RESOLUCIÓN 931 DE 2005

 

RESOLUCIÓN 931 DE 2005 

(Junio 23)

Dictamen 03-2005 de incumplimiento por parte de la República del Ecuador en la aplicación de la normativa comunitaria andina sobre derechos de autor y derechos conexos, al suspender los efectos de la publicación del pliego de tarifas de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor “Sociedad de Productores de Fonogramas, Soprofon” de Ecuador,

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: El artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 351 que contiene el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, y el reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta recibida el 16 de diciembre de 2004, la señora Jacqueline Verdesoto Bolaños, en su calidad de directora ejecutiva y representante legal de la sociedad de gestión colectiva “sociedad de productores de fonogramas, Soprofon” de Ecuador (en adelante Soprofon), al amparo de lo dispuesto en los artículos 56 del reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, denunció a la República del Ecuador el posible incumplimiento de obligaciones emanadas de normas del ordenamiento comunitario andino;

Que, en su denuncia, Soprofon expresó que se encuentra legitimada para actuar ante la Secretaría General, pues se trata de una sociedad de gestión colectiva constituida de conformidad con los artículos 43 y siguientes de la Decisión 351 y que representa y administra los derechos patrimoniales de los productores de fonogramas en Ecuador. Precisó que el 27 de marzo de 2001 remitió a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el pliego de tarifas aprobado por la asamblea general de socios para la concesión de licencias de uso y los derechos que conforman su repertorio, cuya publicación en el registro oficial fue ordenada por la dirección, mediante Acto Administrativo 21 del 8 de agosto de 2002. El referido pliego tarifario fue publicado en el Registro Oficial Nº 653 de 2 de septiembre de 2002. Indicó, al respecto, que las tarifas por los derechos de participación en virtud de la comunicación pública de fonogramas se hallan en vigencia desde 2002 y se sujetan a las normas establecidas en la Decisión 351;

Que, además, Soprofon señaló que la Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A. (en adelante Tele 2) al tomar conocimiento de la publicación del referido pliego de tarifas, planteó una acción de amparo solicitando que se suspendan los efectos de la resolución que dispuso la publicación de dichas tarifas. Dicha acción de amparo fue presentada ante el juez décimo cuarto de lo civil Pichincha, en contra del Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. En su petición, Tele 2 señaló que el director de derechos de autor y derechos conexos, al ordenar la publicación del pliego de tarifas de Soprofon, se había atribuido de manera ilegítima facultades tributarias, que son otorgadas de manera privativa al órgano legislativo. A criterio de Tele 2, bajo el título de tarifas se habían establecido impuestos, violando de esta manera lo dispuesto por los artículos 257 y 130, numeral 6º de la Constitución Política del Ecuador, lo que constituiría un atentado contra el principio de seguridad jurídica y ocasionaría un grave e inminente daño al pretender imponer un impuesto sobre el valor bruto total anual de los ingresos por facturación de comercialización y cuotas de abonados, mediante una publicación;

Que, asimismo, Soprofon señaló que la acción de amparo propuesta por Tele 2 fue aceptada por el juez, con fecha 11 de noviembre de 2004, disponiéndose la suspensión de los efectos de la publicación de las tarifas, lo cual ha sido interpretado de manera tal que los efectos a partir de la publicación han sido suspendidos; en consecuencia, Tele 2 no está obligada a pagar cantidad alguna por la comunicación pública de fonogramas. Esto último, señaló Soprofon, contraviene lo dispuesto en el artículo 37 de la Decisión 351, al permitir, como pretende Tele 2, hacer uso gratuito de los fonogramas, sin pago de remuneración, y continuar con su comunicación pública. Adicionalmente, Soprofon señaló que la resolución del juez del 11 de noviembre último, ha sido impugnada por el director nacional de derechos de autor y derechos conexos, cuyo recurso de apelación se encuentra bajo trámite ante la Primera Sala del Tribunal Constitucional. Sin embargo, los efectos de la publicación de las tarifas de Soprofon se hallan suspendidos en beneficio de la accionante;

Que, finalmente, Soprofon señaló que corresponde examinar si las acciones tomadas por el juez ecuatoriano dan lugar a iniciar un proceso de incumplimiento contra la República del Ecuador con el fin de hacer cumplir el compromiso de la República del Ecuador de acoger el ordenamiento jurídico comunitario;

Que, mediante fax SG-F/0.11/108/2005 de fecha 31 de enero de 2005, la Secretaría General informó a Soprofon de la recepción de su denuncia, y le comunicó que al haberse fundamentado la misma en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, este órgano comunitario consideró la misma inadmisible, al amparo de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. No obstante lo anterior, con la finalidad de evaluar la oportunidad y procedencia de iniciar una investigación de oficio, de conformidad con el artículo 23 del Tratado del Tribunal y 60 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, se le solicitó a Soprofon la remisión de información que sustentara los hechos vertidos en la denuncia, así como el domicilio de la empresa Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A.;

Que, con fecha 11 de febrero de 2005, Soprofon presentó un recurso mediante el cual reformuló su denuncia, fundamentando la misma al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y adjuntó copia de documentos que sustentaban los hechos vertidos en su denuncia;

Que, mediante fax SG-F/0.11/226/2005 del 22 de febrero de 2005, la Secretaría General informó a Soprofon del inicio de la investigación solicitada mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2005, de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 del reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General. Asimismo, con fecha 22 de febrero de 2005, mediante fax SG-F/0.11/180/2005, se informó a los países miembros del inicio de investigación;

Que, con fecha 25 de febrero de 2005, Soprofon dio cumplimiento al requerimiento de información hecho por la Secretaría General, señalando domicilio y teléfonos de la empresa Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A.;

Que, con fecha 7 de marzo de 2005, mediante fax SG-F/0.11/316/2005 la Secretaría General informó a Tele 2 del inicio de investigación solicitado por Soprofon, brindándole 10 días calendario para la presentación de las consideraciones y elementos de información que estimare pertinentes;

Que, con fecha 15 de marzo de 2005, Edgar Terán, en representación de Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A., señaló haber tomado conocimiento del inicio de investigación solicitado por Soprofon y acogido por la Secretaría General. Al respecto, señaló que en la actuación del juez mediante la resolución del 11 de noviembre de 2004, no se ha vulnerado ningún supuesto normativo considerado en la Decisión 351. Explicó, respecto de la acción constitucional formulada, que mediante la misma se ha pretendido frenar el exceso de poder de un funcionario menor que aceptó una petición de parte de una sociedad de gestión colectiva y mandó publicar en el registro oficial un impuesto sobre la utilidad bruta, cuando es el Congreso ecuatoriano el único órgano que puede crear impuestos, de acuerdo a la normativa constitucional del Ecuador. Tele 2 considera que la posición de Soprofon es excesiva, al indicar que la Secretaría General tenga facultades para interferir en la acción de amparo constitucional, cuando la esfera normativa constitucional en el Ecuador prevalece sobre los órdenes jurídicos creados por tratados internacionales. En tal sentido, solicitaron desechar la pretensión indebida de Soprofon;

Que, mediante comunicación SG-F/0.11/358/2005 del 21 de marzo de 2005, la Secretaría General formuló nota de observaciones contra la República del Ecuador, por posible incumplimiento de la normativa comunitaria andina en materia de propiedad intelectual, mediante la adopción de la resolución de fecha 11 de noviembre de 2004, del juez civil décimo cuarto de Pichincha. En la referida nota, la Secretaría General observó que a través de la resolución judicial se habría aceptado la acción de amparo interpuesta por la Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A. contra la Resolución 21 del 13 de agosto de 2002 del director nacional de derechos de autor y derechos conexos del instituto ecuatoriano de propiedad intelectual, IEPI, publicada en el Registro Oficial del Ecuador Nº 653 de 2 de septiembre de 2002. Al respecto, Soprofon afirma que la resolución judicial del 11 de noviembre último impide que esta sociedad de gestión colectiva pueda ejercer su capacidad de administrar y defender los intereses patrimoniales de los productores de fonogramas que la componen, y por ello, se impide que sus socios puedan ejercer su derecho de recaudación de los rendimientos económicos que se derivan de sus obras. En tal sentido la resolución del 11 de noviembre de 2004 contravendría las disposiciones contenidas en la Decisión 351, régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, y en particular, el artículo 37 de dicha decisión, que establece que los productores de fonogramas tienen, entre otros, el derecho de “percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los países miembros”. En atención a lo expuesto, se otorgó al Gobierno del Ecuador un plazo de 20 días hábiles a fin de que se sirva presentar sus descargos. Similar plazo fue concedido a los demás países miembros, a efectos de que se sirvan remitir los elementos de información que consideren pertinentes;

Que, con fecha 22 de abril de 2005, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia remitió a la Secretaría General diversos documentos que expresaban las preocupaciones del sector gobierno y de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos en referencia a la investigación adelantada por la Secretaría General. Adjuntó copias del oficio C.1.1. del 13 de abril de 2005, emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, unidad administrativa especial, del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, oficio 200 del 20 de abril de 2005, de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acimpro, entidad de gestión colectiva; y, oficio GGS-165 del 20 de abril de 2005, de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Sayco, entidad de gestión colectiva;

Que, hasta la emisión de la presente resolución, el Gobierno del Ecuador no ha dado respuesta a la Nota de Observaciones SG-F/0.11/358/2005;

Que, teniendo en cuenta los hechos relatados, esta Secretaría General estima conveniente precisar que, en el marco de lo señalado en la nota de observaciones SG-F/0.11/358/2005, será necesario determinar si la República del Ecuador, mediante la emisión de la resolución de fecha 11 de noviembre de 2004, por el juez civil décimo cuarto del distrito de Pichincha, ha incurrido en incumplimiento de la normativa comunitaria andina en materia de propiedad intelectual, en particular del artículo 37 de la Decisión 351, régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, que establece el derecho a la percepción de una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los países miembros;

Que, de la revisión de lo actuado en el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Con fecha 22 de noviembre de 1999, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Ecuador aprobó sin modificaciones el estatuto constitutivo de la sociedad de gestión colectiva “sociedad de productores de fonogramas, Soprofon”, y autorizó su funcionamiento, ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

2. Que, de la lectura de su estatuto constitutivo, se desprende que la sociedad de productores de fonogramas, Soprofon, es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor, integrada por productores y editores de fonogramas nacionales ecuatorianos o extranjeros, domiciliados o no en Ecuador. Sus socios fundadores son Sony Music Entertainment S.A., BMG Ariola de Colombia S.A., EMI Odeon Music S.A., Universal – Polygram S.A., Sonolux Ecuador S.A. y Música, Talento y Mercadeo MTM S.A. Asimismo, entre las diversas funciones que involucra la gestión colectiva de derechos, se establece en su artículo 3º, literal e) la de “Recaudar los derechos por comunicación pública en razón de los derechos conexos sobre las tarifas generales por la utilización de las obras intelectuales de los autores y compositores ecuatorianos y extranjeros sin perjuicio de las especiales que, por medio de la ley y los convenios internacionales pueda señalarse para sus obras y que, en ningún caso, podrán ser inferiores a las que determine la entidad recaudadora única y conceder, reglamentar o denegar autorizaciones para la utilización de este, pudiendo para el efecto suscribir con los usuarios, por delegación de sus asociados, y de los asociados a instituciones que hayan confiado su representación, los contratos que estime pertinentes”.

3. Que, con fecha 12 de abril de 2001, la asamblea general ordinaria de socios de Soprofon aprobó las tarifas presentadas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

4. Que, con fecha 13 de agosto de 2002, mediante Resolución 21, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos resolvió disponer la publicación en el registro oficial del pliego de tarifas ratificado por la asamblea general de socios de Soprofon, para la concesión de las licencias de uso y los derechos sobre las producciones que conforman su repertorio.

5. Que, mediante Registro Oficial Nº 653, de fecha 2 de septiembre de 2002, se publicó la Resolución 21 del 13 de agosto de 2002, así como el pliego de tarifas de la sociedad de productores de fonogramas, Soprofon.

6. En dicho pliego se establece, entre otros, las diferentes retribuciones que los usuarios de fonogramas musicales deberán abonar por el uso público del repertorio de fonogramas administrados por Soprofon. Al respecto, el pago que deben hacer las empresas del ramo de radio y televisión se determina de la siguiente manera:

“Sector Radio y Televisión

(...).

u) Radio y televisión por cable. Por utilización pública de repertorio de fonogramas administrados por Soprofon, pagarán el 0,59% del valor bruto total anual de los ingresos por facturación de comercialización y cuotas de abonados;

v) Radio y televisión por satélite. Por utilización pública de repertorio de fonogramas administrados por Soprofon, pagarán el 0,59% del valor bruto anual de los ingresos por facturación de comercialización y cuotas de abonados;

w) Uso y producción de música red de internet. Por utilización pública de repertorio de fonogramas administrados por Soprofon, mediante red de internet, pagarán anualmente el 2,97% del valor total por cada abonado;

x) Canales de televisión. Por comunicación pública de fonogramas administrados por Soprofon, pagarán anualmente el 0,58% del valor bruto total de los ingresos anuales por contratos de publicidad; y,

y) Radiodifusoras. Por difusión pública de fonogramas administrados por Soprofon, pagarán anualmente de la siguiente manera:

Proporción de músicaTarifa a pagar
0 a 30%0,30% de los ingresos brutos de la facturación por publicidad.
31 a 50%0,36% de los ingresos brutos de la facturación por publicidad.
51 a 70%0,48% de los ingresos brutos de la facturación por publicidad.
71 a 90%0,60% de los ingresos brutos de la facturación por publicidad.
91 a 100%0,90% de los ingresos brutos de la facturación por publicidad.

Para la determinación del porcentaje que le corresponde a cada emisora como proporción de música se determinará el valor de horas diarias de radiodifusión considerando toda la programación dividida para el número de horas de música, para lo cual se registrarán en la Soprofon. Debiendo proporcionar el listado del repertorio utilizado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la ley de propiedad intelectual” (El destacado es nuestro).

7. Que, con fecha 29 de octubre de 2004, Nicolás Augusto Vega López, gerente general y representante de la empresa Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A. presentó una acción de amparo constitucional ante el juez décimo cuarto de lo civil de Pichincha, solicitando al juez se sirva declarar en resolución la ilegitimidad de la Resolución 21, publicada en el Registro Oficial Nº 653 del 2 de septiembre de 2002, mediante la cual el director nacional de derechos de autor y derechos conexos dispone la publicación en el registro oficial del pliego de tarifas aprobado por la asamblea general de socios de Soprofon. De igual forma, solicitó se declare la suspensión definitiva de los efectos de dicha resolución.

En su escrito, el representante de Tele 2 señaló que mediante la implementación de tarifas por parte de Soprofon —una entidad privada— se estarían creando impuestos sobre el valor bruto total anual de los ingresos por facturación de comercialización. A criterio de Tele 2, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos ha interpretado de manera errónea las facultades de la sociedad de gestión colectiva, permitiendo que sea un particular el creador de tarifas, las mismas que, en realidad, se tratarían de derechos impositivos sobre valores relacionados con el nivel de facturación de los medios de comunicación. Tele 2 señaló que el establecimiento de materia impositiva por parte de un particular, y refrendado por la autoridad nacional administrativa, es ilegítimo y por tanto, su acción de amparo constitucional debe ser admitida por el juez y declarada fundada. Posteriormente, las partes fueron convocadas por el juez a una audiencia, la misma que se desarrolló el 4 de noviembre de 2004, de conformidad con el acta de la misma fecha.

8. Que, mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2004, el juez décimo cuarto de lo civil de Pichincha resolvió aceptar el recurso de amparo constitucional presentado por Tele 2, declarando la ilegitimidad de la Resolución 21 publicada en el Registro Oficial Nº 653 del 2 de septiembre de 2002, y ordenó la suspensión definitiva de la misma.

En sus considerandos, señala que “únicamente a la función legislativa, le corresponde el establecimiento, modificación o supresión de impuestos, tazas; (sic) según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, el impuesto es la contribución, la carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por las tarifas, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales para sostener los gastos del Estado y de las demás corporaciones públicas; la tarifa según el mismo autor es la lista o catálogo de precios, derechos o impuestos que han de pagarse por determinados objetos, mercaderías o servicios (…)”.

“(…) QUINTO: De los conceptos jurídicos transcritos, se desprende que la asamblea general de socios de la sociedad de productores de fonogramas, Soprofon, ha establecido un verdadero impuesto al pretender implementar un pliego de tarifas para la concesión de las licencias de uso y repertorio, dicho pliego tarifario pretende ser aplicado en la actualidad; y, como ya lo establece la doctrina emanada desde el más alto Tribunal Constitucional existe inmediatez, entre el acto administrativo impugnado con el requerimiento o exigencia de pago de dicho pliego tarifario impuesto y exigido a la Compañía Televisión del Pacífico Tele 2 S.A. El artículo 272 dispone que, la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, por lo que las disposiciones de leyes orgánicas, resoluciones y otros actos de los poderes públicos deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales y no tienen valor alguno si de algún modo estuvieren en contradicción con ella, por lo que las cortes, tribunales y jueces deben resolver aplicando obligatoriamente la norma jerárquicamente superior y, aunque la parte interesada no las invoque expresamente, según perentoriamente manda el artículo 273 de la Constitución Política. De lo expuesto en los considerandos que preceden, se concluye que la resolución impugnada constituye un acto ilegítimo emitido por una autoridad pública, que causa un daño grave e inminente al pretender aplicar el pliego tarifario y exigir el pago en la actualidad”.

9. Que, con fecha 16 de noviembre de 2004, el instituto ecuatoriano de la propiedad intelectual, IEPI, representado por su presidente y representante legal, doctor Carlos Helou Cevallos, interpuso recurso de apelación contra la resolución del 11 de noviembre de 2004, emitida por el juez décimo cuarto de lo civil de Pichincha;

Que, la Decisión 351 estableció el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, vigente en los países miembros de la Comunidad Andina desde el mes de diciembre de 1993;

Que, el artículo 37 de la Decisión 351, en su literal d) establece que los productores de fonogramas tienen derecho, entre otros, a percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los países miembros;

Que, el artículo 50 de la misma decisión establece que a fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión colectiva están obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los términos que determinen las legislaciones internas de los países miembros, la designación de los miembros de sus órganos directivos, así como los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones extranjeras;

Que, con relación al funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, el artículo 45 de la Decisión 351 establece que su autorización se concede en cumplimiento de determinados requisitos, entre otros, el de obligación a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan;

Que, asimismo, el artículo 43 de la misma decisión establece que las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y de derechos conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento;

Que, respecto de la labor de vigilancia encargada a la autoridad nacional competente en materia de derechos de autor y derechos conexos, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su artículo 112, establece que las sociedades de gestión colectiva serán autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y estarán sujetas a su vigilancia, control e intervención, y establece que son requisitos para la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva: a) que el estatuto de la entidad solicitante cumpla los requisitos establecidos en este capítulo; y, b) que de los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos cuya gestión le va a ser encomendada;

Que, asimismo, respecto de la obligación de publicar las tarifas, contenida en el artículo 43 de la Decisión 351, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador establece en su artículo 116 que “las sociedades de gestión colectiva establecerán las tarifas relativas a las licencias de uso sobre las obras o producciones que conformen su repertorio. Las tarifas establecidas por las sociedades de gestión colectiva serán publicadas en el registro oficial por disposición de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, siempre que se hubieren cumplido los requisitos formales establecidos en los estatutos y en este capítulo para la adopción de las tarifas”;

Que, de lo anterior se desprende que la normativa comunitaria andina ha dispuesto la obligatoriedad de la publicación del pliego de tarifas de manera previa, para que el titular de los derechos o la sociedad de gestión colectiva puedan efectuar el cobro de las mismas. Asimismo, del texto de la propia norma comunitaria se desprende que la autoridad nacional competente en materia de derechos de autor tiene la posibilidad de reglamentar la forma de publicación de dicho pliego, en tanto se cumpla con la difusión y publicidad del mismo de manera previa a su cobro, así como se le ha encargado la tarea de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas contenidas en la decisión, respecto del funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva;

Que, en tal sentido, la publicación del pliego de tarifas hecho por una sociedad de gestión colectiva de manera previa a su aplicación obedece a la obligación establecida en la Decisión 351 y cuya vigilancia y control, así como su reglamentación, le ha sido conferida expresamente a los países miembros;

Que, en el presente caso, se advierte que la sociedad de gestión colectiva Soprofon solicitó ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Ecuador la inscripción del estatuto de su organización, de conformidad con lo dispuesto por la normativa pertinente. De igual forma, y de manera previa a la entrada en vigencia del tarifario que aprobara la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Soprofon hizo la publicación del pliego tarifario en cuestión, el mismo que —de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador— entraría en vigencia a los treinta días de su publicación;

Que, se aprecia que cumplidos los requisitos establecidos en la normativa comunitaria andina y las normas complementarias ecuatorianas, Soprofon se encontraba en aptitud de efectuar el cobro encargado por sus asociadas, a las empresas, personas o entidades que hicieren uso de los fonogramas cuyos derechos le fueran encargados;

Que, asimismo, se aprecia que la resolución de fecha 11 de noviembre de 2004, emitida por el décimo cuarto juzgado de lo civil de Pichincha disponiendo la suspensión de los efectos de la publicación del pliego tarifario, impide el ejercicio de los derechos de Soprofon de hacer la recaudación encargada por sus representadas (la cual además estaba autorizada por la autoridad nacional competente ecuatoriana), lo cual constituye un incumplimiento de la normativa andina en materia de derecho de autor y derechos conexos;

Que, en atención a lo expuesto, la Secretaría General considera que la República del Ecuador, mediante la actuación del décimo cuarto juzgado en lo civil de Pichincha por resolución de fecha 11 de noviembre de 2004, ha incumplido la normativa comunitaria andina sobre derechos de autor y derechos conexos, en la medida que dicha conducta ha impedido que la sociedad de gestión colectiva Soprofon ejerza el derecho de percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 37 de la Decisión 351; y,

Que, según lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar que la República del Ecuador, mediante la actuación del Décimo Cuarto Juzgado en lo Civil de Pichincha, ha incurrido en un incumplimiento de la normativa comunitaria andina, en particular del artículo 37, literal d) de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, al suspender los efectos de la publicación del pliego de tarifas de la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor “sociedad de productores de fonogramas, Soprofon” de Ecuador.

ART. 2º—De conformidad con el artículo 65, literal f), del reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General (Dec. 425), se concede a la República del Ecuador un plazo de veinte (20) días calendario para que informe acerca de las medidas adoptadas para poner fin al incumplimiento.

ART. 3º—Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 23 de junio de 2005.

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