Auditoría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7 DE 2013 

(Abril 18)

“Por medio de la cual se establece el reglamento interno de recaudo de cartera en la Auditoría General de la República”.

El Auditor General de la República,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 6º, 13 y 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6º del Decreto-Ley 272 de 2000 señala que a la Auditoría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, le corresponde definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones;

Que el numeral 1º del artículo 13 del Decreto-Ley 272 de 2000, establece como función del Auditor General de la República, dirigir el funcionamiento de la Auditoría General de la República y formular políticas, planes y estrategias necesarias para el eficiente y efectivo ejercicio de las funciones que le otorgan la Constitución y la ley;

Que según el numeral 11 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, al Auditor General de la República le corresponde establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma;

Que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, el Auditor General de la República está facultado para dictar los reglamentos internos que se requieran, entre otros aspectos, con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales vigentes;

Que en virtud de la Sentencia C-599 de 2011 donde se manifiesta que: “iv) La Auditoría General de la República debe realizar la vigilancia y control fiscal respecto de la gestión fiscal y de resultados de la Contraloría General de la República, con la misma intensidad y conforme con los mismos parámetros y criterios constitucionales que se aplican para el control fiscal respecto de todos los sujetos de este”, en concordancia con los artículos 112 de la Ley 6ª de 1992, 71 de la Ley 42 de 1993 y el 5º de la Ley 1066 de 2000, se otorga la facultad de ejercer jurisdicción coactiva a la Auditoría General de la República para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor;

Que de conformidad con los artículos 2º de la Ley 1066 de 2006 y el 1º de su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, la auditoría deberá establecer mediante normatividad de carácter general, el “Reglamento interno del recaudo de cartera”, con sujeción a lo dispuesto en esa ley;

Que los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución Orgánica 8 de 2011, otorgan la competencia al auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal y al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para conocer, tramitar y decidir los procesos de jurisdicción coactiva;

Que en virtud de lo anterior, mediante la Resolución Orgánica 3 de 2009, se estableció el reglamento interno de recaudo de cartera en aplicación del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, se compiló el procedimiento para el cobro coactivo y las com­petencias para su ejecución en la Auditoría General de la República;

Que el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 estableció las reglas para los procedimientos de cobro coactivo;

Que de conformidad con las consideraciones precedentes, es oportuno modificar el reglamento de recaudo de cartera;

Que por lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ART. 1º—Competencia. De conformidad con lo estipulado en los artículos 1º, 2ºy 3ºde la Resolución Orgánica 8 de 2011, el funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en primera instancia en todas sus etapas, es el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva; y el auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal de la segunda instancia.

ART. 2º—Normas aplicables al proceso administrativo para el cobro por jurisdicción coactiva. Para cobrar los créditos fiscales que nacen de los títulos ejecutivos a que se refiere la presente resolución, se seguirán las reglas de procedimiento establecidas en artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, y demás normas que lo complementen, modifiquen y/o aclaren, con sujeción a la garantía constitucional del debido proceso, así:

1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. Para el caso especial de los títulos ejecutivos que se derivan de los procesos de responsabilidad fiscal se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 90 a 98 de la Ley 42 de 1993.

2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en el título IV de la Ley 1437 de 2011, y en el estatuto tributario.

3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del estatuto tributario.

En todo caso, para los aspectos no previstos en el estatuto tributario o en las respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular y demás normas que lo modifiquen, complementen, aclaren o deroguen.

ART. 3º—Título ejecutivo. Para efectos de la presente resolución, constituyen título ejecutivo los documentos, actos administrativos y providencias proferidas por la Auditoría General de la República, que contengan a favor del Tesoro Público una obligación clara, expresa y actualmente exigible, entre estas las siguientes:

1. Los fallos con responsabilidad fiscal contenidos en providencias debidamente ejecutoriadas.

2. Los actos administrativos en firme y ejecutoriados expedidos por la Auditoría General de la República, que impongan multas en ejercicio del control fiscal.

3. Los actos administrativos en firme y ejecutoriados que impongan multas por faltas disciplinarias a funcionarios o ex funcionarios de la Auditoría General de la República.

ART. 4º—Clasificación de la cartera. La dirección de responsabilidad fiscal de la Auditoría General de la República, clasificará la cartera o créditos a favor de la Auditoría General de la República o del Tesoro Público, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. En razón a la cuantía:

1.1. De mayor cuantía: cuando la obligación sea superior a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2. De menor cuantía: cuando la obligación sea desde quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, inclusive.

1.3. De mínima cuantía: cuando el valor de la obligación sea inferior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para determinar la cuantía se tendrá en cuenta el valor consignado en el título ejecutivo, sin liquidar intereses ni costas.

2. En razón a la antigüedad de la obligación: los procesos y títulos ejecutivos se clasificarán según la antigüedad, así: menor de cinco (5) años y superior a cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del título ejecutivo.

3. En razón a la naturaleza de la obligación: las obligaciones se clasificarán de acuerdo con el origen de la misma, según se clasificaron en el artículo 3º de esta resolución.

4. En razón a la posibilidad de cobro: los procesos también se clasificarán por:

4.1. Posible cobro: cuando haya acuerdos de pago, medidas cautelares que posibiliten cubrir la deuda y cuando se tengan garantías que visualicen el respaldo de las deudas.

4.2 Difícil cobro: cuando no exista ninguna de las características descritas para los de posible cobro.

5. En prioritaria y no prioritaria: con el objeto de garantizar la oportunidad del proceso de cobro por jurisdicción coactiva, el director de responsabilidad fiscal podrá clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria, teniendo en cuenta criterios, tales como cuantía de la obligación, solvencia de los ejecutados y antigüedad de la deuda.

ART. 5º—Etapas del recaudo de cartera. Las etapas de recaudo de cartera son: cobro persuasivo y cobro coactivo.

ART. 6º—Cobro persuasivo. Una vez establecida la viabilidad de cobro de la obligación, se dará inicio a la etapa de cobro persuasivo que consistirá en el envío de una comunicación al (los) deudor(es) en las que se les conmine al pago de la obliga­ción, donde se liquidará el respectivo valor para ser cancelado dentro del mes siguiente, señalando la cuenta en la que se podrá hacer el pago.

Para determinar si se realizó la cancelación total de la obligación, los pagos se deberán aplicar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 804 del estatuto tributario, es decir, de manera proporcional entre el capital y los intereses adeudados al momento del pago.

En caso de que el (los) deudor(es) no efectúen el pago total de la obligación se deberá iniciar el proceso de cobro coactivo librando el correspondiente mandamiento de pago por los valores insolutos.

ART. 7º—Disposiciones respecto de algunas etapas del proceso administrativo de cobro por jurisdicción coactiva.

1. Liquidación del crédito. Para efectos de la liquidación de intereses, respecto del tiempo en el cual estos empiezan a generarse, se tendrá en cuenta que:

Si se trata de persona natural, la liquidación se hará de conformidad con el artículo 9º de la Ley 68 de 1923 donde se determina que los intereses empiezan a generarse desde el día en que se hagan exigibles, es decir, desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia, hasta aquel en que se verifique el pago.

Si se trata de aseguradora, la liquidación se hará de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio, donde se determina que los intereses se empezarán a generar a partir del día siguiente al vencimiento del mes otorgado al asegurado para que acredite su derecho ante el asegurador, con ocasión de una póliza.

2. Vinculación de deudores solidarios. La vinculación del deudor o responsable solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago, de acuerdo con el artículo 826 del estatuto tributario.

3. Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones o las mismas no hubieren sido probadas, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente ejecutor proferirá el correspondiente acto administrativo ordenando seguir adelante con la ejecución, el que deberá contener la orden de liquidar el crédito.

Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata este numeral no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren, y se prosiga con el remate.

ART. 8º—Auxiliares para intervención en procesos de jurisdicción coactiva. Para el nombramiento y pago de honorarios de auxiliares, la Auditoría General de la República procederá de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Orgánica 6 de 2012 y sus normas que la modifiquen, complementen, aclaren o deroguen.

ART. 9º—Acuerdo de pago. El estatuto tributario establece en su artículo 841 que en cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la Auditoría General de la República, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.

ART. 10.—Requisitos del acuerdo de pago. Podrán celebrar el acuerdo de pago las personas a las cuales se les haya impuesto una obligación de cancelar una determinada suma de dinero, directamente o a través de sus representantes legales o un tercero a su nombre.

El director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, podrá conceder facilidades de pago de las obligaciones hasta por un plazo de cinco (5) años, siempre y cuando el deudor o un tercero a su nombre constituya garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros, o cualquier otra garantía, que respalde suficientemente la deuda, intereses y costas procesales a satisfacción de la Auditoría General de la República.

En el acuerdo de pago deberá consignarse la cláusula aceleratoria en caso de incumplimiento de dos (2) cuotas, entendiéndose por esta, la de revocar el acuerdo de pago y reanudar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva, haciendo efectivas las garantías, y si no son suficientes decretando las medidas cautelares a que haya lugar.

El ejecutado que incumpla un acuerdo de pago no podrá celebrar nuevamente otro.

Para los procesos originados en fallos con responsabilidad fiscal la norma aplicable es el artículo 96 de la Ley 42 de 1993.

ART. 11.—Garantías. Las garantías que se pueden constituir con ocasión de un acuerdo de pago son las siguientes:

1. Personales: cuando la obligación sea igual o inferior a cinco (5) salarios mínimos legales, la garantía personal denunciando un bien de su propiedad que eventualmente pueda cubrir el valor de la obligación, para ello deberá acreditar la propiedad a través del correspondiente certificado de tradición.

2. Reales: cuando la obligación sea superior a cinco (5) salarios mínimos, el ejecutado fiscal deberá constituir garantía real.

3. Aval bancario: esta garantía se otorga para que la institución bancaria responda hasta por una determinada cantidad de dinero, en ese caso el banco contrae la obligación de pagar el valor que se liquide a cargo de quien constituye la caución.

4. Póliza: consiste en constituir un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora se obliga a pagar una suma de dinero no superior al monto de la caución, que garantice el pago de la obligación.

Sin excepción alguna, todas las garantías deberán constituirse a favor de la Auditoría General de la República. La vigencia deberá ser por el tiempo de duración del acuerdo de pago concedido y tres meses más.

ART. 12.—Pérdida de fuerza ejecutoria. Los títulos ejecutivos a los que se refiere el artículo 3º de la presente resolución perderán su fuerza ejecutoria si transcurridos cinco (5) años de haber quedado en firme, no se ha notificado en debida forma el man­damiento de pago.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la presente resolución, la competencia para decretar la pérdida de fuerza ejecutoria será del director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, en primera instancia, y en segunda instancia, del auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal.

ART. 13.—Terminación del proceso. Una vez notificado el mandamiento de pago, el proceso de cobro coactivo terminará únicamente por las siguientes causas:

1. Pago total de la obligación.

2. Declaratoria de nulidad del título ejecutivo por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3. Revocatoria del título ejecutivo o del mandamiento de pago.

4. Remisibilidad, en los términos del artículo 820 del estatuto tributario.

ART. 14.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución Orgánica 3 de 2009, expedida por la Auditoría General de la República, y las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de abril de 2013.