que presentara su respuesta a la nota de observaciones. En la misma fecha, la referida nota fue puesta en conocimiento de los demás países miembros;

Que mediante comunicación de 2 de octubre de 2003, el Gobierno de Colombia dio respuesta fuera del plazo estipulado a la nota de observaciones, señalando que “en Colombia se estudió el tema y se confirmó una situación de perturbación en la rama de la producción nacional ocasionada por el comportamiento y las condiciones de las importaciones originarias de la CAN, particularmente de Bolivia. Por esta razón se impuso una salvaguardia, mediante el Decreto 1504 de 19 de julio, consistente en un gravamen del 29% por seis meses para las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales que se clasifican por las subpartidas arancelarias 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarias de la CAN”. También indicó que “desde el 31 de julio hasta el 19 de enero se aplicó el arancel NMF”;

Que el Gobierno de Colombia sostuvo que “en consideración a que se mantienen las distorsiones al comercio subregional, lo mismo que las restricciones a través de salvaguardias en los mercados de Venezuela, Ecuador y Perú, el sector aceitero nacional representado en Fecolgrasas ha solicitado el mantenimiento de la salvaguardia a las importaciones de aceites refinados procedentes de Bolivia, hasta tanto se acuerde, a nivel andino, medidas que corrijan las distorsiones y se eliminen simultáneamente las restricciones que afectan al mercado andino” (énfasis añadido);

Que el Gobierno de Colombia también indicó que “analizada la situación con los representantes de la industria nacional se corroboró que la apertura del mercado nacional pone en seria desventaja a la producción nacional que debe enfrentar la fuerte competencia de los aceites refinados bolivianos, sin que la industria nacional pueda exportar a los mercados de la subregión”;

Que el Gobierno de Colombia señaló que se estableció una cuota de importación de aceites refinados de 1.105.971 litros mensuales por un período de tres meses;

Que por otra parte, el Gobierno de Colombia requirió a la secretaría general “reconocer el cumplimiento por parte de Colombia de la normativa andina y, en consecuencia, concluir toda actuación derivada de la denuncia realizada por el Gobierno de Colombia y adelantar las acciones comunitarias necesarias que conduzcan a un pronto acuerdo para la eliminación por parte de los países miembros de las distorsiones y restricciones que afectan el comercio de oleaginosas”;

Que mediante comunicación SG-X/0.5/226/2004 de 3 de marzo de 2004, la secretaría general con la finalidad de verificar el estado de cumplimiento de la normativa andina, solicitó a los países miembros que presentaran los comentarios pertinentes acerca del posible levantamiento de las restricciones a que se refieren las resoluciones 724 y 773 de la secretaría general;

Que el 11 de marzo de 2004, el Gobierno del Perú en respuesta a la solicitud de la secretaría general, informó mediante comunicación 166-2004-MINCETUR/VMCE/DNINCI, que “demostrando una conducta reiterada y contraria al ordenamiento jurídico andino, el Gobierno de Colombia mediante Decreto 3519, publicado en el Diario Oficial 45.397 del 5 de diciembre de 2003, establece por tercera vez la aplicación de licencias previas y un contingente de importación, esta vez por un período de 6 meses”. Asimismo, adjuntó como antecedentes, copias de los decretos 446, 2130 y 3519 del Gobierno de Colombia;

Que el Gobierno del Perú agregó que “… en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Decisión 425, reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general de la Comunidad Andina, solicitamos que este órgano comunitario inicie a la brevedad posible el correspondiente proceso administrativo por incumplimiento flagrante en contra de la República de Colombia”;

Que el Gobierno de Bolivia, mediante comunicación VREI-DGIN-DIS/210/2004 de 18 de marzo de 2004, en respuesta a la solicitud de información formulada por la secretaría general a través de la comunicación SG-X/0.5/226/2004 de 3 de marzo, señaló que “si bien el Decreto 2130 antes mencionado ya no se encuentra en vigencia, el Gobierno de Colombia habría prorrogado la misma medida de restricción a la importación de aceites vegetales provenientes de los países miembros, por un nuevo período de 6 meses, mediante Decreto 3519 aprobado el 5 de diciembre de 2003”. Asimismo el Gobierno de Bolivia indicó que “se ha confirmado plenamente con los sectores interesados que persiste la afectación en Colombia a las exportaciones de aceites vegetales refinados originarios de Bolivia”;

Que mediante el Decreto 3519 de 5 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial 45.397, se establecen las siguientes medidas: a) licencia previa a los productos clasificados en las subpartidas arancelarias 1507.90.00.90 (aceite de soya refinado, pero sin modificar químicamente; 1512.19.00.00 (aceite de girasol o cártamo refinado, pero sin modificar químicamente); 1517.90.00.00 (mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16); b) establecimiento de un contingente de 1.105.971 litros mensuales para la importación de los productos comprendidos en las subpartidas antes mencionadas originarias de los países miembros de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, el Decreto 3519 rige durante seis (6) meses contados a partir de su publicación;

Que esta secretaría general destaca la importancia de la libre circulación de mercancías, que ha sido reiterada por el Tribunal de Justicia, entre otras en la sentencia de 11 de diciembre de 1997 dentro del proceso 1-AI-97 en el cual señaló que:

“la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano”;

Que la imposición de restricciones al comercio subregional contraviene las reglas del programa de liberación contenidas en el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, así como el propósito expresado por los países miembros de conformar un mercado común basado en el principio fundamental de libre circulación de mercancías;

Que a lo anterior debe agregarse que el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena establece la obligación de los países miembros de abstenerse de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la subregión;

Que el artículo 3º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que “… las resoluciones de la secretaría general serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”;

Que las resoluciones de la secretaría general están revestidas y amparadas de la presunción de legalidad y ejecutoriedad. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en la sentencia del 13 de octubre de 2000 dentro del proceso 43-AI-99 que:

“Las resoluciones que califican una medida interna como restricción al comercio, a los efectos del capítulo V del Acuerdo de Cartagena, como se ha visto, constituyen actos decisorios que crean en el país miembro destinatario una obligación de cumplimiento inmediato, independientemente de que su validez pueda ser cuestionada por la vía de la acción de nulidad. Por ello, la interposición del recurso administrativo comunitario de reconsideración, así como el judicial de anulación, en principio, no afecta su ejecución, eficacia o vigencia, conforme lo establecen los artículos 21 del tratado de creación del Tribunal y 41 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Decisión 425). Excepcionalmente, la secretaría general y el tribunal disponen de la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado, mientras se tramitan el recurso de reconsideración y la acción de nulidad, respectivamente. Pero salvo que se produzca dicha orden de suspensión provisional, subsiste el obligatorio cumplimiento de las resoluciones de la secretaría general hasta tanto se produzca un pronunciamiento en firme que revoque o anule el acto viciado de ilegalidad”;

Que en su sentencia del 22 de agosto de 2001, dentro del proceso 72-AI-2000, el Tribunal de Justicia señaló que:

“la aplicación unilateral de una medida restrictiva implica un incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico andino” (República de Colombia / secretaría general; acción de nulidad 2-AN-98; caso Sudamtex). En efecto, la imposición de restricciones al comercio constituye una infracción al programa de liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena, instrumento jurídico en el que los países miembros consagraron su propósito originario de que “las restricciones de todo orden serán eliminadas a más tardar el 31 de diciembre de 1970” (art. 76);

Que los países miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de la Comunidad Andina (obligaciones de hacer), así como el compromiso de no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria al ordenamiento andino o que de algún modo obstaculice su aplicación (obligaciones de no hacer). Así lo recoge el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la jurisprudencia del Tribunal Andino, que ha insistido que:

“El sometimiento absoluto de los países miembros y de los órganos que conforman el sistema andino de integración al ordenamiento jurídico de la comunidad es la base fundamental para el cumplimiento, desarrollo y consolidación de los objetivos y fines que persigue el Acuerdo de Cartagena.

Para la efectiva observancia de las normas jurídicas comunitarias, los países miembros adquirieron la obligación de asumir comportamientos de acción, adoptando las medidas necesarias que garanticen su eficacia, así como de abstención, y entre Estos, el de no expedir, ni mantener en vigencia, normas o decisiones contrarias al ordenamiento jurídico andino (art. 4º del Tratado de creación del tribunal).

El incumplimiento de cualquier norma jurídica, originaria o derivada, por parte de un país miembro comporta inevitablemente la infracción del referido artículo 4º…” (sentencia del 31 de enero de 2001 en el proceso 17-AI-2000 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 651 de 20 de marzo de 2001)”;

Que la República de Colombia, al no haber suspendido las medidas correctivas aplicadas a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 671 de la secretaría general; así como al no haber levantado las medidas calificadas como restricción al comercio intrasubregional mediante la Resolución 724 modificada por la Resolución 773 de la secretaría general, ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones derivadas del programa de liberación, en especial de los artículos 72, 73, 77 y 97 del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que conforme a lo establecido en el artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la secretaría general velar por la aplicación del acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con el artículo 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde a la secretaría general emitir el dictamen de incumplimiento;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

RESUELVE:

ART. 1º—Dictaminar que la República de Colombia ha incurrido en incumplimiento de obligaciones derivadas del Acuerdo de Cartagena, específicamente los artículos 72, 73, 77 y 97; y del artículo 4º del tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; así como de las resoluciones 671, 724 y 773 de la secretaría general, al no haber suspendido las medidas correctivas aplicadas a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, clasificados en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, según lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 671 de la secretaría general; así como al no haber levantado las medidas calificadas como restricción al comercio intrasubregional, mediante la Resolución 724 modificada por la Resolución 773 de la secretaría general.

ART. 2º—De conformidad con el literal f) del artículo 65 de la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se concede a la República de Colombia un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena para que ponga fin al incumplimiento.

Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 14 de abril de 2004.

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