Ministerio de Minas y Energía

RESOLUCIÓN 90430 DE 2014 

(Abril 24)

“Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Ministerio de Minas y Energía”.

El Ministro de Minas y Energía,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 116 de la Constitución Política, el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, la Ley 1066 de 2006, la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 116 de la Constitución Política prevé que, excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas; sin embargo, no les será permitida la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 otorgó a las entidades públicas del orden nacional, entre ellas a los ministerios, la facultad de cobro coactivo.

Que el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, establece que las entidades públicas que tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, deberán expedir mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera. Y el artículo 5º de la misma ley dispuso que las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario.

Que para efectos de determinar el procedimiento descrito en el estatuto tributario, se entiende que es el establecido en el título VIII de la Ley 624 de 1989.

Que el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 fijó los parámetros de contenido del reglamento interno del recaudo de cartera que deben expedir las entidades públicas dentro de los términos señalados en la Ley 1066 de 2006, resaltando los criterios a tener en cuenta para la seguridad de la cartera mediante el adecuado establecimiento de garantías por los deudores o terceros.

Que mediante Resolución 180575 del 18 de junio de 2002, se creó el grupo interno de trabajo de jurisdicción coactiva, adscrito al despacho del ministro de minas y energía, modificada mediante Resolución 181716 del 29 de septiembre de 2010, por la cual se adscribió el referido grupo al despacho del secretario general de la entidad.

Que la Ley 1395 de 2010, modificó algunas de las previsiones del Código de Procedimiento Civil, entre ellas, las relacionadas con la diligencia de remate de bienes aplicables al trámite del proceso de cobro coactivo, actualizadas por el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.

Que el procedimiento de cobro coactivo previsto en el estatuto tributario nacional fue complementado por la Ley 1437 de 2011, título IV de la parte primera, al establecer de manera puntual entre otros aspectos, quiénes están investidos de la prerrogativa de cobro coactivo y enunciar de manera precisa qué documentos prestan mérito ejecutivo, dando la posibilidad de acudir también ante los jueces competentes para hacer efectivo el recaudo de las obligaciones a su favor; así como prever de manera categórica que constituye título ejecutivo y los contratos o los documentos en que constan sus garantías.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario la modificación y consiguiente actualización del reglamento interno de recaudo de cartera del Ministerio de Minas y Energía, conforme a los principios que regulan la administración pública, con el fin de adelantar las gestiones de cobro coactivo de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para obtener el recaudo de las deudas exigibles a favor de esta entidad.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar el “Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Ministerio de Minas y Energía”, anexo, que hace parte integrante de la presente resolución.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 180224 de 2007.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 24 de abril de 2014.

“Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Ministerio de Minas y Energía”

CAPÍTULO l

Aspectos generales

El objeto del presente reglamento interno de recaudo de cartera pretende contener los lineamientos básicos y generales que demanda el efectivo y juicioso ejercicio del cobro de las rentas y caudales a favor de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, acorde con el mandato del numeral 1º del artículo 2º, de la Ley 1066 de 2006, y demás normas concordantes.

ART. 1º—Naturaleza y definición. El cobro coactivo es el medio a través del cual la administración ejerce las facultades jurisdiccionales dadas excepcionalmente por la Constitución Política y por la ley, para cobrar de manera directa y sin que medie intervención judicial, las obligaciones o deudas a su favor representadas en títulos ejecutivos conforme a los artículos 87 y 99 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso y la Ley 624 de 1989 estatuto tributario.

ART. 2º—Finalidad. Este reglamento tiene como finalidad orientar al operador jurídico en el trámite de las actuaciones administrativas y procesales que deben seguirse para adelantar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva, en sus fases persuasiva y coactiva en el Ministerio de Minas y Energía.

ART. 3º—Principios. Los principios que regulan la gestión de recaudo de la cartera pública son los mismos de la administración pública contenidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, así como los artículos 2º y 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, economía procesal, celeridad, y coordinación.

ART. 4º—Procedimiento administrativo de cobro. De acuerdo con lo consagrado en el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Política en concordancia con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor, y para tal efecto, debe seguirse el procedimiento administrativo de cobro descrito en el estatuto tributario Nacional ajustado a las circunstancias propias de la entidad, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el Código General del Proceso.

ART. 5º—Interpretación de las normas procesales. Las normas procesales son de derecho público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, dada la remisión expresa del estatuto tributario al Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso, en algunos temas, las dudas o ausencias de regulación deberán aclararse mediante la interpretación de los principios generales del derecho, de manera que se cumpla con el debido proceso y se respete el derecho de defensa.

ART. 6º—Competencia. El desarrollo del proceso de cobro coactivo de las obligaciones y créditos a favor del Ministerio de Minas y Energía, recae en el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva, de conformidad con la Resolución 180685 del 7 de mayo de 2012, quien ejercerá dichas funciones en calidad de funcionario ejecutor.

ART. 7º—Representación. En el proceso de cobro coactivo el deudor podrá intervenir personalmente o por intermedio de apoderado judicial quien debe ser abogado con tarjeta profesional vigente.

ART. 8º—Títulos ejecutivos. Son aquellos documentos que provienen del deudor o de su causante, y que contienen una obligación clara, expresa y exigible, contra él y a favor de las entidades públicas. El parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por remisión de los artículos 98 y 99 ibídem, disponen para los solos efectos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que son entidades públicas, todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

Prestan mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, además de los enunciados en el(sic) artículos 828 del estatuto tributario y 469 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se expide el Código General del Proceso, los documentos que se enuncian a continuación:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

PAR.—Para efectos de la conformación del título ejecutivo, entiéndase por obligación clara aquella que contiene todos los elementos de la relación jurídica inequívocamente señalados en el documento, a saber: naturaleza o concepto de la deuda, sujetos de la obligación: acreedor (entidad que emite el título), deudor (sujeto pasivo, identificado de manera clara e inequívoca); expresa la que contiene una suma líquida de dinero a cobrar, debidamente determinada o especificada, expresada en un valor exacto que no da lugar a ambigüedad y, exigible la que no está sujeta a plazo o condición suspensiva, adicionalmente tratándose de actos administrativos se requiere que no hayan perdido su fuerza ejecutoria, por las causas establecidas en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la configuración de esta circunstancia imposibilita el cobro coactivo de la obligación contenida en el mismo.

ART. 9º—Deudores solidarios. Para vincular al deudor solidario al proceso de cobro debe habérsele notificado previamente el título de ejecución, pues no puede confundirse el acto de notificación del mandamiento de pago con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir, el acto contentivo de la obligación clara, expresa y exigible cuyo cobro se pretende.

Son deudores solidarios las terceras personas a quienes la ley llama a responder por el pago de la obligación, junto con el deudor principal, en los casos previstos en el estatuto tributario.

Cuando se pretenda ejecutar a uno o varios deudores solidarios, antes de expedir el mandamiento de pago se creará el título ejecutivo que declare la existencia de una obligación clara, expresa y exigible en su contra y a favor de la entidad, documento que se constituirá mediante resolución motivada en la que se identificarán al deudor principal y al solidario; se indicarán los hechos que originan la responsabilidad, el concepto, período, cuantía total de la obligación y cuantía por la que se vincula al responsable solidario.

Contra dicha providencia procede el recurso de reposición de conformidad con las previsiones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para el caso del Ministerio de Minas y Energía, la competencia para expedir la resolución que constituye título ejecutivo contra un deudor solidario recae en el Secretario General, y el competente para expedir el mandamiento de pago es el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.

ART. 10.—Ejecutoria y firmeza de los actos administrativos. Además de las hipótesis previstas en el artículo 829 del estatuto tributario nacional, se encuentran en firme y ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, de conformidad con el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

a) Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso;

b) Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos;

c) Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos;

d) Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos; y

e) Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.

ART. 11.—Conformación del expediente. Recibidos los documentos que sirvan de fundamento al cobro coactivo de la obligación, el funcionario competente dejará constancia de la fecha de recibo, (indicando en su orden día, mes y año) número y fecha del documento, clase de documentos, oficina de origen y número de folios; formará el expediente, lo radicará y revisará que contenga los siguientes documentos:

• Original del título ejecutivo donde conste una obligación clara, expresa y exigible. En el acto administrativo deberá existir coherencia entre la parte considerativa y la resolutiva, así como lo referente a los nombres, apellidos, razón social de los deudores con sus respectivos documentos de identificación y en los valores en letras y números.

• Original de las providencias que resuelvan los recursos de reposición, en caso de que estos se hayan interpuesto, con sus respectivas constancias de notificación y ejecutoria del acto administrativo principal.

• Copia de los oficios de citación a notificarse personalmente, con su constancia de envío por correo.

• Constancia de la notificación personal.

• Constancia de la fijación y desfijación del edicto, cuando la notificación se haya surtido de tal forma.

• Constancia de ejecutoria en la que se indique que el acto administrativo quedó en firme, agotó vía gubernativa y la fecha de ejecutoria.

Si de la revisión de los anteriores documentos se evidencia que no reúnen alguno o algunos de los requisitos para ser título ejecutivo, mediante escrito se devolverá a la oficina de origen, para que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, subsane el requisito que deba cumplirse y remita nuevamente las diligencias al grupo de cobro coactivo.

Los expedientes de cobro coactivo gozarán de reserva y solo podrán ser examinados por el deudor o su apoderado legalmente constituido o personas autorizadas por estos mediante escrito con presentación personal.

ART. 12.—Comisiones. Cuando haya lugar a la comisión de la práctica de alguna audiencia o diligencia, los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva deberán conferirlas de preferencia a otro funcionario de la misma clase, esto es, de la misma jurisdicción coactiva, de igual o inferior categoría, sin perjuicio de que puedan comisionar a los jueces municipales de la jurisdicción ordinaria, tal como lo disponen los artículos 31 a 36 del Código de Procedimiento Civil(1), hoy Código General del Proceso.

CAPÍTULO II

Etapas del proceso de cobro coactivo

ART. 13.—Etapa persuasiva. Es una etapa en la que se invita al deudor a cancelar en forma voluntaria las obligaciones a su cargo, bien de manera inmediata o a través de la concertación de fórmulas que incluyen la expedición de facilidades o acuerdos de pago evitando el desgaste o el costo que para la administración significa adelantar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva.

ART. 14.—Trámite para el cobro persuasivo. Recibido el acto administrativo que constituye el título ejecutivo, debidamente ejecutoriado, el Grupo de Jurisdicción Coactiva avocará el conocimiento del mismo mediante la expedición del respectivo auto e iniciará la fase de cobro persuasivo a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas, envío de comunicaciones vía fax o requerimientos a través de correo certificado.

Esta etapa tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del auto que avoca conocimiento.

Si se satisface la obligación de manera inmediata por parte del deudor, se anexará al expediente prueba de ello y se ordenará mediante auto el archivo de las actuaciones.

En caso de que el deudor suscriba un acuerdo de pago para cancelar la obligación en cuotas, se anexarán al expediente los correspondientes recibos de pago de cada una de ellas y, una vez cancelada en su totalidad la deuda, se procederá como se indicó en el párrafo anterior.

De no presentarse ninguna de las situaciones descritas o ante el incumplimiento de los acuerdos de pago suscritos por el deudor, se entenderá fracasada la etapa de cobro persuasivo y se dará inicio a la de cobro coactivo de conformidad con la ley y este reglamento.

ART. 15.—Investigación de bienes. Actuación administrativa fundamental dentro del proceso de cobro tanto en la etapa persuasiva, cuando las circunstancias lo ameriten, como en la coactiva, por cuanto es la forma de procurar la administración garantizar el pago de las deudas objeto de recaudo. Su finalidad es establecer los bienes propiedad del deudor a fin de adoptar las medidas correspondientes sobre los mismos para garantizar el pago de la obligación a favor de la administración.

ART. 16.—Etapa de cobro coactivo. Etapa en la cual la administración en desarrollo de las facultades exorbitantes que le asisten, busca la satisfacción de las obligaciones a su favor de manera coercitiva, utilizando para ello el procedimiento descrito en los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario nacional, en concordancia con los artículos 513 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, normas derogadas por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 ibídem. Una vez entre a regir el nuevo Código General del Proceso la norma a aplicar será el artículo 599 y siguientes de este.

Para estos efectos, tal como lo dispone el artículo 837 del estatuto tributario, los funcionarios del grupo de cobro coactivo solicitarán información a entidades públicas o privadas, las cuales están obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la administración, so pena de ser sancionadas(2).

ART. 17.—Mandamiento de pago. Es el acto administrativo proferido por el funcionario competente dentro del proceso de cobro coactivo, que contiene la orden al deudor de pagar en favor del acreedor la obligación contenida en el título ejecutivo, más los intereses a que haya lugar.

ART. 18.—Notificación del mandamiento de pago. La notificación del mandamiento de pago se hará en la forma prevista en los artículos 826 y 866 del estatuto tributario. Para el efecto, téngase en cuenta los siguientes tipos de notificación:

Personal: Para efectos de esta notificación, se citará previamente al ejecutado mediante escrito que se enviará por correo a la última dirección reportada, para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes al envío de la respectiva comunicación. Si el deudor comparece, se efectuará el enteramiento del mandamiento de pago y se le hará entrega de una copia del mismo, tal como lo prevé el artículo 569 del estatuto tributario.

Por aviso: En caso de que la comunicación para notificación personal sea devuelta, de conformidad con lo estipulado en el artículo 568 del estatuto tributario será necesario realizar la notificación mediante publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional o regional que corresponda a la última dirección informada, insertando la parte resolutiva del acto a notificar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos del Ministerio de Minas y Energía, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el deudor, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso.

Por conducta concluyente: Acorde con lo dispuesto en los artículos 330(3) del Código de Procedimiento Civil y 48(4) del Código Contencioso Administrativo, se entenderá notificado el mandamiento de pago por conducta concluyente cuando (i) el deudor manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, quien se considerará enterado personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia y, (ii) cuando el escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en la oficina de conocimiento, se entenderá notificado el deudor el día en que se notifique el auto que reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad.

ART. 19.—Notificación a herederos. Si el mandamiento de pago ya fue notificado y el ejecutado fallece, se continúa con el proceso con sus herederos a quienes deberá notificarse en la forma prevista en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627, y a partir del 1º de enero de 2014, en los términos previstos, su regulación corresponde al artículo 291 de esta.

Entre tanto, si el mandamiento de pago no ha sido notificado y el ejecutado fallece, se debe proceder a notificar a los herederos de conformidad con lo establecido en el artículo 1434 del Código Civil, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 826 del estatuto tributario.

ART. 20.—Dirección para notificaciones. Las notificaciones de las actuaciones proferidas dentro del proceso de cobro coactivo se notificarán a la última dirección informada por el deudor, quien de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil(5), tiene el deber de comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones personales, so pena de que estas se surtan válidamente en el anterior.

Cuando el deudor no hubiere informado una dirección al Ministerio de Minas y Energía, las decisiones de la administración se podrán notificar a la dirección que establezca el ministerio mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección de su domicilio por ninguno de los medios antes señalados, los actos del proceso serán notificados mediante aviso.

ART. 21.—Corrección de la notificación. Cuando la citación se hubiere enviado a una dirección errada, distinta a la aportada por la entidad de origen o a la que registra el deudor, habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta.

En este caso, los términos legales solo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en debida forma.

ART. 22.—Acumulación de obligaciones y procesos. Acorde con el artículo 826 del estatuto tributario, el mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor.

A su turno, el artículo 825 Ibídem señala que cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, estos podrán acumularse siguiendo las previsiones que en esa materia contempla el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6 del artículo 627, y de ser así, la norma que regularía el asunto sería el artículo 88 de la referida ley(6).

ART. 23.—Excepciones al mandamiento de pago. Una vez notificado el mandamiento de pago, el deudor tiene quince (15) días para pagar la obligación y sus respectivos intereses, o proponer las siguientes excepciones, conforme al artículo 831 del estatuto tributario nacional:

1. El pago.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho, o de procesos de revisión de impuestos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro.

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

8. La calidad de deudor solidario.

9. La indebida tasación del monto de la deuda.

ART. 24.—Proposición y trámite de las excepciones. El escrito de excepciones deberá presentarse anexando la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas; el poder si el deudor decide actuar a través de apoderado judicial, y las pruebas en que se apoyen los hechos alegados.

Dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del escrito de excepciones, el funcionario ejecutor decidirá sobre la admisión y práctica de las pruebas solicitadas por el deudor y decretará de oficio aquellas que considere pertinentes, atendiendo para ello lo dispuesto en los artículos 174(7) y siguientes del régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil.

De encontrarse probada alguna de las excepciones señaladas en el artículo anterior, así se declarará mediante resolución motivada que ordene la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares si se hubieren decretado.

En caso de que alguno de los medios exceptivos señalados prospere parcialmente, la ejecución continuará respecto de las obligaciones o valores no afectados por estos.

De no encontrarse probada ninguna de las excepciones, se ordenará seguir adelante con la ejecución.

El auto que resuelva sobre las excepciones se notificará conforme lo estipulado en el artículo 565 del estatuto tributario, personalmente o por edicto.

ART. 25.—Recursos contra el auto que resuelve las excepciones. Contra la resolución que rechaza las excepciones propuestas y ordena seguir adelante con la ejecución, procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, recurso que deberá proponerse dentro del mes siguiente a su notificación, y que deberá ser resuelto por parte del funcionario ejecutor dentro del mes siguiente a la presentación del escrito de impugnación.

La notificación se hará conforme lo estipulado en el artículo 565 del estatuto tributario nacional, es decir personalmente, y si no comparece se notificará por edicto.

ART. 26.—Orden de seguir adelante con la ejecución. Si en el término para pagar o presentar excepciones contra el mandamiento ejecutivo el deudor guarda silencio, el ministerio continuará con la ejecución mediante acto administrativo proferido en tal sentido, conforme lo ordena el artículo 836 del estatuto tributario. En dicha providencia se ordenará además, avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o los que posteriormente lleguen a estarlo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.

Cuando previamente a la orden de ejecución no se hubiere dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se proceda con el remate de los mismos.

ART. 27.—Causales de suspensión del proceso administrativo de cobro coactivo. Prevé el artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera expresa, que la admisión de la demanda contra los actos administrativos que decidan las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución, los que liquiden el crédito, o contra el que constituye el título ejecutivo, no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Dispone que solo habrá lugar a la suspensión del procedimiento de cobro coactivo cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y a solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.

Durante la suspensión no corren términos y no puede ejecutarse ningún acto procesal, a excepción de levantar u ordenar medidas cautelares. El funcionario competente debe estar pendiente de la evolución de las causales que dieron lugar a la suspensión del proceso y reanudarlo cuando estas desaparezcan.

ART. 28.—Prescripción de la acción de cobro coactivo. Acorde con el artículo 817 del estatuto tributario, modificado por los artículos 86 de la Ley 788 de 2002 y artículo 8º de la Ley 1066 de 2006, la acción de cobro prescribirá en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo o el documento que constituya título ejecutivo en las condiciones señaladas en el parágrafo del artículo 8º de la presente resolución.

La prescripción será decretada de oficio o a petición de parte, declaración que compete al coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.

ART. 29.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa, respectivamente.

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:

— La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,

— La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del estatuto tributario.

— El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del estatuto tributario.

ART. 30.—Cuenta de depósitos judiciales. Con el fin de custodiar los dineros obtenidos con ocasión del decreto de medidas cautelares en el proceso de cobro coactivo, así como de aquellos dineros destinados al pago de auxiliares de la justicia, el grupo de jurisdicción coactiva constituirá una cuenta de depósitos judiciales en el Banco Agrario de su localidad o de la localidad más cercana.

Los títulos de depósito judicial podrán ser pagados, únicamente, por orden del coordinador del grupo de jurisdicción coactiva. Para efectos del pago, si es a favor del Ministerio de Minas y Energía, se ordenará la aplicación del título de depósito judicial a la obligación del deudor. Cuando el título se emita a favor del perito o secuestre, o a favor del ejecutado cuando deben devolvérsele sumas de dinero, el coordinador del grupo, mediante endoso, deberá ordenar el pago del título de depósito a favor del beneficiario, y de ser necesario, podrá ordenar al banco la conversión o fraccionamiento del título de depósito judicial.

CAPÍTULO III

Medidas cautelares

ART. 31.—En cualquier momento de la actuación, incluso, antes de librar mandamiento ejecutivo de pago, el grupo de jurisdicción coactiva podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del deudor, amparado en la normatividad legal contenida en el estatuto tributario nacional y en el Código de Procedimiento Civil derogado por la Ley 1564 de 2012, en los términos allí previstos.

ART. 32.—Embargo de bienes(8). Para efectuar los embargos se procederá así:

1. El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá un certificado sobre su situación jurídica en un período de veinte años, si fuere posible. Una vez inscrito, el oficio de embargo se remitirá por el registrador directamente al Ministerio de Minas y Energía junto con dicho certificado.

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al grupo; si lo registra, este de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del embargo. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta, cuando se trate de bienes gravados con garantía real, lo dispuesto en el parágrafo del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil

2. El de bienes muebles no sujetos a registro se consumará mediante su secuestro, excepto en los casos contemplados en los numerales siguientes.

3. El de un crédito u otro derecho semejante, se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que debe hacer el pago a órdenes del Ministerio de Minas y Energía en la cuenta de depósitos judiciales. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho.

Al recibir el deudor la notificación, o dentro de los tres días siguientes, deberá informar bajo juramento que se considerará prestado con su firma, acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquélla, so pena de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.

Si el deudor no efectúa el pago oportunamente, el Ministerio de Minas y Energía designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso.

El del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó, y los anteriores que no hubieren sido cancelados.

4. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso, se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio en el respectivo despacho judicial.

Si el crédito que origino el embargo anterior es de grado inferior al del Ministerio de Minas y Energía, el funcionario ejecutor continuará con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate.

Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del Ministerio de Minas y Energía, el funcionario ejecutor se hará parte del proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del bien embargado.

5. El de salarios devengados o por devengar, se comunicará al pagador o empleador en la forma indicada en el inciso primero del numeral 4 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, para que de las sumas respectivas retenga la proporción determinada por la ley y haga oportunamente las consignaciones a órdenes del Ministerio, previniéndole que de lo contrario responderá por dichos valores e incurrirá en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales.

Si no se hicieren las consignaciones el juez designará secuestre que deberá adelantar el cobro judicial, si fuere necesario.

6. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4º Ibídem, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Aquellos deberán consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

Los demás embargos se harán conforme lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil que será remplazado por el artículo 593 del Código General del Proceso.

ART. 33.—Bienes inembargables. Acorde con lo dispuesto en el artículo 684(9) del Código de Procedimiento Civil, son inembargables los siguientes bienes:

1. Los de uso público.

2. Los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por un departamento, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionario de estos; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio lo presten los particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzcan, y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

3. Las dos terceras partes de la renta bruta de los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los municipios.

4. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deban anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales.

5. Los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales o particulares, en la proporción prevista en las leyes respectivas.

La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.

6. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

7. Los uniformes y equipos de los militares.

8. Los lugares y edificaciones destinados a cementerios o enterramientos.

9. Los bienes destinados al culto religioso.

10. Los utensilios de cocina y los muebles de alcoba que existan en la casa de habitación de la persona contra quien se decretó el secuestro, y las ropas de la familia que el juez considere indispensables, a menos que el crédito provenga del precio del respectivo bien.

11. Los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo individual de la persona contra quien se decretó el secuestro, a juicio del juez, con la salvedad indicada en el numeral anterior.

12. Los artículos alimenticios y el combustible para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un mes, a criterio del juez.

13. Los objetos que posean fiduciariamente.

14. Los derechos personalísimos e intransferibles, como los de uso y habitación.

ART. 34.—Límite del embargo. Los bienes embargados no podrán exceder del doble del crédito cobrado con sus intereses y la actualización de la deuda establecida en el artículo 867-1 del estatuto tributario y las costas. Si efectuado el avalúo de los bienes, estos exceden la suma indicada, deberá reducirse el embargo hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.

Si se trata de otros bienes que no requieren avalúo, como dinero o aquellos que se cotizan en bolsa, basta con la certificación de su cotización actual o del valor predeterminado.

La reducción deberá producirse antes que se decrete el remate, mediante auto que se comunicará al deudor y al secuestre si lo hubiere, siempre y cuando la reducción no implique división del bien. No habrá reducción de embargo respecto de bienes cuyo remanente se encuentre solicitado por autoridad competente.

ART. 35.—Secuestro de bienes. Debidamente inscrito el embargo de los bienes sujetos a registro y previo a señalar la fecha y hora de la diligencia de remate, se ordenará su secuestro conforme lo dispones el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil, derogado por el Código General del Proceso y será sustituido por el artículo 595 y siguientes de este.

(sic)En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia, que se practicará aunque no concurra el secuestre, caso en el cual el funcionario ejecutor o su comisionado procederá a remplazarlo en el acto.

2. La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos en el acta con indicación del estado en que se encuentren.

3. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dispone en el numeral 12 del artículo precedente 681 del Código de Procedimiento Civil.

4. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 10 ibídem, el secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de esta en un almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al Ministerio de Minas y Energía al día siguiente, y deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio público, se estará a lo estatuido en el numeral 2 del artículo 684 ejusdem.

No obstante, los muebles estrictamente necesarios para la sala de recibo y el comedor de la casa de habitación, a juicio del funcionario ejecutor o su comisionado, serán dejados en depósito provisional, en poder de la persona contra quien se decretó el embargo, o en su defecto de uno de sus parientes o del cónyuge, y serán retirados por el secuestre una vez decretado su remate, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

5. Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el lugar donde se encuentren, hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y este puede ejecutar, en las condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administración vigente.

6. Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien continuará administrándolos, como se indica en el numeral anterior, con el auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que posteriormente designe de conformidad con el numeral 6 del artículo del Código de Procedimiento Civil, y consignará los productos líquidos en la forma indicada en el artículo 10 de esa codificación. El propietario del almacén o establecimiento podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la dependencia del secuestre. Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que estas designen, sin que sea necesaria la presencia del juez, copia del cual, firmado por quienes intervengan se agregará al expediente.

7. Cuando al practicar el secuestro de una empresa o establecimiento se encuentre dinero, el funcionario ejecutor lo consignará inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales destinada para tal fin.

8. El funcionario ejecutor se abstendrá de secuestrar los bienes muebles inembargables, y si se trata de inmuebles levantará el embargo.

9. Cuando no se puede practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el funcionario ejecutor o su comisionado podrá asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentre los bienes o documentos, colocar sellos que garanticen su conservación, y solicitar vigilancia de la policía.

ART. 36.—El secuestre(10). Será nombrado de la lista de auxiliares de la Justicia de la Rama Judicial y entidades como la cámara de comercio de Bogotá. En caso de que los auxiliares allí inscritos no reúnan las exigencias del caso, se designará a la persona natural o jurídica idónea que acredite los requisitos que el cargo exija, para lo cual se seguirán las previsiones de los artículos 8º al 11 del Código de Procedimiento Civil, Sus honorarios se fijarán de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo 1518 de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y aquellos que lo adicionen o modifiquen.

Cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, el secuestre deberá prestar la caución que el funcionario ejecutor fije una vez practicado el secuestro y si no lo hace en el término que se le señale, será removido.

ART. 37.—Rendición de cuentas del secuestre. Una vez terminado el desempeño del cargo, debido a la finalización del encargo o por haber sido relevado, el secuestre deberá rendir cuentas comprobadas de su administración dentro de los diez días siguientes, sin lo cual no se le señalarán honorarios definitivos. En la rendición de cuentas se aplicará lo dispuesto en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil.

La rendición de cuentas estará acompañada de los documentos pertinentes, tales como comprobantes, facturas, recibos, entre otros, y de ella se dará traslado al deudor por el término de (10) diez días. Si acepta las cuentas expresamente o guarda silencio, el ejecutor las aprobará y ordenará el pago del saldo que resulte en favor del secuestre.

Contra este auto no procede recurso alguno y presta mérito ejecutivo. El funcionario ejecutor, de oficio o a petición de parte, podrá disponer que el secuestre rinda cuentas en cualquier tiempo, y esta petición se formulará cuantas veces se estime necesario durante el ejercicio del cargo por parte del secuestre.

ART. 38.—Oposición a la diligencia de secuestro. Tal como lo dispone el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil(11), podrán oponerse a la diligencia de secuestro la persona que alegue posesión material en nombre propio o tenencia a nombre de un tercero poseedor; el primero deberá aducir prueba siquiera sumaria de su posesión, y el segundo la de su tenencia y de la posesión del tercero.

En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existen pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.

ART. 39.—Levantamiento de las medidas de embargo y secuestro(12). Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos

1. Si el deudor presta caución para garantizar el valor de la obligación, los intereses y las costas del proceso.

2. Si se ordena la terminación del proceso de cobro coactivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prospere una excepción de las presentadas por el deudor que impide seguir adelante con la ejecución.

3. Si se ordena el archivo de las actuaciones por cualquiera de las causales descritas en la presente resolución.

4. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien.

5. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al grupo de jurisdicción coactiva del ministerio, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud deberá acompañarse de los medios de prueba que acrediten su posesión.

Es indispensable que el peticionario preste caución que garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse y, en adición, que no se haya efectuado el remate del bien.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará igualmente al tercero poseedor que se opuso a la diligencia de secuestro, pero no estuvo representado por apoderado judicial.

6. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 465 del Código General del Proceso.

ART. 40.—El avalúo. Una vez practicado el embargo y secuestro de los bienes, y en firme la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, el Ministerio de Minas y Energía procederá a la práctica del avalúo de los bienes, en los términos a que alude el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil. El auto que fija el avalúo será notificado por correo.

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación un nuevo avalúo y, de ser el caso, la intervención de un perito que a costa del interesado, presente uno distinto.

ART. 41.—Liquidación del crédito y de las costas(13). Los artículos que rigen la materia hasta el momento son los artículos 521, 522 y 392 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente. Ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante la ejecución, se practicará, por separado, la liquidación del crédito y de las costas teniendo en cuenta los siguientes aspectos procedimentales:

1. El funcionario ejecutor efectuará la liquidación provisional del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su elaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago de la cual se dará traslado por tres (3) días al deudor.

2. En el término señalado, el deudor podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite necesariamente deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

3. Vencido el traslado, el funcionario ejecutor decidirá si aprueba o modifica la liquidación.

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme.

La liquidación de las costas, acorde con lo señalado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil se realizará incluyendo el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales en que el Ministerio hubiera incurrido siempre que aparezcan comprobados.

Elaborada la liquidación, quedará a disposición de las partes por tres (3) días, dentro de los cuales podrán objetarla.

Si la liquidación no es objetada oportunamente, será aprobada por auto que no admite recurso alguno.

ART. 42.—Aviso y publicación del remate(14). De conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil el remate se anunciará al público por, aviso que expresará:

1. La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.

2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.

3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la litación.

4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; una copia informal de la página del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá anexarse igualmente al expediente un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.

Cuando existieren bienes situados fuera del territorio del circuito a que corresponda la oficina de cobro coactivo donde se adelanta el proceso y en el lugar donde estén ubicados no circule un medio de comunicación impreso, ni exista una radiodifusora local, la publicación se hará por cualquier otro medio, a juicio del funcionario ejecutor.

ART. 43.—Depósito para hacer postura(15). Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del Ministerio de Minas y Energía en la cuenta de depósitos judiciales prevista para ello, el cuarenta (40%) por ciento del avalúo del respectivo bien.

Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al veinte por ciento (20%) del avalúo; en caso contrario consignará la diferencia

ART. 44.—Diligencia de remate y adjudicación(16). Llegados el día y la hora para el remate el encargado de realizarlo anunciará en alta voz la apertura de la licitación, para que los interesados presenten en sobre cerrado sus ofertas para adquirir los bienes subastados. El sobre deberá contener además de la oferta suscrita por el interesado, el depósito previsto en el artículo 43 de la presente resolución.

Transcurrida una hora desde el comienzo de la licitación, el encargado de realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofertas que reúnan los requisitos señalados en el presente artículo. A continuación adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate.

Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicación de los bienes.

En la misma diligencia se devolverán los títulos de las sumas depositadas a quienes las consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones. Igualmente, se procederá en forma inmediata a la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate.

Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago de la deuda es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la subasta se limitará a estos en el orden en que se hayan formulado las ofertas.

Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como cesionario del derecho litigioso.

El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente autenticado con presentación personal.

Efectuado el remate, se extenderá un acta en que se hará constar:

1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.

2. Designación de las partes del proceso.

3. La identificación de las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.

4. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro.

5. El precio del remate.

Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta.

ART. 45.—Remate por comisionado(17). Para el remate podrá comisionarse al funcionario de igual categoría del lugar donde estén situados los bienes. El comisionado estará facultado para recibir los títulos de consignación para hacer postura y el saldo del precio del remate, los cuales deberán hacerse a la orden del comitente y enviarse a este por el comisionado junto con el despacho comisorio. Si el rematante no consigna oportunamente el saldo, así lo hará constar el comisionado a continuación del acta de la diligencia, para que el comitente resuelva lo que fuera pertinente.

ART. 46.—Pago del precio e improbación del remate(18). El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia a órdenes del Ministerio de Minas y Energía, descontada la suma que depositó para hacer postura y, presentar el recibo de pago del impuesto que prevé el artículo 7º de la Ley 11 de 1987.

Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, el funcionario ejecutor improbará el remate y decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a título de multa.

Cuando se trate de rematante por cuenta de su crédito, y este fuere igual o superior al precio del remate, no será necesaria la consignación del saldo. En caso contrario, se consignará la diferencia a órdenes del Ministerio de Minas y Energía.

En el caso del inciso anterior, solamente podrá hacer postura quien sea único ejecutante o acreedor de mejor derecho.

Cuando el rematante fuere acreedor de mejor derecho, el remate solo se aprobará si consigna además el valor de las costas causadas en interés general de los acreedores, a menos que exista saldo del precio suficiente para el pago de ellos.

ART. 47.—Saneamiento de nulidades y aprobación del remate(19). Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación. Las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas.

Cumplido lo anterior, se aprobará el remate dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que dispondrá:

1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten al bien objeto del remate.

2. La cancelación del embargo y del secuestro.

3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al expediente.

4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.

5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su poder.

6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efecto públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.

7. Si el bien rematado se encuentra en poder del ejecutado el producto de remate solo se entregará al ejecutante cuando aquel haya sido entregado al rematante y se le haya reembolsado lo que hubiere pagado por impuestos, servicios públicos cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito, causados hasta la fecha de la entrega, a menos que hayan transcurrido más de quince días desde la aprobación de remate sin que el rematante haya solicitado la entrega o el reembolso de gastos.

ART. 48.—Entrega del bien rematado(20). Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres días siguientes a aquel en que la reciba, el rematante podrá solicitar que el funcionario ejecutor se los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá efectuarse en un plazo no mayor a quince días después de la solicitud. En este último evento, no se admitirán en la diligencia de entrega oposiciones ni será procedente alegar derecho de retención por la indemnización que corresponda al secuestre en razón de lo dispuesto en el artículo 2259 del Código Civil.

ART. 49.—Repetición del remate(21). Siempre que se impruebe el remate o se declare sin valor se procederá a repetirlo, y será postura admisible la misma que rigió para el anterior.

ART. 50.—Remate desierto. Cuando no hubiere remate por falta de postores, se señalará fecha y hora para una nueva licitación. Si tampoco se presentaren postores, se repetirá la licitación las veces que fuere necesario. Sin embargo, fracasada la segunda licitación podrá aportarse un nuevo avalúo, el cual será sometido a contradicción en la forma prevista en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil; la misma posibilidad tendrá el deudor cuando haya transcurrido más de un año desde la fecha en que el anterior avalúo quedó en firme.

Para las nuevas subastas, deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera.

ART. 51.—Terminación del proceso por pago. Si antes de rematarse el bien, el ejecutado acredita el pago de la obligación demandada y las costas, se declara terminado el proceso y se dispone la cancelación de los embargos y secuestro, si no estuviere embargado el remanente.

Si existen liquidaciones en firme del crédito y de las costas y el ejecutado presenta recibo de consignación de dichos valores, el funcionario ejecutor declarará terminado el proceso una vez que se apruebe y pague la liquidación adicional a que hubiere lugar, y dispondrá de la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

CAPÍTULO IV

Intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa

ART. 52.—Las únicas actuaciones del proceso administrativo coactivo susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 835 del estatuto tributario, son las resoluciones que declaren no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado y ordenen seguir adelante con la ejecución. Así también, de conformidad con el artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los actos administrativos que liquidan el crédito.

El efecto jurídico dentro del proceso administrativo de cobro de la demanda contra la resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, es el de continuar con el proceso coactivo, pero teniendo en cuenta que la diligencia de remate no se realizará hasta cuando exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción, esto es, sentencia ejecutoriada.

La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones la constituye copia auténtica del auto admisorio de la demanda, siendo obligación del ejecutado aportarla al proceso de cobro coactivo.

De conformidad con el artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.

CAPÍTULO V

De las irregularidades y nulidades procesales

ART. 53.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 849-1, del estatuto tributario, las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, antes de que se profiera la actuación que apruebe el remate de bienes.

Las irregularidades saneables se subsanarán de oficio o a petición de parte sin necesidad de tramitar incidente. Según la citada norma, las irregularidades se considerarán saneadas cuando a pesar de ella, el deudor actúa en el proceso y no la alega, en todo caso, cuando el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa.

Las irregularidades pueden ser absolutas, que no son susceptibles de sanearse, y, relativas, las que admiten dicha posibilidad. Uno u otro carácter se definirán siguiendo las reglas que para tal efecto establecen el Código de Procedimiento Civil en su artículo 140 y siguientes, derogado por el nuevo Código General del Proceso.

CAPÍTULO VI

Acuerdos de pago y garantías

ART. 54.—Acuerdos o facilidades de pago. Las facilidades de pago o acuerdos de pago se concederán por parte del coordinador del grupo de cobro coactivo al deudor en cualquier momento, aun estando en trámite el proceso de cobro, por solicitud de este o de un tercero, siempre y cuando el deudor o el tercero que actúe a su nombre constituya una garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción del Ministerio de Minas y Energía.

La facilidad del pago se podrá conceder en plazos hasta por cinco (5) años.

ART. 55.—Trámite de la solicitud para la facilidad o acuerdo de pago. El interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar solicitud por escrito conforme lo indica el artículo 559 del estatuto tributario, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos:

• La identificación del mandamiento de pago.

• El valor de la obligación.

• El plazo solicitado.

• La calidad en la que actúa el peticionario, tratándose de personas jurídicas se deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal.

• Señalar la garantía ofrecida para respaldar la deuda cuanto existan medidas cautelares y se pretenda su levantamiento. Para tal efecto deberá allegarse el respectivo avalúo y certificación de tradición si se trata de un bien inmueble.

Recibida la petición, el funcionario ejecutor procederá a verificar y analizar los documentos y el cumplimiento de los requisitos necesarios para expedir la resolución de facilidad o acuerdo de pago, si la petición no resulta ajustada a los parámetros descritos, se concederá al solicitante un término no mayor de un (1) mes para que adicione, aclare, modifique o complemente su escrito.

Vencido el término anterior, si el solicitante no se pronuncia, se considerará que el deudor ha desistido de su propuesta de pago y se continuará con el proceso, de acuerdo a la etapa de cobro en que se encuentre. No obstante, el deudor podrá solicitar nuevamente la facilidad con el lleno de los requisitos.

En caso de no aprobarse la solicitud de facilidad de pago, la decisión deberá comunicarse al peticionario mediante escrito, en la cual se le invitará a cancelar la obligación de manera inmediata, advirtiéndole que de lo contrario se continuará con el proceso.

ART. 56.—Facilidad de pago solicitada por un tercero. Cuando la facilidad de pago sea solicitada por un tercero y deba otorgarse a su favor, deberá señalar expresamente que se compromete solidariamente al cumplimiento de las obligaciones generadas por la facilidad otorgada, es decir por el monto total de la deuda, incluidos los intereses y demás recargos a que hubiere lugar.

Sin embargo, la actuación del tercero no libera al deudor principal del pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra él, en caso de incumplimiento se podrá perseguir simultáneamente a los dos o, a uno cualquiera de ellos.

Concedida la facilidad de pago solicitada por el tercero, el funcionario ejecutor deberá notificar al deudor comunicándole tal determinación a su dirección, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total de la obligación.

ART. 57.—Plazos sin garantía. Podrán celebrarse acuerdos de pago sin garantía sobre aquellas obligaciones que cumplan las siguientes condiciones:

• Que el monto del capital y sus intereses liquidados a la fecha de la solicitud no supere los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Que la antigüedad de la obligación no sea mayor a dos años.

• Que el término del plazo solicitado no sea superior a un (1) año.

• Cuando se hubieren decretado y registrado medidas cautelares sobre bienes de propiedad del deudor con las cuales se pueda garantizar el pago total de la obligación con la facilidad de pago otorgada.

• Que el deudor denuncie bienes de su propiedad, o del garante o solidario, para su posterior embargo y secuestro, con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad, acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo que concede la facilidad de pago.

• Presentar los certificados de libertad de los bienes denunciados como posible garantía, expedidos con una antelación no mayor a un (1) mes, con el fin de constatar que los mismos se encuentran libres de embargos, hipotecas, patrimonio de familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos en caso de decretar sobre ellos medidas cautelares.

En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informar al grupo de jurisdicción coactiva del Ministerio de Minas y Energía, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en remplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de insolvencia.

ART. 58.—Plazos con garantías. Se exigirá la constitución previa de garantías, cuando la facilidad de pago solicitada sea por un plazo superior a un (1) año, y la cuantía de la obligación sea mayor a diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

ART. 59.—Garantías admisibles para la celebración de un acuerdo de pago. Para respaldar el cumplimiento del acuerdo de pago y previo a su celebración, en los casos previstos en el artículo anterior se podrá constituir cualquiera de las siguientes garantías:

Póliza de seguros: expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por una cuantía equivalente al valor total de la deuda, incluidos los intereses que a la tasa legal vigente se causen. La vigencia de esta garantía será igual al plazo de ejecución del acuerdo de pago convenido entre las partes, contado a partir de la fecha de la suscripción del mismo. En el evento de que se prorrogue el plazo del acuerdo, el afianzado deberá ampliar el período de la póliza. El incumplimiento del acuerdo de pago da lugar a hacer efectiva la póliza de cumplimiento a favor del Ministerio de Minas y Energía.

Garantía bancaria (carta de crédito o CDT): expedida por una entidad financiera legalmente establecida en Colombia, por una cuantía equivalente al valor total de la deuda, incluidos los intereses que se causen. El incumplimiento del acuerdo de pago da lugar a redimir a favor del Ministerio de Minas y Energía el valor de la garantía ante la respectiva entidad otorgante.

Prenda o hipoteca: el deudor puede ofrecer bienes muebles e inmuebles con los que pretenda garantizar el cumplimiento del acuerdo de pago, por medio de constitución sobre ellos de prendas o hipotecas según se trate. En todo caso, los gastos de constitución de las garantías correrán por parte del deudor y en ningún momento serán redimibles por parte del ministerio.

Fiducia en garantía o de administración de pagos: el deudor que posea o haya constituido un patrimonio autónomo sobre determinados bienes o dineros, podrá pignorar a favor del Ministerio una fiducia en garantía o de administración de Pagos, para que esta cubra el valor total de las obligaciones pendientes de cancelar.

Ofrecimiento de bienes para su embargo y secuestro: si el deudor ofrece bienes para que el ministerio ejecute sobre estas acciones ejecutivas de embargo y secuestro, estos pueden ser tenidos como garantía de cumplimiento del acuerdo, siempre y cuando el valor y las condiciones del mismo así lo determinen.

Libranza: El interesado podrá solicitar se le acepte como garantía para el pago de la obligación una libranza certificada y aprobada por el pagador de la entidad donde presta sus servicios el deudor o el tercero, mediante el cual este lo autoriza a descontar de su salario, cuotas periódicas hasta la concurrencia de la suma adeudada y a consignar mensualmente a favor del Ministerio de Minas y Energía el valor de la cuota acordada.

Garantías personales: Para el caso de las garantías personales, se considerarán satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la obligación principal, más los intereses, calculados para el plazo, entendiendo por obligación principal la correspondiente al capital e intereses de mora, liquidados hasta la fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad.

El garante deberá tener un patrimonio líquido por lo menos tres (3) veces superior a la deuda garantizada y no podrá ser deudor del ministerio por obligaciones distintas de las que se ejecutan, deberá presentar además relación detallada de sus bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo que concede la facilidad de pago.

En el evento de que el garante, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo al ministerio, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el garante no se coloca en estado de insolvencia.

La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos.

ART. 60.—Incumplimiento de la facilidad de pago. El coordinador del grupo de jurisdicción coactiva del ministerio podrá declarar el incumplimiento de la facilidad de pago y dejar sin vigencia el plazo concedido cuando el deudor incumpla el pago de dos (2) cuotas, en las respectivas fechas de vencimiento.

El acto administrativo que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, y contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, y se notifica tal como lo señala el inciso 2º del artículo 565 Ibídem.

CAPÍTULO VII

Clasificación de la cartera

ART. 61.—No exigibles. Esta cartera estará conformada por todos los actos administrativos de los cuales se tenga certeza de haber sido demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa.

ART. 62.—Suspendidas. En esta clasificación de cartera se incluirán todos los expedientes cuyo proceso de cobro esté suspendido. Comprobada la causal de suspensión, el funcionario de cobro coactivo archivará el expediente con un informe y con el auto declarando la suspensión del proceso.

ART. 63.—Incobrables. Este grupo se conformará por todas las obligaciones que se encuentren prescritas o susceptibles de ser remisibles, estas últimas, acorde con el artículo 820 del estatuto tributario.

ART. 64.—De difícil cobro. Este grupo estará integrado por las obligaciones consideradas como:

Insolventes: Comprende las obligaciones que tengan una antigüedad menor de cinco (5) años y que no obstante haberse efectuado la investigación de bienes, tanto del responsable directo como de los deudores solidarios, no se encontró respaldo económico de la deuda, luego de agotado el mismo procedimiento indicado para las deudas remisibles. En este evento, las obligaciones se relacionan en listado especial y hará seguimiento a las mismas.

El funcionario de cobro, dentro del año siguiente, deberá ordenar nueva investigación de bienes y rentas. En el evento de que no se haya dado la prescripción y aparezcan bienes, la obligación adquiere la categoría de cobrable y se iniciará o continuará la ejecución. Los expedientes que conforman este grupo permanecerán en un archivo de “insolventes”.

No prioritarias: Corresponde a obligaciones que por su cuantía y para una mejor organización y eficiencia de la gestión de cobro se consideran como no prioritarias dentro de las acciones inmediatas de cobro. En este sentido, se consideran no prioritarias las deudas de un mismo deudor que sumadas, sin incluir intereses, no superen cinco (5) salarios mínimos legales vigentes (smlv).

ART. 65.—Cobrables. Son todas aquellas obligaciones pendientes de pago que ingresan al grupo de cobro coactivo para su recaudo, sin importar su cuantía las cuales reúnen las siguientes características:

• Obligaciones cuya fecha de ejecutoria no es mayor de dos (2) años.

• El deudor se encuentra ubicado.

• Se ubicaron bienes de propiedad del deudor, cuentas, ubicación laboral u otros productos financieros y se decretaron medidas cautelares sobre estos para garantizar la obligación.

• El deudor se notificó del mandamiento de pago.

• Se constituyeron garantías para asegurar el pago de la obligación.

• Fue tenida en cuenta la obligación dentro de procesos que se adelantan contra el deudor en otros despachos judiciales, para ser canceladas con el producto del remate de los bienes embargados o fue reconocida nuestra obligación como remanentes dentro del proceso.

• El ejecutado denunció bienes de su propiedad para garantizar la obligación y se comprometió a no enajenarlos.

• El ejecutado a pesar de no haber efectuado acuerdo de pago, en forma voluntaria está realizando abonos para el pago de la obligación.

En el proceso de cobro de esta cartera se establecerán prioridades teniendo en cuenta las deudas de más antigüedad y las de mayor cuantía.

ART. 66.—Intereses en el proceso de cobro coactivo. De conformidad con el artículo 7º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, las obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales continuarán aplicando las tasas de interés especiales previstas en el ordenamiento nacional.

La Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, artículo 141, modificó en lo concerniente a la determinación de la tasa de interés moratoria el artículo 635 del estatuto tributario al establecer que para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo. Dispuso también que las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley generaran intereses de mora a la tasa prevista en dicho artículo sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la referida ley. Lo previsto en este artículo 141 y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.

ART. 67.—La doctrina y la jurisprudencia. Constituyen herramienta fundamental para el idóneo y acertado ejercicio en la jurisdicción de cobro coactivo, el estar actualizado no solo en la expedición normativa de orden legal que regula la materia, sino en los pronunciamientos que de carácter doctrinal y jurisprudencial se hagan al respecto.

(1) Artículos derogados por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 ibídem. Una vez entre a regir el nuevo Código General del Proceso la norma a aplicar será el artículo 472 de este.

(2) No solo por mandato del estatuto tributario Nacional, sino que también el nuevo Código General del Proceso así lo prevé en su artículo 470.

(3) Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627. A partir del 1º de enero de 2014, en los términos previstos, la norma que rija será el artículo 301 ibídem.

(4) Norma derogada por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 la cual en su artículo 72 regula dicha notificación.

(5) Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral (6) del artículo 627. La norma que entrará a regir y le remplaza es el artículo 78, numeral 5 de esta ley.

(6) Obligará también consultar como tema complementario, una vez en vigencia el artículo 471 del nuevo Código General del Proceso sobre acumulación de demandas y procesos, y citación de acreedores hipotecarios.

(7) Artículos derogados por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627. El nuevo Código General del Proceso regulará el asunto en los artículos 164 y siguientes.

(8) La norma que hasta la fecha regula la forma en que procede el embargo de bienes, derechos, y servicios, según su naturaleza, es el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, el cual será remplazado por el artículo 593 del Código General del Proceso.

(9) Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral (6) del artículo 627 ibídem. Una vez entre a regir el nuevo Código General del Proceso la norma a aplicar será el artículo 594 de este.

(10) Los artículos 8º a 11 del Código de Procedimiento Civil que regulan el tema, fueron derogados por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 ibídem. Lo pertinente será regulado por los artículos 47 y siguientes del Código General del Proceso.

(11) Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 ibídem. Una vez entre a regir el nuevo Código General del Proceso la norma a aplicar será el artículo 596 de este.

(12) El artículo 597 del Nuevo Código General del Proceso será el que rija el tema a partir del 1º de enero de 2014, conforme lo prevé el artículo 627, numeral 6.

(13) La regulación una vez entre a regir el Código General del Proceso será la prevista en los artículos 446 y 447 del mismo.

(14) El nuevo Código General del Proceso regula este tema en su artículo 450, sin embargo su vigencia está supeditada a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6 del artículo 627 ibídem.

(15) El nuevo Código General del Proceso regula este tema en su artículo 451, sin embargo su vigencia está supeditada a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6 del artículo 627 ibídem.

(16) El nuevo Código General del Proceso regula este tema en sus artículos 452 a 460, sin embargo su vigencia está supeditada a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6 del artículo 627 ibídem.

(17) De manera puntual el artículo 454 del nuevo Código General del Proceso entrará a regular el tema, una vez se cumpla con el condicionamiento a que lo sujetó el numeral 6 del artículo 627 ibídem.

(18) La norma que regula de manera puntual el tema en el nuevo Código General del proceso es el artículo 453, sin embargo, se continuará aplicando el Código de Procedimiento Civil hasta tanto no se dé la condición a que se refiere el numeral 6 del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012.

(19) El nuevo Código General del Proceso en su artículo 455 prevé su regulación, derogando la regulación contenida en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo al igual que las demás normas está supeditada su aplicación a la condición del numeral 6 del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012.

(20) El artículo 456 del nuevo Código General del Proceso regulará el tema una vez se dé la condición del numeral 6 del artículo 627 ibídem, al derogar la norma que hoy la regula.

(21) El nuevo Código General del Proceso en su artículo 457 prevé su regulación, derogandod la regulación contenida en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo al igual que las demás normas está supeditada su aplicación a la condición del numeral 6 del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012.