Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7362 DE 2013 

(Diciembre 20)

“Por la cual se otorgan competencias en el nivel central de la Contraloría General de la República”.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 101 de 2014 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

La Contralora General de la República,

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales; y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 2º dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; así como establece que las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 4º de la Constitución Política de 1991 establece la supremacía de la Carta Política al ordenar que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Que el artículo 119 de la Constitución Política ordena que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política señala, que es función pública a cargo de la Contraloría General de la República ejercer la vigilancia sobre “... la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación...”.

Que a su vez el numeral 5º del artículo 268 ibídem señala como atribución de la Contralora General de la República “... Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma...”;

Que el artículo 2º del Decreto–Ley 267 de 2000 consagra que la misión de la Contraloría General de la República es “... cumplir cabal y eficazmente las funciones asignadas por la Constitución y la ley en representación de la comunidad, contribuir a la generación de una cultura del control fiscal en beneficio del interés común y mantener un irrevocable compromiso de excelencia para tales propósitos, inspirada en principios morales y éticos...”;

Que la Contraloría General de la República en ejercicio de la autonomía administrativa que le comporta, define “... todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución...”(1);

Que el artículo 27 del precitado Decreto-Ley 267 de 2000, en igual forma contempla, que mediante acto administrativo el Contralor General de la República “... podrá delegar funciones generales o específicas del ejercicio de la vigilancia y del control fiscal, así como las atribuidas a la Contraloría General de la República por las que deba responder...”.

Que la Constitución Política y la ley le dan a la Contraloría General de la República una función de control de carácter administrativo y en tal virtud, el principio de eficacia busca que las autoridades a través de sus procedimientos remuevan de oficio los obstáculos puramente formales en procura de la efectividad del derecho material.

Que la organización de la Contraloría General de la República se fundamenta y desarrolla en el criterio —entre otros—, de la delegación, conforme al artículo 9º del Decreto-Ley 267 de 2000.

Que el artículo 11 del Decreto-Ley 267 de 2000 determina que dentro de la organización de la Contraloría General de la República la vicecontraloría se encuentra en el nivel central y la oficina jurídica hace parte del nivel superior de dirección.

Que el artículo 78 del Decreto-Ley 267 de 2000 dispone que las diversas dependencias que integran la organización de la Contraloría General de la República, ejercerán las funciones que, además de las específicas a ellas atribuidas, las funciones que determine el Contralor General de la República.

Que el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales, por medio de los decretos-leyes 1539 de 2012 y 2025 de 2012, creó seis (6) empleos de carácter temporal en la planta de personal de la Contraloría General de la República denominados como “contralor auxiliar”, pertenecientes al nivel directivo.

Que de conformidad con el numeral primero del artículo 35 del Decreto-Ley 267 de 2000, es función del Contralor General de la República “Fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley”.

Que el artículo 1º de la Ley 610 de 2000 determina que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

Que el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 determina que “... Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis (6) meses (...) La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él...”.

Que el artículo 64 de la Ley 610 de 2000 faculta al Contralor General de la República para delegar la atribución constitucional de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal en las dependencias que de acuerdo con la Constitución y la ley se creen o se modifiquen para tal efecto.

Que la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en lo referente con el control fiscal tuvo como propósito aumentar los índices de eficacia de la responsabilidad fiscal.

Que el artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 señala que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal cuando se den las precisas circunstancias que señala dicha norma. En todos los demás casos se continuará aplicando el trámite previsto en la Ley 610 de 2000.

Que la Ley 1474 de 2011 al señalar en la Subsección II y III regula por una parte las modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal ordinario y por otra las disposiciones comunes para el proceso de responsabilidad fiscal ordinario y verbal faculta a los organismos de control fiscal para efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.

Que el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 al referirse al fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República, además de resaltar el carácter global de la planta de personal, crea una organización administrativa más flexible que la plasmada en el Decreto-Ley 267 de 2000, modificando este, para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones constitucionales y legales.

Que de la normatividad anterior se colige que las facultades constitucionales otorgadas por el artículo 268 de la Constitución Política son las que de manera directa puede delegar el Contralor General de la República mediante acto administrativo, teniendo en cuenta la eficacia normativa directa de la Carta Constitucional.

Que para el efectivo cumplimiento de las funciones constitucionales atribuidas al Contralor General de la República, se hace necesario desconcentrar y delegar el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal y de las indagaciones preliminares, cuya competencia interna se había determinado por medio de la Resolución Orgánica 5500 de 2003.

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de la República,

RESUELVE:

ART. 1º—Otorgar a la vicecontralora general, a los contralores auxiliares y a la directora de la oficina jurídica, la competencia para adelantar, o, adecuar cuando sea procedente, el proceso de responsabilidad fiscal establecido en la Ley 610 de 2000 y en la Ley 1474 de 2011, y las indagaciones preliminares a que hubiere lugar, previa asignación del Contralor General de la República.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 101 de 2014 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

ART. 2º—De los procesos asignados a través de esta delegación a los servidores públicos del nivel directivo indicados en el artículo primero conocerá en segunda instancia el despacho del Contralor General de la República, en los términos establecidos en el Decreto-Ley 267 de 2000, artículo 43.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 101 de 2014 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

ART. 3º—De los procesos que conozca en primera instancia la directora de la oficina jurídica, la sustanciación de las providencias de segunda instancia, se realizará directamente por el despacho de la Contralora General de la República.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 101 de 2014 artículo 4° de la Contraloría General de la República)

ART. 4º—La presente resolución orgánica rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y modifica las disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a diciembre 20 de 2013.

(1) Artículo 6º, Decreto 267 de 2000.

(Nota: Derogada por la Resolución Orgánica 101 de 2014 artículo 4° de la Contraloría General de la República)