RESOLUCIÓN 8536 DE 1998 

(Marzo 13)

“Por la cual se fija el régimen, clase y monto de las sanciones imponibles a los servicios especiales y servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada”.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 2453 de 1993, el Decreto 356 de 1994, y las especiales contenidas en el Decreto 2974 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo segundo de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que en ella se consagran; así como proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares;

Que es un imperativo el que los ciudadanos cuenten con cauces legales adecuados para el ejercicio de sus derechos constitucionales, que garanticen y preserven de manera efectiva la observancia de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, la ley y las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico vigente;

Que a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada;

Que son objetivos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, asegurar la confianza pública en la industria y servicios de vigilancia y seguridad privada; evitar que personas no autorizadas conforme a la ley, ejerzan las actividades exclusivas de los vigilados; garantizar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos para la adecuada prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada; asegurar que en cumplimiento de las actividades de vigilancia y seguridad privada se respeten los derechos y libertades de la comunidad; adoptar correctivos e imponer sanciones en los casos en que se violen las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, o cuando se ejerza esta actividad sin las autorizaciones legales correspondientes, entre otros;

Que son funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, velar por que los servicios de vigilancia y seguridad privada se presten de conformidad con el respeto a los derechos constitucionales fundamentales; dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada que se desarrollen en el territorio nacional; desarrollar mecanismos para evitar que personas no autorizadas presten servicios de vigilancia y seguridad privada; adelantar las investigaciones por infracciones a las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada e imponer los correctivos y sanciones del caso; desarrollar políticas en materia de intercambio de información con otras entidades del Estado, en particular con entidades que desarrollen actividades relacionadas con seguridad, investigación y ejercicio de funciones de policía, inspección, control y vigilancia de servicios; atender los reclamos y denuncias de la ciudadanía sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y sobre prestación de estos por personas no autorizadas; coordinar con la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, el apoyo necesario en la realización de visitas de inspección, ejercer con relación a los vigilados, funciones de policía judicial bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación; imponer medidas cautelares tanto a personas no autorizadas como a servicios que incurran en irregularidades; y aplicar a los vigilados, que incurran en causales previstas en la ley, las sanciones correspondientes previo el procedimiento establecido;

Que corresponde al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, como jefe del organismo, dirigir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y señalar las políticas generales de la entidad, de conformidad con las normas vigentes, así como expedir los actos administrativos que le corresponden, los reglamentos y manuales instructivos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad;

Que en el título V del Decreto 356 de 1994, se establecen los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada;

Que en el título VI del Decreto 356 de 1994, se regula lo relacionado con las medidas cautelares y sanciones aplicables a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada;

Que el Decreto 2974 de 1997, reglamenta los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, estableciendo criterios para su otorgamiento, requisitos, deberes y obligaciones y demás disposiciones comunes aplicables a estos servicios;

Que el artículo transitorio primero del Decreto 2974 de 1997, ordena que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fijará la clase y monto de las sanciones imponibles según el Decreto 356 de 1994, en un término máximo de sesenta (60) días, por lo cual,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Principios rectores aplicables al régimen de sanciones de los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada

ART. 1º—Titularidad de la potestad sancionatoria. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de los despachos del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, el superintendente delegado para la vigilancia y el superintendente delegado para la inspección y control, son los titulares de la potestad sancionatoria de los servicios especiales y los comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 2º—Debido proceso. Todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada, serán investigadas y sancionadas administrativamente, cuando por acción u omisión incurran en las faltas contra los principios, deberes y derechos contenidos en el estatuto de vigilancia y seguridad privada y demás normas complementarias y reglamentarias que regulen esta actividad.

ART. 3º—Legalidad. Sólo podrán ser investigados y sancionados administrativamente aquéllas personas y servicios cuando por acción u omisión incurran en faltas establecidas en la ley, que atenten contra los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 4º—Resolución de la duda. En el trámite del proceso sancionatorio toda duda razonable predicable a uno de los servicios de vigilancia y seguridad privada o sus miembros, se resolverá a favor del procesado, cuando no haya modo de eliminarla.

ART. 5º—Presunción de inocencia. Todo aquel que desarrolle funciones de vigilancia y seguridad privada a quien se atribuya la comisión de una falta constitutiva de sanciones o medidas cautelares, se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo o resolución ejecutoriados.

ART. 6º—Cosa juzgada. Nadie podrá ser sancionado, ni investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de una falta contra los servicios de vigilancia y seguridad privada, aun cuando a esta se le dé una denominación diferente.

ART. 7º—Favorabilidad. En materia sancionadora administrativa la ley favorable o permisiva se aplicará con preferencia sobre la restrictiva o desfavorable.

ART. 8º—Igualdad ante la ley. Todos los vinculados a un trámite sancionatorio son iguales ante la ley y por tanto recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ART. 9º—Finalidades del régimen sancionatorio. El presente régimen sancionatorio garantiza el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado y los intereses tutelados por la ley, en relación con la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 10.—Aplicación de normas. En la interpretación y aplicación del régimen administrativo sancionatorio de los servicios especiales y servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, prevalecerán los principios contenidos en la presente resolución, el Decreto Reglamentario 2974 de 1997, el Decreto 2453 de 1993, el Decreto 356 de 1994, las normas contenidas en los códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo, y la Constitución Política de Colombia.

ART. 11.—Personería jurídica. En ningún caso la imposición de medidas cautelares o sanciones, implicará la cancelación de la personería jurídica correspondiente.

La cancelación de la personería jurídica deberá efectuarse por conducto del organismo competente, en atención al régimen jurídico aplicable a la naturaleza jurídica del correspondiente servicio de vigilancia y seguridad privada.

CAPÍTULO II

Medidas cautelares

ART. 12.—Definición. Son actuaciones administrativas encaminadas a hacer cesar de manera inmediata, temporal o definitiva, rápida y progresiva, la prestación de servicios ilegales o no autorizados de vigilancia y seguridad privada por parte de personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que realicen actividades exclusivas de los vigilados, sin contar con la debida autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como la actividad de los servicios vigilados a quienes se ha expedido licencia o credencial, por infracción de la normatividad aplicable a la industria de la vigilancia y seguridad privada.

ART. 13.—Clasificación. Las medidas cautelares que se pueden imponer a los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, sean personas jurídicas de derecho privado o público, cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, así como a cualesquiera otras formas de prestación de servicios ilegales de vigilancia y seguridad privada, son las siguientes:

1. Orden para que se suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

2. La suspensión de la licencia o permiso de funcionamiento, cuando sea el caso.

3. Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

ART. 14.—Procedencia. Las medidas cautelares son producto del ejercicio del poder de policía que tiene la superintendencia, en virtud del control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Cuando se detecta la prestación de servicios especiales o comunitarios de vigilancia y seguridad privada ilegales, es decir, sin permiso o licencia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá como medida cautelar la orden de suspensión inmediata de las actividades de vigilancia y seguridad privada, y de manera adicional, impondrá multas sucesivas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras persista esta situación.

Con el propósito de hacer cumplir la orden de suspensión de actividades, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá solicitar el concurso de la fuerza pública, para hacer efectiva la medida cautelar, procediendo al sellamiento de locales, levantamiento de inventarios, incautación de armas de fuego y demás procedimientos correspondientes, así como a dejar a disposición de las autoridades judiciales competentes a personas requeridas por las autoridades, cuando a ello hubiere lugar.

ART. 15.—Autorizaciones. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencias, permisos o credenciales a servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada que desarrollen sus actividades sin la correspondiente autorización, por un término no inferior a dos (2) años ni superior a cinco (5) años, contados a partir del día en que se impuso la correspondiente medida cautelar o sanción.

De igual manera, la abstención se aplicará para los miembros que hacen parte de dichos servicios especiales o comunitarios ilegales, frente a quienes se abstendrá de otorgar permisos, licencias o credenciales frente a los distintos servicios que debe autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en su potestad discrecional.

CAPÍTULO III

Sanciones

ART. 16.—Definición. Las sanciones son actuaciones administrativas en donde la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el adelantamiento del debido proceso correspondiente, impone una consecuencia de carácter administrativo por el incumplimiento a las normas relacionada con los principios, deberes, obligaciones y régimen de prohibiciones de los servicios de vigilancia y seguridad privada sometidos a su control, inspección y vigilancia.

ART. 17.—Clases de sanciones. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá a los servicios de vigilancia y seguridad privada, sometidos a su control, inspección y vigilancia, las siguientes sanciones administrativas:

1. Amonestación y plazo perentorio para corregir irregularidades.

2. Multas sucesivas en cuantía de cinco (5) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis (6) meses.

4. Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas.

ART. 18.—Faltas administrativas. Constituye falta contra el régimen de vigilancia y seguridad privada y por lo tanto da lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, el incumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, consignados en el Decreto 356 de 1994; atentar contra los deberes y obligaciones de los servicios especiales y servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada e incurrir en las prohibiciones consagradas en el Decreto 2974 de 1997.

ART. 19.—Clasificación de faltas. Con el propósito de ejercer la potestad sancionadora, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tendrá en cuenta que las faltas e irregularidades en las que pueden incurrir los servicios comunitarios o especiales de vigilancia y seguridad privada, se clasifican en faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves.

ART. 20.—Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas contra el régimen y principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada, las siguientes:

1. Atentar o infringir los derechos fundamentales humanitarios consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia.

2. Realizar actividades que desarrollen servicios de vigilancia y seguridad privada, sin contar con la respectiva autorización o permiso de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

3. Realizar, favorecer u ocultar homicidios, lesiones corporales, atentados contra la integridad personal o secuestros y en general cualquier acto delictivo que infrinja el derecho humanitario.

4. Portar o tener armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, armas de uso restringido, o utilizar armas de uso civil no autorizadas, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

5. Alterar las condiciones técnicas de las armas de fuego autorizadas para las labores ordinarias de vigilancia y seguridad privada.

6. Falsificar permisos correspondientes al porte o tenencia de armas de fuego, sin perjuicio de las demás sanciones penales por concurso de delitos.

7. Falsificar el permiso, licencia o credencial que deba expedir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

8. Prestar servicios especiales o comunitarios de vigilancia y seguridad privada sin la debida autorización del Estado.

9. Desarrollar labores de inteligencia dentro del área autorizada para la prestación de los servicios.

10. Prestar servicios a terceros, en zonas o áreas no autorizadas u ofrecer la prestación de los mismos con propósitos lucrativos o ilegales.

11. Capacitar o recibir capacitación en tácticas de combate, y en ningún caso versa la capacitación sobre organización, instrucción o equipamiento en tácticas o procedimientos militares o terroristas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por infracción a las normas del Decreto 2266 de 1991 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

12. Realizar seguimientos, requisas, allanamientos, interceptaciones o cualquier otra actividad ilícita o atentatoria contra los derechos a la intimidad, al domicilio y a la libre locomoción de las personas.

13. Organizar acciones ofensivas o constituirse en organizaciones de choque o enfrentamiento contra organizaciones criminales.

14. Contratar o aceptar como miembros a personas menores de edad.

15. Alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía.

16. Invadir la órbita de la competencia reservada a las autoridades legítimas.

17. Destinar las armas autorizadas a título personal para uso de estos servicios.

18. Utilizar los servicios de vigilancia y seguridad privada como medio de coacción para cualquier fin.

19. Permitir que los servicios de vigilancia y seguridad privada puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actividades delictivas o prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente involucradas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas.

20. Abstenerse de informar a las autoridades competentes la comisión de hechos punibles, actos delictivos, violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, que conozcan con ocasión de la prestación de los servicios, así como no prestar toda la colaboración debida a las autoridades para el cumplimiento de las funciones públicas.

21. No impartir la capacitación suficiente a los miembros del servicio de vigilancia y seguridad privada, de tal manera que haga nugatoria una efectiva, eficiente y eficaz prestación del servicio.

22. Incurrir de manera reiterada o sucesiva en acciones u omisiones constitutivas de sanciones administrativas, incumpliendo los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en los términos del Decreto 356 de 1994, el Decreto 2974 de 1997 y la presente resolución.

ART. 21.—Sanción a faltas gravísimas. Las faltas gravísimas serán sancionadas con:

1. La suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial por seis meses.

2. La cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas.

Sin perjuicio de las sanciones anteriores, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá imponer las siguientes medidas:

1. Orden para que suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.

2. Terminación rápida y progresiva de los servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

ART. 22.—Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de perturbación al servicio de vigilancia y seguridad privada.

2. La naturaleza esencial del servicio.

3. La reiteración de la conducta.

4. Los efectos frente la seguridad ciudadana, de manera que se ponga en peligro la credibilidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

5. La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes para su comisión.

6. La trascendencia social o comunitaria de la falta, el mal ejemplo dado, la complicidad con subalternos, socios, asociados, cooperados o miembros.

7. Su cuidadosa preparación, el grado de participación y el aprovechamiento de la confianza dado por la comunidad o las autoridades públicas.

8. Los motivos determinantes se apreciarán según se haya procedido por causas innobles, fútiles o por causas nobles y altruistas.

9. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño de las actividades y funciones correspondientes a los servicios de vigilancia y seguridad privada.

10. El confesar la falta durante la etapa investigativa y antes de su imputación.

11. El daño producido con ocasión de la falta o el efecto negativo para la comunidad. El hecho de resarcir el efecto negativo o el daño, o compensarlos. Igualmente el de allanarse a cumplir los principios, deberes, y obligaciones que rigen la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada u obligación legal, antes de que le sea impuesta la sanción.

12. Las circunstancias de agravación punitiva o atenuación previstas en los demás ordenamientos punitivos, cuando no se incluya en alguno de los anteriores, siempre que se apliquen y tengan en consideración la correcta, eficiente y óptima prestación de los principios, deberes y obligaciones que rigen a los servicios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 23.—Límite a las sanciones graves y leves. Las faltas leves dan lugar a la aplicación de amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades, multas sucesivas en cuantía de cinco (5) hasta cuarenta (40) salarios mínimos legales vigentes y suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por treinta (30) días calendario.

Las faltas graves se sancionarán con multas sucesivas en cuantía entre cuarenta (40) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial de dos (2) hasta seis (6) meses.

ART. 24.—Plazo y pago de la multa. Cuando la sanción impuesta consista en multa cuya cuantía sea o exceda cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrá realizarse el pago durante los doce (12) meses siguientes a la fecha en que quede en firme su imposición.

Cuando la cuantía de la multa sea inferior a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá cancelarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio, en cuotas mensuales o periódicas.

Vencido el plazo señalado en los incisos anteriores el moroso podrá ser ejecutado coactivamente y pagará el monto de la multa con intereses comerciales.

ART. 25.—Recursos. Contra las providencias que impongan las sanciones a que se refiere el presente reglamento, procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o los superintendentes delegados que las haya impuesto, y el de apelación, de ser procedente, en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

ART. 26.—Capacitación. Los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada deberán implementar programas de capacitación sobre el régimen aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada, régimen de sanciones y programas especiales de formación en derechos humanos, convivencia y participación ciudadana y en derecho internacional humanitario.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá coordinar la realización de seminarios o cursos tendientes a divulgar el régimen, reglamentación y sanciones de los servicios especiales y servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 27.—Sanción por incumplimiento de requisitos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de la presente resolución, evaluará el cumplimiento de los requisitos que deben acreditar los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada con licencia de funcionamiento vigente, en los términos establecidos en el artículo transitorio segundo del Decreto 2974 de 1997, e impondrá las sanciones correspondientes de conformidad con la presente resolución.

ART. 28.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 13 de marzo de 1998.

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