Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL 451 DE 2016

(Junio 21)

“Por la cual se deroga la Resolución Organizacional OGZ-406 - 2016 y se adopta la política de prevención del daño antijurídico de la Contraloría General de la República”.

(Nota: Derogada por la Resolución Organizacional 670-2018 de 2018 artículo 5° de la Contraloría General de la República)

El Contralor General de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 2º y 4º del artículo 35 del Decreto-Ley 267 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que los numerales 2º y 4º del artículo 35 del Decreto 267 del 2000 establece como función del Contralor General de la República la de “Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal otorgada por la Constitución y la ley”.

Que el artículo 16 de Decreto 1716 de 2009, define el comité de conciliación como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Que al Comité de Conciliación de la Contraloría General de la República, en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y otras disposiciones, le corresponde: “formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico”, así como, “diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad”.

Que el artículo 15 del Decreto 1716 de 2009 dispone que las normas sobre comités de conciliación y defensa judicial son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho público, los organismos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles.

Que el Comité de Conciliación de la entidad fórmula, orienta, coordina, define, adopta y ejecuta las políticas en materia de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico en la Contraloría General de la República.

Que la Ley 1444 de 2011 creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como organismo rector en materia de formulación, evaluación y difusión de políticas de prevención del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, así como de la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación.

Que en cumplimiento de lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expidió la Circular Externa 3 de 20 de junio de 2014 fijando la metodología para la formulación e implementación de tales políticas al interior de las distintas entidades públicas.

Que en la citada circular externa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado precisó lineamientos de carácter vinculante para las entidades públicas del orden nacional, los cuales fueron establecidos en el “Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico”, documento en el cual se definió el procedimiento a seguir para la formulación de dicha política, señalando como pauta general que “cada entidad debe realizar una indagación completa sobre las deficiencias administrativas o misionales que originan las reclamaciones en su contra de acuerdo con la metodología propuesta”.

Que en cumplimiento de la anterior directriz se profirió la Resolución Organizacional 249 de 2015, por medio de la cual el Contralor General de la República conformó un grupo de trabajo institucional, bajo la coordinación de la Oficina Jurídica de la entidad, para implementar la metodología definida por el organismo rector y desarrollar la formulación de la política de prevención del daño antijurídico aplicable a la Contraloría General de la República.

Que una vez culminado el proyecto encomendado al grupo de trabajo conformado y habiendo cumplido los lineamientos generales impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad en sesión 28 del 17 de diciembre de 2015, aprobó las matrices contentivas de la política de prevención del daño antijurídico aplicable a este organismo de vigilancia y control con el objeto de realizar una institucionalización de acciones que se deben adoptar para reducir los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial, contenidas en los anexos 1º a 5º que forman parte integral del presente acto administrativo.

Que de acuerdo con lo anterior fue proferida la Resolución Organizacional 406 de 1º de abril de 2016 por medio de la cual se adoptó la política de prevención del daño antijurídico para la Contraloría General de la República, estableciendo acciones, cronogramas y responsables de la ejecución de las distintas medidas a efecto de mitigar el índice de litigiosidad de la entidad.

Que habiendo proferido el mencionado acto administrativo, en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2016 los directivos de las distintas áreas vinculadas a la ejecución del proyecto propusieron la modificación de los cronogramas de ejecución del plan de acción establecido y así mismo plantearon la exclusión de las líneas de política de prevención denominadas “Incumplimiento de órdenes judiciales o sentencias”, “Desvinculación de funcionarios de la planta temporal de regalías” relacionadas con aspectos atinentes a la administración de personal de este ente de control.

Que en consideración a que las dependencias a cargo son primeramente quienes definen qué asuntos serán susceptibles de elevar al rango de política de prevención y son quienes determinan las acciones de mejora que estimen más efectivas, se procederá a derogar la mencionada Resolución Organizacional 406 de 1º de abril de 2016 con el objeto de atender las sugerencias acordadas y fijar los nuevos cronogramas de trabajo presentados por las áreas correspondientes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Derogar la Resolución Organizacional OGZ-0406 - 2016 del 1º de abril de 2016 por medio de la cual se adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Contraloría General de la República.

(Nota: Derogada por la Resolución Organizacional 670-2018 de 2018 artículo 5° de la Contraloría General de la República)

ART. 2º—Adoptar las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la Contraloría General de la República contenidas en las matrices que obran en los anexos 1º a 5º, que fueron aprobados por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, los cuales forman parte integral del presente acto administrativo, y respecto de los cuales se modifica la política en materia de administración de personal y los cronogramas de ejecución de las actividades para las distintas áreas.

(Nota: Derogada por la Resolución Organizacional 670-2018 de 2018 artículo 5° de la Contraloría General de la República)

ART. 3º—El comité de conciliación y defensa judicial de la Contraloría General de la República, como instancia administrativa encargada del estudio, análisis y formulación de las políticas de prevención del daño antijurídico, será el competente para efectuar el seguimiento, promoción y cumplimiento de las políticas que aquí se adoptan y será el encargado de revisarlas periódicamente con el fin de garantizar su actualidad y eficacia.

(Nota: Derogada por la Resolución Organizacional 670-2018 de 2018 artículo 5° de la Contraloría General de la República)

ART. 4º—La oficina de planeación de la Contraloría General de la República realizará los trámites pertinentes para incluir los objetivos y metas de la política de prevención del daño antijurídico en el plan de acción de cada una de las dependencias involucradas.

(Nota: Derogada por la Resolución Organizacional 670-2018 de 2018 artículo 5° de la Contraloría General de la República)

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2016.

NOTA: Los anexos que forman parte integral de la presente resolución organizacional pueden ser consultados en el Diario Oficial 49913 de junio 23 de 2016.

(Nota: Derogada por la Resolución Organizacional 670-2018 de 2018 artículo 5° de la Contraloría General de la República)