RESOLUCIÓN 897 DE 2005 

(Febrero 7)

Calificación de la suspensión por parte de la República del Ecuador a las importaciones de sal clasificadas en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90 originarias de los países miembros de la Comunidad Andina como restricción a los efectos del programa de liberación

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: El artículo 30, literal a), y el capítulo VI sobre el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO:

Que el 24 de septiembre de 2004, el Gobierno de Colombia mediante comunicación DIE-0890 informó a la secretaría general la expedición por parte del Gobierno del Ecuador de la Resolución 274 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, de 3 de septiembre de 2004, a través de la cual resolvió:

“ART. 1º—Suspender, hasta el 31 de diciembre de 2006, las importaciones de los productos aforables en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90 del arancel nacional de importaciones”;

Que según se señala en la Resolución 274 del Comexi, esta “suspensión tendrá el carácter de temporal y su mantenimiento será evaluado anualmente, en el mes de diciembre de cada año, por el Comexi, para lo cual el Ministerio de Salud Pública presentará el informe técnico correspondiente”;

Que en la Resolución 274 del Comexi el Gobierno del Ecuador invoca entre otros el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, literal d), protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;

Que el 29 de septiembre de 2004, la secretaría general, mediante comunicación SG-X/0.5/ 1003/2004, inició una investigación con la finalidad de determinar si la suspensión de las importaciones de sal clasificadas en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (las demás sales, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar) constituyen una restricción a los efectos del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena. Así mismo, la secretaría general solicitó al Gobierno del Ecuador que informara sobre la aplicación de medidas similares de control a la sal de producción nacional. Al respecto, la Secretaría General de la Comunidad Andina concedió un plazo de veinte (20) días hábiles para que el Gobierno del Ecuador presentara las consideraciones que estimare pertinentes. En la misma fecha, la secretaría general mediante comunicación SG-X/0.5/1007/2004 informó a los demás países miembros sobre la investigación iniciada al Gobierno del Ecuador;

Que el 13 de octubre de 2004, el Gobierno del Ecuador, a través del oficio 2004-1009 CXC, sostuvo que mediante oficio 2004-971 CXC de 30 de septiembre 2004, ese despacho transfirió al Ministerio de Salud Pública la comunicación de la secretaría general y “ha sugerido la conformación de una comisión que atienda este requerimiento de información”. Así mismo, el Gobierno del Ecuador consultó a la secretaría general sobre las condiciones que debe reunir una medida unilateral para que se justifique en una de las excepciones a la libre circulación de mercancías;

Que el 15 de octubre de 2004, la secretaría general precisó al Gobierno del Ecuador mediante comunicación SG-F/0.5/1654/2004, que para que una medida unilateral se justifique en una de las excepciones a la libre circulación de mercancías, es necesario que dichas medidas estén fundamentadas en un principio de proporcionalidad con el objeto específico a que vayan dirigidas, el cual deberá aparecer como causa directa e inmediata para la solución de los problemas identificados, criterio este que ha sido ampliamente ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que el 22 de octubre de 2004, el Gobierno de Colombia señaló que “según los argumentos expuestos por el Comexi, la adopción de la medida se fundamenta en el principio de protección a la vida y salud de las personas, animales y vegetales, previsto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena (Dec. 563) y en el artículo XX del GATT... sin embargo... para su aplicación deben cumplirse una serie de condiciones en orden a garantizar que las medidas no constituyan un medio de discriminación arbitrario e injustificable, ni representen una restricción encubierta al comercio subregional e internacional”;

Que el Gobierno de Colombia también destacó que la Resolución 274 del Comexi, expresa que “el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, desde hace dos años (...) ha venido detectando en el mercado ecuatoriano, al margen de las industrias registradas y controladas por este ministerio, la presencia de nuevas sales, unas sin registro sanitario nacional o registro falso, otras falsificando marcas y empaques registrados, y aún peor, sal importada legalmente como sal en grano o molida a granel, que no requiere registro sanitario y que, sin lugar a dudas se constituye en la materia prima de las sales clandestinas que inundan nuestros mercados, especialmente en los estratos sociales menos protegidos de la serranía ecuatoriana”;

Que al respecto, el Gobierno de Colombia sostiene que “la Comunidad Andina cuenta con normas aplicables a cada una de las circunstancias esbozadas por Ecuador en la Resolución 274, que permiten solucionar dichos problemas sin que sea necesario adoptar medidas que restringen totalmente el comercio de productos”. Así mismo, el Gobierno de Colombia señaló que “si lo que busca el Gobierno ecuatoriano es proteger la vida y salud de las personas que consumen una sal que no cumple con las condiciones sanitarias adecuadas, lo indicado es adoptar los controles idóneos de todo tipo, sanitarios, marcarios, procesales, etc., que garanticen a los consumidores la erradicación efectiva de las condiciones sanitarias inadecuadas, sobre todos los productores e importadores”;

Que el Gobierno de Colombia señaló que “la sal exportada por Colombia hacia el Ecuador, es elaborada por la empresa Refisal S.A., la cual según la información presentada por dicha empresa, exporta alrededor de 300 ton/mes, cumpliendo con la legislación sanitaria ecuatoriana, particularmente con los contenidos de yodo y flúor exigidos por ese país”;

Que el 22 de octubre de 2004, el Gobierno del Ecuador solicitó una prórroga al plazo de veinte (20) días hábiles otorgado por la secretaría general mediante comunicación SG-X/0.5/1003/2004 para emitir su respuesta en relación con la investigación iniciada con la finalidad de determinar si la suspensión a las importaciones de sal constituyen una restricción al comercio subregional;

Que el 2 de noviembre de 2004, la secretaría general, a través del fax SG-F/0.11/1743/2004 concedió al Gobierno del Ecuador una prórroga hasta el 9 de noviembre de 2004 para que presentara las consideraciones pertinentes;

Que el 17 de noviembre de 2004, mediante comunicación 2004-1211 CXC, el Gobierno del Ecuador informó a la secretaría general la expedición de la Resolución 283 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, de 5 de noviembre de 2004. En el artículo 2º de la mencionada resolución se acuerda “Suspender la aplicación del artículo 1º de la Resolución 274 del Comexi hasta que sea publicado en el registro oficial el decreto ejecutivo que reforme la nomenclatura del arancel nacional de importaciones, disponiendo la apertura a diez (10) dígitos en la subpartida arancelaria Nandina 2501.00.19.”. Según el Gobierno del Ecuador esta medida “está destinada a evitar afectar el flujo de comercio de otro tipo de sales que se requieren importar”;

Que el 22 de noviembre de 2004, a través de la comunicación SG-X/0.11/1238/2004, la secretaría general puso en conocimiento de los demás países miembros la emisión por parte del Gobierno del Ecuador de la Resolución 283 del Comexi;

Que el 17 de enero de 2005, la secretaría general mediante comunicación SG-X/0.11/020/ 2005 solicitó a los países miembros que en un plazo de diez días hábiles informaran sobre la situación actual de la exportación de sal a Ecuador;

Que el 27 de enero de 2005, el Gobierno de Colombia informó mediante comunicación DIE 0040, que “Ecuador continúa aplicando la Resolución 274 de septiembre de 2004, mediante la cual suspende las importaciones de sal para las subpartidas 2501.00.11, 2501.00.19 y 2501.00.90...”. Agregó el Gobierno colombiano que “con la entrada en vigencia de la Resolución 283, la empresa colombiana Refisal intentó hacer la importación de ese producto pero el proceso fue obstaculizado por un recurso de amparo... que dejó sin efecto la Resolución 283 y puso en vigencia la Resolución 274. Por tal razón, el producto fue detenido en los puertos de Guayaquil y Tulcán”;

Que el Gobierno de Colombia acompañó copia del oficio de 24 de noviembre de 2004 del Juzgado Primero de lo Penal de Guayas, que señala: “1... se declaran suspendidos los efectos de la Resolución 283 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de noviembre 6 del 2004, declarando por ende en plena vigencia la Resolución 274 de 3 de septiembre del 2004 del mismo consejo. 2. Que no se autorice la importación de sales para el consumo humano, al amparo de las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11; 2501.00.19 y 2501.00.90 del arancel nacional...”;

Que el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena atribuye a la secretaría general la competencia para determinar, de oficio o a petición de parte, si una medida adoptada unilateralmente por un país miembro constituye un “gravamen” o “restricción”;

Consideraciones de la secretaría general

Que la secretaría general considera que para que una medida unilateral se justifique en una excepción no económica a la libre circulación de mercancías, esta debe reunir las siguientes condiciones:

a) debe existir proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto específico a que ella va dirigida;

b) la medida debe estar vinculada directa e inmediatamente con la solución al problema específico; y,

c) el objeto que persigue la medida no debe poder alcanzarse por otros medios menos restrictivos al comercio;

Que adicionalmente, las medidas que tengan por finalidad la protección de la salud no deben ser discriminatorias entre los productos de origen subregional y los productos nacionales. Sobre el particular, el Gobierno del Ecuador no ha informado a la secretaría general sobre la aplicación de medidas similares de control a la sal de producción nacional, como se le requirió mediante comunicación de 29 de septiembre de 2004;

Que, en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia del 8 de junio de 1998 (proceso 5-AN-97) ha señalado:

“Como excepción, fundamentándose en el artículo 72 [del Acuerdo de Cartagena], un país podría, por ejemplo, dictar normas internas sobre el consumo del alcohol, de cigarrillos o de productos tóxicos para proteger la salud de las personas, pero tales normas deberían aplicarse, tanto a los productos nacionales como a los extranjeros sin discriminación alguna. En este caso la medida dejaría de ser restrictiva por tener el carácter de excepción, debiendo, en todo caso, guardar proporcionalidad entre la medida adoptada con los efectos que esta pretenda corregir”;

Que si bien el Gobierno del Ecuador invocó el literal d) del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, dicho gobierno no ha justificado que los productos de la subregión y particularmente de Colombia, comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (las demás sales, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar) puedan afectar la salud de las personas. El Gobierno del Ecuador tampoco ha demostrado una vinculación directa entre la suspensión de las importaciones de los productos comprendidos en las mencionadas subpartidas arancelarias y el objetivo legítimo de protección a la salud previsto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;

Que el hecho de que hubieran ingresado en algún momento al Ecuador productos que no cumplen la legislación sanitaria de ese país —según se desprende de la Resolución 274 del Comexi—, no justifica la adopción de una medida que suspenda todas las importaciones de los productos correspondientes a las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar);

Que, en este sentido, la medida aplicada por el Gobierno del Ecuador resulta desproporcionada con el objetivo que supuestamente perseguiría;

Que, en este sentido, en su sentencia del 24 de marzo de 1997 (proceso 3-AI-96), el tribunal de justicia manifestó: “Solo así se garantiza que no haya lugar a duda de que la medida interna pueda amenazar subrepticiamente el propósito esencial de la integración consistente en la libre circulación de mercancías... Un obstáculo o impedimento a la importación libre de mercancías que se salga del objeto específico de la medida... dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más costosa, puede reunir las características de restricción al comercio y más aún si la medida tiene carácter discriminatorio. En igual sentido cabe concluir si el objeto que persigue la ‘medida interna’ podría haberse alcanzado por otros medios que no obstaculizaran el comercio...”;

Que de acuerdo con lo expuesto y con la información que obra en el expediente, el Gobierno del Ecuador continúa suspendiendo las importaciones andinas de sal al Ecuador;

Que, el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena establece que “el programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro”;

Que, por su parte, el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena señala que: “se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”;

Que sobre las medidas restrictivas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial emitida el 22 de julio de 1994 (proceso 5-IP-90) que:

“Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que tengan por objeto y como resultado imposibilitar las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del tratado sobre restricciones de todo orden. Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”;

Que de acuerdo con la definición contenida en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y con la precisión del tribunal de justicia sobre el alcance del término “restricción”, la suspensión unilateral por parte del Gobierno del Ecuador de las importaciones andinas de sal clasificadas en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar) contenida en la Resolución 274 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, Comexi, de 3 de septiembre de 2004, tiene por objeto y efecto imposibilitar las importaciones de sal originarias de los países miembros. Esta característica corresponde a lo que el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena califica como “restricción”;

Que, el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena establece la obligación de los países miembros de abstenerse de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la subregión;

Que, el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina advierte el compromiso asumido por los países miembros a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina o que de algún modo obstaculice su aplicación;

Que así mismo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia de fecha 22 de agosto de 2001, dentro del proceso 72-AI-2000, señaló que:

“En efecto, la imposición de restricciones al comercio constituye una infracción al programa de liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena...”;

Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, corresponde a la secretaría general emitir resolución calificando si la medida adoptada por el Gobierno del Ecuador constituye una restricción al comercio intrasubregional;

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

RESUELVE:

ART. 1º—Calificar la suspensión por parte de la República del Ecuador de las importaciones de sal comprendidas en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar) originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, como una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.

ART. 2º—De conformidad con lo señalado en el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, la República del Ecuador dejará sin efecto la suspensión de las importaciones de los productos comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 2501.00.11 (sal de mesa), 2501.00.19 (los demás, incluidas las desnaturalizadas) y 2501.00.90 (los demás, agua de mar), en un plazo de diez (10) días calendario.

ART. 3º—Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 4 de febrero de 2005.

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