Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 609 DE 2017

(Agosto 11)

“Por la cual se delega la competencia para liquidar y fijar la tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”.

El Contralor General de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 211 de la Constitución Política; los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998; el artículo 4º de la Ley 106 de 1993, el artículo 26 del Decreto-Ley 267 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, agregando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el artículo 211 de la Carta Política dispone que la ley fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, así como los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9º señala que “Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”.

Que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 dispone que “En el acto de la delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren”, indicando que el Representante Legal de la Entidad deberá informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

Que el artículo 11 ibídem, indica que no podrán transferirse mediante delegación: “1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. 3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación”.

Que el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2007, Expediente 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, indicó que “La delegación de funciones administrativas constituye, entonces, un importante mecanismo para desarrollar la gestión pública con eficacia, economía y celeridad, como quiera que mal podría desconocerse que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación de las entidades públicas las más de las veces carecen de la posibilidad de atender directamente todas las funciones que estatutaria, legal y constitucionalmente les han sido asignadas. De allí que con base en los mencionados y otros preceptos constitucionales que se ocupan de la comentada noción, la figura de la delegación administrativa pueda conceptualizarse como un instrumento jurídico de la actividad pública mediante el cual un funcionario u organismo competente transfiere, en las condiciones señaladas en el acto de delegación y en la ley, a uno de sus subalternos o a otro organismo, una determinada atribución o facultad, siempre y cuando se encuentre legalmente autorizado para ello”.

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 267 establece que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación; así mismo indica que la Contraloría es una entidad de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal.

Que el numeral 10 del artículo 9º del Decreto-Ley 267 de 2000, señala la delegación como uno de los criterios en que se fundamenta y desarrolla la organización de la Contraloría General de la República.

Que por su parte el artículo 26 del Decreto-Ley 267 de 2000 determina que: “El Contralor General de la República, mediante acto administrativo, podrá delegar las facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y otras competencias administrativas, técnicas o jurídicas, en los términos de los actos de delegación y de lo dispuesto en el presente decreto. Esta delegación podrá recaer en los servidores públicos del nivel directivo de la Contraloría General de la República”.

Que el numeral 2º del artículo 29 del Decreto-Ley 267 de 2000, precisa que las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de la delegación no pueden ser delegadas.

Que la Ley 106 de diciembre 30 de 1993 en su artículo 4º indica que: “Autonomía Presupuestaria. La Contraloría General de la República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto. Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada. La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada mediante resolución del Contralor General de la República. El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República”.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-1550 del 21 de noviembre de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, declaró inexequible el artículo 8º del Decreto-Ley 267 de 2000 que se refería a la autonomía presupuestal de la Contraloría General de la República y al hacer alusión a la tarifa de control fiscal, consideró que el artículo 4º de la Ley 106 de 1993, antes enunciado, continuaba plenamente vigente y por ende es la normatividad aplicable a la determinación y cálculo de este tributo.

Que aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-1148 de 31 de octubre de 2001, declaró exequible la norma en mención y al efecto estableció que la tarifa de control fiscal tiene naturaleza jurídica de “tributo especial, derivado de la facultad impositiva del Estado”, ratificando la proporcionalidad y razonabilidad de la fórmula allí reglada en tanto no viola la Carta y no hay ningún precepto constitucional que prohíba adoptar esta clase de cálculos.

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 1º, 8º y 9º del artículo 48 del Decreto-Ley 267 de 2000, la Oficina de Planeación es la dependencia competente para evaluar y registrar la información relacionada con los sujetos de control, con la planeación y con el ejercicio del presupuesto de la Contraloría General de la República.

Que mediante la Resolución Orgánica 5488 del 20 de mayo de 2003, el Contralor General de la República delegó en el Director de la Oficina de Planeación la función de fijar individualmente para cada organismo y entidad fiscalizada el valor de la tarifa de control fiscal, en los términos del artículo 4º de la Ley 106 de 1993; así como la de resolver las impugnaciones interpuestas contra los actos administrativos que así lo dispongan y demás reclamaciones y peticiones que se instauren a este respecto.

Que con el propósito de armonizar la normatividad interna vigente en lo que tiene que ver con dichos aspectos, es preciso derogar dicho acto administrativo complementando a su vez asuntos que no habían sido contempladas anteriormente y que contribuyen a la mejora en el ejercicio de las funciones otorgadas por la ley.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en el director de la oficina de planeación de la Contraloría General de la República la función de liquidar y fijar individualmente a cada organismo o entidad pública o privada y a los particulares que cumplan funciones públicas, respecto de los bienes públicos que obtengan o administren o cuando manejen fondos, bienes o recursos de la Nación y que se encuentren bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República y posean la calidad de sujeto pasivo de la tarifa de control fiscal, el valor de este tributo especial en los términos que establece el artículo 4º de la Ley 106 de 1993.

PAR.—La tarifa de control fiscal deberá fijarse mediante resolución debidamente motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición ante el Director de la Oficina de Planeación de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ART. 2º—En virtud de la delegación otorgada en el artículo 1º de la presente resolución, el Director de la Oficina de Planeación podrá obtener la información necesaria para liquidar la tarifa fiscal por el medio que permita su recolección, así como para adelantar las actuaciones de fiscalización necesarias para su recopilación, cuando los sujetos pasivos de este tributo no la rindan en la oportunidad y características definidas.

ART. 3º—La Oficina de Planeación deberá notificar los actos administrativos que fijen la tarifa fiscal así como los que decidan los recursos interpuestos por los sujetos pasivos del tributo, en los términos legales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.

PAR.—En los casos en que la oficina de planeación no pudiere efectuar la notificación de las resoluciones antes descritas, los contralores delegados sectoriales y los gerentes Departamentales deberán llevar a cabo este procedimiento; la oficina de planeación deberá efectuar el seguimiento correspondiente.

ART. 4º—La oficina de planeación comunicará los actos administrativos que fijan la tarifa de control fiscal de la vigencia respectiva a la dirección general de presupuesto público nacional, a la dirección general de crédito público y del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a la Dirección Financiera de la Contraloría General de la República y demás dependencias e instancias que se requieran para su conocimiento y los aspectos atinentes a su competencia, una vez se encuentren debidamente ejecutoriados.

ART. 5º—La Oficina de Planeación resolverá las peticiones que se deriven de la liquidación y fijación de la tarifa de control fiscal, expedirá las copias de las resoluciones que se profieran y dará cuenta de la autenticidad de las mismas, así como la constancia de ejecutoria.

ART. 6º—El delegatario no podrá delegar en otros funcionarios las competencias y/o facultades delegadas mediante la presente resolución.

ART. 7º—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución Orgánica 5488 del 20 de mayo de 2003, y demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de agosto de 2017.