RESOLUCIÓN 899 DE 2005

 

RESOLUCIÓN 899 DE 2005 

(Febrero 4)

Dictamen 01-2005 de incumplimiento por parte de la República de Venezuela a los artículos 39 y 86 del Acuerdo de Cartagena, 4º del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2º de la Decisión 282, y las decisiones 370 y 371, al otorgar franquicia arancelaria a la importación de bienes para satisfacer planes de abastecimiento de alimentos, modificando unilateralmente el arancel externo común e inaplicando el sistema andino de franjas de precios

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: El artículo 39 y el capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena sobre arancel externo común; el artículo 4º del tratado de creación del tribunal de justicia; las decisiones 282, 370, 465 y 371 de la comisión;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto 2842 del 2 de marzo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.893 del 8 de marzo de 2004, se aprobó un “plan excepcional de desarrollo económico y social para el abastecimiento de alimentos de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”, el cual tendría por objetivo garantizar la seguridad alimentaria de la población venezolana, a través de compras nacionales, privilegiando la producción nacional, y de la importación de bienes deficitarios. Para tal efecto, el precitado decreto, en su artículo 2º, determina la adquisición, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, de 442 244,45 toneladas métricas de

“... productos agroalimentarios tales como: arroz de mesa, pasta alimenticia, harina de maíz precocida, leguminosas, azúcar, sal, aceite comestible, excepto aceite de oliva, margarina, café molido y/o en granos, carne de res, carne de pollo, mortadela y/o salchicha económica, sardina enlatada, jurel enlatado, atún enlatado, leche completa en polvo, además de materia prima para elaboración de alimentos de primera necesidad como sémola o grano de trigo, maíz blanco y amarillo, que permitan cumplir con el presente plan, provenientes de la producción nacional o de la importación de esos bienes cuando sean deficitarios, ...”.

Que el citado decreto establece que la promoción, implementación, desarrollo, ejecución y seguimiento del referido plan excepcional estará a cargo de la sociedad mercantil corporación de abastecimiento y servicios agrícolas S.A. – La Casa S.A.;

Que, a su vez la Resolución 1549 del Ministerio de Finanzas y la Resolución 197 del Ministerio de Agricultura y Tierras, de fecha 7 de mayo de 2004, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.933, en consideración al plan excepcional, resolvió:

“ART. 1º—Se exonera del pago de los impuestos de importación y la tasa por determinación del régimen aplicable a las mercancías sometidas a potestad aduanera, los bienes que se importen para satisfacer el plan excepcional de desarrollo económico y social para el abastecimiento de alimentos de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”;

Que, mediante comunicación SG-F/0.11/1779/2004 del 4 de noviembre de 2004 dirigida al Gobierno de Venezuela se dio inicio a la investigación, dando parte al gobierno de ese país miembro que la exoneración de los impuestos de importación establecida mediante la Resolución 1549 del Ministerio de Finanzas y la Resolución 197 del Ministerio de Agricultura y Tierras, podría constituir un incumplimiento al ordenamiento jurídico comunitario, en especial al artículo 2º de la Decisión 282;

Que la comunicación SG-F/0.11/1779/2004 se puso en conocimiento del resto de países miembros mediante comunicación SG-X/0.11/1159/2004 del 8 de noviembre de 2004;

Que, el 24 de noviembre de 2004 el Gobierno de Bolivia manifestó que, si bien el plan excepcional adoptado por el Gobierno de Venezuela parecía obedecer al interés de abastecer de productos alimenticios a su población dentro del sistema de seguridad alimentaria, sin embargo la secretaría general deberá determinar si la exoneración del pago de impuestos de importación y tasas aduaneras, constituye o no un incumplimiento del artículo 2º de la Decisión 282;

Que, mediante comunicación SG-F/0.11/1939/2004 del 6 de diciembre de 2004 la secretaría general emitió nota de observaciones por posible incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela a los artículos 2º de la Decisión 282, 86 del Acuerdo de Cartagena, 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de las decisiones 370, 371 y 465. Al respecto, en la referida nota de observaciones la secretaría general consideró que la exoneración del pago de impuestos de importación realizada para satisfacer el “plan excepcional de desarrollo económico y social para el abastecimiento de alimentos de la cesta básica, materia prima para elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”, no se encontraría amparada por las franquicias arancelarias permitidas por la Decisión 282; en consecuencia, la secretaría general consideró que la exoneración de impuestos de importación realizada para satisfacer planes alimentarios que no se enmarque en la referida decisión, podría constituir un incumplimiento del artículo 2º de la misma, así como de la obligación de no alterar unilateralmente los gravámenes del arancel externo común y del sistema andino de franjas de precios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 del Acuerdo de Cartagena y las decisiones 370, 465 y 371;

Que, la referida nota de observaciones se puso en conocimiento del resto de países miembros mediante comunicación SG-X/0.11/1281/2004 del 10 de diciembre de 2004;

Que, el Gobierno del Perú mediante fax 707-2004-MINCETUR/DM/VMCE/DNINCI del 27 de diciembre de 2004, recibido por esta secretaría general el 6 de enero de 2005, manifestó su conformidad con lo expuesto por este órgano comunitario en la nota de observaciones y señaló que la adopción de las resoluciones 1549 y 197 por parte del Gobierno de Venezuela, vulnera lo establecido en el ordenamiento jurídico comunitario, por lo que debería disponerse la derogación de las mismas;

Que mediante comunicación recibida por la secretaría general en fecha 17 de diciembre de 2004, el Gobierno de Colombia remitió copias de los decretos emitidos por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: 3268 de 23 de noviembre de 2004, mediante el cual se aprobó el “plan excepcional de desarrollo económico y social para el abastecimiento de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”; y 3278 de 30 de noviembre de 2004, mediante el cual se aprobó el “plan excepcional de desarrollo económico y social para el abastecimiento de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”, con el objeto de asegurar el abastecimiento en las fiestas navideñas. Así mismo, el Gobierno de Colombia manifestó que el Gobierno de Venezuela, mediante la expedición de estos decretos:

“... prorrogó en 180 días el plazo y en 3,4 millones de toneladas, el monto para adquirir los bienes que se importan para satisfacer el plan excepcional de desarrollo económico y social, los cuales automáticamente amplían la vigencia de la Resolución Conjunta DM/Nº 1549 y DM/Nº 197 del 5 de mayo de 2004, mediante la cual exoneró del pago de los impuestos de importación y la tasa por determinación del régimen, a los mismos productos. En consecuencia, agradezco a ustedes adelantar los análisis pertinentes para determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico andino de estas nuevas medidas”.

Que, habiéndose vencido el plazo concedido a la República de Venezuela para que contestara la nota de observaciones sin que esta haya respondido, corresponde a la secretaría general emitir un dictamen motivado, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Decreto 3278 de 30 de noviembre de 2004, aprueba el “plan excepcional de desarrollo económico y social para el abastecimiento de alimentos de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, inclusive durante las fiestas navideñas. Para tal efecto, el artículo 2º del referido decreto establece que, en 180 días hábiles contados a partir de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, serán adquiridas dos millones trescientas ochenta y nueve mil novecientas veintidós toneladas métricas de productos agroalimentarios tales como: arroz de mesa, pasta alimenticia, harina de maíz precocida, harina de trigo, leguminosas, azúcar, sal, aceite comestible, excepto aceite de oliva, margarina, café molido y/o en granos, soya y/o sus derivados, grasa amarilla, carne de res, carne de pollo, mortadela y/o salchicha económica, sardina enlatada, jurel enlatado, atún enlatado, leche completa en polvo, lactovisoy y/o suplemento lácteo a base de leche, soya, arroz, alcaparra, aceituna, uvas pasas, pavo, carne porcina, encurtidos, turrón, panetón, jamón planchado, onoto, almendras, nueces, avellanas, además de materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad como sémola o granos de trigo, maíz blanco y amarillo. Así mismo, el precitado decreto establece que La Casa S.A. se encuentra encargada de la promoción, implementación, desarrollo, ejecución y seguimiento del referido plan;

Que por su parte, el Decreto 3268 de 23 de noviembre de 2004, modifica el Decreto 2842, prorrogándolo en 180 días hábiles y aumentando la cantidad de bienes a ser adquiridos a un millón treinta y cuatro mil ciento setenta y siete toneladas métricas con cincuenta y seis kilogramos;

Que, el artículo 2º de la Decisión 282 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 80 del 4 de abril de 1991 establece que constituirán franquicias arancelarias los distintos regímenes que permiten el despacho a consumo con la exención, rebaja o devolución de los gravámenes arancelarios respectivos. Así mismo, el artículo 2º establece que :

“ART. 2º—A partir del 31 de marzo de 1991, los países miembros no establecerán nuevas franquicias arancelarias que vulneran los compromisos arancelarios subregionales.

[...].

Se exceptúa de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, las franquicias arancelarias otorgadas al amparo del artículo 68 del Acuerdo de Cartagena y de lo dispuesto en los artículos siguientes”. (Actual artículo 86 y siguientes del Acuerdo de Cartagena codificado mediante Decisión 563).

Que, el Gobierno de Venezuela, al determinar mediante resoluciones 1549 y 197 una exención de los impuestos de exportación, establece una franquicia arancelaria a favor de las importaciones de los bienes a los que hacen referencia los planes alimentarios establecidos en los decretos (sic) 2842, parcialmente modificado mediante Decreto 3268, y 3278. Estas importaciones, conforme lo dispuesto por los referidos decretos, son realizadas por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A., La Casa S.A., toda vez que esta empresa, conforme lo establecido en numeral V del anexo al Decreto 2841 y el artículo 3º del Decreto 3278, es el ente ejecutor encargado de la promoción, implementación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes excepcionales de abastecimiento alimentario aprobados por los referidos decretos;

Que, de la motivación de los decretos 2841, 3268 y 3278 y las resoluciones 1549 y 197, no se desprende que el Gobierno de Venezuela invocó alguna de las franquicias permitidas de acuerdo con la Decisión 282, por cuanto la exención de los impuestos de importación establecida por las referidas resoluciones a favor de los bienes señalados en los citados decretos, no se ajusta al ordenamiento jurídico comunitario. No obstante, esta secretaría general observa que, en razón de las reiteradas alusiones realizadas en la parte considerativa de las referidas normas, a que ellas estarían motivadas por los objetivos de cubrir el abastecimiento oportuno de alimentos básicos, las referidas disposiciones podrían, a primera vista, ampararse en lo dispuesto por el literal a) del artículo 6º de la Decisión 282 (1) ;

(1) Artículo 6º, Decisión 282: los países miembros podrán conceder franquicias arancelarias, entre otros, a favor de: “a) donaciones e importaciones efectuadas por entidades sin fines de lucro, públicas o privadas, destinadas a cubrir servicios de salud, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, educación, investigación científica y cultura”;

Que, sin embargo, se observa que de los decretos 2841, 3268 y 3278 y de las resoluciones 1549 y 197 no se desprende que la franquicia arancelaria otorgada a favor de La Casa S.A. se hubiera establecido como una de las franquicias permitidas conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 6º de la Decisión 282. De las citadas disposiciones, se evidencia que La Casa S.A. es una empresa comercial y no una entidad sin fines de lucro; esta última, condición que debe reunir una entidad para que se le pueda conferir una franquicia arancelaria al amparo del literal a) del artículo 6º de la Decisión 282. En efecto, de acuerdo con el numeral V del anexo al Decreto 2841, La Casa S.A. “... tiene por objeto fundamental la comercialización y distribución de productos agroalimentarios y de otros que complementen la cesta básica, materia prima agroindustrial e insumos para la producción agropecuaria, maquinarias, equipos agropecuarios, sean estos de origen nacional o internacional”, así como “... la realización de cualquier actividad o negocio de lícito comercio...”;

Que, a la luz de lo anterior, la exención de los impuestos a la importación establecida mediante las resoluciones 1549 y 197 no se ajusta a las excepciones establecidas por la Decisión 282, respecto a la obligación que tienen los países miembros de no establecer franquicias arancelarias, conforme el artículo 2º de la referida decisión. Consecuentemente, las referidas resoluciones incumplen con lo dispuesto en el señalado artículo, que, conforme la parte motiva de la precitada decisión, cumple el propósito de impedir “que [se] vulneren los compromisos arancelarios subregionales, con el fin de asegurar la aplicación efectiva de un margen de preferencia a favor de la producción subregional”. En tal sentido, el incumplimiento de esta disposición acarrea consigo el incumplimiento de la normativa andina relativa al arancel externo común;

Que el artículo 86 del Acuerdo de Cartagena consagra el compromiso de los países miembros de poner en aplicación un arancel externo común en los plazos y modalidades que establezca la comisión, obligándose a no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas de su adopción;

Que, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Sentencia del proceso 7-AI-98 manifestó:

“El mismo tratado que da nacimiento al proceso de integración andina, que por cierto, se edifica sobre bases teóricas y experimentales similares a las de la Comunidad Europea, al desarrollar cada uno de los mecanismos fundamentales para el logro de los objetivos integracionistas, dedica todo un capítulo, el VI (artículos 90 al 98 [actualmente artículos 81 a 86 de Acuerdo a la Codificación del Acuerdo de Cartagena mediante Decisión 563]), a regular lo concerniente al arancel externo común; siendo de destacar en tales normas, entre otros aspectos, la obligación contraída mediante compromiso por los países miembros de poner en aplicación en determinado plazo el arancel común (artículo 90 [actualmente artículo 81]); el compromiso de no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan de manera común en el referido arancel externo (artículo 98 [actualmente artículo 86]); la obligación de no adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la subregión sin haber realizado las consultas en el seno de la comisión para determinar si existe compatibilidad entre dichos compromisos y los adquiridos con respecto al arancel comunitario andino (artículo 98 [actualmente artículo 86]); la transferencia de competencias legislativas en materia de aranceles a la comisión, la cual queda facultada para que, a propuesta de la secretaría general, modifique los niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere conveniente a fin de adecuarlos a los criterios y necesidades que el tratado señala (artículo 96 [actualmente artículo 84]); y, en fin, la posibilidad excepcional de que gozan los países para introducir modificaciones al arancel externo común en casos especiales y previa observancia del procedimiento estrictamente legislado en el tratado (artículos 94 y 97 [actualmente artículos 83 y 85])”; (énfasis añadido).

Que, la modificación del arancel externo común solo es permitido en los términos del artículo 85 del Acuerdo de Cartagena, siguiendo los procedimientos establecidos en la Decisión 370 ó en la Decisión 580, y conforme lo dispuesto por la Decisión 282, no siendo posible una modificación unilateral del mismo;

Que la Decisión 370 de la comisión establece el arancel externo común a ser aplicado a productos procedentes de terceros países, determinando los casos y las condiciones específicas en las cuales los países miembros pueden suspender o diferir dicho arancel. En tal sentido, el artículo 4º de la Decisión 370 regula los diferimientos que se pueden aprobar al arancel externo común con el fin de atender insuficiencias transitorias de oferta que afecten a cualquier país miembro; así mismo, el artículo 5º de la referida norma señala que en casos de emergencia nacional calificadas previamente por la secretaría general, los países miembros podrán diferir la aplicación del arancel externo común, por un período máximo de tres meses;

Que, si bien en la exposición de motivos de las resoluciones 1549 y 197, por medio de las cuales se establece la exención al impuesto de importación, hacen alusión a la seguridad alimentaria, y los planes de abastecimiento alimentario aprobados mediante decretos 2841, 3268 y 3278, se hacen referencia a que ellos estarían destinados a dar solución al desabastecimiento en que se encuentra el sistema alimentario nacional y a dar satisfacción a las demandas de la población venezolana de alimentos de primera necesidad, los cuales se encuentran escasos debido a la crisis política y económica en que se encuentra Venezuela actualmente; el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ofrece mecanismos diferentes a la adopción de medidas unilaterales, para que los países miembros puedan diferir la aplicación del arancel externo común, tal como los establecidos en la Decisión 370;

Que, así mismo, la medida adoptada por el Gobierno de Venezuela a través de la emisión de las resoluciones 1549 y 197 resulta contraria a la Decisión 371 que establece el sistema andino de franjas de precios, sistema bajo el cual los países miembros participantes se han comprometido en aplicar a las importaciones de ciertos productos procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al arancel externo común, AEC, o rebajas al AEC para reducir el costo de importación cuando los precios internacionales de referencia sean superiores a determinados niveles techo. Sin embargo, al no aplicar arancel externo común sobre algunos de los productos que se encuentran sujetos al sistema andino de franjas de precios, merced a las referidas resoluciones, el Gobierno de Venezuela tampoco aplica la franja de precios respecto a dichos productos, en la medida en que dicha franja se aplica en directa relación con el arancel externo común. De tal suerte que el Gobierno de Venezuela incumple con la obligación de “... aplicará[r] (sic), a las importaciones de esos productos procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al arancel externo común (AEC)” contenida en el artículo 1º de la Decisión 371;

Que, por mandato del artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los países miembros están obligados a dar cumplimiento a las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino. Adicionalmente, vale la pena recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de manera taxativa, ha determinado que el incumplimiento de cualquier disposición del ordenamiento jurídico comunitario, en el presente caso los artículos 86 del Acuerdo de Cartagena, 4º del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2º de la Decisión 282 y las decisiones 370 y 371, constituyen un incumplimiento al artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2) .

(2) Sentencia de proceso 16-AI-99.

Que, por otro lado, al no haber dado respuesta a la nota de observaciones la República Bolivariana de Venezuela ha incurrido en incumplimiento del artículo 39 del Acuerdo de Cartagena que impone la obligación a los países miembros de colaborar con las investigaciones que realice la secretaría general y de suministrar la información que les sea requerida. Sobre esta obligación de cooperación leal, que se encuentra desarrollada en el artículo 27 del reglamento de procedimientos de la secretaría general, y por lo que se refiere específicamente al procedimiento por incumplimiento previsto en los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el máximo órgano judicial subregional ha declarado:

“Conforme se desprende del tratado constitutivo del tribunal, la contestación a las observaciones formuladas por la secretaría general constituye para el país miembro una ‘obligación’ que debe ser cumplida dentro de un período determinado. En efecto, el artículo 23 expresa que una vez enviadas las observaciones ‘el país miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la secretaría general’. De modo que la intervención del país, cuya conducta ha sido objeto de observaciones en la etapa previa no resulta meramente facultativa, pues si bien esta oportunidad procesal le es concedida por el ordenamiento jurídico para garantizar su derecho de contradicción y defensa, su finalidad también va dirigida a precisar los hechos y las posibles justificaciones del país acusado por el incumplimiento, y, de esta manera, a dotar de una mayor objetividad a la posición de la secretaría general”;

Que, conforme lo dispone el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la secretaría general velar por la aplicación del acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 44 de la Decisión 425, reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se señala que contra la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial;

RESUELVE:

ART. 1º—Dictaminar que la República Bolivariana de Venezuela al establecer, mediante la Resolución Conjunta 1549 del Ministerio de Finanzas y Nº 197 del Ministerio de Agricultura, la exoneración del pago de aranceles para la importación de bienes que ese país considera “alimentos de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad” destinados a satisfacer planes de abastecimiento alimentario, como aquellos establecidos mediante decretos 2842, 3268 y 3278, ha incurrido en incumplimiento de los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena, el artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las decisiones 282, 370, 371 y 465 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen el régimen de armonización de franquicias arancelarias, arancel externo común y sistema andino de franjas de precios, respectivamente.

ART. 2º—Dictaminar, así mismo, que la República de Venezuela, al no haber dado respuesta a la nota de observaciones SG-F/0.11/1939/2004, ha incurrido en incumplimiento de los artículos 39 del Acuerdo de Cartagena, 23 del tratado de creación del tribunal y 27 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general.

ART. 3º—Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 65 de la Decisión 425, reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, concédase a la República Bolivariana de Venezuela un plazo de veinte (20) días hábiles para que ponga fin al incumplimiento a que se refiere el presente dictamen.

ART. 4º—Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 4 de febrero de 2005.

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