Superintendencia de Puertos y Transporte

RESOLUCIÓN 917 DE 2014 

(Enero 27)

“Por la cual se suspenden parcial y temporalmente algunos artículos contenidos en la Resolución 7034 expedida por este despacho el 17 de octubre de 2012 y se dictan otras disposiciones”.

(Nota: Derogada por la Resolución 9699 de 2014 artículo 9° de la Superintendencia de Puertos y Transporte)

El Superintendente de Puertos y Transporte,

en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y

CONSIDERANDO:

De conformidad con el artículo 41 del Decreto 101 de 2000, modificado por el Decreto 2741 de 2001 se delega en la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte), la función de inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte.

Acorde con lo preceptuado en el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 769 de 2002 la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene la función de vigilar y controlar a “Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo”.

La Ley 769 de 2002 establece como principios rectores del Tránsito Terrestre a nivel nacional “La seguridad de los usuarios, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, la libre circulación, la educación y la descentralización”, preceptos conforme a los cuales se identifican las actividades que deben desarrollarse en los Centros de Reconocimiento de Conductores.

De acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 769 de 2002 (modificado por el artículo 5º de la Ley 1383 de 2010, modificado por el artículo 3º de la Ley 1397 de 2010 y por el artículo 196 del Decreto-Ley 019 de 2012) para la obtención de la licencia de conducción para vehículos automotores se requiere:

“e) Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un Centro de Reconocimiento de Conductores, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio”.

De acuerdo a las facultades conferidas en el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la Superintendencia de Puertos y Transporte reglamentó las características técnicas de los sistemas de seguridad que deben implementar cada uno de los vigilados, para que se garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al usuario de la falsificación.

Esa reglamentación se dio a través de la Resolución 7034 del 17 de octubre de 2012.

Que de acuerdo a lo allí preceptuado y en aplicación a los principios contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y los contenidos en el artículo 3º de la Ley 489 de 1998, especialmente los de coordinación, celeridad, economía, eficacia y eficiencia, la reglamentación técnica que deben adoptar los vigilados que emitan certificados conforme se solicita en el parágrafo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, debe tener en cuenta lineamientos que les faciliten adaptarse a sus nuevas obligaciones legales, las cuales se orientan a dar efectividad y seguridad al proceso del registro y expedición del certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Para garantizar esos propósitos legales y constitucionales fue necesario indicar que para preservar dicha seguridad se requiere de la adecuación, implementación y uso de elementos técnicos que generen un esquema de seguridad, mediante el desarrollo de procedimientos que permitan dar credibilidad y certeza que los certificados expedidos fueron emitidos conforme lo ha establecido en la normatividad colombiana, protegiendo a los usuarios y tutelando los principios cardinales en materia de tránsito y transporte terrestre, particularmente los de seguridad y calidad en la prestación del servicio.

Consideraciones de hecho y de derecho

Consecución del interés general

Desde el preámbulo, la Constitución Política ha reiterado la primacía del interés general; por ello, es deber de todos los servidores públicos velar por el buen desarrollo, desempeño y consecución del interés general conforme a los postulados de nuestro ordenamiento jurídico.

El artículo 2º Superior también impone la obligación de alcanzar el interés general como una de las finalidades del Estado Social de Derecho. Fue así como a partir de la expedición y promulgación de nuestra actual Carta Política que el Estado se entiende como un Estado servicial donde sus actuaciones, todas, deben estar encaminadas a reforzar la dignidad humana y a potencializar los derechos de cada uno de los habitantes. En nuestro ordenamiento jurídico el sistema democrático de gobierno dejó de ser formal para ser una realidad, viviente y apremiante, participativa y pluralista, incluyente y activa, donde las quejas, opiniones, peticiones, sugerencias y consultas de los ciudadanos obligan a la administración no solamente a dar cabal, sustancial, cumplida y oportuna respuesta sino a procurar adelantar todas y cada una de las acciones que sean necesarias, pertinentes, conducentes y relevantes para alcanzar el interés general de la manera más eficiente y económica posible.

En caso de conflicto entre el interés general y otro interés protegido constitucionalmente, la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto y a la luz de los principios y valores constitucionales, así lo ha establecido la Corte Constitucional. Esta labor de interpretación es función primordial del juez constitucional y de los agentes administradores del Estado para este caso.

Así las cosas, en adelante se encontrarán las razones de cómo la decisión administrativa tomada en la presente resolución, se adecuan justamente a los raseros jurídicos y los presupuestos del consabido interés general.

Visto lo anterior, es notorio y evidente que existen dificultades en el desarrollo de las actividades propias de los CRC que podrían estar asociadas a la implementación del sistema adoptado por la resolución objeto de la presente actuación, por lo que se hace necesario evaluar o verificar su funcionamiento, esto, sin afectar los intereses de los usuarios que a todas luces son los destinatarios finales de toda esta reglamentación.

Con lo recopilado por esta entidad, llámese quejas, reclamos o peticiones, las cuales han sido corroboradas y que son de público conocimiento, demostrado incluso con el protagonismo que los medios de comunicación han tenido que dar a este tema, en atención a la demanda de los colombianos por renovar su licencia de conducción.

Recuérdese que la función de esta entidad radica en establecer los parámetros centrales o mínimos de un sistema de seguridad documental, para este caso, obligación de implementación de nuestros vigilados (CRC), circunscribiéndose en esta actuación, no otra cosa distinta que el fin que el de salvaguardar los intereses de los usuarios y evaluar la aplicación de la normatividad, de acuerdo con los postulados generales del constitucionalismo colombiano.

La suspensión parcial en el marco del principio de participación

Recuérdese que el principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, de tolerancia, de inclusión y la actividad de los conciudadanos en la formulación y puesta en marcha de las políticas públicas.

El concepto de democracia participativa no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida.

Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. Así las cosas, debe advertirse que por los canales expeditos, establecidos por la Supertransporte para tal fin, los ciudadanos elevaron sendas quejas relacionadas con el funcionamiento de los CRC, lo que originó acompañamientos y visitas por parte de los servidores de la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de esta entidad, lo que desbordó, incluso, la capacidad institucional de reacción en razón a la cantidad de las reclamaciones, quejas y peticiones así como de la urgencia de las debidas actuaciones.

Hechos estos que deben tener el eco y resonancia necesaria en esta entidad, pues no puede pasar inadvertida para el funcionario la queja o reclamo del ciudadano en asuntos tan trascendentales de su diario vivir.

El cuadro que sigue habla por sí solo en relación con la cantidad de quejas y reclamaciones y, en veces, derechos de petición de cara al asunto que nos reúne.

Veamos:

 

Res. 917 Supertransporte.png
 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior, el 47% de las quejas recepcionadas por la Superintendencia en los últimos días tienen que ver con solicitudes ciudadanas referentes a la prestación del servicio de los organismos de apoyo (CRC), y el 53% restantes de las mismas quejas, son provenientes de los propios centros de reconocimiento y versan sobre presuntas dificultades en la puesta de funcionamiento del procedimiento establecido en la Resolución 7034 de 2012 que instituyó el sistema de control y vigilancia. Encontrando entonces en el detalle de la problemática planteada que esta entidad está en la obligación de definir responsabilidades y resolver las dificultades planteadas a los procesos del consabido sistema.

Todo lo anterior ratifica la obligación de esta entidad de tomar las medidas contingentes y cautelares necesarias, tendientes a garantizar la eficiente prestación del servicio público ofrecido por los CRC así como la correspondiente vigilancia de esta Superintendencia.

La suspensión parcial y temporal en el marco del principio de coordinación

El artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos constitucionales y legales. El primer principio, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre estas y la Nación y entre las propias entidades del mismo orden. De este modo debe observarse cómo el señor Viceministro de Transporte formalmente solicitó a la Supertransporte que se revisasen aspectos relacionados con el funcionamiento y puesta en marcha del sistema de seguridad documental implementado por los CRC, esto, según la comunicación, luego de las jornadas de revisión y evaluación que esa entidad efectuara como rectora de la política pública de tránsito y transporte en el país.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Superintendente de Puertos y Transporte en aplicación de los principios constitucionales y legales antes mencionados y atendiendo a los criterios jurisprudenciales propios del derecho policivo tales como el principio de precaución y prevención.

RESUELVE:

ART. 1º—Suspéndase hasta por dos meses contados a partir de la vigencia de la presente resolución, los efectos de los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, el parágrafo 1º y el segundo párrafo del parágrafo 2º del artículo 3º, los artículos 4º, y y el anexo técnico de la Resolución 7034 de 2012 emanada de esta Superintendencia.

(Nota: Derogado por la Resolución 9699 de 2014 artículo 9° de la Superintendencia de Puertos y Transporte)

ART. 2º—Suspéndase en los mismos términos del artículo anterior, de manera parcial lo previsto en el numeral primero del artículo 3º de la Resolución 7034 de 2012, en lo que tiene que ver con la trazabilidad y correlación del pago que se efectúa mediante la entidad financiera. Entiéndase que los pagos deberán seguir siendo efectuados por medio del sistema financiero, sin que esto implique entonces que se deba entrelazar el mismo por medio del sistema de seguridad y vigilancia.

(Nota: Derogado por la Resolución 9699 de 2014 artículo 9° de la Superintendencia de Puertos y Transporte)

ART. 3º—Ordénese a la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de esta entidad, efectuar una evaluación integral de la puesta en marcha y el adecuado funcionamiento del sistema de seguridad y vigilancia creado mediante la Resolución 7034 de 2012 y el correspondiente anexo técnico del consabido sistema, con el fin de reafirmar, modificar o eliminar, si es menester, los elementos del sistema establecido en la resolución objeto del presente acto administrativo.

(Nota: Derogado por la Resolución 9699 de 2014 artículo 9° de la Superintendencia de Puertos y Transporte)

ART. 4º—Ordénese a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, mantener los niveles de supervisión y vigilancia, así como diseñar e implementar de manera inmediata un plan de contingencia, tendiente a garantizar la seguridad documental y la fiabilidad de los procedimientos desarrollados por los CRC, en cumplimiento de su objeto, garantizando los postulados generales y la filosofía de la Resolución 7034 de 2012.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2014.

(Nota: Derogada por la Resolución 9699 de 2014 artículo 9° de la Superintendencia de Puertos y Transporte)