Secretaría General de la Comunidad Andina

RESOLUCIÓN NÚMERO 839 DE 2004(Julio 16)

Dictamen 09-2004 de incumplimiento por parte de la República del Ecuador de la Resolución 802 que calificó como restricción al comercio intrasubregional la exigencia de licencias y autorizaciones previas para la importación de los productos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS:

El artículo 30 y el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena sobre el programa de liberación, los artículos 4º y 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el reglamento de procedimientos administrativos contenido en la Decisión 425 y la Resolución 802 de la secretaría general; y,

CONSIDERANDO:

Que el 5 de marzo de 2004, la secretaría general emitió la Resolución 802, publicada el 8 de marzo de 2004 en la Gaceta Oficial 1042, que calificó como restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la exigencia por parte de la República del Ecuador de una “autorización previa” o “licencia de importación”, adicional a los procedimientos de control permitidos por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, para la lista de los productos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, publicada en la edición especial 6 del registro oficial del 5 de mayo de 2003;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 55 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, la Resolución 802 concedió al Gobierno del Ecuador un plazo máximo de treinta (30) días calendario para el levantamiento de la restricción;

Que, mediante comunicación SG-F/0.5/728/2004 de fecha 5 de mayo de 2004, este órgano comunitario dio inicio a la investigación por posible incumplimiento de la Resolución 802 por parte de la República del Ecuador;

Que, mediante la comunicación SG-F/0.5/783/2004 del 14 de mayo de 2004, y con arreglo a lo previsto en el artículo 61 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Decisión 425), este órgano comunitario formuló una nota de observaciones a la República del Ecuador, en la cual consideró que, hasta la fecha, no se había informado a este órgano comunitario acerca de las medidas adoptadas para levantar la referida restricción. Adicionalmente, se concedió al Gobierno del Ecuador un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que presentara sus descargos;

Que, mediante comunicación SG-X/0.5/503/2004 de fecha 14 de mayo de 2004, esta secretaría general comunicó a los países miembros la emisión de la correspondiente nota de observaciones al Gobierno del Ecuador, y les concedió un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que presentaran sus observaciones al respecto;

Que, con fecha 27 de mayo de 2004, en respuesta al fax SG-X/0.5/503/2004, el Gobierno de Colombia comunicó a esta secretaría que “Ecuador mantiene la autorización previa para la importación de productos agrícolas”. Adicionalmente, el Gobierno de Colombia presentó dos comunicaciones de las empresas Alpina Productos Alimenticios S.A. y Aerocomercial Delivalle, de fechas 25 de mayo y 21 de mayo, respectivamente, en las cuales se señala que el Ecuador mantiene la aplicación de autorizaciones previas. La empresa Alpina sostiene que “desde el 2 de abril se radicaron en el Ministerio de Agricultura de Ecuador las solicitudes para la importación de quesos petit suisse y queso parmesano rallado, no obstante tener el aval de la documentación y el visto bueno por parte de la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, las autorizaciones aún no han sido firmadas por el ministro Dr. Salomón Larrea”. Por su parte, la empresa Delivalle, señala que “La CAN determinó un plazo de 30 días para que el Gobierno Ecuatoriano eliminara la restricción impuesta a los productos agrícolas denominada autorización previa. Desafortunadamente esto no ha sucedido, y vencido el plazo este documento se mantiene y como si fuere poco las tarifas de servicios sanitarios (SESA) se ha aumentado de manera considerable”;

Que, vencido el plazo otorgado, el Gobierno del Ecuador no dio respuesta a la nota de observaciones;

Que, de la información que dispone la secretaría general, se desprende que la República del Ecuador no procedió a levantar la exigencia de autorizaciones o licencias previas para las importaciones originarias de la subregión de los productos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, en los términos y el plazo establecido en la Resolución 802 de la secretaría general;

Que la Resolución 802 de la secretaría general forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y, consecuentemente, es de obligatorio cumplimiento para la República del Ecuador. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “constituyendo las resoluciones… actos administrativos, se encuentran revestidos o amparados de las características de la presunción de legalidad y ejecutoriedad” (Sent. 3-AI-97 marzo 24/97); y que “las resoluciones que califican una medida interna como restricción al comercio, a los efectos del capítulo V del Acuerdo de Cartagena, constituyen actos decisorios que crean en el país miembro destinatario una obligación de cumplimiento inmediato” (Sent. 43-AI-99 oct. 13/00);

Que, adicionalmente, la República del Ecuador, al no haber levantado la restricción determinada en la Resolución 802 de la secretaría general, ha incurrido en incumplimiento del capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, en particular de los artículos 72, 73 y 77, que prohíben la aplicación de gravámenes y la introducción de restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la subregión;

Que la República del Ecuador, al haber adoptado una medida incompatible con el Acuerdo de Cartagena y al no haber procedido a levantarla, dentro del plazo fijado para el efecto por la secretaría general, también ha incurrido en incumplimiento de su deber de cooperación leal, consagrado en el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, como lo ha expuesto el tribunal andino, “el incumplimiento de cualquier norma jurídica, originaria o derivada, por parte de un país miembro comporta inevitablemente la infracción del referido artículo 4º…” (Sent. de ene. 31/2001 en el proceso 17-AI-2000);

Que el inciso a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, atribuye a la secretaría general la función de velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

RESUELVE:

ART. 1º—Dictaminar que la República del Ecuador, al no haber procedido a levantar las restricciones calificadas por la Resolución 802 de la secretaría general, consistentes en la exigencia de autorizaciones o licencias previas para la importación de los productos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Cimexi, ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial de la señalada Resolución 802, de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ART. 2º—Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 65 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Decisión 425), concédase al Gobierno del Ecuador un plazo de treinta (30) días calendario para que ponga fin al incumplimiento a que se refiere el presente dictamen.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil cuatro.

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