RESOLUCIÓN 823 DE 2004 

(Mayo 5)

Dictamen 07-2004 de incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela de la Resolución 759 que calificó como restricción al comercio intrasubregional por la adopción de medidas relacionadas con el etiquetado de calzado y prendas de vestir.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

Vistos: El artículo 30 y el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena sobre el programa de liberación, el artículo 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Reglamento de Procedimientos Administrativos contenido en la Decisión 425 y la Resolución 759 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

Que el 29 de agosto de 2003, la secretaría general emitió la Resolución 759, publicada el 1º de septiembre de 2003 en la Gaceta Oficial 974, que calificó como restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, las siguientes medidas contenidas en la Resolución Conjunta 1174 del Ministerio de Finanzas y 396 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, y en la Resolución Conjunta 1178 del Ministerio de Finanzas y 395 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, mediante las cuales se establece la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de calzado y de prendas de vestir (textil) que se comercialice en el territorio venezolano:

a) La exigencia de que el etiquetado de calzado y prendas de vestir (textil), originarios de la subregión, se realice en el proceso de fabricación o producción;

b) El requisito de que el etiquetado de calzado originario de la subregión sólo se pueda realizar mediante impresión directa o la colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas;

c) La exigencia de una autorización previa, en los casos en que resulta evidente la imposibilidad de que la etiqueta se imprima o adhiera en forma permanente a la prenda de vestir por razones de uso o estética de la prenda de vestir (textil) originarias de la subregión;

d) La prohibición de importar calzado y prendas de vestir (textil), originarios de la subregión, que no cumplan con las disposiciones relativas al etiquetado;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 55 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, la Resolución 759 concedió al gobierno de Venezuela un plazo máximo de quince (15) días calendario para el levantamiento de la restricción;

Que, con fecha 6 de noviembre de 2003, la República del Ecuador solicitó que la secretaría general se pronunciara acerca del supuesto incumplimiento de normas del ordenamiento comunitario andino en el que habría incurrido la República Bolivariana de Venezuela, al haberse abstenido de adoptar las medidas pertinentes a fin de levantar la restricción determinada mediante la Resolución 759;

Que, mediante la comunicación SG-F/0.5/1939/2003 del 21 de noviembre de 2003, y con arreglo a lo previsto en el artículo 61 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425), este órgano comunitario formuló una nota de observaciones a la República Bolivariana de Venezuela, en la cual consideró que, hasta la fecha, no habría informado a este órgano comunitario acerca de las medidas adoptadas para levantar la referida restricción. Adicionalmente, se concedió al gobierno de Venezuela un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que presentara sus descargos;

Que, mediante comunicación 1070 del 18 de diciembre de 2003, el Gobierno de Venezuela dio respuesta a la nota de observaciones;

Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Andino, recogida y desarrollada en la sentencia emitida el 13 de octubre de 2000, en el proceso 43-AI-99, “las resoluciones que califican una medida interna como restricción al comercio, a los efectos del capítulo V [actual capítulo VI] del Acuerdo de Cartagena, constituyen actos decisorios que crean en el país miembro destinatario una obligación de cumplimiento inmediato, independientemente de que su validez pueda ser cuestionada por la vía de la acción de nulidad. Por ello, la interposición del recurso administrativo comunitario de reconsideración, así como el judicial de anulación, en principio, no afecta su ejecución, eficacia o vigencia, conforme lo establecen los artículos 21 del tratado de creación del tribunal y 41 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425). Excepcionalmente, la secretaría general y el tribunal disponen de la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado, mientras se tramitan el recurso de reconsideración y la acción de nulidad, respectivamente. Pero, salvo que se produzca dicha orden de suspensión provisional, subsiste el obligatorio cumplimiento de las resoluciones de la secretaría general hasta tanto se produzca un pronunciamiento en firme que revoque o anule el acto viciado de ilegalidad”;

Que la Resolución 759 no ha sido suspendida, revocada ni anulada, por lo que goza de la presunción de legalidad y es de obligatorio cumplimiento;

Que, en su respuesta a la nota de observaciones, la República Bolivariana de Venezuela cuestionó la validez y eficacia de la Resolución 759, al sostener que las medidas impuestas no constituyen una restricción a las importaciones. En especial, el gobierno de Venezuela señaló que:

— La finalidad de las medidas adoptadas es la protección de los derechos del consumidor.

— Las medidas adoptadas respetan el principio de trato nacional, lo que demuestra que la finalidad de la medida en cuestión no ha sido restringir el comercio intrasubregional, sino proteger al consumidor que se encuentra en territorio venezolano.

— Los medios empleados obedecen a criterios de proporcionalidad, causalidad e insustituibilidad, dado que:

a) La exigencia que el etiquetado se realice en el proceso de fabricación, responde a la necesidad que el fabricante sea el responsable directo y de esta manera evitar que quien lo comercialice realice modificaciones en desmedro del consumidor final;

b) La exigencia que el etiquetado de calzado sólo se pueda realizar mediante impresión directa o colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas, tiene por objetivo evitar que sean cambiadas por el comerciante en perjuicio del consumidor final;

c) La exigencia de una autorización previa, en los casos en que resulta evidente la imposibilidad de que la etiqueta se imprima o adhiera en forma permanente a la prenda de vestir por razones de uso o estética, tiene por objetivo evitar eludir las medidas impuestas;

d) La prohibición de importar calzado y prendas de vestir, originarios de la subregión, que no cumplan las disposiciones, constituye la sanción al incumplimiento de lo dispuesto. Análogamente, en el mercado nacional, la sanción al incumplimiento se materializa a través de multas e incluso cierre de establecimientos;

Que, sobre los argumentos expuestos por la República Bolivariana de Venezuela es preciso recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal andino, “dentro de un proceso de incumplimiento por inobservancia de una resolución que califique una medida interna como “restricción” a las importaciones intracomunitarias, no resulta admisible que el país miembro demandado pretenda desvirtuar los argumentos o la parte decisoria de tal resolución, pues la vía apropiada para dicho efecto es la correspondiente acción de nulidad, debiendo entenderse que si el país afectado no ejerció su derecho de impugnación, de manera oportuna y a través de la acción pertinente, implícitamente habrá consentido el acto que no recurrió en tiempo y forma debidos” (Sent. emitida oct. 13/2000, en el proceso 43-AI-99);

Que, en este sentido, el Tribunal Andino ha considerado improcedentes las argumentaciones y pruebas presentadas por un país miembro en una acción de incumplimiento, dirigidas a pretender justificar que la medida calificada por la secretaría general no constituye una restricción al comercio;

Que, por lo expuesto, al haber impuesto las restricciones a las que se refiere la Resolución 759 para las importaciones originarias de los demás países miembros y no haber procedido a levantarlas después de lo resuelto por la secretaría general al amparo del artículo 73 [actual 74] del Acuerdo de Cartagena, la República Bolivariana de Venezuela ha incumplido normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, el inciso a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, obliga a la secretaría general a velar por la aplicación del acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

RESUELVE:

ART. 1º—Dictaminar que la República Bolivariana de Venezuela, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Resolución 759 de la secretaría general, ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial de la señalada Resolución 759 y del artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ART. 2º—Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 65 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425), concédase al gobierno de Venezuela un plazo de treinta (30) días calendario para que ponga fin al incumplimiento a que se refiere el presente dictamen.

Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en Lima, Perú, a 5 de mayo de 2004.

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