Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6680 DE 2012 

(Agosto 2)

“Por la cual se adoptan herramientas y actuaciones especiales de control fiscal con miras a maximizar su eficiencia, oportunidad y efectividad, así como la evaluación de la información estratégica resultante del ejercicio de la vigilancia fiscal”.

(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución Orgánica 7130 de 2013 artículo 3° de la Contraloría General de la República)

(Nota: Aclarada por la Resolución Orgánica 6750 de 2012 artículo 1° de la Contraloría General de la República)

La Contralora General de la República,

en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 267 de la Constitución Política consagra que “el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley”.

Que el artículo 5º de la Ley 42 de 1993 precisa el sentido y alcance del control posterior y selectivo al anotar que “se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos. Por control selectivo se entiende la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal. Para el ejercicio del control posterior y selectivo las contralorías podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes”.

Que conforme al artículo 119 de la Constitución Política “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”.

Que el artículo 8º de la Ley 42 de 1993 preceptúa como principio orientador que “la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos”.

Que los numerales 1º y 12 del artículo 268 de la Carta Política asignan al Contralor General de la República una competencia de regulación exclusiva para “prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse”; así como, para “dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial”.

Que el numeral 4º, artículo 268, del Canon Constitucional concede al Contralor General de la República la atribución de “exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación”.

Que el artículo 6º del Decreto-Ley 267 de 2000 señala que a la Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, le corresponde definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

Que el artículo 35 numeral 1º del Decreto-Ley 267 de 2000 establece como función del Contralor General de la República, “fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley”; así mismo, el numeral 4º le atribuye la función de “dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que el artículo 51 del Decreto-Ley 267 de 2000, establece lo atinente a las funciones de las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, entre las que se destacan las consignadas en los numerales 1º, 4º, 5º, 6º y 21, a saber: “1. Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector”; “4. Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del plan de desarrollo económico, social y ambiental”. “5. Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas”. “6. Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al ejercicio de la vigilancia fiscal”. “21. Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998”.

Que el numeral 8º del artículo 55 del Decreto-Ley 267 de 2000 le asigna a la contraloría delegada para la participación ciudadana la función de “promover un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres”.

Que el artículo 62 del Decreto-Ley 267 de 2000, numerales 3º y 5º, atribuye a la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas, la función de “dirigir y coordinar la realización de los distintos estudios en materia macroeconómica y de política fiscal; y la de dirigir y coordinar la consolidación de los resultados de la evaluación de gestión realizados en la Contraloría General de la República”.

Que en cuanto a las gerencias departamentales de la Contraloría General de la República el artículo 74 del Decreto-Ley 267 de 2000 preceptúa que estas tienen las siguientes funciones: “2. Representar a los contralores delegados y al Contralor General en su respectivo departamento en los asuntos de enfoque, orientación y resultados de la vigilancia fiscal”; “4. Atender directamente los asuntos confiados a la contraloría delegada para la participación ciudadana en su respectivo departamento y responder por ello ante el respectivo contralor delegado”. “6. Participar en la definición de las políticas, planes y programas de vigilancia fiscal que deban emprenderse por parte de las contralorías delegadas en el departamento en el cual operan y velar por su cumplida ejecución en los términos en que se aprueben”.

Que el artículo 78 del Decreto-Ley 267 de 2000 señala como funciones adicionales de las dependencias de la Contraloría General de la República, además de las específicas, todas aquellas que determine el Contralor General de la República de acuerdo con las funciones que cumplan.

Que el artículo 114 de la Ley 1474 de 2011 consagra que los organismos de control fiscal para el desarrollo de sus funciones tendrán nuevas facultades de investigación, tendientes a adelantar todas las diligencias necesarias para determinar hechos que afecten el patrimonio público, requiriendo toda clase de información a quienes hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o conocido los hechos objeto de investigación.

Que el artículo 115 de la Ley 1474 de 2011 amplía las facultades especiales de policía judicial que establece el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 para el recaudo de pruebas, al grupo especial de reacción inmediata que se organice para ese efecto, el cual deberá obrar con “la debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las pruebas que recauden”.

Que el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011 faculta a los órganos de vigilancia y control fiscal para comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos sobre asuntos relacionados con su profesión o especialización.

Que en el plan estratégico 2010-2014, denominado “Por un control fiscal oportuno y efectivo”, la Contralora General de la República propuso como objetivo corporativo “establecer un nuevo modelo integral de control fiscal”, de tal forma que incorpore una mayor coordinación intersectorial, el examen de las políticas públicas y los proyectos de inversión y no solo las auditorías a los sujetos de control, especialmente los contemplados en el plan nacional de desarrollo; igualmente, planteó como objetivo corporativo “fomentar la participación ciudadana en el control fiscal” mediante la implementación de un sistema integral de servicio al ciudadano e impulsar la efectiva vinculación de la ciudadanía y sus organizaciones al ejercicio del control fiscal participativo a las políticas, planes y proyectos de inversión pública.

Que la organización y funcionamiento del sistema general de regalías, regulado mediante la Ley 1530 de 2012, presenta nuevos desafíos para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal de los recursos provenientes de los fondos que integran el mismo, que ameritan la definición de enfoques y prioridades de acción institucional, con base en criterios de gerencia y planeación estratégica.

Que el parágrafo 1º del artículo 152 de la Ley 1530 de 2012 facultó al Presidente de la República para crear los empleos que sean necesarios para fortalecer la labor de vigilancia y control fiscales a los recursos del sistema general de regalías, en virtud del cual expidió el Decreto 1539 de 2012, estableciendo una planta temporal de empleos hasta el 31 de diciembre de 2014, con la creación de 338 cargos en los distintos niveles de la planta de personal de la Contraloría General de la República.

Que los distintos estamentos sociales de la nación coinciden en afirmar que el sistema de seguridad social en salud se encuentra en una aguda crisis, lo cual exige la implementación de herramientas e instrumentos de seguimiento y evaluación de la información resultante de la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos de ese sector, con miras a incrementar el desempeño general de la entidad.

Que el sistema educativo colombiano presenta problemas estructurales en calidad; cobertura, acceso y permanencia; pertinencia de la educación superior; y financiamiento, cuya solución en la agenda gubernamental pasa por la reforma a la Ley 30 de 1992, que busca incrementar los recursos asignados al Ministerio de Educación Nacional y a las instituciones de educación superior, sumado a una política de subsidios y de financiación por parte del Icetex; estas medidas, desde una óptica fiscalizadora, requieren la implementación de instrumentos que contribuyan al análisis crítico de la política pública en esta materia, incluyendo el seguimiento y evaluación de los resultados de la misma.

Que como parte de la planificación y desarrollo de proyectos estratégicos para el país, el gobierno comprometió 12 billones de pesos en vigencias futuras a 2034, que serán invertidos en todas las regiones para avanzar en la adecuación de la infraestructura de transporte de cara a la competitividad que exigen los tratados de libre comercio, además de los grandes proyectos que se financian con recursos ordinarios administrados por las entidades nacionales del sector transporte, haciendo de este uno de los sectores que mayores recursos estatales se está gestionando.

Que la Ley 1508 de 2012 estableció el régimen jurídico de las asociaciones público privadas, como instrumento de vinculación de capital privado para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, lo cual conlleva profundas transformaciones en los esquemas de gestión pública para la estructuración y desarrollo de proyectos de infraestructura.

Que el Gobierno Nacional anunció recientemente un plan para entregar cien mil viviendas gratis a la población más pobre del país, en cumplimiento de las metas propuestas en el plan nacional de desarrollo, lo que reclama un énfasis en la vigilancia fiscal de ese subsector; esto, sumado a la gran cantidad de recursos transferidos desde el Fondo Nacional para la gestión del riesgo de desastres, para la reparación y mejoramiento de las viviendas que fueron afectadas por el fenómeno climático de la niña 2010-2011, y los destinados para la reubicación de poblaciones urbanas a cargo del fondo de adaptación.

Que la estrategia de especial seguimiento a los recursos destinados para atender la emergencia invernal 2010-2011, en sus fases de atención, rehabilitación y reconstrucción, adoptada mediante Resolución Orgánica 6275 de 2011, ha sido exitosa en términos de oportunidad y eficacia de la vigilancia y control fiscal, por lo que algunos de los instrumentos de gestión y seguimiento allí contemplados merecen ser replicados en otros asuntos de interés institucional.

Que la labor de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en esta materia, requiere ser articulada y coordinada con las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, a fin de focalizar las acciones de la entidad hacia el fortalecimiento del control social a la gestión pública, en particular, respecto de los hechos objeto de denuncias ciudadanas que involucren grandes cantidades de dinero o causen impacto nacional.

Que en ese contexto, la Contraloría General de la República requiere una adaptación institucional, con miras a lograr oportunidad y pertinencia en los productos y servicios de control fiscal, los cuales deben estar enmarcados dentro del cumplimiento de los fines del Estado social de derecho y orientados a garantizar los derechos ciudadanos, lo que se persigue como fin último de la gestión fiscal; por lo que para el efectivo cumplimiento de las atribuciones antes esbozadas y el logro de los objetivos de la actual administración de la entidad, es necesario establecer otros sistemas de control fiscal, con base en las facultades constitucionales y legales, formalizar el procedimiento administrativo a seguir y asignar funciones en el nivel central como en el desconcentrado de la estructura orgánica de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

Acciones especiales de control fiscal

CAPÍTULO I

De los informes sobre la gestión fiscal

ART. 1º—Informes sobre la gestión fiscal. Los informes sobre la gestión fiscal se orientan a conocer en forma puntual y oportuna si la administración o manejo de fondos o bienes públicos, en un periodo determinado, se desarrolló conforme a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, mediante el requerimiento de información que dé cuenta de la misma.

ART. 2º—Dependencias competentes para requerir la información. El despacho del Contralor General de la República, el despacho del Vicecontralor General de la República, las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas generales de la Contraloría General de la República podrán exigir informes a los servidores públicos de cualquier orden sobre su gestión fiscal y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, o para el cumplimiento de planes, programas, proyectos o estudios institucionales.

ART. 3º—Asunto objeto de averiguación fiscal. Las solicitudes de información que efectúen las dependencias competentes de la Contraloría General de la República podrán versar sobre el conjunto de actividades económicas, jurídicas, tecnológicas y administrativas que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado para la administración y manejo de recursos o fondos públicos, cualquiera que sea su vinculación con el Estado o el título jurídico que ostenten.

ART. 4º—Deber de dar respuesta y término. El servidor público o particular responsable de la administración o manejo de los recursos públicos objeto de averiguación fiscal, deberá dar respuesta a la solicitud de información en el término de cinco (5) días hábiles, prorrogable hasta por otro tanto cuando razonadamente existan circunstancias que impidan la entrega de la información dentro del plazo inicial. Empero, si existen las condiciones y la necesidad de la información lo hace imperativo, la Contraloría General de la República podrá demandar la respuesta dentro de un tiempo menor.

ART. 5º—Visita fiscal. Cuando la información sobre la gestión fiscal sea requerida con inmediatez, el directivo de la dependencia interesada en la misma, podrá ordenar la práctica de una visita fiscal a la entidad pública o privada, servidor público o particular, responsable o generadora de la información, para que la entregue en el curso de la diligencia. El empleado que realice la visita podrá conceder un término perentorio para la entrega de la información, siempre que existan circunstancias que imposibiliten su entrega en el acto.

Para la formalidad de esta diligencia, bastará que el empleado o contratista designado exhiba el oficio dirigido a la entidad o persona responsable de la información, en el que se le autorice para llevar a cabo la visita. No obstante, cuando la premura de los hechos o la necesidad de asegurar los elementos materiales de prueba lo aconsejen, la visita podrá realizarse por orden verbal; en este caso, quien atienda la diligencia podrá verificar la veracidad de la orden impartida y la identidad del empleado o contratista designado, mediante comunicación telefónica o por cualquier otro medio idóneo.

De lo discurrido en la visita se levantará el registro correspondiente, debiendo dejar copia a quien atendió la diligencia.

ART. 6º—Uso de tecnologías de información y comunicaciones. El requerimiento de información y su contestación podrá hacerse a través de cualquier sistema de envío, trasmisión, acceso y almacenamiento de mensajes de datos, siempre que garanticen la autenticidad e integridad del intercambio o acceso a la información y, de ser necesario, la posibilidad de formar y gestionar expedientes digitales. En tal caso, se presumirá auténtica la información originada desde el correo electrónico o dirección electrónica institucional del remitente.

ART. 7º—Inoponibilidad de reserva. La autoridad a quien se dirige el requerimiento de información no podrá negar el acceso a la misma, oponiendo reserva o confidencialidad de la misma, salvo que se trate de expresa reserva legal, fundada en razones de orden público, seguridad nacional o protección de derechos fundamentales que lo hagan indispensable. En todo caso, la restricción habrá de ser temporal, por el periodo que taxativamente fije la ley o la jurisprudencia, y ceñirse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se exigen frente a la excepción de la publicidad de la función pública.

PAR.—Los empleados de la Contraloría General de la República tomarán las medidas pertinentes para salvaguardar la información privada considerada como reserva corporativa, valga decir el “know how”, esto es, aquella serie de conocimientos o experiencias que tienen valor económico, que no han sido objeto de patentes, también denominados secretos industriales; o los relacionados con la ingeniería financiera, entre otros.

ART. 8º—Citación para rendir información. Las dependencias de la Contraloría General de la República competentes para solicitar información sobre la administración de recursos públicos, podrán citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación, para que den cuenta de su intervención en los actos de gestión fiscal que guarden relación con estos. La citación anunciará el asunto en cuestión y el tipo de información que se solicita.

De la audiencia que se desarrolle al respecto podrá levantarse registro en medio digital o audiovisual.

ART. 9º—Exhibición de documentos. En desarrollo de una visita fiscal los empleados o contratistas de la Contraloría General de la República podrán exigir a los contratistas, interventores, proveedores y en general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación, la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; así como los demás libros de comercio, registros financieros, bursátiles, contables y, en general, los documentos pertinentes para establecer la conformidad legal de los actos de comercio en sus relaciones con las entidades estatales.

PAR.—Para el ejercicio de sus funciones, los empleados de la Contraloría General de la República también están facultados para ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren recursos públicos. En general, para efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.

ART. 10.—Garantía del derecho de defensa del presunto implicado. No se podrá rendir informe o emitir conceptos definitivos sobre los actos de gestión fiscal materia de averiguación, sin antes haber oído o solicitado explicaciones a la persona responsable de la administración o manejo de los recursos públicos, cuando presuntamente resulte comprometida su responsabilidad.

CAPÍTULO II

Del especial seguimiento

ART. 11.—Especial seguimiento. El especial seguimiento consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados; implica la recolección y análisis permanente de información útil para tomar decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el Estado de avance de los mismos.

El seguimiento estará asociado al monitoreo en tiempo real de los aspectos operativos del programa o proyecto, y utilizará la metodología de medición que resulte más adecuada al caso. El monitoreo generará datos de forma periódica que puedan ser usados para el seguimiento o la evaluación.

PAR.—El especial seguimiento, como herramienta de control fiscal, estará sujeto a los postulados consagrados en los artículos 119 y 267 de la Constitución Política.

ART. 12.—Dependencias competentes para efectuar especial seguimiento. El despacho del Contralor General de la República, el despacho del Vicecontralor General de la República, las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales o los funcionarios comisionados podrán realizar el especial seguimiento de que trata el artículo anterior, cuando su ejecución haya sido prevista dentro del plan estratégico o el plan de acción institucional, o se fije como línea de acción por la alta dirección, luego de la evaluación estratégica de la información resultante de la vigilancia y control fiscal, aunque el asunto tenga un alcance intersectorial.

ART. 13.—Métodos de seguimiento. Para desarrollar el especial seguimiento se podrá acudir a cualquiera de los siguientes métodos, de manera individual, combinada o total, dependiendo de la disponibilidad de fuentes de información:

1. Seguimiento físico-financiero: Es el que se realiza al programa o proyecto desde la perspectiva de su ejecución física y financiera. El objetivo de este seguimiento es el de detectar los posibles problemas que se presentan durante su ejecución y ponerlos en conocimiento de la autoridad responsable para que los corrija.

2. Seguimiento a las metas de los indicadores: Es aquel que se adelanta gracias a los resultados que provienen de la medición de los indicadores, comparándolos con las metas propuestas.

3. Seguimiento presupuestal y contable: Es el que se efectúa a las apropiaciones presupuestales para identificar si la ejecución del recurso monetario está acorde con lo programado o si se presentan modificaciones tales como adiciones, recortes, contracréditos, créditos, u otros posibles motivos que generen retrasos. Además, se revisan los flujos de caja (las entradas y salidas) para conocer el detalle de los movimientos del recurso monetario.

4. Seguimiento a contratos: Es el que se realiza con el fin de verificar que el proceso de contratación se ajusta al régimen jurídico aplicable, desde la fase de planeación hasta la liquidación del contrato, de suerte que se contrate lo requerido para satisfacer la necesidad estatal, se ejecute conforme a las especificaciones técnicas y se pague de acuerdo con los precios del mercado.

Este especial seguimiento se sujetará a lo que disponga la ley en materia de control fiscal a la contratación pública y las orientaciones de la jurisprudencia.

5. Seguimiento cualitativo o categórico: Es el seguimiento que se realiza a través de encuestas y entrevistas, en tanto aborda temas en principio de difícil cuantificación como es el grado bienestar, la credibilidad, satisfacción, y temas relacionados con sentimientos y percepciones que la población encuestada comenta.

6. Seguimiento a resultados: Se constituye en una función continua, a través de la cual se hace una constante recolección de información sobre indicadores específicos para la valoración del progreso y logro de los objetivos en el uso de los recursos asignados, y su correlación con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la garantía de los derechos ciudadanos.

ART. 14.—Finalidad del seguimiento. El especial seguimiento estará enfocado a advertir sobre operaciones o procesos en ejecución que conlleven graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados; reducir las asimetrías de información entre los niveles gubernamentales (niveles centrales y sectoriales); y entre la administración y la ciudadanía; minimizar los problemas de riesgo moral y selección adversa que se pueden presentar entre la ciudadanía y la entidad ejecutora; generar información calificada para evitar sobrevalorar o subvalorar las metas por parte de las cabezas sectoriales; prevenir que se tomen decisiones subjetivas, y demás aspectos relevantes para mejorar el desempeño de la institución objeto de seguimiento y optimizar su capacidad instalada para el logro de los fines esenciales del Estado, particularizados en su objeto misional.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que detectado un daño al patrimonio público se abra la correspondiente indagación preliminar o proceso de responsabilidad según sea el caso para lo cual se surtirán las actuaciones pertinentes.

ART. 15.—Evaluación de la gestión. El especial seguimiento necesariamente habrá de conducir a la evaluación de la gestión pública, mediante la valoración exhaustiva y sistemática de la intervención del Estado (políticas, programas, proyectos, etc.) y sus efectos (positivos o negativos, esperados o no) para determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto o sostenibilidad. La evaluación mide los resultados obtenidos por las instituciones públicas y compara los resultados obtenidos versus los deseados, para identificar el efecto final de la intervención estatal.

ART. 16.—Métodos de evaluación. La evaluación de la gestión pública podrá realizarse con uno o varios de los siguientes métodos de evaluación ex ante y ex pos:

1. Métodos de evaluación ex - ante: Evaluación costo-beneficio o eficacia en función a los costos (resta los costos de los beneficios y descuenta el resultado a cierta tasa de oportunidad preestablecida de la inversión) en la fase de planeación y presupuestación; evaluación ex - ante de impacto (permite establecer cuál es el programa más efectivo para alcanzar un único objetivo); evaluación ex - ante de impacto ambiental (identifica y prevé los impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas, y permite optimizar aquellos de carácter positivo); evaluación de impacto de género (compara y aprecia, en función de criterios pertinentes con respecto al género, la situación y la tendencia actual con la evolución que cabría esperar como resultado de la introducción de la política propuesta); evaluación sobre la marcha (consiste en analizar la información que provee el seguimiento de la ejecución de la política, programa o proyecto).

2. Métodos de evaluación ex - pos: Evaluación rápida (esta evaluación es especializada en lo categórico y en la percepción que tiene la comunidad —los beneficiarios o afectados—, sobre la implantación de un programa en el marco de una política. Se realiza empleando varias fuentes como entrevistas a la comunidad, encuestas, visitas, etc.); estudio de caso (es un análisis profundo de programas que se desarrollan en el marco de una política, investigando las causas del éxito y del fracaso); evaluación de impacto (estudia los cambios ocurridos y su contribución. Compara lo planeado con los resultados —en el momento que se presenten— e impactos, entendiendo por impacto la contribución de largo plazo generada en la comunidad por el desarrollo de la política, programa o proyecto).

PAR.—En todo caso, la evaluación ex - ante, solo podrá hacerse cuando la administración haya formulado el respectivo plan, política, programa o proyecto.

ART. 17.—Facultades emanadas del especial seguimiento. En desarrollo del especial seguimiento, las dependencias competentes de la Contraloría General de la República podrán exigir información en la forma y términos previstos en el capítulo anterior; practicar visitas fiscales —incluidas visitas de campo—; consultar fuentes de información; tomar muestras representativas; realizar audiencias, encuestas, entrevistas, o cualquier otro procedimiento técnico que sea necesario para determinar el grado de avance y logros de la política, programa o proyecto.

La legalidad de este proceder estará supeditada a que el empleado o contratista tenga aprobado el plan de trabajo por parte del directivo responsable, reciba comisión de servicios o se haya autorizado el acto de que se trate por la autoridad respectiva. No obstante, cuando la premura de los hechos o la necesidad de asegurar los elementos materiales de prueba lo aconsejen, la labor de especial seguimiento podrá realizarse por orden verbal; en este caso, quien atienda la diligencia podrá verificar la veracidad de la orden impartida y la identidad del empleado o contratista designado, mediante comunicación telefónica o por cualquier otro medio idóneo. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, se dejará el registro correspondiente.

ART. 18.—Informes de especial seguimiento. La dependencia de la Contraloría General de la República que efectúe especial seguimiento, deberá rendir los informes requeridos por el Contralor General de la República, el Vicecontralor General de la República o el Contralor del área correspondiente, con la periodicidad y en la forma que se indique, procurando obrar con la inmediatez y celeridad que exija el objeto de especial seguimiento. Estos informes habrán de publicitarse en la página web de la entidad.

CAPÍTULO III

De los observatorios

ART. 19.—Observatorios de sistemas de información e indicadores. Los observatorios de sistemas de información, aplicativos informáticos, bases de datos e indicadores constituyen una herramienta de control fiscal que consiste en la consulta frecuente o permanente de fuentes de información, sean estas personas, instituciones, grupos, asociaciones gremiales, medios de comunicación, depositarios de información y/o documentos que contienen información a partir de la cual es posible extraer datos útiles para generar información evaluativa sobre el desempeño fiscal de las entidades públicas, sin importar la forma en que se halle. Son los canales sectoriales o territoriales por los cuales fluye la información relativa a las finanzas públicas.

ART. 20.—Metodología aplicable para la consulta. El despacho del Contralor General de la República, el despacho del Vicecontralor General de la República, las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas generales de la Contraloría General de la República podrán consultar sistemas de información, aplicativos informáticos, bases de datos e indicadores, mediante el muestreo representativo del universo consultado, que bien puede ser aleatorio o no aleatorio, probabilístico o no. La técnica utilizada será documentada y soportada con el reporte que genere la fuente de información consultada. Con fundamento en esto se emitirá un informe de muestreo, cuyas conclusiones serán categorizadas de acuerdo con el riesgo o amenaza que represente para el patrimonio público y la regularidad de la gestión fiscal.

En caso de generarse una alarma de gestión fiscal sospechosa, se procederá a requerir la información pertinente o a practicar visita fiscal, conforme a lo señalado en el capítulo I; producto de lo cual se presentará el informe definitivo al responsable del área para que se decida la acción a seguir.

ART. 21.—Garantía de acceso a la información. Los servidores públicos o particulares responsables de la administración de sistemas de información, aplicativos informáticos, bases de datos e indicadores garantizarán el acceso permanente, procesamiento y archivo de la información por parte de la Contraloría General de la República, respecto de los recursos nacionales. La renuencia a la habilitación como usuario o la desactualización de la información registrada, será apreciada como indicio de presunta gestión fiscal irregular, sin perjuicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio conforme a lo establecido en la materia por la Ley 42 de 1993 o las que la deroguen, modifiquen o adicionen.

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, las contralorías delegadas efectuarán un inventario de las fuentes de información disponibles por parte de cada entidad que corresponda al ámbito de sus funciones, solicitarán formalmente la habilitación de usuario o intercomunicación con el servidor fuente y dispondrán lo necesario para el procesamiento y archivo de la información consultada.

CAPÍTULO IV

Información de otras autoridades de control o de inspección y vigilancia

ART. 22.—Consulta de información de otras autoridades. La consulta de información de otras autoridades de control o de inspección y vigilancia es una herramienta de control fiscal que consiste en acudir a las oficinas de control interno, a las revisorías fiscales, a las auditorías privadas, a las superintendencias, a la Contaduría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Auditoría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Congreso de la República, el programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, o a las entidades que hagan sus veces, incluso medios de comunicación social, con el propósito de obtener información relevante para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, cualquiera que sea su fuente.

ART. 23.—Recolección de evidencia. Identificado el hecho relevante para la vigilancia y control fiscal, el empleado de la Contraloría General de la República designado para esa labor, recogerá la evidencia necesaria para establecer las circunstancias en las que se realizó la presunta gestión irregular o sospechosa, levantará el registro correspondiente, asegurará el material probatorio correspondiente y presentará el informe de la consulta efectuada al responsable de la dependencia competente, quien decidirá la acción a seguir.

ART. 24.—Alianzas estratégicas. El despacho del Contralor General de la República, el despacho del Vicecontralor General de la República, las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas promoverán, mediante convenios o acuerdos, las alianzas estratégicas que se estimen necesarias para compartir información relacionada con la administración o manejo de los fondos o bienes de la nación.

CAPÍTULO V

De la actuación especial de fiscalización

ART. 25.—(Derogado).* Actuación especial de fiscalización. La actuación especial de fiscalización es una acción de control fiscal breve y sumaria, en el que un equipo de trabajo interdisciplinario aborda la investigación de un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría General de la República, por cualquier medio de información o denuncia ciudadana, que adquiere connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público.

(Nota: Modificada por la Resolución Orgánica 7130 de 2013 artículo 1° de la Contraloría General de la República)

*(Nota: Derogado por la Resolución Reglamentaria Orgánica 24 de 2019 artículo 11 de la Contraloría General de la República)

ART. 26.—(Derogado).* Dependencias competentes para adelantar las actuaciones especiales de fiscalización. El despacho del Contralor General de la República, el despacho del Vicecontralor General de la República, las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contraloría delegadas o los funcionarios delegados para el efecto, podrán adelantar una actuación especial de fiscalización, cuando sea más conveniente para lograr la eficiencia, oportunidad y eficacia del control fiscal de cara a una situación concreta.

*(Nota: Derogado por la Resolución Reglamentaria Orgánica 24 de 2019 artículo 11 de laContraloría General de la República)

ART. 27.—(Derogado).* Procedimiento interno aplicable. Decidida la procedencia de tramitar una actuación especial de fiscalización, el directivo responsable expedirá un memorando de asignación dirigido a los integrantes del equipo de trabajo, que tendrá adjunto el insumo informativo. El equipo de trabajo presentará el plan de trabajo a que haya lugar, con un enfoque basado en riesgos y controles, indicando los aspectos de la gestión pública a examinar, los recursos necesarios para su evacuación y un cronograma de ejecución; siempre habrá de incluirse la ocasión para que el gestor fiscal se pronuncie frente a los hechos investigados. Luego habrá de rendirse el informe correspondiente, el cual como mínimo tendrá los siguientes componentes: i) asunto en cuestión; ii) hechos relevantes encontrados; iii) concepto sobre el análisis efectuado; iv) conclusiones y resultados.

En lo no previsto se aplicará la guía de auditoría de la Contraloría General de la República, en la medida que sea compatible con la materia y finalidad de la actuación especial de fiscalización.

(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6750 de 2012 artículo 3° de la Contraloría General de la República)

(Nota: Modificada por la Resolución Orgánica 7130 de 2013 artículo 2° de la Contraloría General de la República)

*(Nota: Derogado por la Resolución Reglamentaria Orgánica 24 de 2019 artículo 11 de la Contraloría General de la República)

CAPÍTULO VI

Del seguimiento a los planes de desarrollo

ART. 28.—Seguimiento especial a los planes de desarrollo. El seguimiento especial a los planes de desarrollo es una herramienta de control fiscal que tiene como propósito evaluar el cumplimiento de los propósitos y objetivos de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno; así como el seguimiento y evaluación al plan de inversiones públicas para determinar la consistencia de los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación. Para ello se tendrá en cuenta el marco legal consignado en la Ley 152 de 1994, y las normas que la modifiquen o complementen.

La evaluación resultante del seguimiento especial a los planes de desarrollo incluirá un concepto sobre las metodologías implementadas por el Departamento Nacional de Planeación, para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el plan nacional de desarrollo, si son aplicables.

ART. 29.—Competencia, procedimiento e informes. La competencia, el procedimiento para realizar el seguimiento especial a los planes de desarrollo y la rendición de informes sobre el mismo, se regirá por lo dispuesto en los capítulos I y II de este título.

En todo caso, el seguimiento especial a los planes de desarrollo se hará en forma multisectorial dado que los planes de desarrollo contemplan gestión de múltiples actores institucionales que concurren para alcanzar las metas que define o establece.

CAPÍTULO VII

Del análisis sistémico a la administración pública

ART. 30.—Análisis sistémico a la administración pública. El análisis permanente sobre la organización y funcionamiento de la administración pública del orden nacional se constituye en una herramienta de control fiscal orientado a la evaluación de las políticas de desarrollo administrativo, la supresión y simplificación de trámites, el cumplimiento de convenios de desempeño, la democratización y control social de la administración pública, el desarrollo del sistema general de información administrativa, la orientación y coordinación sectorial, la eficacia del control administrativo, la racionalidad del aparato estatal y, en general, a la verificación de la observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y de los principios de la función administrativa, en conformidad con la Ley 489 de 1998 y las disposiciones que la modifiquen o complementen.

ART. 31.—Competencia y metodología de análisis. El análisis sistémico de la administración pública estará regulado con la competencia y el procedimiento previsto para los capítulos I y II de este título, en cuanto sean compatibles con la finalidad de esta herramienta de control fiscal.

TÍTULO II

Gestión de la información estratégica

ART. 32.—(Modificado).* Plan de gestión de información estratégica. Créase al interior de la Contraloría General de la República el plan de gestión de la información estratégica resultante de la vigilancia y control fiscal realizada por las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal y las contralorías delegadas generales para la participación ciudadana y para economía y finanzas públicas.

El Contralor General de la República y/o el Vicecontralor General de la República definirán qué asuntos merecen ser tratados como de relevancia estratégica para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y así lo harán saber a la dependencia responsable.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6750 de 2012 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

ART. 33.—Reporte y contenido de la información. Las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal y las contralorías delegadas generales para la participación ciudadana y para economía y finanzas públicas suministrarán semanalmente al despacho del vicecontralor General de la República la información correspondiente al asunto identificado como estratégico, la cual contendrá al menos los siguientes aspectos: monto de los recursos involucrados; distribución territorial, si es el caso; herramienta, acción o mecanismo de control fiscal y modalidad aplicadas; objeto de la contratación o proyecto de inversión; porcentaje de ejecución; y un análisis crítico del flujo de recursos, las operaciones, y el desarrollo institucional del respectivo asunto, sector o subsector; y demás asuntos que ese despacho estime pertinente.

La contraloría delegada para economía y finanzas públicas, en coordinación con las direcciones de estudios sectoriales, entregará la información relacionada con la medición de impactos del asunto sobre la población beneficiaria, las instituciones públicas, sus principales resultados y las implicaciones de política pública que se deriven de esto.

Adicionalmente, estas dependencias aportarán información sobre los beneficiarios de los bienes o servicios; indicadores de resultado o impacto que reflejen el mejoramiento de la calidad de vida de los destinatarios de la gestión y de la ejecución de los recursos públicos de que se trate o de mejoramiento de las condiciones de competitividad.

La contraloría delegada para la participación ciudadana informará el avance en la ejecución de los recursos transferidos para la atención de la emergencia o desastre, en sus respectivas fases; problemáticas surgidas en relación con la entrega de ayuda humanitaria; construcción de obras civiles de rehabilitación o reconstrucción; administración fiduciaria de los recursos; atención de denuncias ciudadanas; y la evaluación de la gestión pública adelantada para la atención y prevención del riesgo de desastres, en el respectivo periodo.

ART. 34.—Seguimiento y evaluación estratégica de la información. El Contralor General de la República y el Vicecontralor General de la República, en asocio con los contralores auxiliares y contralores delegados que tenga a cargo el asunto de interés estratégico, realizarán un análisis exhaustivo y sistemático de la vigilancia y control fiscal desarrolladas sobre la operación del sistema institucional, ente público, política, programas o proyecto, con el fin de determinar el estado, resultados e impacto de la gestión pública objeto de examen, y a partir de ahí, focalizar las acciones de vigilancia y control fiscal, en conformidad con el plan de acción y el plan estratégico de la Contraloría General de la República, en razón de factores como el monto de los recursos públicos involucrados, el tamaño y características de la población afectada (cobertura), importancia nacional o sectorial y lecciones derivadas de la evaluación, entre otros criterios.

PAR.—El director de la oficina de planeación ejercerá la secretaría técnica de esta instancia de decisión y direccionamiento, que tendrá dentro de sus funciones agendar y programar los asuntos materia de evaluación.

ART. 35.—Dirección y coordinación del plan de gestión de la información. La dirección del plan de gestión de información estratégica estará a cargo del Contralor General de la República y la coordinación del mismo será responsabilidad del Vicecontralor General de la República.

ART. 36.—Adopción e implementación de líneas de acción. Efectuada la evaluación estratégica por la alta dirección, corresponde al contralor auxiliar o contralor delegado respectivo adoptar e implementar la acción de vigilancia y control fiscal señalada, en la forma y plazo establecidos.

La secretaría técnica llevará el registro documental a que haya lugar, para su posterior seguimiento y control.

ART. 37.—Indicadores de gestión institucional. La oficina de planeación elaborará los indicadores necesarios para medir el desempeño de las dependencias, en acatamiento a las líneas de acción que se tracen como consecuencia de la evaluación estratégica de la información.

TÍTULO III

Medios de acción institucional

ART. 38.—Aplicación de los sistemas, herramientas, actuaciones y metodologías de control fiscal. La Contraloría General de la República podrá aplicar los sistemas de control fiscal establecidos en la Ley 42 de 1993 y herramientas, actuaciones y que se regulan en el Título I de la presente resolución, en forma individual, simultánea o combinada, en aras de evaluar todos los aspectos de la gestión pública.

En la evaluación de la información estratégica se decidirá la pertinencia técnica de aplicar los sistemas, herramientas, metodologías o actuaciones de control fiscal, su intensidad, recursos necesarios y productos esperados, al igual que otras modalidades de intervención de la Contraloría General de la República de cara al caso concreto.

ART. 39.—Aseguramiento de la prueba y ejercicio de la acción fiscal. Cualquier empleado de la Contraloría General de la República podrá, en desarrollo de cualquier sistema o aplicación de cualquier herramienta, actuación o metodología de control fiscal, solicitar la intervención del grupo especial de reacción inmediata, con el fin de asegurar la recolección de elementos materiales de prueba, cuando existan motivos para temer por su integridad y conservación. Así mismo, quienes obren en ejercicio de facultades de policía judicial, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 610 de 2000, tendrán competencia a prevención para iniciar de oficio indagación preliminar, por hechos que hayan llegado a su conocimiento y que fundadamente puedan haber producido un daño al patrimonio público; en este caso, concluidas las diligencias iniciales, darán traslado al competente natural para que continúe con la actuación.

La alta dirección de la entidad, con ocasión de la evaluación de la información estratégica, podrá ordenar la intervención del grupo especial de reacción inmediata, o el inicio de indagación preliminar y/o proceso de responsabilidad fiscal, cuando tenga elementos de juicio que acrediten los supuestos normativos exigidos para cada trámite.

ART. 40.—Informes técnicos. Las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas generales de la contraloría general de la república podrán, en desarrollo de cualquier sistema o aplicación de cualquier herramienta, actuación o metodología de control fiscal o en ejercicio de la acción fiscal, comisionar a cualquier empleado o contratista al servicio de su dependencia para que rinda informe técnico sobre algún asunto relacionado con su profesión o especialización, el cual tendrá mérito probatorio en la actuación administrativa de que se trate.

ART. 41.—Advertencia preventiva. Las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas generales de la Contraloría General de la República podrán formular advertencia preventiva sobre operaciones o procesos en ejecución cuando encuentren que existe un grave riesgo que comprometa el patrimonio público o exista evidencia de una presunta gestión fiscal irregular, a fin de que el titular de la gestión fiscal adopte las medidas que considere procedentes para evitar que el daño se materialice o se extienda, y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.

Si el gestor fiscal decide desatender la advertencia, deberá informar a la Contraloría General de la República las razones que sopesó para abstenerse de actuar u optar por otra acción.

En caso que la advertencia preventiva sea proferida por una dependencia que no tenga asignada la entidad advertida como sujeto de vigilancia y control, deberá enviar copia a la respectiva contraloría delegada para la vigilancia fiscal, para el seguimiento posterior. La existencia de advertencia preventiva será considerada como un factor a incluir en la elaboración de la matriz de riesgos del ente o asunto a auditar.

ART. 42.—Convenios de desempeño. La Contraloría General de la República podrá suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de la acción fiscal o la adopción de otras medidas inherentes al ejercicio de la vigilancia fiscal.

ART. 43.—Publicidad de los resultados de la vigilancia y control fiscal. El Contralor General de la República, en acatamiento del deber de rendir cuentas a la ciudadanía y de los principios de publicidad y transparencia, y en especial del principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, podrá hacer pronunciamientos públicos sobre los resultados obtenidos en el ejercicio de la vigilancia fiscal del Estado, en el entendido de que estando la sociedad civil informada sobre el quehacer de las cosas públicas, se fortalece la gobernabilidad, la defensa de los derechos humanos y la democracia; así mismo, es un mecanismo que permite revelar actos de corrupción derivados de una inadecuada aplicación y ejercicio del gasto público, sembrar confianza ciudadana hacia las instituciones e incidir positivamente en la toma de decisiones de los ciudadanos con respecto a los bienes, productos y servicios públicos que utiliza en su vida cotidiana, al tiempo que impulsa una cultura proactiva en la atención de los asuntos públicos.

ART. 44.—Priorización de asuntos en la planeación del PGA. En la planeación del plan general de auditoría se incluirán de manera prioritaria los asuntos considerados de interés estratégico por parte de la alta dirección, cuya vigilancia y control fiscal se decida realizar a través del proceso auditor, luego del seguimiento y evaluación de la información estratégica a que se refiere el artículo 34 de esta resolución.

ART. 45.—Promoción del control fiscal participativo. Para la ejecución de cualquier sistema, herramienta o actuación de control fiscal incluyendo las auditorías, se deberá procurar la participación de la ciudadanía a través de organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, universidades, instituciones gremiales o empresariales, sindicatos, veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios o cualquier otra forma de control social a la gestión pública, con el fin de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión fiscal o relacionadas con la prestación de los servicios públicos, o para recibir información que contribuya a la eficiencia y eficacia del control fiscal, o para acordar estrategias de acción conjunta y constituir grupos de apoyo en temas especializados.

Las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal y las contralorías delegadas intersectoriales, en coordinación con la contraloría delegada para la participación ciudadana, promoverán las auditorías articuladas con las organizaciones de la sociedad civil y darán prioridad en la programación de actividades a los sistemas de control fiscal que involucren denuncias ciudadanas.

TÍTULO IV

Disposiciones generales

ART. 46.—Competencia de las gerencias departametales colegiadas. Las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República asumirán en el nivel desconcentrado las competencias atribuidas en esta resolución a las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales y las contralorías delegadas generales de la Contraloría General de la República, siguiendo los lineamientos impartidos por estas dependencias, de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica 6541 de 2012.

(Nota: Aclarado por la Resolución Orgánica 7363 de 2013 artículo 1° de la Contraloría General de la Nación)

ART. 47.—Conformación de grupos de trabajo y designación de personal. Las contralorías auxiliares, las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal, las contralorías delegadas intersectoriales, las contralorías delegadas generales y las gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República, conformarán los grupos de trabajo o designarán el personal necesario para implementar las herramientas, actuaciones especiales y metodologías de control fiscal regulados en este acto y generar los informes que requiera la alta dirección, manteniendo la organización existente.

(Nota: Aclarado por la Resolución Orgánica 7363 de 2013 artículo 1° de la Contraloría General de la Nación)

ART. 48.—(Modificado).* Preservación de la memoria institucional. La dirección de imprenta, archivo y correspondencia tomará las medidas para que se preserve la información generada en aplicación de los sistemas de control fiscal establecidos en esta resolución, en observancia de las normas de gestión documental, de manera que sirva de insumo o referente para nuevos ejercicios de vigilancia y control fiscal.

*(Nota: Modificado por la Resolución Orgánica 6750 de 2012 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

ART. 49.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 2 de agosto de 2012.

(Nota: Aclarada por la Resolución Orgánica 6750 de 2012 artículo 1° de la Contraloría General de la República)

(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución Orgánica 7130 de 2013 artículo 3° de la Contraloría General de la República)