Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RESOLUCIÓN 897 DE 2013

(Julio 30)

“Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones 1137 de 1996, 482 de 2003 y 2101 de 2009”.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante los artículos 11 y 12 de la Ley 1444 del 4 de mayo de 201, el Congreso de la Republica ordenó la escisión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la reorganización de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Que a su vez, el literal d) del artículo 18 de la citada ley, otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado;

Que con base en las facultades extraordinarias dadas en la Ley 1444, el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, con el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el sector administrativo de ambiente y desarrollo sostenible señalando entre otras cosas, que el ministerio es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores;

Que de la misma manera, se expidió el Decreto-Ley 3573 de 2011, por medio del cual se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una unidad administrativa especial con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica conforme lo dispone el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, la cual hará parte del sector administrativo de ambiente y desarrollo sostenible cuyo objeto es: “que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país”;

Que el artículo 3º del decreto-ley precitado señaló como funciones de la ANLA, entre otras, las de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos y realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales;

Que por su parte, el Decreto 2820 de 2010, regula el procedimiento para el otorgamiento y modificación de licencias ambientales;

Que así mismo, el parágrafo 1º del artículo 29 del citado decreto señaló que: “Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no de adelantar el trámite para el procedimiento de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará el pronunciamiento de modificación de la misma anexando la información de soporte, quien deberá pronunciarse en un término máximo de veinte (20) días hábiles” (negrilla fuera de texto);

Que mediante las resoluciones 1137(sic) y 482 de 2003, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo en su calidad de autoridad ambiental competente para el otorgamiento o modificación de las licencias ambientales, estableció las actividades que en el marco de proyectos de hidrocarburos y del sector eléctrico que cuentan con licencia ambiental, no requieren adelantar el trámite de modificación de dicho instrumento de control y manejo ambiental;

Que así mismo, mediante la Resolución 2101 del 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo en su calidad de autoridad ambiental competente para el otorgamiento o modificación de las licencias ambientales, estableció las actividades que en el marco de proyectos del sector eléctrico que cuentan con licencia ambiental, no requieren adelantar el trámite de modificación de dicho instrumento de control y manejo ambiental;

Que el artículo 209 de la Constitución Política determina que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”;

Que el artículo 8º de la Ley 489 de 1998, señala que: “La desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones”;

Que teniendo en cuenta que la ANLA en la actualidad conforme al Decreto-Ley 3573 de 2011, es la autoridad ambiental encargada de emitir el pronunciamiento de que trata el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2820 de 2010 respecto de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya sea para su viabilidad ambiental a través del correspondiente instrumento de manejo y control ambiental o para la modificación de los mismos, la facultad invocada en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en su calidad de autoridad ambiental competente para el otorgamiento o modificación de las licencias ambientales ha perdido su fundamento legal;

Que frente a este fenómeno jurídico de la desaparición de los fundamentos de derecho el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, señala:

“Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia”.

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia C-069 de 1995: “La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del Decreto 1 de 1984, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o los recursos interpuestos se hayan decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos”.

(...)”.

“Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza por señalar que ‘salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo’. La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 1 de 1984, parcialmente acusado”;

Que la doctrina y la jurisprudencia han llamado al fenómeno jurídico a través del cual los fundamentos de hecho o de derecho desaparecen “el decaimiento del acto administrativo” que no es otra cosa que la pérdida de fuerza ejecutoria de este, el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó;

Que conforme lo anterior, se procederá a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones 1137(sic), 482 de 2003 y 2101 de 2009”;

Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones 1137(sic), 482 de 2003 y 2101 de 2009, por medio de las cuales el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estableció los cambios en actividades de proyectos de hidrocarburos y del sector eléctrico que cuentan con licencia ambiental y no requieren modificación de esta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 de julio de 2013.