Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6975 DE 2013 

(Enero 28)

“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la ordenación del gasto y del pago de los créditos judicialmente reconocidos y ordenados contra la Contraloría General de la República”.

La Contralora General de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe estar orientada por los principios de eficacia, economía y celeridad, por lo que se hace necesario que la Contraloría General de la República, defina y reorganice el procedimiento y los requisitos para dar cumplimiento al pago de los créditos judicialmente reconocidos, agilizando este trámite de manera ordenada y eficiente; como también fijando la responsabilidad de las distintas dependencias que participan en el mismo;

Que la Ley 1437 de enero 18 de 2011 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo”, señala en sus artículos 192 y 195, la forma y los términos como deben cumplirse las condenas y acuerdos conciliatorios contra la Nación, de la siguiente manera:

“ART. 192.—Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoría de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código.

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la secretaría remitirá los oficios correspondientes”.

“ART. 195.—Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el fondo de contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.

2. El fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.

3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.

4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.

La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios, radica exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad alguna para las demás entidades que participan en el proceso de pago de las sentencias o conciliaciones, ni para el fondo de contingencias. En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con ocasión de los pagos que se realicen con cargo al fondo de contingencias, deberán ser adelantadas por la entidad condenada.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

PAR. 2º—El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del fondo de contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria”.

A su vez el artículo 299 prevé:

“De la ejecución en materia de contratos y de condenas a entidades públicas. Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento;

Que de las normas transcritas, se colige que la Contraloría General de la República puede adelantar de oficio el trámite correspondiente a fin de cancelar los créditos judicialmente reconocidos, cuando el beneficiario no efectúa la solicitud correspondiente, toda vez que la obligación de pago surge de lo establecido en la sentencia y no de la solicitud del demandante, razón por la cual se debe acatar la misma y proceder en los términos de la ley al pago de la suma ahí establecida, so pena de incurrir en intereses moratorios, en los términos del artículo 195 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011;

Que teniendo como base el Decreto 111 de enero 15 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto, se deben efectuar apropiaciones para el pago de créditos judicialmente reconocidos, señalando:

“ART. 15.—Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto”.

También el referido estatuto, señala:

“ART. 38.—En el presupuesto de gastos solo se podrán incluir apropiaciones que correspondan: a) A créditos judicialmente reconocidos. (...)”.

A su vez en el inciso 1º y 2º del artículo 45 del mismo estatuto dispone que:

“Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de estos.

Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes. (...)”;

Que de conformidad con los numerales 1º y 17, del artículo 43 del Decreto-Ley 267 de febrero 22 de 2000, le corresponde a la oficina jurídica de la Contraloría General de la República:

“1. Asistir al Contralor General y a las dependencias de la Contraloría General de la República en el conocimiento y trámite de conceptos, fallos y asesorías de los asuntos jurídicos que les corresponda resolver, bien por ser de su directa competencia, o por delegación de funciones y en general en todas las actuaciones que comprometan la posición institucional jurídica de la entidad”.

“17. Atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, conciliaciones y cumplimiento de sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte la Contraloría General”;

Que según el numeral 8º del artículo 67 del Decreto-Ley 267 de febrero 22 de 2000, es función de la dirección financiera: “Coordinar, vigilar y controlar los movimientos de las apropiaciones y en general todos los gastos relacionados con la ejecución presupuestal de la Contraloría General de la República”;

Que es función de la gerencia del talento humano, según el numeral 2º del artículo 69 del Decreto-Ley 267 de febrero 22 de 2000, “Dirigir la elaboración de los actos administrativos relacionados con las novedades de personal para la firma del Contralor General, cuando corresponda y revisar el alcance de los mismos”;

Que de acuerdo con el numeral 6º del artículo 70 del Decreto-Ley 267 de febrero 22 de 2000, le corresponde a la dirección de gestión del talento humano “Proyectar las resoluciones relacionadas con las novedades del personal”;

Que de conformidad con lo establecido por el numeral 24 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, a todo servidor público le está prohibido “Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución”;

Que es obligación legal de la Contraloría General de la República, de conformidad con las disposiciones del estatuto orgánico de presupuesto y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo contenido en la Ley 1437 de enero 18 de 2011, adelantar la ejecución de los fallos y conciliaciones contrarios a la Contraloría General de la República de una manera ágil y oportuna;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en la gerencia de gestión administrativa y financiera, la expedición de la resolución que reconozca y ordene el gasto para dar cumplimiento al pago de los créditos judicialmente reconocidos, previo envío de la constancia de su ejecutoria por parte de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República, y de la liquidación elaborada por la oficina competente.

PAR.—Entiéndase por oficina competente para la elaboración de la liquidación a que se refiere este artículo, la dependencia afín con la materia de que trate los créditos judicialmente reconocidos, en este orden, en tratándose de asuntos de administración del talento humano, será la dirección de gestión del talento humano, en asuntos de cobro coactivo será la dirección de jurisdicción coactiva, en materia contractual lo será la dirección de recursos físicos y así respectivamente; en caso de duda la oficina jurídica deberá definir la dependencia o dependencias competentes.

La Gerencia de gestión administrativa y financiera como ordenador del gasto, será la encargada de la verificación de los requisitos que deben acreditar los beneficiarios de las sentencias o conciliaciones a cargo de la Contraloría General de la República, debiendo cumplir con los términos previstos en la Ley 1437 de enero 18 de 2011.

ART. 2º—Para la expedición de la resolución motivada en la cual se establezca el monto de la obligación a cargo de la Contraloría General de la República, será requisito indispensable el texto completo de la sentencia condenatoria, debidamente ejecutoriada, la liquidación elaborada por la oficina competente según los términos de la sentencia, y el certificado de disponibilidad presupuestal.

ART. 3º—La gerencia de gestión administrativa y financiera una vez obtenidos los documentos a que se refiere el artículo anterior realizará el siguiente procedimiento:

1. Ordenará a la dirección financiera efectúe la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar, a partir de la ejecutoria del respectivo fallo.

2. Solicitará a la dirección financiera la expedición del certificado de disponibilidad o al Ministerio de Hacienda la apropiación de los recursos a fin de dar cumplimiento a la respectiva decisión judicial.

3. Obtenido el valor total a pagar al beneficiario, proyecta un oficio solicitándole a la DIAN una inspección en sus bases de datos sobre el nombre del accionante para determinar si es deudor del fisco, para que, en caso de respuesta afirmativa se proceda a compensar los valores que resulten cruzados, conforme lo previsto en el Decreto 2126 de 1997 reglamentario del artículo 29 de la Ley 344 de 1996, y demás normas que regulen la materia.

4. Expedirá la resolución de reconocimiento y ordenación del gasto para el cumplimiento de las sentencias. Dicho acto administrativo se proyectará en la dirección de recursos físicos.

ART. 4º—La dirección financiera ordenará el pago de la decisión judicial con fundamento en la resolución de reconocimiento y ordenación del gasto emitida por la gerencia de gestión administrativa y financiera, y, remitirá una comunicación al agente del Ministerio Público, informándole el cumplimiento de la orden judicial impuesta. De igual forma se comunicará al comité de conciliación y a la oficina jurídica para lo de su competencia.

ART. 5º—La gerencia de talento humano liquidará los valores a los que haya lugar por concepto de salarios y prestaciones adeudados al demandante así como los demás emolumentos a los que tenga derecho desde el momento en que fue desvinculado hasta el momento en que se produzca el reintegro debidamente indexados siempre que haya lugar a ello y atendiendo expresamente a lo ordenado en la sentencia.

A su vez proyecta el correspondiente acto administrativo para la firma del Contralor General de la República, por el que se determina el reintegro, nombramiento, ascenso o la novedad de personal de que se trate.

ART. 6º— Las sentencias o acuerdos conciliatorios impuestos a la Contraloría General de la República, consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero, serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente.

Si dentro del término antes previsto la Contraloría General de la República, no ha dado cumplimiento al pago de los créditos judicialmente reconocidos, se entiende que el beneficiario puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, para el inicio del correspondiente proceso ejecutivo.

Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la dependencia a la que corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria, no obstante vencido el término de los diez (10) meses o el de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos por parte de la Contraloría General de la República, lo que ocurra primero, sin que se hubiese realizado el pago, se causará un interés moratorio a la tasa comercial.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación sin que los beneficiarios hayan acudido ante la Contraloría General de la República para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

ART. 7º—El abogado de la oficina jurídica responsable del proceso que recibió fallo adverso a la Contraloría General de la República, una vez el proveído es notificado por edicto, habiendo obtenido copia del mismo, de inmediato debe proceder a informar al director jurídico y al asesor o coordinador de gestión a cargo del grupo, e incluirlo en las novedades diarias y en el informe de pasivos contingentes.

Deberá proyectar una vez la sentencia quede debidamente ejecutoriada un oficio para firma de la dirección de la oficina jurídica, remitiendo copia informal de la providencia a la gerencia del talento humano, o a la dependencia interna que le corresponda, bien por la naturaleza del asunto o bien por la asignación interna de las respectivas funciones, debiendo atender en coordinación con las demás oficinas que se requiera que intervengan, para su más rápido y expedito cumplimiento.

ART. 8º—El accionante o su apoderado dentro del término máximo de tres (3) meses que se contarán a partir de la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, o apruebe una conciliación, u ordene un reintegro en asuntos de carácter laboral, deberá allegar a la dirección financiera una solicitud de pago, anexando la primera copia del fallo con constancia de que presta mérito ejecutivo, indicando la cuenta bancaria en la que se le puedan consignar los valores resultantes de la liquidación, si es que hay lugar a ello.

Cumplido el término de tres (3) meses, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la Contraloría General de la República, cesará la causación de intereses, y de emolumentos de todo tipo, desde entonces hasta cuando sea presentada la solicitud.

PAR. 1º—Pagos por consignación. Vencido el término de tres (3) meses, sin que el beneficiario o su apoderado hubieren presentado a la dirección financiera la correspondiente solicitud de pago, se procederá a requerirlos para el efecto en las direcciones que reposen en el expediente respectivo. Si se desconoce su dirección se les notificará por estado, conforme al trámite previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 295 de la Ley 1564 de julio 12 de 2012 “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

PAR. 2º—Transcurridos cinco (5) días sin que el beneficiario o su apoderado se hubieren hecho presentes, se procederá por parte de la dirección financiera a ordenar el pago de la decisión judicial con fundamento en la resolución de reconocimiento y ordenación del gasto emitida por la gerencia de gestión administrativa y financiera; consignando las sumas a pagar en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario a órdenes del respectivo despacho judicial o a favor de él o los beneficiarios. Entendiéndose que ha existido pago de los créditos judicialmente reconocidos, en la fecha de consignación en la cuenta del beneficiario o su apoderado, o de la consignación en la cuenta de depósitos judiciales.

ART. 9º—Una vez efectuado el pago de los créditos judicialmente reconocidos, la dirección financiera procederá a remitir comunicación a la oficina jurídica y al comité de conciliación, para ser sometido a estudio y decisión para eventual acción de repetición consagrada en el artículo 90 de la Constitución, Ley 678 de agosto 3 de 2001, Ley 1437 de enero 18 de 2011 artículo 142, y Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 6º.

ART. 10.—El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, la orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.

ART. 11.—El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente ordenados, acarreará sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales.

ART. 12.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y deroga la Resolución Orgánica 5647 de 25 de febrero de 2005.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de enero de 2013.