Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL 450 DE 2016

(Junio 17)

“Por la cual se establece el ejercicio del control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República para los casos previstos en los artículos 67 y 81 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010 y se dictan otras disposiciones”.

El Contralor General de la República,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 5º, artículo 27 y en los numerales 1º y 4º del artículo 35 del Decreto 267 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y por tanto las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el inciso primero del artículo 267 de la Carta Política establece que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.

Que el artículo 268 ibídem le asigna atribuciones al Contralor General de la República dentro de las que se señalan en los numerales 1º y 12, la de prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse y dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

Que para el cumplimiento de su misión y objetivos, en desarrollo de las disposiciones constitucionales, el artículo 5º del Decreto 267 de 2000, le asignan funciones a la Contraloría General de la República dentro de las cuales se encuentra la de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de control, procedimientos y principios que establezca la ley y el Contralor General de la República mediante resolución.

Que el artículo 6º del Decreto-Ley 267 de 2000 señala que al Contralor General de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa, le corresponde definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución y en dicho decreto.

Que el artículo 9º del Decreto 267 de 2000, señala diferentes criterios para la organización administrativa de la CGR, sin que ninguno prime sobre el otro, tales como: la especialización sectorial, tecnificación, participación ciudadana, transparencia, integralidad del control, simplificación y especialización, alto nivel profesional, funcionalidad, multidisciplinariedad, delegación, desconcentración administrativa y financiera, atención horizontal de funciones por sectores de actividad económica y social y son precisamente los numerales 6º y 12 del precitado artículo, los que brindan flexibilidad para la asignación y reasignación de funciones y que permite un entendimiento amplio de la posibilidad de fijar ciertas competencias de manera transversal.

Que el artículo 27 del precitado decreto indica que el Contralor General de la República, mediante acto administrativo, podrá delegar funciones generales o específicas del ejercicio de la vigilancia y del control fiscal, así como las atribuidas a la Contraloría General de la República por las que deba responder, con excepción de los casos de que trata el artículo 29 del presente decreto. Esta delegación podrá hacerse en los servidores públicos de los niveles directivo y asesor de la Contraloría General de la República.

Que los numerales 1º y 4º del artículo 35 del Decreto 267 de 2000 establecen como función del Contralor General de la República la de fijar políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley, así como la de dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República.

Que el artículo 10 del Decreto-Ley 267 del 22 de febrero de 2000, determina que la Contraloría General de la República se organizará en dos niveles básicos, a saber: nivel central y nivel desconcentrado y que, tanto el nivel central como el desconcentrado participan en el diseño de los planes, la definición de las políticas, el establecimiento de los programas generales de la administración de la Contraloría, la vigilancia fiscal y la ejecución de los planes, políticas, programas y proyectos administrativos, de vigilancia y control fiscal y del trámite del proceso de responsabilidad fiscal.

Que el artículo 67 de la Ley 617 de 2000 señala “Control de cumplimiento. Sin perjuicio de las competencias de las contralorías departamentales y municipales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras acreedoras vigiladas por la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República harán control al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración (…).

El incumplimiento de los acuerdos de reestructuración será causal para sancionar a los alcaldes y gobernadores hasta con destitución del cargo (…).

En caso de incumplimiento, la Contraloría General de la República abrirá juicios fiscales a los responsables de dicho incumplimiento”.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-1105 de 2001, al pronunciarse sobre la exequibilidad de la intervención de la Contraloría General de la República, prevista en el artículo 67 de la Ley 617 de 2000, dispuso: “32. En esta oportunidad, la intervención conferida por el legislador a la Contraloría General de la República recae en el control de recursos propios de las entidades territoriales, motivo por el cual, en principio, parecería no ser admisible. Sin embargo, la Corte destaca que la regulación acusada respeta los criterios jurisprudenciales establecidos en las sentencias C-403 de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y C-364 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, sobre la excepcionalidad de la intervención de la Contraloría General en las cuentas de las entidades territoriales. En el presente caso existen dos razones esenciales que justifican la intervención de la Contraloría General: de un lado, en los acuerdos de reestructuración, la nación se constituye en garante y avalista de los créditos adquiridos por las entidades territoriales, y ante un eventual incumplimiento, deberá asumir el pago de ciertas obligaciones; la nación tiene pues un interés financiero directo, que justifica la intervención de la Contraloría General. En segundo lugar, ese traslado competencial obedece a criterios de alta política fiscal, porque en el fondo está de por medio la viabilidad misma de los entes territoriales.// Finalmente, la Corte destaca que la intervención de la Contraloría General solo ocurre si el acuerdo de reestructuración es incumplido por la entidad territorial, lo cual muestra que dicha intervención sigue siendo excepcional, y se funda en el principio de subsidiariedad, que informa el reparto de competencias entre los distintos niveles territoriales (C. P. art. 288), pues el órgano de control fiscal nacional solo actúa cuando la entidad territorial ha fallado en llevar a feliz término el acuerdo de reestructuración. Con todo, con el fin de reforzar la excepcionalidad de esa intervención de la Contraloría General, la Corte condicionará la constitucionalidad de la expresión acusada a que esa apertura de juicios fiscales solo podrá realizarse cuando el ente nacional de control fiscal ejerza el control fiscal de manera excepcional con respecto a los fiscos de las entidades territoriales.

Que el artículo 81 de la precitada Ley 617 de 2000 establece “Extensión del control de la Contraloría General de la República. En desarrollo del inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República realizará el control fiscal de las entidades territoriales que incumplan los límites previstos en la presente ley. Para el efecto, la Contraloría General de la República gozará de las mismas facultades que ejerce en relación con la nación”.

Que la Ley 1386 de 2010 en su artículo Primero establece que “En desarrollo del inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República realizará el control fiscal de las entidades territoriales que incumplan los límites previstos en la presente ley. Para el efecto, la Contraloría General de la República gozará de las mismas facultades que ejerce en relación con la nación”.

Que de conformidad con el artículo 11 de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0014-2015 la Contraloría General de la República, a través de la contraloría delegada para el sector gestión pública e instituciones financieras, ejercerá en las entidades territoriales el control fiscal al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración y a las entidades territoriales, que hayan incumplido el límite al gasto público de que trata la Ley 617 del 6 de octubre de 2000.

Que el artículo 12 ibídem establece que la Contraloría General de la República, a través de la contraloría delegada para el sector gestión pública e instituciones financieras, revisará los contratos o convenios que fueron realizados por las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, antes de la vigencia de la Ley 1386 del 21 de mayo de 2010, en los cuales se delegue a terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.

Que con el fin de optimizar la función de control fiscal asignada a la Contraloría General de la República, en lo referente al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos e incumplimiento de los límites del gasto de que trata la Ley 617 de 2000, y de la revisión de los contratos o convenios realizados por las entidades territoriales o en sus entidades descentralizadas en las condiciones señaladas en la Ley 1386 de 2010, se hace necesario reasignar las competencias del ejercicio de esta función atribuida a la Contraloría General de la República y por lo tanto regular la administración del control fiscal que le corresponde ejercer a cada dependencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—La Contraloría General de la República, a través de las respectivas gerencias departamentales colegiadas, ejercerá el control al cumplimiento de los acuerdos de restructuración de pasivos de los entes territoriales atribuido en las condiciones previstas en el artículo 67 de la Ley 617 de 2000.

PAR. —Cuando se trate del departamento de Cundinamarca, sus municipios o el Distrito Capital, este control será ejercido por la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras.

ART. 2º—La Contraloría General de la República, a través de las respectivas gerencias departamentales colegiadas, ejercerá el control fiscal de las entidades territoriales que incumplan los límites previstos en la Ley 617 de 2000, en las condiciones previstas por el artículo 81 de la misma.

PAR. —Cuando se trate del departamento de Cundinamarca, sus municipios o el Distrito Capital, este control será ejercido por la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras.

ART. 3º—La Contraloría General de la República, a través de las respectivas gerencias departamentales colegiadas, revisará los contratos o convenios que fueron realizados por las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, en las condiciones señaladas por el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, en los cuales se delegue a terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.

PAR. —Cuando se trate del departamento de Cundinamarca, sus municipios o el Distrito Capital, la revisión se hará a través de la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras.

ART. 4º—Las actuaciones fiscales a realizar en cada vigencia y el tipo de actuación a aplicar deberán ser concertadas entre la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras y las gerencias departamentales colegiadas.

Las actuaciones fiscales que se definan, independientemente de la dependencia ejecutora, se incorporarán en el plan de vigilancia y control fiscal (PVCF), de la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras.

ART. 5º—Cuando se trate de la revisión de contratos o convenios de delegación tributaria, será la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras la encargada de definir el tipo de actuación a aplicar y la revisión de los contratos se procederá cuando esta no se haya realizado por parte de la Contraloría General de la República en actuaciones anteriores.

ART. 6º—La liberación y firma de los informes resultantes de las actuaciones fiscales que se desarrollen en los entes territoriales, compete a la dependencia de la Contraloría General de la República que las adelante, conforme a lo dispuesto en el respectivo procedimiento que rija la actuación fiscal seleccionada.

ART. 7º—La contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras efectuará la consolidación de resultados de las actuaciones fiscales que se adelanten en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, toda vez que estos informes hacen parte de los documentos anexos que se aportan a la Auditoría General de la República en el marco de la rendición de la cuenta anual consolidada de la Contraloría General de la República.

ART. 8º—Los impedimentos y recusaciones que se presenten en desarrollo de las actuaciones fiscales, se atenderán de acuerdo con lo dispuesto en los procedimientos de las actuaciones fiscales a aplicar y de las normas que los regulen.

ART. 9º—Los procesos de responsabilidad fiscal que se deriven del control otorgado a la Contraloría General de la República en aplicación de lo dispuesto en los artículos 67 y 81 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, se adelantarán de acuerdo al marco de competencias ordinarias.

ART. 10.—La presente resolución organizacional rige a partir de su publicación, deroga los artículos 11 y 12 de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0014-2015 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2016.