RESOLUCIÓN ORGÁNICA 3 DE 2009 

(Mayo 12)

“Por medio de la cual se establece el reglamento interno de recaudo de cartera en aplicación del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006; se compila el procedimiento para el cobro coactivo y las competencias para su ejecución en la Auditoría General de la República”.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

El Auditor General de la República,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 6º, 13 y 17 del Decreto 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6º del Decreto-Ley 272 de 2000 señala que a la Auditoría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones;

Que el numeral 1º del artículo 13 del Decreto-Ley 272 de 2000 establece como función del Auditor General de la República, dirigir el funcionamiento de la Auditoría General de la República y formular las políticas, planes y estrategias necesarias para el eficiente y efectivo ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución y la ley.

Que, según el numeral 11, del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, al Auditor General de la República le corresponde establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma;

Que de acuerdo con el numeral 14, del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, el Auditor General de la República está facultado para asignar a las distintas dependencias y funcionarios de la Auditoría General de la República las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, para lo cual podrá conformar equipos de trabajo y dictar los reglamentos internos que se requieran, así como delegar y desconcentrar las funciones a que hubiere lugar, con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales vigentes;

Que el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 dispone que cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán entre otros:

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública el reglamento interno del recaudo de cartera” con sujeción a lo dispuesto en esta ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago;

Que el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, prescribe, que las entidades públicas que de manera permanente tenga a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen la facultad y jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario;

Que en el ámbito de aplicación de la Ley 1066 de 2006, comprende a la Auditoría General de la República, al relacionar dentro de la misma, a los órganos autónomos y entidades con régimen especial;

Que el artículo 1º del Decreto 4473 de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, establece la obligación de expedir por el representante legal de las entidades y órganos del Estado, el reglamento interno del recaudo de cartera. disposición que impone por parte de la Auditoría General de la República, la adopción con carácter general de dicho reglamento, incluyendo las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva a su cargo;

Que la Resolución Orgánica 3 de 2008 otorga la competencia a la dirección de responsabilidad fiscal para adelantar en primera instancia los procesos de cobro pos jurisdicción coactiva.

Que de conformidad con los considerandos precedentes, es oportuno adoptar el procedimiento del proceso de jurisdicción coactiva adecuándolo a lo establecido en el estatuto tributario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Aspectos generales

ART. 1º—Principios. La gestión pública de recaudo de cartera por vía de la jurisdicción coactiva en la Auditoría General de la República, está presidida por los principios rectores del debido proceso y de la función administrativa contenidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, y 1º de la Ley 1066 de 2006, en este orden, los servidores que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público, deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el erario.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 2º—Objeto. La presente resolución, tiene por objeto expedir el reglamento interno de recaudo de cartera; expedir el procedimiento para el cobro por jurisdicción coactiva, y las competencias en la Auditoría General de la República; en aplicación del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, en concordancia con la Ley 42 de 1993, y en todo caso observando lo prescrito sobre la materia en el estatuto tributario y en subsidio las preceptivas del Código de Procedimiento Civil, Código Contencioso Administrativo y demás normas aplicables.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 3º—Título ejecutivo. Para efectos de la presente resolución, constituyen título ejecutivo los documentos, actos administrativos y providencias que contengan a favor del tesoro público y de la Auditoría General de la República, una obligación clara, expresa y actualmente exigible, entre estas las siguientes:

1. Los fallos con responsabilidad fiscal contenidos en providencias debidamente ejecutoriadas.

2. Las resoluciones en firme y ejecutoriadas expedidas por la Auditoría General de la República, que impongan multas.

3. Los actos administrativos en firme y ejecutoriados por la Procuraduría General de la Nación y por la Auditoría General de la República, que impongan multas por faltas disciplinarias a funcionarios o ex funcionarios de la Auditoría General de la República.

4. Todo acto administrativo en firme y ejecutoriado que imponga a favor de la Nación – Auditoría General de la República, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 4º—Auxiliares para intervención en procesos de jurisdicción coactiva. Para el nombramiento de auxiliares la Auditoría General de la República procederá de conformidad con lo preceptuado en el artículo 843-1 del estatuto tributario y podrá:

1. Elaborar listas propias.

2. Contratar expertos.

3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia.

PAR.—La designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la Auditoría General de la República se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los auxiliares de la justicia.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO II

Competencia

ART. 5º—Competencia funcional. El funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva es el director de responsabilidad fiscal quien tendrá la calidad de funcionario ejecutor.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 6º—Segunda instancia. De conformidad con lo estipulado en el artículo 1º de la Resolución 3 de 2008, los recursos de apelación que puedan presentarse dentro del proceso de jurisdicción coactiva, así como en las demás actuaciones o procedimientos, el conocimiento de la segunda instancia estará en cabeza del Auditor General de la República.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 7º—Organización administrativa de las dependencias ejecutoras. Las dependencias misionales de la Auditoría General de la República, encargadas de la ejecución de la jurisdicción coactiva, estarán conformadas por:

En primera instancia:

Por el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y por los funcionarios del nivel profesional con perfil de abogados, quienes tienen la función de sustanciar los procesos de cobro coactivo según su competencia.

En segunda instancia:

Por el Auditor General de la República y por los asesores con perfil de abogados, quienes tienen la función de sustanciar los procesos de cobro coactivo según su competencia.

Funciones: Serán funciones de la secretaría de despacho de la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y del despacho del Auditor General de la República:

1. Se encargará de la radicación y seguimiento a las actuaciones surtidas dentro de los procesos fiscales.

2. Abrir y llevar en forma magnética los libros radicadores de los procesos fiscales y realizar sus copias de respaldo de conformidad con lo establecido en los procedimientos del área y en los manuales de calidad.

3. Realizar las notificaciones personales, por edicto y por estado de las decisiones a que haya lugar, previamente ordenados por el despacho sin perjuicio de lo ordenado en el numeral 9º del artículo 26 del Decreto-Ley 272 de 2000.

4. Colaborar con las diligencias de práctica de pruebas testimoniales y de visitas especiales en ausencia del abogado sustanciador.

5. Recibir los documentos que presenten las partes y dar reparto de ellos previo visto bueno del Auditor General de la República o el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

6. Expedir las constancias y certificaciones que sean solicitadas oficialmente sobre el estado de los procesos fiscales guardando la reserva a que haya lugar, una vez sean ordenadas en legal forma.

7. Consolidar la información estadística y elaborar los informes de los asuntos de los procesos fiscales, competencia de la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y/o Auditor General de la República, con la colaboración de los abogados sustanciadores.

8. Colaborar con el control de los términos procesales de los procesos fiscales de su competencia.

9. Recibir y asignar mediante reparto los respectivos hallazgos, y procesos fiscales a los abogados sustanciadores, previo visto bueno del director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y/o Auditor General de la República.

10. Elaborar las constancias de ejecutoria en cada uno de los procesos fiscales.

11. Reportar las resoluciones que imponen sanción de multa a la dirección de recursos financieros de la Auditoría General de la República.

12. Reportar los fallos con responsabilidad fiscal a la entidad que sufrió el detrimento patrimonial, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.

13. Llevar el archivo consecutivo de las hojas de ruta correspondientes a las providencias que ingresan al despacho.

14. Recibir dentro de los 10 días previos al vencimiento de los términos procesales las providencias que estén para la firma del director de responsabilidad fiscal y/o Auditor General de la República.

Las providencias firmadas por el director de responsabilidad fiscal y/o Auditor General de la República, deberán ser remitidas por el abogado sustanciador en medio magnético a la secretaría del despacho con el fin de llevar a cabo su respectivo archivo electrónico y su inclusión en el índice de providencias.

15. El profesional universitario a cargo de la secretaría común queda autorizado legalmente para suscribir la correspondencia interna y externa relacionada con el trámite de los procesos y el cumplimiento de las decisiones de los despachos de conocimiento.

16. Verificar que las providencias proferidas por los despachos y las demás actuaciones procesales sean integradas a la copia digital de los procesos por parte de los sustanciadoes(sic).

PAR.—La custodia de los títulos de depósito judicial será responsabilidad del director de responsabilidad fiscal.

Para el manejo de cuentas de los títulos de depósito judicial, el director de responsabilidad fiscal y el secretario de despacho de procesos fiscales registrarán sus firmas en el Banco Agrario de Colombia para el manejo de la cuenta de depósitos judiciales.

La orden de pago de los títulos de depósito judicial deberá ser suscrita por el director de responsabilidad fiscal y el secretario común de procesos fiscales y siempre se ordenará mediante providencia motivada.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 8º—Competencia territorial. Es competente para adelantar el proceso de jurisdicción coactiva en todo el territorio nacional en primera instancia la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y en segunda el despacho del Auditor General de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Orgánica 3 de 2008.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO III

Procedimiento administrativo para el cobro por jurisdicción coactiva

ART. 9º—Normas que gobiernan el proceso administrativo para el cobro por jurisdicción coactiva. Para cobrar los créditos fiscales que nacen de los títulos ejecutivos a que se refiere el capítulo I de la presente resolución, se seguirá el proceso de jurisdicción coactiva establecido por el estatuto tributario nacional o el de las normas a que este estatuto remita; en concordancia con la Ley 42 de 1993, los códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo y demás normas que los complementen y que hagan eficaz y eficiente el cobro por jurisdicción coactiva, con sujeción a la garantía constitucional del debido proceso.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 10.—Requisitos para iniciar proceso administrativo de cobro coactivo. Para iniciar proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, deben verificarse los siguientes requisitos:

1. Que los títulos ejecutivos contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero a favor del tesoro público.

2. En los títulos ejecutivos deben indicarse los datos completos de los ejecutados, nombre o razón social, identificación, tipo de obligación determinando si es individual o solidaria y si se trata de una persona natural o jurídica. En caso de que el deudor sea persona jurídica debe acompañarse el certificado de existencia y representación legal actualizado.

3. Debe existir coherencia entre la parte considerativa y la resolutiva de los títulos ejecutivos.

4. Las notificaciones de los títulos ejecutivos deben haberse realizado conforme lo establezcan las normas legales vigentes sin omitir ninguno de sus requisitos. Anexar la notificación personal del título ejecutivo, constancia de fijación y desfijación cuando se trate de notificación por edicto, así como la constancia del correo certificado a que hace alusión el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo; así mismo en las notificaciones de las decisiones deben señalarse los recursos que proceden y ante quién se pueden interponer.

5. La inclusión de las normas vigentes al momento de proferirse los actos administrativos, con sus modificatorias y derogaciones.

6. Anexar la constancia de ejecutoria del título ejecutivo que no presente confusión.

7. Copia legible de las providencias que resolvieron los recursos interpuestos contra el acto administrativo que sirve como título ejecutivo, con la correspondiente constancia de notificación.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 11.—Etapas del proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva.

1. Investigación de bienes. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario ejecutor competente podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.

Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Auditoría General de la República.

2. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro por jurisdicción coactiva, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento de pago se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor, lo anterior de acuerdo con lo prescrito en el artículo 826 del estatuto tributario.

3. Vinculación de deudores solidarios. La vinculación del deudor o responsable solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el numeral 4º del artículo 11 de la presente resolución y artículo 826 del estatuto tributario.

Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales.

4. Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro por jurisdicción coactiva:

4.1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

4.2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

4.3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.

5. Efectos de la revocatoria directa. En el procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, en el proceso que originó el título ejecutivo.

La interposición de la revocatoria directa, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo.

6. Término para pagar o presentar excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del estatuto tributario, descrito en la etapa siguiente.

7. Excepciones. Contra el mandamiento de pago, procederán las siguientes excepciones:

7.1. El pago efectivo.

7.2. La existencia de acuerdo de pago.

7.3. La falta de ejecutoria del título.

7.4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

7.5. La prescripción de la acción de cobro.

7.6. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Contra el mandamiento de pago que vincule a los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

7.7. La calidad de deudor solidario.

7.8. La indebida tasación del monto de la deuda.

8. Trámite de las excepciones. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea del caso.

9. Excepciones probadas. De conformidad con el artículo 833 del estatuto tributario “si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes”.

10. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

11. Recurso contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario ejecutor que decidió la providencia, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un (1) mes, contado a partir de su interposición en debida forma.

12. Acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Dentro del proceso de cobro administrativo por jurisdicción coactiva, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro coactivo, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

13. Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones o las mismas no hubieren sido probadas, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente ejecutor proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno.

Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata este numeral no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos.

14. Gastos en el procedimiento administrativo por jurisdicción coactiva. En el procedimiento administrativo de cobro coactivo, el contribuyente deberá cancelar, además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la Auditoría General de la República para hacer efectivo el crédito.

15. Medidas preventivas. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ordenará levantarlas, previa la constitución de garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses moratorios.

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.

16. Trámite para algunos embargos.

16.1. El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina de registro de instrumentos públicos, a la secretaría de tránsito o la oficina competente de la inscripción del bien, para que mediante oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al ejecutado lo inscribirá y remitirá el certificado donde figure la inscripción, al funcionario de la Auditoría General de la República que ordenó el embargo.

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo.

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y comunicará a la Auditoría General de la República y al juzgado o autoridad competente que haya ordenado el embargo anterior.

En este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario ejecutor continuará con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al de la Auditoría General de la República, el funcionario ejecutor se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado.

Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor notificará en forma personal al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito ante el juez o autoridad competente.

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez o autoridad competente que solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real.

16.2. El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado o deudor, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.

Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad.

Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Lo dispuesto en el numeral 16.1 de este artículo en lo relativo a la prelación de los embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de bienes.

Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el ejecutado o deudor por el pago de la obligación.

17. Embargo, secuestro y remate de bienes. En los aspectos compatibles y no contemplados en el estatuto tributario, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

18. Oposición al secuestro. En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.

19. Remate de bienes. En firme el avalúo, la dependencia competente efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la Nación o de la entidad territorial que sufrió el detrimento, en caso de declararse desierto el remate después de la tercera licitación, en los términos aquí establecidos.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO IV

Acuerdos de pago

ART. 12.—Suspensión del proceso por acuerdo de pago. En cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la Auditoría General de la República, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 13.—Contenido y alcance del acuerdo de pago. Son requisitos para la celebración de acuerdos de pago, los siguientes:

1. Podrán celebrar el acuerdo de pago las personas naturales o jurídicas a las cuales se les haya impuesto una obligación de cancelar una determinada suma de dinero, directamente o a través de sus representantes legales o un tercero autorizado legalmente.

2. La cuota mensual que se determine deberá ser cancelada dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha señalada para dicho pago y allegar copia de la consignación a la dependencia correspondiente en el término señalado.

3. El funcionario ejecutor podrá conceder mediante acto administrativo facilidades de pago de las obligaciones hasta por un plazo de cinco (5) años, siempre y cuando el deudor o un tercero a su nombre constituya garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros, o cualquier otra garantía, que respalde suficientemente la deuda, intereses y costas procesales a satisfacción de la Auditoría General de la República.

4. La celebración del acuerdo de pago dará lugar a la suspensión del proceso de cobro por jurisdicción coactiva.

5. En el acuerdo de pago debe consignarse la cláusula aceleratoria en caso de incumplimiento de dos (2) cuotas, entendiéndose por esta, la de revocar el acuerdo de pago y reanudar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva, haciendo efectivas las garantías y si no son suficientes decretando las medidas cautelares a que haya lugar.

6. El ejecutado que incumpla un acuerdo de pago no podrá celebrar nuevamente otro.

7. Los funcionarios ejecutores deberán remitir a la dirección de jurisdicción coactiva, todo lo referente a los deudores morosos, la relación de los acuerdos de pago que se celebren dentro de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva e informar inmediatamente cuando se declare el incumplimiento de los mismos, para que en el nivel central se consolide la información y se comunique a la Contaduría General de la Nación, con el fin de que sean incluidos en el boletín de deudores morosos del Estado. Este mismo procedimiento se aplicará en caso de que se presente cualquier saneamiento contable, para informar a las entidades que lleven los registros contables.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 14.—Para la celebración de acuerdos de pago el deudor podrá constituir a favor de la Auditoría General de la República. Las garantías que se constituyan a favor de la Auditoría General de la República para la celebración de acuerdos de pago, se deberán constituir conforme a las disposiciones legales vigentes, según los siguientes criterios de acuerdo con la cuantía de la obligación:

1. Personales: Cuando la obligación no sea superior a veinte (20) salarios mínimos, si se trata de personas naturales la garantía personal será suscrita tanto por el ejecutado, como por un codeudor solvente que posea finca raíz y/o certificado laboral. En casos de personas jurídicas, la garantía se suscribirá tanto por el representante legal como por un codeudor solvente, que puede ser o no, socio de la empresa deudora.

2. Reales: Cuando la obligación sea superior a ciento treinta y siete (137) salarios mínimos, el ejecutado fiscal deberá constituir garantía real.

3. Caución en dinero: Consiste en el depósito de una suma de dinero en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, para lo cual el funcionario ejecutor deberá ordenar al banco la entrega del dinero.

3.1. Garantía bancaria: Esta garantía se otorga para que la institución bancaria responda hasta por una determinada cantidad de dinero, en ese caso el banco contrae la obligación de pagar el valor que se liquide a cargo de quien constituye la caución.

3.2. Póliza judicial: Consiste en constituir un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora se obliga a pagar una suma de dinero no superior al monto de la caución, que garantice el pago de la obligación.

Sin excepción alguna, todas las garantías deberán constituirse a favor de la Auditoría General de la República. Cuando se trate de garantías prendarias sobre vehículos, la Auditoría General de la República, será beneficiaria del seguro y de la reserva de dominio sobre el mismo, debidamente registrado en la oficina de tránsito correspondiente.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO V

Acción revocatoria

ART. 15.—Acciones para amparar el pago del daño patrimonial. De acuerdo con los artículos 97 y 98 de la Ley 42 de 1993, en los casos en que se compruebe que los bienes del responsable fiscal son insuficientes para cubrir el total de la obligación, se podrá solicitar la revocación de los actos efectuados por el responsable fiscal, dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la ejecutoria del fallo, siempre que el acto no se haya celebrado con buena fe exenta de culpa y que se relacionan a continuación:

1. Los de disposición a título gratuito.

2. El pago de deudas no vencidas.

3. Toda dación en pago perjudicial para el patrimonio del responsable fiscal.

4. Todo contrato celebrado con su cónyuge, compañero permanente, con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil o con algún consorcio en sociedad distinta de la anónima.

5. Todo contrato celebrado con sociedades en las cuales el responsable fiscal o las mismas personas nombradas en el anterior ordinal sean dueños, individual o conjuntamente, de un treinta por ciento (30%) o más del capital.

6. La liquidación de bienes de la sociedad conyugal del responsable fiscal, hecha por mutuo consenso o pedida por uno de los cónyuges con aceptación del otro.

7. Las cauciones, hipotecas, prendas, fiducias de garantía, avales, fianzas y demás garantías, cuando con ellas se aseguren deudas de terceros.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 16.—Competencia para conocer y adelantar el proceso de acciones revocatorias. Las acciones revocatorias se tramitan ante el juez civil del circuito del domicilio del ejecutado por el trámite del proceso verbal que regula el Código de Procedimiento Civil. La oficina jurídica es la competente para adelantar esta demanda por delegación o poder conferido, según el numeral 5º del artículo 18 del Decreto 272 de 2000.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO VI

Recaudo de cartera

ART. 17.—Clasificación de la cartera. La dirección de responsabilidad fiscal de la Auditoría General de la República, clasificará la cartera o créditos a favor de la Auditoría General de la República o del tesoro público, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. En razón a la cuantía: La clasificación será:

1.1. De mayor cuantía: Cuando la obligación sea superior a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2. De menor cuantía: Cuando la obligación sea desde quince (15) salarios mínimos legales mensuales inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, inclusive.

1.3. De mínima cuantía: Cuando el valor de la obligación sea inferior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para determinar la cuantía se tendrá en cuenta el valor consignado en el título ejecutivo, sin liquidar intereses ni costas.

2. En razón a la antigüedad de la obligación: Los procesos y títulos ejecutivos se clasificarán según la antigüedad, así: Menor de cinco (5) años y superior a cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del título ejecutivo.

3. En razón a la naturaleza de la obligación: Las obligaciones se clasificarán de acuerdo con el origen de la misma, según se clasificaron en el artículo 3º de esta resolución.

4. En razón a la posibilidad de cobro: Los procesos también se clasificarán por:

4.1. Posible cobro: Cuando haya acuerdos de pago, medidas cautelares que posibiliten cubrir la deuda y cuando se tengan garantías que visualicen el respaldo de las deudas.

4.2. Difícil cobro: Cuando no exista ninguna de las características descritas para los de posible cobro.

5. En prioritaria y no prioritaria: Con el objeto de garantizar la oportunidad del proceso de cobro por jurisdicción coactiva, el director de responsabilidad fiscal podrán clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales como cuantía de la obligación, solvencia de los ejecutados y antigüedad de la deuda.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 18.—Prelación de pagos y liquidación de créditos y costas. Para la imputación del pago, de conformidad con el artículo 1653 del Código Civil, si se deben capital e intereses, el pago de toda obligación se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute a capital. No obstante, en aplicación al artículo 2495 ibídem, las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores, al ser de los créditos de primera clase, se deben abonar en primer lugar a estas.

A los procesos de jurisdicción coactiva se les aplicará lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 68 de 1923, respecto a la liquidación de intereses.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO VII

Prescripción de la acción de cobro

ART. 19.—Prescripción de la acción de cobro por jurisdicción coactiva. La acción de cobro por jurisdicción coactiva de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de firmeza y ejecutoria de los títulos ejecutivos.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los funcionarios ejecutores, y podrá ser decretada de oficio o a petición de parte.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 20.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro por jurisdicción coactiva se interrumpe por: la notificación del mandamiento de pago; por el otorgamiento de facilidades para el pago o celebración de acuerdos de pago; por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago; desde la terminación del concordato; o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:

— La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria.

— El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso en que se presentaran demandas a las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución.

PAR.—El pago de la obligación prescrita no se puede compensar ni devolver. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 21.—Políticas y directrices. El Auditor General de la República y la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva son los despachos encargados de impartir las políticas y directrices sobre la ejecución y operatividad del proceso de jurisdicción coactiva que deba desarrollar la Auditoría General de la República, dadas las facultades que en este sentido les otorga el artículo 2º numeral 1º de la Ley 1066 de 2006.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

CAPÍTULO VIII

Disposiciones administrativas generales

ART. 22.—Reserva del expediente en la etapa de cobro coactivo. Los expedientes de las dependencias encargadas de la ejecución del proceso de jurisdicción coactiva, solo podrán ser examinados por los ejecutados o su apoderado legalmente constituido, o los abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el ejecutado.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 23.—Formación de los expedientes. Los expedientes que contengan la actuación procesal deberán conformarse con sujeción a lo dispuesto en la guía general de gestión documental de la Auditoría General de la República protegiendo y preservando la información y documentos contenidos en ellos.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 24.—Facultad de los funcionarios ejecutores para aplicar el artículo 820 del estatuto tributario. Por mandato del parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, al otorgar la facultad al Auditor General de la República de dar por terminados los procesos de cobro coactivo para dar aplicación a los incisos 1º y 2º del artículo 820 del estatuto tributario. En este orden, se delega en los funcionarios ejecutores la facultad para ordenar suprimir de los registros a los deudores de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución, previo concepto del comité del saneamiento contable, allegando previamente al expediente la partida o registro civil de defunción del ejecutado y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. Podrán igualmente suprimir las deudas que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de cinco (5) años.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 25.—Disposición transitoria. En cumplimiento al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

ART. 26.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial las contenidas en la Resolución 26 de 2001 emitida por la Auditoría General de la República.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de mayo de 2009.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 7 de 2013 artículo 14 de la Auditoría General de la República)

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