RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5 DE 2009 

(Julio 13)

“Por la cual se establecen y reglamentan las auditorías especiales de intervención de la Auditoría General de la República en las contralorías”.

El Auditor General de la República,

en ejercicio de las potestades consagradas en el Decreto-Ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 274, desarrollado por el Decreto-Ley 272 de 2000 y la Sentencia C-1339 de 2000, estableció que la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de las contralorías departamentales, corresponde a la Auditoría General de la República.

Que el artículo 3º del Decreto-Ley 272 de 2000, establece como misión de la Auditoría General de la República coadyuvar a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política.

Que el artículo 4º del Decreto-Ley 272 de 2000, establece como objetivo de la Auditoría General de la República ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal, en la modalidad más aconsejable, mediante los sistemas de control financiero, de gestión y de resultados, en desarrollo de los principios de eficiencia, economía y equidad.

Que el artículo 5º del Decreto-Ley 272 de 2000, establece como objetivo de la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el Auditor General fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otros, de conformidad con lo que para el efecto dispone este decreto.

Que el artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000 establece como funciones del Auditor General de la República, las siguientes:

1. Determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal a él encomendada y para el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de la República, con base en su autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal.

5. Solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones a las entidades sometidas a su vigilancia.

7. Certificar la gestión y resultados de las entidades sometidas a su vigilancia.

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra los funcionarios o ex funcionarios de las entidades vigiladas que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.

9. Constituirse por sí mismo o por intermedio de abogado, en representación de los intereses de la Nación, como sujeto procesal dentro de los procesos penales que se adelanten contra funcionarios o ex funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, y contra los funcionarios o ex funcionarios de la Auditoría General de la República.

11. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

12. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, sobre las cuentas de las contralorías municipales y distritales, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales.

Que el artículo 9º de la Ley 42 de 1993 establece que para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar, además de los sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, otros sistemas de control, que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad, que podrán ser adoptados mediante reglamento especial.

Que de conformidad con las atribuciones constitucionales del Auditor General de la República analizadas en la Sentencia C-1339 de 2000, las funciones del Auditor General de la República se orientan a la vigilancia y control fiscal de las contralorías con fin de garantizar el cumplimiento de los principios de moralidad y probidad en el manejo de los recursos y bienes públicos. De igual forma se indicó que las funciones de la Auditoría General de la República tienen el mismo alcance, la misma intensidad y los mismos principios que las funciones asignadas a la Contraloría General de la República.

Que de conformidad con las competencias señaladas, se considera necesario establecer y reglamentar un sistema de control en el marco de las normas y principios de auditoría y contabilidad como una acción de intervención especial de la Auditoría General de la República en las contralorías, en aquellas situaciones de índole administrativa o de gestión fiscal que impidan, obstaculicen o generen riesgos potenciales frente al manejo adecuado de los recursos públicos, en las contralorías del país.

RESUELVE:

ART. 1º—Creación de un procedimiento especial de intervención. Establécese el sistema de auditoría especial de intervención para planear y ejecutar auditorías en las contralorías del país, en aquellas situaciones en las cuales se valore que la gestión de un contralor genera riesgo potencial, frente al manejo adecuado de los recursos públicos que administran sus entes vigilados o de las competencias misionales.

Las auditorías especiales de intervención se ejecutarán bajo la coordinación directa del auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal o uno de los gerentes seccionales, de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto imparta el Auditor General de la República.

ART. 2º—Alcance de la intervención especial. Las intervenciones especiales que realice la Auditoría General de la República no desplazarán las potestades constitucionales y legales del respectivo contralor; estarán dirigidas a garantizar que las situaciones irregulares que han dado origen a la intervención especial, no obstaculicen el normal cumplimiento del deber de la contraloría intervenida, de ejercer control fiscal sobre las entidades sometidas a su vigilancia.

ART. 3º—Actuaciones a realizar en ejecución de la intervención de auditoría especial. El procedimiento de intervención que desarrolla la presente resolución se ejecutará bajo las siguientes reglas:

1. Memorando de planeación. Cuando se presenten las situaciones previstas en la presente resolución orgánica, el auditor delegado para la vigilancia fiscal, o los gerentes seccionales, elaborarán un memorando de planeación para la ejecución de una auditoría especial que será comunicada al contralor respectivo o a quien haga sus veces. En el citado acto administrativo se indicará el objeto, alcance y duración de la intervención y los funcionarios que actuarán para tal fin.

2. Facultades. En ejercicio de las facultades de intervención, la Auditoría General de la República podrá realizar las siguientes actividades:

a) Ordenar al contralor de la contraloría sometida a intervención, que se ponga a disposición de los funcionarios de la Auditoría General de la República, designados para realizar la intervención, toda la información relacionada con las actuaciones administrativas o procesos auditores o de responsabilidad fiscal que se requieran, de acuerdo al asunto que haya dado lugar a la intervención.

b) Recopilar material probatorio e información con miras a determinar si los hechos que dan origen a la intervención, conllevan el inicio de procesos por parte de la Auditoría General o de cualquier otra autoridad, a la cual se le dará el correspondiente traslado.

e) (sic) Realizar inventarios de las actuaciones y procesos que se están adelantando por parte de la contraloría y estado de cada uno de ellos, y efectuar revisiones con el fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

d) Constituirse como sujeto procesal dentro de las investigaciones penales o procesos penales que se hayan iniciado contra funcionarios o ex funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia, por los hechos que han dado origen a la intervención especial, en representación de los intereses de la Nación.

e) Las demás facultades constitucionales, legales y reglamentarias aplicadas a los procesos de auditoría y control de la Auditoría General de la República.

ART. 4º—Utilización de potestades de policía judicial. En el ejercicio de las facultades de intervención, la Auditoría General de la República utilizará potestades de policía judicial para la práctica de pruebas; así como, en las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad, a través de la cuales podrá consultar documentación, solicitar copias o revisar expedientes, sin que para ello se pueda oponer reserva alguna. En caso de hacerse necesario, se podrá solicitar apoyo de las autoridades de policía.

Publíquese, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 13 de julio de 2009.

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