Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 975 DE 2013 

(Marzo 20)

“Por la cual se reajusta el tope de los gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República, en primera y segunda vuelta presidencial, para el periodo constitucional 2014-2018”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política, la Ley 996 de 2005 y el Decreto Reglamentario 734 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, estableció que:

“El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con personería jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los partidos y movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”.

Que la Ley 996 de 2005, fijó los valores máximos que pueden invertir los distintos candidatos a la Presidencia de la República en sus campañas electorales; así como los montos de financiación estatal a la misma, su distribución de conformidad al destino que debe dársele a tales recursos por cada candidato; así como también los valores a percibir por reposición por voto válido.

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1153 del 2005, estableció una línea jurisprudencial referente a distinguir, los valores necesarios que pueden usar los diferentes candidatos en la contienda electoral para la Presidencia de la República; en tal sentido, esa corporación realizó el análisis constitucional y concluyó, que el candidato no presidente, podrá disponer de un monto superior para realizar su campaña, lo que busca compensar las ventajas que tiene quien ha ejercido durante cerca de cuatro años la Presidencia de la República, teniendo en cuenta, la aplicación de los principios de equidad e igualdad que hacen parte sustancial del ejercicio democrático. Al respecto de lo anteriormente expuesto, se cita literalmente lo dispuesto por la Corte:

“La cifra señalada como tope (diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000) para la primera vuelta, incluyendo dentro de ella tanto los recursos públicos como los privados, significa un recorte al monto máximo de gastos en primera vuelta que fue autorizado para la campaña presidencial de 2002. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 670 de 2001, emanada del Consejo Nacional Electoral, los topes de financiación para esa campaña en la primera vuelta ascendieron a la cifra de catorce mil millones de pesos ($ 14.000.000.000). Así pues, los diez mil millones de pesos que menciona la norma bajo examen constituyen una suma inferior a la de la campaña presidencial de 2002.

Esta reducción, a juicio de la Corte, en el caso de la campaña adelantada por el candidato presidente busca compensar las ventajas que tiene quien ha ejercido durante cerca de cuatro años la Presidencia de la República, y desde este punto de vista es un mecanismo adecuado para desarrollar el literal f) del artículo 152 superior, conforme al cual al legislador estatutario compete regular “(l)a igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley”. Empero, estos límites no pueden ser convertidos por el legislador estatutario en restricciones aplicables también a los demás candidatos presidenciales que no han tenido las mismas ventajas derivadas del ejercicio de la jefatura de Estado. Por lo tanto, la reducción en el tope de gastos de campaña no puede extenderse a los demás candidatos, a los cuales se les aplicarán los topes de gastos fijados para la campaña inmediatamente anterior, que de manera previa y oportuna fueron fijados para la primera vuelta por las autoridades competentes en la cifra de catorce mil millones de pesos ($ 14.000.000.000), mediante la citada Resolución 670 de 2001.

En tal virtud, el primer inciso del artículo 12 bajo examen será declarado exequible en el entendido según el cual cuando se trata de candidatos que no sean el Presidente de la República o el vicepresidente, el tope de gastos de las campañas presidenciales del año 2006, en la primera vuelta, será el establecido en la Resolución 670 de 2001 del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del año 2002.

Aclara la Corte que este tope de catorce mil millones de pesos ($ 14.000.000.000) fijado mediante Resolución 670 de 2001 del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del año 2002, rige también para las campañas presidenciales de 2006, distintas a la del candidato presidente, pero que solo se aplica a los gastos en la primera vuelta de la campaña; y que respecto de esta suma no cabe la aplicación de cláusulas de actualización monetaria”.

Que mediante Resolución 20 del 14 de enero de 2010, el Consejo Nacional Electoral reajustó el valor de topes de gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República.

Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 996 de 2005 se deben reajustar estos valores, para lo cual debe tenerse en cuenta el incremento del IPC.

Que de acuerdo a la certificación expedida por la coordinadora del grupo de banco de datos de la dirección de difusión, mercadeo y cultura estadística, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la variación del índice de precios al consumidor durante los años 2010, 2011 y 2012, ha sido el siguiente:

AñoVariación IPC
20103,17 %
20113,73 %
20122,44 %

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Reajustar el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por el candidato a la Presidencia de la República, cuando sea el presidente en ejercicio, a trece mil doscientos noventa y cinco millones treinta mil noventa y nueve pesos ($ 13.295.030.099), para la primera vuelta.

ART. 2º—Reajustar el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por los candidatos a la Presidencia de la República diferentes al presidente en ejercicio, a diecinueve mil novecientos veintidós millones setecientos veintiséis mil setecientos pesos ($ 19.922.726.700), para la primera vuelta.

ART. 3º—Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de nueve mil trescientos dieciocho millones quinientos seis mil trescientos diecisiete pesos ($ 9.318.506.317).

El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

ART. 4º—Reajústase el monto de los aportes estatales a recibir a título de anticipo por los candidatos a la Presidencia de la República que tengan derecho a ello durante la primera vuelta, el cual quedará en la suma de cinco mil cuatrocientos veinticuatro millones trescientos setenta y dos mil doscientos ochenta pesos ($ 5.424.372.280).

De estos aportes, tres mil setecientos veintidós novecientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos ($ 3.722.608.428), serán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales, los restantes mil setecientos un millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($ 1.701.763.852) serán para otros gastos de campaña.

ART. 5º—Reajústase el valor que los candidatos a la Presidencia de la República que accedan a la segunda vuelta, si la hubiere, recibirán como anticipo de aportes estatales igualitarios, el que será de tres mil doscientos cincuenta y siete millones doscientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 3.257.282.375), los cuales se destinarán a la financiación de la propaganda política en un cincuenta por ciento (50 %) y el saldo en otros gastos de campaña.

ART. 6º—Ningún candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado y el anticipo dado por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 20 de marzo de 2013.