Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6486 DE 2012 

(Febrero 21)

“Por la cual se crea un grupo interno de trabajo”.

La Contralora General de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el artículo 268 de la Constitución Política de 1991, el Decreto 267 del 2000, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 2º consagra como uno de los fines esenciales del Estado colombiano el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que los numerales 5º y 8º del artículo 268 de la Constitución Política establecen que el control fiscal es una función pública ejercida por la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación,

Que de acuerdo con el artículo 6º del Decreto-Ley 267 de 2000, la Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política.

Que según lo previsto en el numeral 1º del artículo 53 del citado decreto, es función del Contralor General de la República: “Fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley”.

Que el artículo 4º del Decreto 271 de 2000 establece. “Grupos de trabajo. Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas de la entidad, el Contralor General de la República podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo”.

Que la Ley 489 de 1998, como preceptiva de carácter general contiene en el inciso 2º del artículo 115 de (sic), la disposición que faculta al representante legal para crear grupos internos de trabajo, permanentes o transitorios, con el fin de atender las necesidades del servicio.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia de Tutela T-025 declara en su artículo 1º “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”.

Que en el Auto 219 del 13 de octubre de 2011, complementario de la Sentencia T-025, la Corte Constitucional profirió las siguientes órdenes:

“Séptimo. Solicitar a la Contraloría General de la República que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, (i) ejerza control fiscal, posterior, selectivo, oportuno y por proyectos a todas las entidades que conforman el sistema nacional de atención integral a la población desplazada, SNAIPD, (ii) promueva un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres, en desarrollo de lo establecido por el artículo 55, numeral 8º del Decreto-Ley 267 de 2000; (iii) realice una vigilancia fiscal de carácter especial a los recursos destinados a garantizar la superación del estado de cosas inconstitucional en los términos del Decreto-Ley 267 de 2000; y (iv) remita el 1º de abril de cada año a la Corte Constitucional un informe sobre los resultados alcanzados en el seguimiento oportuno que haga de la asignación y ejecución presupuestal en materia de programas nacionales para población desplazada y determine el monto del daño fiscal causado, en el ámbito de los procesos fiscales respectivos adelantados contra los presuntos responsables.

“Vigésimo. Solicitar [...] a la Contraloría General de la Nación, para que en ejercicio de sus competencias, valore las condiciones bajo las cuales se han realizado los retornos informados por el Gobierno Nacional, así como las condiciones bajo las cuales se pretenden adelantar los retornos que hacen parte del “Plan retornar es vivir” [...].

“Vigésimo quinto. Solicitar a todas las entidades que conforman el SNAIPD, para que acudan e intervengan activamente en los talleres de política pública y mesas de trabajo interinstitucionales propuestos por la Contraloría General de la Nación en el marco del Programa de Control Fiscal Participativo a la Política Pública del Desplazamiento Forzado por la Violencia, a fin de permitir que dicho ente de control, en su tarea misional, audite los mecanismos de participación efectiva de la población desplazada en cada una de las entidades SNAIPD, y promueva los ejercicios de rendición de cuentas informando los resultados de la evolución.

“Vigésimo octavo. Solicitar a la [...] Contraloría General de la República, que en el ámbito de sus competencias, continúen haciendo seguimiento a los avances en materia de protección del derecho a la salud de la población desplazada en general y en el evento en que se vuelvan a presentar condiciones similares a las que dieron lugar a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, soliciten a la Corte Constitucional que reasuma el seguimiento de este componente hasta tanto sean superadas esas falencias y obstáculos para el goce efectivo del derecho a la salud de la población desplazada.

“Trigésimo tercero. Invitar [...] a la Contraloría General de la República, [...] a que dentro del ámbito de sus competencias, continúen haciendo seguimiento a las acciones adelantadas para la superación del estado de cosas inconstitucional y la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada”.

Que en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, se prevé, en su artículo 201. “Mecanismo de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la ley. Confórmese la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, la cual tendrá como función primordial hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en esta ley. Estará conformada por:

1. El Procurador General de la Nación o su delegado, quien la presidirá.

2. El Defensor del Pueblo o su delegado, quien llevará la secretaría técnica.

3. El Contralor General de la Nación o su delegado.

4. Tres representantes de las víctimas de acuerdo con el procedimiento establecido en el título VIII, los cuales deberán ser rotados cada dos años...”.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—(Modificado).* Confórmese el equipo de trabajo de seguimiento a las políticas públicas aplicadas a la lucha contra la pobreza, con servidores públicos de la planta global de la Contraloría General de la República, del nivel central y desconcentrado, para efectos de darle aplicación, trámite y resolución a las citadas órdenes de la Corte Constitucional y a la normatividad también citada.

PAR.—En este equipo se incluirán, asesores, consultores o contratistas de ser necesario.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6898 de 2012 artículo 1° de la Contraloría General de la República)

ART. 2º—El equipo tendrá cinco grupos de trabajo así:

Grupo 1. Fortalecimiento a organizaciones de población en situación de desplazamiento en control fiscal participativo, conformado por:

• Luis Alberto Higuera Malaver. Abogado, directivo grado 04. Contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. Coordinador de grupo.

• Mónica Carolina Valderrama González. Consultora para el Convenio CGR-ACNUR.

• Isabel Caballero Samper. Consultora para el Convenio CGR-ACNUR.

Para este grupo se proveerán los funcionarios y contratistas adicionales que sean necesarios.

Grupo 2. Equipo de auditoría al componente de estabilización socioeconómica de la política pública del desplazamiento forzado, conformado por:

• Sonia Gaviria - administradora pública, profesional especializado grado 03 de la Contraloría delegada sector social (DVF). Coordinadora de grupo.

• Jorge Garzón - economista, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada gestión pública e instituciones financieras (DVF).

• Arledis Hernández - administradora de empresas, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada gestión pública e instituciones financieras (DVF).

• William René Carrillo - administrador de empresas, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada gestión pública e instituciones financieras (DES).

• Jairo Jesús Pulido - administrador público, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada de infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo (DVF).

• Liliana Rivera - economista, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector social (DES).

• Claudia Stella Ruiz - administradora de empresas, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector social (DES).

• Mary Jazmín Campos - administradora pública, profesional universitario grado 04 de la Contraloría delegada sector social (DES).

• César Moreno - ingeniero agropecuario, profesional especializado grado 03 de la Contraloría delegada sector agropecuario (DES).

• Catalina Sarmiento - abogada, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector agropecuario (DES).

• Katherine Mena - contadora, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector defensa, justicia y seguridad (DES).

• María Teresa Molina - administradora pública, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

• Luis Alberto Carranza - abogado, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

• Patricia Junco - abogada y comunicadora social, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

Para este grupo se proveerán los funcionarios y contratistas adicionales que sean necesarios.

Grupo 3. Lineamientos para el análisis de la política pública para la atención a la población vulnerada extrema.

• Liliana Rivera - economista, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector social (DES). Coordinadora de grupo.

• Mary Jazmín Campos - administradora pública, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector social (DES).

• Claudia Stella Ruiz - administradora de empresas, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector social (DES).

• Jesús Antonio Mena - ingeniero forestal, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector medio ambiente (DES).

• Jesús Efrén Saa - sociólogo, profesional universitario grado 02 de la Contraloría delegada sector social (DES).

• Juan Carlos Villamizar - economista, profesional especializado grado 03 de la Contraloría delegada de economía y finanzas públicas.

Para este grupo se proveerán los funcionarios y contratistas adicionales que sean necesarios.

Grupo 4. Seguimiento a la restitución de tierras despojadas o abandonadas por la violencia.

• César Moreno - ingeniero agropecuario, profesional universitario grado 03 de la Contraloría delegada sector agropecuario (DES). Coordinador de grupo.

• Catalina Sarmiento - abogada, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector agropecuario (DES).

• Ángela Patricia Ojeda Moncayo - abogada especializada en administrativo y constitucional y responsabilidad fiscal, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

• Emilse Esther Perdomo Vargas - abogada, especializada en penal y criminología, en derecho público y diplomado en contratación estatal, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

• Katherine Mena - contadora, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada sector defensa, justicia y seguridad (DES).

• Patricia Junco - abogada y comunicadora social, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

Para este grupo se proveerán los funcionarios y contratistas adicionales que sean necesarios.

Grupo 5. Informe de monitoreo y seguimiento a la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras.

• Juan Carlos Villamizar - economista, profesional especializado grado 03 de la Contraloría delegada de economía y finanzas públicas. Coordinador de grupo.

• Jorge Espitia - economista, coordinador de gestión grado 02 de la Contraloría delegada de economía y finanzas públicas.

• Claudia Patricia Goyeneche - economista, profesional universitario grado 01 de la Contraloría delegada de economía y finanzas públicas.

• Néstor Raúl Rubiano - economista, profesional universitario grado 04 de la Contraloría delegada de economía y finanzas públicas.

Para este grupo se proveerán los funcionarios y contratistas adicionales que sean necesarios.

PAR.—Dado el interés e impacto nacional del asunto, así como el interés estratégico para la Contraloría General de la República, la evaluación de desempeño, SISED, de todos los funcionarios asignados a este equipo, estará a cargo del contralor delegado intersectorial, coordinador general de este equipo, así como los diferentes trámites administrativos laborales.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6898 de 2012 artículo 3° de la Contraloría General de la República)

ART. 3º—Los funcionarios designados deberán cumplir los siguientes objetivos de acuerdo a los grupos antes mencionados: grupo 1. desarrollar el proceso misional del control fiscal participativo; grupo 2. desarrollar el proceso misional de control micro en la modalidad de auditoría especial por proyectos; grupo 3. elaborar diagnóstico de política pública para la población vulnerable, en los grupos de pobreza extrema, desplazada por la violencia y damnificada por la ola invernal; grupo 4. hacer seguimiento, monitoreo y acompañamiento a la aplicación de la Ley 1448 de 2011, en lo referente a la restitución y entrega de tierras despojadas o abandonadas por la violencia; grupo 5. elaborar el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la misma ley en coordinación con la Contraloría delegada para economía y finanzas públicas, que provee los funcionarios. Su participación se circunscribe al monitoreo y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a los proyectos y programas de la ley. Se elaborarán dos informes: El primer informe contendrá el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Presupuesto General de la Nación en cuanto a lo atinente de la ley donde se acumule la vigencia del año anterior; y el segundo informe contendrá la ejecución del primer semestre de la vigencia. El primer documento hará parte del informe que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo debe hacer entrega al Congreso de la República el mes siguiente al inicio de cada legislatura.

De igual manera, la Contraloría delegada intersectorial a cargo de este equipo, en coordinación con la Contraloría delegada para economía y finanzas pública consolidará los estudios de auditoría y los informes sectoriales de seguimiento y evaluación de los proyectos y programas de inversión que hacen parte de la ley. La definición de cada una de las líneas de auditoría sectorial vendrá dada por la Contraloría delegada intersectorial de acuerdo con las directrices establecidas por el Contralor General de la República.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6898 de 2012 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

ART. 4º—Este equipo recibirá de manera coordinada como insumos, los productos derivados de las contralorías delegadas intersectoriales, de sus respectivas direcciones de vigilancia fiscal, o de estudios sectoriales, del nivel central o desconcentrado, que atiendan al desarrollo de los objetivos de este equipo, en tratándose de la política pública de atención a desplazamiento, víctimas, tierras, vivienda urbana o rural, estabilización socioeconómica para este sector poblacional, proyectos productivos, empleabilidad, y lo demás que sea pertinente.

ART. 5º—(Modificado).* Todos los funcionarios de planta, estarán dedicados de tiempo completo y de carácter exclusivo a las actividades derivadas de la conformación del equipo de trabajo de seguimiento a las políticas públicas aplicadas a la lucha contra la pobreza, excepto cuando el funcionario solicite asumir otras responsabilidades de su respectiva delegada.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6898 de 2012 artículo 5° de la Contraloría General de la República)

ART. 6º—(Modificado).* Los gastos por concepto de viáticos y desplazamiento a otras ciudades, estarán a cargo de lo presupuestado en el despacho de la Contralora General de la República, en el despacho de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción o de la apropiación presupuestal que para el caso estipule el gerente administrativo y financiero de la entidad.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6898 de 2012 artículo 6° de la Contraloría General de la República)

ART. 7º—(Modificado).* Desígnese al contralor delegado intersectorial Luis Alberto Higuera Malaver de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción como responsable del liderazgo y la coordinación del equipo creado en la presente resolución.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6898 de 2012 artículo 7° de la Contraloría General de la República)

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de febrero de 2012.