RESOLUCIÓN 967 DE 2005

 

RESOLUCIÓN 967 DE 2005 

(Octubre 20)

“Calificación de la aplicación por parte de la República de Bolivia de un régimen de licencias previas y un contingente como restricción, y al pago de un gravamen arancelario más un derecho arancelario variable adicional a las importaciones de azúcar clasificadas en las subpartidas arancelarias Nandina 1701.11.90 y 1701.99.00, originarias de los Países Miembros, como gravamen para efectos del programa de liberación”.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: El artículo 30 y el capítulo V del acuerdo de Cartagena sobre programa de liberación y el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO: Que, mediante comunicación DIE-0728 la República de Colombia puso en conocimiento de la secretaría general, el Decreto Supremo 28055 emitido por la Presidencia de la República de Bolivia, por el cual, según lo señalado por el gobierno colombiano, se autoriza la importación de azúcar en bruto clasificada bajo las subpartidas Nandina 1701.11.90 y 1701.99.90 únicamente hasta los volúmenes necesarios para cubrir el déficit de producción interna;

Que, el mencionado decreto supremo señala: “ART. Único.—I. Se autoriza la importación de azúcar de caña en bruto … clasificada bajo la subpartida arancelaria Nandina 1701.11.90; así como de azúcar refinada de caña o de remolacha y sacarosa … subpartida arancelaria Nandina 1701.99.00, únicamente hasta los volúmenes estrictamente necesarios para cubrir el déficit de la producción interna.

A tal efecto, cuando se verifique el mencionado déficit, los ministerios de Desarrollo Económico y, de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a través de resolución bi-ministerial, deberán establecer un cupo de importación igual al déficit, debiendo asimismo, autorizar … la importación de dicho producto a través de una licencia previa de importación, a las empresas importadoras registradas en el Ministerio de Desarrollo Económico.

II. La importación … autorizada mediante resolución bi-ministerial, que se establece en el parágrafo precedente, se sujetará a la nivelación de precios con relación a la producción nacional, consistente en el pago de un gravamen arancelario del diez por ciento (10%) más un derecho arancelario variable adicional–DAVA, tomando como base el precio referencial - PR que para las indicadas mercancías es publicado quincenalmente por la Secretaría General de la Comunidad Andina (...).

III. En cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, la medida establecida en el presente decreto supremo no se aplica a las importaciones de azúcar originarias de Ecuador”.

Que a dicho decreto se anexan las tablas aduaneras para la determinación del DAVA y el arancel total a pagar. Asimismo se indica que ese decreto supremo ha entrado en vigencia el 1º de abril de 2005. Este decreto abroga al decreto supremo 27599 de 25 de junio de 2004 que autorizaba la importación de azúcar clasificado bajo las subpartidas arancelarias 1701.11.90 y 1701.99.00 de la Nandina 2002 cumpliendo con el requisito de presentación de licencia previa de importación y aplicación de un gravamen arancelario de 10% para mercancías clasificadas en esas subpartidas provenientes u originarias de Colombia, Perú y Venezuela;

Que, con base en la información allegada por la República de Colombia y en sus propios elementos de juicio, el 18 de agosto de 2005 la secretaría general dio inicio a una investigación a fin de determinar si la autorización exigida para las importaciones, el establecimiento del cupo de importación, así como la aplicación del gravamen para el comercio de azúcar de caña clasificada en las subpartidas 1701.11.90 y 1701.99.00, constituyen una restricción y/o gravamen a los efectos de los artículos 72 y 73 sobre el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el curso de la investigación en el plazo otorgado para que la República de Bolivia diera respuesta al inicio de investigación y para que los países miembros allegaran los elementos de información pertinentes al caso, solo se recibieron observaciones de la República de Colombia, que mediante comunicación DIE-885 indicó que la norma objeto de la investigación agrava la situación de comercio bilateral de azúcar con Bolivia pues el decreto supremo “… señala que existe un incremento de las importaciones de azúcar crudo y de azúcar refinada provenientes de terceros países, que ‘podrían provocar perturbaciones en el mercado nacional del azúcar y un daño grave a este sector productivo’ …” pero que “… no se encuentra una justificación clara de las variables que pueden estar perturbadas y que ameritan una medida de esta naturaleza”;

Que, el gobierno colombiano también señaló que “El Decreto 28055 replica el Decreto 27599 y mantiene la protección al azúcar … mediante una salvaguardia que permite la importación ‘únicamente hasta los volúmenes … necesarios para cubrir el déficit de producción interna’ …” y que, si se tiene en cuenta que “… Bolivia tiene un excedente estructural cercano a las 150 mil toneladas, la aplicación de la medida significaría el cierre total de dicho mercado …”;

Que, asimismo señalan que aunque se autorizaran las importaciones las mismas “…se sujetarán a la nivelación de precios en relación con la producción nacional, consistente en el pago de un gravamen arancelario del 10% más un derecho arancelario variable adicional (DAVA)”;

Que, el plazo otorgado para que la República de Bolivia allegara su respuesta venció el 16 de septiembre pasado, fecha en la cual ese gobierno mediante el fax VECE-DGIC-DIL-370/05, en lugar de dar contestación a la investigación, remite un informe sobre el alcance y justificación de las medidas impuestas a las importaciones de azúcar;

Que, el mencionado informe no tiene relación con el inicio de esta investigación por lo que no puede ser tomado en cuenta, principalmente porque el informe hace alusión al artículo 90 del Acuerdo de Cartagena y esta investigación se refiere a la posible vulneración de los artículos 72 y 73 del mismo; además en el informe se trata de justificar el Decreto Supremo 27599 de 2004, derogado por el D.S. 28055 de 2005 objeto de la presente investigación; y en todo caso si ese gobierno pretendió en su momento aplicar una medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar, debió sujetarse a los procedimientos correspondientes, incluyendo la notificación inmediata de la medida a la secretaría general, cuestión que no ha ocurrido en el presente caso;

Que, el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena señala que “se entenderá por ‘gravámenes’ los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados”, y “Se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante el cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”;

Que la medida adoptada por el gobierno de Bolivia ha sido adoptada de manera unilateral, no es justificada en las excepciones contenidas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena; y tiene por efecto dificultar e impedir las importaciones de azúcar originarias de la subregión;

Que en efecto, a través de las medidas contenidas en el Decreto 28055 de 2005 se limita la importación de azúcar originaria de la subregión a un cupo “… únicamente hasta los volúmenes estrictamente necesarios para cubrir el déficit de producción interna”;

Que adicionalmente, para poder ingresar azúcar de la subregión a territorio boliviano se deberá contar con una licencia previa para la importación; y la misma estará sujeta a una nivelación de precios en referencia a la producción nacional a través del pago de un gravamen arancelario de 10% más un derecho arancelario variable adicional. Todas estas medidas aplicadas a las importaciones de azúcar de origen subregional deben declararse incompatibles con los objetivos del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena;

Que el cobro de un gravamen arancelario y un derecho arancelario variable adicional constituyen un recargo adicional que hace más onerosas las importaciones de azúcar en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;

Que el tribunal de justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el concepto de gravamen, entre otros dentro del proceso 12-AN-99 de 24 de septiembre de 1999, en el sentido que “la definición legal no restringe el concepto de gravámenes a los derechos aduaneros sino que lo amplía, de una manera bien generosa, a “cualesquier otros recargos de efectos equivalentes”, sin importar que tales recargos tengan tal o cual denominación, ni tampoco su naturaleza, que bien puede ser de carácter fiscal, de carácter monetario o de carácter cambiario y cuyo único condicionante es que incidan sobre las importaciones, encareciéndolas o dificultándolas”;

Que el gobierno de Bolivia no ha justificado que la medida se encuentre amparada por las excepciones de carácter no económico contempladas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;

Que el gobierno de Bolivia, al expedir el Decreto 28055 de 2005 y basar su motivación en el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, no siguió en forma debida los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Cartagena, incumpliendo con informar de su actuación a la secretaría general;

Que el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena establece la obligación de los países miembros de abstenerse de aplicar gravámenes a las importaciones de bienes originarios de la subregión;

Que, el artículo 4º del tratado del tribunal de justicia de la Comunidad Andina advierte el compromiso asumido por los países miembros a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina o que de algún modo obstaculice su aplicación;

RESUELVE:

ART. 1º—Calificar como restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la limitación de la importación a un cupo hasta los volúmenes estrictamente necesarios para cubrir el déficit de producción interna, el establecimiento de un contingente de importación y la exigencia de una licencia previa establecidos por la República de Bolivia para las importaciones de azúcar originaria de la subregión, calificada en las subpartidas Nandina 1701.11.90 y 1701.99.00.

ART. 2º—Determinar que la exigencia por parte de la República de Bolivia del pago de un gravamen arancelario de 10% más el cobro de un derecho arancelario variable adicional para las importaciones de azúcar de la subregión, constituyen un gravamen a los efectos previstos en el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

ART. 3º—Se concede a la República de Bolivia un plazo de veinte (20) días calendario para que informe acerca del levantamiento de las medidas identificadas como restricción al comercio en el artículo anterior.

Comuníquese y publíquese.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a veinte de octubre de dos mil cinco.

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