RESOLUCIÓN 902 DE 2005 

(Febrero 7)

Recurso de reconsideración interpuesto por la República de Colombia contra la Resolución 861 de la secretaría general, que dictaminó el incumplimiento por la aplicación de precios estimados a las importaciones de calzado originario del Ecuador

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: Los artículos 72, 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, adoptado mediante la Decisión 425; la Resolución 710 de la secretaría general; y el dictamen 12-2004, contenido en la Resolución 861; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante dictamen 12-2004, contenido en la Resolución 861 del 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial 1127 del 7 de octubre de 2004, la secretaría general constató que, al haber expedido el requerimiento especial aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004, que señala entre sus fundamentos de hecho y de derecho que la controversia de valor en la etapa de inspección física realizada durante el proceso de importación de calzado originario del Ecuador se inició por aplicación del régimen de precios estimados, la República de Colombia aplicó una medida calificada previamente por la secretaría general como “restricción” y como discriminatoria a los efectos del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena, y en consecuencia incurrió en incumplimiento de los artículos 72, 75 y 77 del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Resolución 710 de la secretaría general;

Que, mediante comunicación DIE/OALI/186 del 22 de noviembre, la República de Colombia interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 861 de la Secretaría General de la Comunidad Andina;

Que mediante faxes transmitidos el 30 de noviembre de 2004, la secretaría general notificó el recurso de reconsideración a los demás países miembros, así como a la empresa Venus Colombiana S.A., y concedió un plazo de cinco días hábiles para que presentaran las consideraciones que estimen pertinentes;

Que el 2 de diciembre de 2004, el representante de la empresa Venus Colombiana solicitó la concesión de una audiencia para presentar sus argumentos. La secretaría general fijó el día 10 de diciembre la fecha de la audiencia, hecho que fue también notificado a la República de Colombia;

Que el 7 de diciembre de 2004, la empresa Venus Colombiana presentó por escrito sus argumentos relativos al recurso de reconsideración y el 10 de diciembre hizo una presentación oral de dichos argumentos en la sede de la secretaría general;

Que el 14 de enero de 2005, la secretaría general notificó a los países miembros la decisión de prorrogar por quince días el plazo para resolver el recurso de reconsideración;

Que el recurso de reconsideración interpuesto por la República de Colombia pretende que la secretaría general revoque su dictamen 12-2004, en razón de que, a su juicio, no se encontraría en incumplimiento de la Resolución 710 de la secretaría general, por los siguientes motivos:

— mediante la Resolución DIAN 2905 de abril 9 de 2003, publicada en el Diario Oficial 45.160 de abril 14 de 2003, se ordena exonerar de la aplicación de los precios estimados que fueron expedidos con anterioridad a la Resolución 710 de la secretaría general, a aquellas mercancías originarias de los países miembros de la Comunidad Andina; y, además,

— en todas las resoluciones de precios estimados expedidas con posterioridad a la citada resolución de Secretaría General, en su artículo 3º se dispone que la presente resolución no se aplica a las mercancías originarias de países miembros de la Comunidad Andina;

Que, al respecto, el dictamen 12-2004 precisó que, “sobre los argumentos de la República de Colombia relativos a que la DIAN, mediante la Resolución 2905 del 9 de abril de 2003, estableció que las resoluciones de precios estimados expedidas hasta esa fecha no eran aplicables a mercancías originarias de los países miembros de la Comunidad Andina; la secretaría general precisa que el presente dictamen se limita a constatar si, al haber expedido el requerimiento especial aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004, la República de Colombia aplicó una medida calificada previamente por la secretaría general como ‘restricción’ a los efectos del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena”;

Que, en consecuencia, al encontrarse limitado el objeto del dictamen 12-2004 únicamente a la determinación acerca de si el requerimiento especial aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004 constituye la aplicación de una medida calificada previamente como restricción, la secretaría general encuentra irrelevante el argumento de que el mecanismo de precios estimados actualmente ya no se encuentre aplicando en otros casos distintos al analizado o que con posterioridad a la expedición de la Resolución 710 la República de Colombia haya tomado medidas de carácter general para cesar en la restricción;

Que, por lo tanto, se reitera que la presente controversia se suscita en el marco de la específica reclamación planteada por la empresa Venus Colombiana S.A., que acreditó ante este órgano comunitario la afectación de sus derechos como consecuencia de la emisión del requerimiento especial aduanero 05 070 2001 04 35 0351 de 28 de mayo de 2004;

Que en su recurso de reconsideración, la República de Colombia también presenta argumentos dirigidos a justificar la aplicación de precios estimados, entre otras razones, porque el artículo 17 de la Decisión 571 sobre valor en aduana de las mercancías importadas establece la viabilidad de aplicar precios de referencia como mecanismo de control a los precios declarados de las mercancías importadas, al establecer que “... los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante”;

Que, sobre tales argumentos, la secretaría general considera que el procedimiento por incumplimiento que originó con el dictamen 12-2004 no es la vía apropiada para cuestionar los fundamentos que tuvo la secretaría general en su Resolución 710 para calificar como restricción al comercio la aplicación del mecanismo de precios estimados. Si la República de Colombia no estaba de acuerdo con lo resuelto en su momento por la secretaría general, disponía de los recursos administrativos y judiciales comunitarios para cuestionar la legalidad de dicha resolución. Que en tal sentido, conviene recordar que la Resolución 710 de la secretaría general se pronunció en los siguientes términos sobre similares argumentos presentados por la República de Colombia:

“... en las relaciones intracomunitarias, el recurso a la normativa andina y a la legislación nacional sobre valoración aduanera solo se justificaría como un instrumento para evitar la defraudación fiscal por concepto de tributos interiores, en la medida que su aplicación no suponga la imposición de reglas más severas en la importación que en el plano interno;

Que la Decisión 378 [sustituida por la 571] sobre valoración aduanera resulta aplicable, tanto en las relaciones intracomunitarias, como en las relaciones con terceros países. No obstante, en el comercio entre los países de la Comunidad Andina, conforme lo expresa la Resolución 244 de la secretaría general del 24 de junio de 1999, la posibilidad de aplicar lo dispuesto en la Decisión 378 y en el acuerdo de valoración en aduana de la OMC no autoriza “... la imposición de restricciones al comercio, por lo que la medida adoptada debe responder a criterios de razonabilidad y debe ser apreciada en cuanto a su objeto y finalidad, así como en cuanto a su forma y necesidad de aplicación, a fin de que su utilización no signifique una exigencia que se aplique más allá de lo estrictamente necesario”;

Que, conforme se ha expuesto, en el estado actual del derecho comunitario andino, el control del valor declarado de las mercancías solo podría justificarse como instrumento que permitiría garantizar el justo pago de los tributos previstos en el régimen interno de los países miembros, siempre que este no establezca para los productos originarios de la subregión un trato menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales, en los términos exigidos por el principio de trato nacional consagrado en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que del examen de la legislación interna colombiana relativa a los sistemas de fiscalización e investigación para asegurar la correcta declaración del impuesto sobre las ventas, aplicables a la comercialización interior de productos, y del análisis del mecanismo de control que supone la aplicación de “precios estimados” para la importación de calzado, la secretaría general aprecia la existencia de un tratamiento menos favorable para las importaciones intrasubregionales de calzado que aquel que se otorga a las ventas que se realizan al interior de la República de Colombia para el mismo tipo de producto. Dicho tratamiento discriminatorio se evidencia en el hecho de que las presunciones de inexactitud de la declaración del valor que se derivan de la circunstancia de que el precio declarado esté dentro de los rangos de los “precios estimados” o por debajo del margen inferior únicamente se aplican cuando se trata de declaraciones que se realizan por concepto de la importación, sin que se presenten condiciones similares en los casos de declaraciones por motivo de las ventas al interior del Estado”;

Que, en razón de lo expuesto, ni la Decisión 571 ni las normas del acuerdo sobre valoración aduanera de la OMC podrían justificar la aplicación de las restricciones determinadas en la Resolución 710 de la secretaría general;

Que la República de Colombia también manifiesta su preocupación acerca de que “en aras de la limitación decretada en la Resolución 710 de la CAN, se esté impidiendo ejercer, por parte de la administración aduanera de Colombia, la facultad establecida en el artículo 17 del acuerdo de valoración de la OMC, para ejercer los controles aduaneros, tanto en el proceso previo al levante de la mercancía, como en el posterior, en el caso de que exista duda sobre la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba”;

Que, a este respecto, la secretaría general debe precisar que ni la Resolución 710 ni el dictamen 12-2004 de ninguna manera suponen un cuestionamiento a las facultades de control —distintas a la aplicación del mecanismo de precios estimados— que disponen las autoridades nacionales colombianas a efectos de determinar que los valores declarados en las importaciones son correctos. Tanto la Resolución 710 como el dictamen 12-2004 se limitan al análisis de la aplicación del mecanismo de precios estimados, mas no a otros procedimientos contemplados en la normativa internacional, comunitaria o nacional;

Que, finalmente, la República de Colombia cuestiona el artículo 2º del dictamen 12-2004 —a través del cual se concede un plazo de 15 días para que dicho país miembro ponga fin al incumplimiento— debido a que no resultaría claro cuál sería el mecanismo que debe utilizar la aduana de Colombia para poner fin al supuesto incumplimiento. Agrega que “Si se refiere a la revocatoria del requerimiento especial aduanero, acto administrativo que da inicio a la investigación o, a todos aquellos otros actos que deciden de fondo, a nuestro juicio no sería viable, por cuanto se ha determinado la comisión de una falta y de acuerdo al debido proceso, es el mismo importador quien, en la respectiva etapa procesal, suministrará los elementos de juicio necesarios para desvirtuar lo que la administración ha determinado, evento en el cual procederá el archivo del proceso”;

Que observa la secretaría general que el incumplimiento a que se refiere el dictamen 12-2004 se produjo como consecuencia de la aplicación del mecanismo de precios estimados, tanto en el momento en que la jefe de la división de servicio al comercio exterior de la administración delegada de la aduana de Ipiales remitió a la administración de aduanas de Cali varias declaraciones de importación, con el fin de que se realice el correspondiente estudio de valor “en razón a que los precios declarados por las mercancías, resultan por debajo del margen inferior del rango establecido por el director de aduanas en la Resolución 701...”, así como al momento de emitirse el requerimiento especial aduanero 05070200104350351 de 28 de mayo de 2004, en el que se invoca entre sus fundamentos el numeral 7º del artículo 172 de la Resolución DIAN 4240 del 2000, que establece que “cuando la controversia se origine en razón a que el valor FOB declarado está por debajo del margen inferior de los precios estimados, solo se autorizará el levante si, dentro de los cinco días siguientes a la práctica de la diligencia, el declarante corrige la declaración de importación, determinando la base gravable a partir del precio del nivel superior del rango al cual corresponda el producto [...] o constituye una garantía, en la forma dispuesta en el artículo 523”;

Que si bien la mencionada aplicación del mecanismo de precios estimados constituye un incumplimiento en los términos expuestos en el dictamen 12-2004 —y así se ratifica en la presente resolución—, la secretaría general considera que, en el presente caso, los efectos jurídicos de la irregularidad incurrida en el marco del específico procedimiento interno de fiscalización, deben ser evaluados por las propias instancias administrativas y judiciales internas. Debe tenerse presente que la empresa Venus Colombiana S.A. informó y presentó pruebas que demuestran que ha planteado y se encontrarían en trámite ante las autoridades administrativas colombianas recursos contra actuaciones derivadas del requerimiento especial aduanero materia del dictamen 12-2004. En consecuencia, corresponderá a las autoridades nacionales que estén conociendo los recursos contra las actuaciones derivadas del señalado requerimiento especial aduanero determinar si la violación a la Resolución 710 de la secretaría general puede dar o no lugar a vicios susceptibles de anular tales actuaciones;

Que, por lo anteriormente expuesto, el dictamen 12-2004 incurrió en un error al haber concedido a la República de Colombia un plazo de 15 días para que ponga fin al incumplimiento. No obstante, la secretaría general, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información al Gobierno de Colombia sobre los resultados del procedimiento originado con el requerimiento especial aduanero 05070200104350351 de 28 de mayo de 2004;

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar parcialmente fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la República de Colombia y, en consecuencia, confirmar el artículo 1º y revocar el artículo 2º de la Resolución 861.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los países miembros la presente resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 7 de febrero de 2005.

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