Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL 664-2018 DE 2018

(Julio 18)

“Por medio de la cual se establece el funcionamiento interno de la Unidad Delegada para el Posconflicto”.

El Contralor General de la República,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Decreto-Ley 888 de 2017, el artículo 35 del Decreto-Ley 267 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 267, que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. De igual manera, por expreso mandato superior, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

Que los numerales 1º y 12 del artículo 268 de la Carta Política asignan al Contralor General de la República una competencia de regulación para “prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse”; así como, para “dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial”.

Que de conformidad con el artículo 6º de la Ley 42 de 1993: “Las disposiciones de la presente ley y las que sean dictadas por el Contralor General de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 268 numeral 12 de la Constitución Nacional, primarán en materia de control fiscal sobre las que puedan dictar otras autoridades”.

Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 5º numeral 2º del Decreto-Ley 267 de 2000, la Contraloría General de la República ejerce la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de control, procedimientos y principios “que establezcan la ley y el Contralor General de la República”.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-384 de 2003, ha señalado: “La potestad reglamentaria, entendida como la capacidad de producir normas administrativas de carácter general, reguladoras de la actividad de los particulares y fundamento para la actuación de las autoridades públicas, la tiene asignada de manera general, en principio, el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 189-11 de la Carta Política, quien puede ejercerla en cualquier momento sin necesidad de que la ley así lo determine en cada caso. Excepcionalmente, y por disposición constitucional, existe un sistema de reglamentación especial respecto de ciertas materias y para determinados órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente de la República(21) (sic) (…) Así pues, la potestad reglamentaria que constitucionalmente tiene asignada el Contralor General de la República se limita a aquellos ámbitos expresamente mencionados en los numerales 1º y 12 del artículo 268 Superior, es decir, para la prescripción de los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de los fondos o de bienes de la Nación, indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deben seguirse, así como a dictar las normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.// Así ya lo había precisado esta corporación(3) cuando consideró que la Constitución le ha atribuido al Contralor General de la República cierta potestad reglamentaria, a fin de que pueda desarrollar la función de vigilancia de la gestión fiscal, prescribiendo los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación, para que al rendir las cuentas a que están obligados lo hagan de una manera ordenada y sistemática, e indicar los criterios de evaluación que deberán seguirse, así como dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, para facilitarles a las contralorías el ejercicio de su función(4)”.

Que de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 267 de 2000, la Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política.

Que conforme al artículo 27 del Decreto 267 de 2000, el Contralor General de la República, podrá delegar en los servidores públicos de los niveles directivo y asesor, funciones generales o específicas del ejercicio de la vigilancia y del control fiscal, así como las atribuidas a la Contraloría General de la República por las que deba responder, con excepción de los casos de que trata el artículo 29 del presente decreto.

Que conforme lo indica el artículo 34 del Decreto-Ley 267 de 2000, los sistemas de planeación, ejecución y control de la vigilancia fiscal, los instrumentos de organización del sistema de trabajo para el cumplimiento de la misión institucional de la Contraloría General, así como las herramientas de gestión de la vigilancia fiscal, serán definidos por el Contralor General de la República.

Que los numerales 1º y 4º del artículo 35 del Decreto-Ley 267 de 2000, determinan como función del Contralor General de la República: fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley y dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley.

Que el artículo 4º del Decreto 271 de 2000 faculta al Contralor General de la República para crear y organizar grupos internos de trabajo con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas, programas y proyectos de la entidad.

Que el Acto Legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, estableció que el Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz y dispuso en su artículo 3º transitorio la función de los organismos de control incluida la Contraloría General de la República, de presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz, al inicio de cada legislatura.

Que este mandato le impone a la Contraloría General de la República una función específica de seguimiento permanente sobre el Plan plurianual de inversiones para la Paz y los recursos adicionales que se incluyan en el presupuesto para la paz, con miras al cumplimiento de metas específicas que comprometen al Estado en su conjunto, cuya ejecución estará a cargo de varias entidades públicas no solo del orden nacional, sino también del territorial.

Que mediante el Decreto-Ley 888 de 2017, el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias para implementar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; modificó el artículo 11 del Decreto-Ley 267 de 2000, “por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, en el sentido de crear en la organización de la Contraloría General de la República, en el nivel superior de dirección del nivel central, la dependencia denominada Unidad Delegada para el Posconflicto (UDP), adscrita al despacho del Contralor General de la República.

Que la Unidad Delegada para el Posconflicto acorde con el contenido del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, tiene la función principal de liderar, coordinar y hacer seguimiento a toda la acción de la Contraloría General de la República, en relación con la implementación del Acuerdo final de Paz, los recursos públicos destinados para tal efecto; la institucionalidad creada para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado y las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por estas. De igual forma, los artículos 3º y 4º de dicha norma estatuyen la creación de la planta de la UDP y la asignación de los empleos a la unidad a cargo del señor Contralor General de la República previa resolución.

Que el artículo 5º del Decreto-Ley 888 de 2017 prevé el ejercicio intersectorial del control fiscal de los recursos, entidades y asuntos relacionados con la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, a cuyo tenor aquel podrá “ser ejercido mediante procedimientos de auditoría que comprendan sujetos, objetos, recursos y asuntos atinentes a varios sectores, según lo disponga el Contralor General de la República en uso de sus atribuciones constitucionales y legales”. En desarrollo de esta competencia legal, el Contralor General de la República podrá asignar y reasignar los sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas, o a la Unidad Delegada para el Posconflicto.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-470 de 2017, realizó el control automático de constitucionalidad del Decreto-Ley 888 de 2017, en cumplimiento del procedimiento legislativo especial para la paz, y declaró la exequibilidad de la norma, tras corroborar que cumplió con los requisitos indispensables para que dicho procedimiento haya estado ajustado a la Carta Política, tanto en su formación, como en el respeto de los límites de competencia, y frente a la constitucionalidad material de todas y cada una de las disposiciones de dicho Decreto. Al efecto estimó el alto tribunal que la norma en revisión de constitucionalidad, tiene una naturaleza instrumental, en el sentido de que su objeto es facilitar o asegurar la implementación y desarrollo normativo de los puntos 1.2.4, 3.4.4, 3.4.7.2, 5.1.2, 6, 6.1.5 y 6.3.1 del Acuerdo final, por lo que cumple los requisitos de conexidad objetiva, estricta y suficiente entre el decreto-ley y el Acuerdo final, así como el requisito de necesidad estricta de su expedición.

Que acorde con la citada sentencia de constitucionalidad, las funciones atribuidas a la Unidad especial para el Posconflicto enlistadas en el artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, fortalecen el modelo de control fiscal establecido en el artículo 267 de la Constitución Política, de tipo posterior, selectivo, integral y amplio, adecuándolo a la necesidad de ejercer la función pública de control de los recursos designados para el Componente de Paz del Plan plurianual de inversiones, en vista de lo cual, se propende por la adaptación de las metodologías específicas, la labor de coordinación con las diferentes Contralorías Delegadas y la eficiencia en el seguimiento de las metas y la producción de informes.

Que en vista de lo anterior y de acuerdo con el análisis de constitucionalidad, el artículo 2º comentado establece 19 funciones agrupadas de acuerdo con la Corte Constitucional, en tres grandes facultades, a saber: i) Funciones de planeación de las estrategias, estudios, políticas, planes y programas; fuentes de información, metodologías y procedimientos destinados al control fiscal adecuado y eficiente sobre la implementación del Acuerdo final; ii) Funciones de articulación de las labores desarrolladas por las diferentes dependencias de la Entidad para la labor eficiente; y iii) Funciones relacionadas con las actividades misionales de control y vigilancia.

Que una de las motivaciones determinantes para la expedición del Decreto-Ley 888 de 2018, la constituye la promoción del control fiscal intersectorial sobre los programas, proyectos, recursos, sujetos y asuntos de intereses del posconflicto. Al respecto la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-470 de 2017, aseveró como guía de lo anterior: “El diseño metodológico de la Contraloría, está enfocado en los sujetos a controlar, de forma que la entidad en el nivel central se estructura por delegadas sectoriales. Si bien ello no obsta para que se puedan producir informes intersectoriales, es claro que el enfoque está en los sujetos y no en los recursos. En este caso, la Unidad especial para el posconflicto no va dirigida a vigilar a un sujeto concreto, sino que su función está ligada con el control de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo, independientemente de los múltiples y diversos sujetos que participan en su ejecución. Por eso, la metodología sectorial no resulta coherente con el objetivo planteado por la reforma, sino que se hace necesario un enfoque distinto (…) nada en la Carta Política se opone a que la Contraloría adopte, para el control y vigilancia adecuada de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo final, una metodología concentrada en la vigilancia de los recursos a controlar, que no se fragmente por las entidades (sectores) vigiladas. El modelo sectorial de control no hace parte de los pilares constitucionales de la Contraloría y, por lo tanto, puede ser modificado perfectamente, por el legislador. Por otra parte, el ejercicio intersectorial resulta perfectamente adaptado a los compromisos que la entidad adquiere en función de los distintos contenidos del Acuerdo final que implican su participación efectiva, lo que implica que se adecua a los postulados de la Constitución desarrollados por el Acto Legislativo 1 de 2016 y 2 de 2017” (subraya fuera de texto).

Que es necesario desarrollar el concepto de auditoría intersectorial conforme lo previsto por el artículo 5º del Decreto-Ley 888 de 2017, y a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-470 de 2017, como el procedimiento de auditoría específicamente diseñado mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, cuyo enfoque y objeto de control no va dirigido a un sujeto concreto sino al control de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo, pero también a las entidades y asuntos relacionados con el posconflicto, que no se fragmente por las entidades (sectores) vigiladas, sino que es ejercido mediante la vigilancia fiscal de los sujetos, objetos, recursos y asuntos atinentes a múltiples sectores y sujetos, a diferencia del enfoque sectorial ordinario previsto en el Decreto-Ley 267 de 2000.

Que la Ley 1448 de 2011, denominada ley de Víctimas y Restitución de Tierras, dispuso en su artículo 201 la conformación de una Comisión de Seguimiento y Monitoreo integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con la función primordial de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en la citada ley y sobre lo cual debe rendir un informe al Congreso de la República dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011, se expidieron los decretos-leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 donde se regulan los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y en estos decretos, en los artículos 180, 109 y 143 respectivamente, se establece la conformación de una comisión de seguimiento y monitoreo integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con la función primordial de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en cada uno de ellos.

Que con el fin de ejercer la vigilancia y el control fiscal, en forma oportuna y eficiente por parte de la Contraloría General de la República, de los recursos para la implementación del Acuerdo final de Paz, así como para instrumentalizar el adecuado seguimiento del cumplimiento de las metas y el grado de ejecución del Plan plurianual de inversiones para la Paz, y del seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en la ley de víctimas, y en los decretos leyes relativos a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, es necesario establecer las funciones a cargo de la Unidad para el Posconflicto, y otorgar la competencia a la Unidad Delegada para el Posconflicto para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 180 del Decreto-Ley 4633 de 2011, el artículo 109 del Decreto-Ley 4634 de 2011, y el artículo 143 del Decreto-Ley 4635 de 2011.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

Generalidades

CAPÍTULO I

Objeto de la norma

ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene como objeto desarrollar el funcionamiento interno de la Unidad Delegada para el Posconflicto (UDP), de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 888 de 2017, así como la de asignarle las actividades para el seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, y de los decretos-leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011.

CAPÍTULO II

Competencia

ART. 2º—Competencia. La Unidad Delegada para el Posconflicto, como dependencia adscrita al despacho del Contralor General de la República, en el nivel superior de dirección del nivel central, ejercerá las atribuciones de control fiscal macro y micro en los términos y bajo las condiciones establecidas en el Decreto-Ley 888 de 2017 y sin perjuicio de las competencias legales ordinarias de las demás dependencias de la Contraloría General de la República.

En el control fiscal macro, la Unidad Delegada para el Posconflicto es la dependencia responsable de efectuar el seguimiento y presentación del informe al Congreso de la República, sobre la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan plurianual de inversiones para la paz, en cumplimiento de los procedimientos contenidos en la presente resolución.

Además de su intervención en la planeación del control fiscal micro en lo relacionado con las materias objeto de su competencia, la Unidad Delegada para el Posconflicto, solo podrá ejercer directamente el control fiscal micro:

a) Cuando el Contralor General de la República, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 5º del Decreto-Ley 888 de 2017, le asigne y/o le reasigne a esa unidad, sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal, sobre estos sujetos.

b) Cuando en desarrollo de lo previsto en el numeral 11 del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017 y en las condiciones previstas por la misma disposición legal, el Contralor General ordene adelantar auditorías intersectoriales en conjunto con otras dependencias de la Contraloría.

c) Cuando de conformidad con lo previsto en los numerales 6º, 7º, y 8º del Decreto-Ley 888 de 2017 y en la presente Resolución, participe o realice proceso de articulación en los procesos auditores que adelanten las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales, la gerencia departamental respectiva y los grupos de vigilancia fiscal.

ART. 3º—Comisiones de seguimiento. La Unidad Delegada para el Posconflicto, apoyará al despacho del Contralor General de la República en la preparación del informe que debe presentar ante el Congreso de la República como integrante de la comisión de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la ley de víctimas (CSMLV), previsto en el parágrafo 1º del artículo 201 de la Ley 1448 de 2011, y asistirá al Contralor General de la República en el seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en dicha ley.

Estas mismas actividades las desarrollará la UDP en lo que respecta a las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo previstas en el artículo 180 del Decreto-Ley 4633 de 2011, en el artículo 109 del Decreto-Ley 4634 de 2011, y en el artículo 143 del Decreto-Ley 4635 de 2011.

TÍTULO II

Funciones

CAPÍTULO I

Del control fiscal macro

ART. 4º—Planeación fiscal macro. La Unidad para el Posconflicto de la Contraloría General de la República, en coordinación con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, diseñarán y planearán, al inicio de la vigencia fiscal, la estrategia de control macro a las políticas públicas para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, para efectos de analizar, medir y evaluar su impacto y el grado de cumplimiento del Plan Marco de Implementación de los acuerdos. Todo ello de conformidad con el Plan plurianual de inversiones para la Paz, las variables económicas y la política fiscal en lo nacional y territorial y su sostenibilidad de acuerdo con el sometimiento a la regla fiscal y el marco de gasto fiscal de mediano plazo.

Para ello la Unidad de Posconflicto y la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas deberán adoptar como criterios de evaluación de la política pública:

a) El porcentaje de ejecución de los recursos destinados al posconflicto, de acuerdo con la programación del Plan plurianual de inversiones para la Paz, de acuerdo con los parámetros de adecuación y transparencia;

b) La pertinencia e impacto del gasto público en perspectiva de superación y erradicación de las causas estructurales que dieron origen a la vigencia y prolongación del conflicto armado en Colombia;

c) El grado de eficacia y eficiencia de la instrumentalización del Plan plurianual de inversiones para la Paz, a través de los diversos enfoques de planeación territorial tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los municipios priorizados y los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), los cuales deben deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio; y,

Los demás que, a juicio de la Unidad Delegada para el Posconflicto, deban ser incorporados para la evaluación fiscal macro de la política pública de posconflicto.

PAR.—Una vez diseñada la estrategia de control macro a las políticas públicas para el posconflicto, ésta deberá ser sometida a consideración del Contralor General de la República, previo concepto del Comité Directivo.

ART. 5º—Estudios integrales. De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, la Unidad Delegada para el Posconflicto brindará el apoyo técnico necesario a las demás dependencias de la Contraloría General de la República, para la definición de los estudios integrales de cada uno de los sectores relacionados con el cumplimiento del Acuerdo final, para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.

Como parte de esta orientación, sin perjuicio de las competencias de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, y Contralorías Delegadas Sectoriales e Intersectoriales y demás dependencias, la Unidad Delegada para el Posconflicto, podrá:

a) Recomendar herramientas para el adecuado seguimiento y evaluación del Plan plurianual de inversiones para la Paz.

b) Coadyuvar en la formulación de indicadores para evaluar el desempeño y los resultados de las políticas públicas del posconflicto en punto al cumplimiento de los puntos del acuerdo;

c) Identificar riesgos y problemas derivados de la implementación de tales políticas para efectos de priorizar y focalizar de la vigilancia fiscal.

d) Proponer criterios para la elaboración de las estadísticas intersectoriales del desempeño de la política pública.

ART. 6º—Estudio Intersectorial. Acorde con el diseño legal establecido para el control fiscal del posconflicto, se entiende el estudio intersectorial como aquel instrumento de evaluación de la política pública, cuyo objeto recae en la gestión fiscal de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo final, con una visión integral, intersectorial y con independencia de los sujetos que participan en su ejecución.

El estudio intersectorial tiene por propósito desarrollar el seguimiento y la evaluación del desempeño de la gestión fiscal, con respecto a la ejecución de los recursos del Plan plurianual de inversiones para la paz, acorde con el Plan marco para la implementación del posconflicto (PMI), documento este último, contentivo de los propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y de las medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia e instituciones responsables.

Una vez hecho el análisis intersectorial de estos instrumentos del posconflicto, la Contraloría General de la República contará con los insumos para adelantar el seguimiento, la medición y la verificación desde el nivel intersectorial y macrosectorial, para evaluar las estrategias de política, los indicadores temáticos y las metas trazadoras de cara al cumplimiento de los seis puntos del Acuerdo final. A partir de allí, el órgano de control podrá igualmente determinar las limitaciones y formular las propuestas y las recomendaciones de tipo intersectorial y macrosectorial, frente a la política pública de posconflicto.

PAR.—Para la realización de los estudios intersectoriales definidos en el presente artículo, el Contralor General de la República, podrá crear y organizar grupos internos de trabajo, con funcionarios de todos los niveles que laboren en las direcciones de estudios sectoriales de las contralorías delegadas sectoriales, quienes actuarán bajo la coordinación de la Unidad Delegada para el Posconflicto, con el acompañamiento de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas.

ART. 7º—Articulación. Corresponde a la Unidad Delegada para el Posconflicto, como parte de su labor de articulación de los estudios, el análisis y los resultados de la vigilancia fiscal de los recursos del posconflicto, con el apoyo de la oficina de planeación:

a) Establecer en coordinación con las contralorías delegadas sectoriales e intersectoriales, los estudios intersectoriales a realizarse en materia de gestión fiscal de la política pública de posconflicto;

b) Proponer los indicadores de tipo intersectorial que permitan evaluar el desempeño de la política pública del posconflicto y medir los resultados de estos indicadores y el cumplimiento de las metas respectivas;

c) Elaborar estadísticas intersectoriales útiles en la conceptualización del desempeño fiscal, administrativo, institucional y de política pública;

d) Elaborar los mapas de riesgo correspondientes al posconflicto para orientar las acciones prioritarias de vigilancia fiscal; y

e) Identificar desde el enfoque intersectorial, transversal e integral del control fiscal de los recursos del posconflicto, los problemas en la implementación del Acuerdo final, de manera que le permita al órgano superior de fiscalización, priorizar y focalizar la vigilancia y el control fiscal de dichos recursos.

ART. 8º—Apoyo técnico. Sin perjuicio de las competencias legales, previstas en el Decreto-Ley 267 de 2000 la Unidad Delegada para el Posconflicto, en desarrollo de lo dispuesto en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, orientará y apoyará técnicamente a las direcciones de estudios sectoriales de cada una de las contralorías delegadas sectoriales y de la coordinación micro del sistema general de regalías, en lo que estas requieran para la elaboración de los estudios sectoriales, en aquellos aspectos que guarden relación con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

CAPÍTULO II

Del control fiscal micro

ART. 9º—Planeación fiscal micro. La Unidad Delegada para el Posconflicto, tendrá a su cargo la identificación, selección, priorización y justificación de los sujetos, entidades, materias y asuntos objeto de vigilancia y control fiscal micro por parte de las Contralorías Delegadas Sectoriales e Intersectoriales y demás dependencias de la Contraloría General de la República, en relación con las materias mencionadas en el inciso 1º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, las cuales presentará al Contralor General para ser incluidas dentro de los lineamientos estratégicos para la elaboración del Plan de vigilancia y control fiscal de cada anualidad.

Lo anterior será como desarrollo de las acciones de articulación, orientación y concertación que la Unidad deberá realizar con contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales y tendrá como fundamento:

a) El informe de ejecución de recursos y cumplimiento de las metas del componente de paz del Plan plurianual de inversiones;

b) Los estudios y evaluación de políticas públicas en cada uno de los sectores para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera;

c) Los análisis y los resultados de la vigilancia fiscal de los recursos del posconflicto;

d) La evaluación de riesgos preliminarmente establecidos;

c) La evaluación del control interno.

PAR.—Para el ejercicio del control fiscal micro sobre las materias referidas en el inciso 1º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, las contralorías delegadas sectoriales, intersectoriales y el grupo de trabajo de la planta temporal de regalías establecido para el ejercicio del control fiscal micro y demás dependencias competentes, deberán tener en cuenta la priorización y lineamentos a que se refiere el presente artículo y, en consecuencia, coordinar con la Unidad Delegada para el Posconflicto y la Oficina de Planeación, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.

Cuando estas dependencias de la Contraloría General, consideren que no procede la priorización y lineamientos formulados por la Unidad Delegada para el Posconflicto, deberán soportar su determinación al momento de la aprobación del mismo en el comité directivo.

ART. 10.—Coordinación de auditorías. En desarrollo de lo dispuesto en los numerales 6º, 7º, y 8º del Decreto-Ley 888 de 2017, la Unidad Delegada para el Posconflicto, en relación con las materias referidas en el inciso 1º de la misma disposición legal, deberá:

a) Definir, durante el proceso de elaboración del Plan de vigilancia y control fiscal micro, con las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales, la gerencia departamental respectiva y los grupos de vigilancia fiscal, su forma de participación en el plan y en la ejecución de las auditorías que se adelanten en relación con las materias mencionadas en el inciso 1º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017. Lo anterior, siempre y cuando la unidad cuente con la capacidad técnica disponible al momento de la formulación del Plan de vigilancia y control fiscal micro.

b) Articular y estructurar con la contraloría delegada para la participación ciudadana a partir del enfoque de control social fiscal participativo, las materias o asuntos que, dentro de lo establecido en el Decreto-Ley 888 de 2017, deban ser priorizadas en el Plan de vigilancia y control fiscal micro.

c) Participar en las auditorías intersectoriales, junto con las contralorías delegadas generales, Sectoriales e Intersectoriales, la gerencia departamental respectiva y los grupos de vigilancia fiscal, en la ejecución y seguimiento de las auditorías intersectoriales que sean planeadas dentro del Plan de vigilancia y control fiscal micro.

PAR.—Durante la ejecución del Plan de vigilancia y control fiscal micro, la Unidad Delegada para el Posconflicto en cumplimiento de las labores de articular, orientar y concertar que le confiere el mismo numeral 7º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, podrá solicitar la inclusión de aspectos que a su juicio conlleven riesgos en el manejo de los asuntos concernientes a las materias previstas en el mismo decreto-ley.

ART. 11.—Auditoría intersectorial. De conformidad con el artículo 5º del Decreto-Ley 888 de 2017, la vigilancia y control fiscal micro sobre la implementación del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en cumplimiento de los propósitos del mismo decreto-ley, podrá ser ejercida sobre sujetos, objetos, recursos y asuntos atinentes a varios sectores mediante el mecanismo de la auditoría intersectorial.

Se entiende por auditoría intersectorial, el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal micro respecto de los bienes, proyectos, programas o cualquier otro objeto que involucre los recursos públicos destinados a las materias objeto de la presente resolución, siempre y cuando en las distintas etapas de recaudo o adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición intervengan varios sujetos pasivos de vigilancia sectorizados en diferentes Unidades Ejecutoras o pertenecientes a distintos sectores.

Las auditorías intersectoriales se adelantarán, en cada caso, por decisión del Contralor General de la República y cuando así se determine en el Plan de vigilancia de fiscal y control fiscal (PVCF), de manera que se optimice el control fiscal a los recursos disponibles; se articulen las actividades desarrolladas por las distintas áreas; se eviten los reprocesos y se cumpla con la vigilancia y el control fiscal eficiente, coordinado y oportuno.

Las auditorías intersectoriales, podrán serlo de cumplimiento, financiera o de desempeño.

Las auditorías intersectoriales, se adelantarán con participación de funcionarios de las contralorías delegadas sectoriales e intersectoriales y demás dependencias competentes, según el tipo de entidades y sujetos que tengan a su cargo los recursos objeto de vigilancia y siempre contarán con la participación de funcionarios de la Unidad Delegada para el Posconflicto.

El procedimiento de las auditorías intersectoriales, será establecido por el Contralor General de la República mediante resolución reglamentaria orgánica, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales.

ART. 12.—Apoyo técnico. Sin perjuicio de las competencias legales, previstas en el Decreto-Ley 267 de 2000, la Unidad Delegada para el Posconflicto, en desarrollo de lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017, orientará y apoyará técnicamente a las Direcciones de Vigilancia Fiscal de cada una de las Contralorías Delegadas Sectoriales, a la Coordinación Micro del Sistema General de Regalías, y a las Gerencias Departamentales Colegiadas y a los Grupos de Vigilancia Fiscal, en cuanto lo requieran durante todas las fases del proceso de auditoría y en aquellos aspectos que guarden relación con la implementación del Acuerdo final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.

CAPÍTULO III

Informes y varios

ART. 13.—Informe anual del posconflicto. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017 y en cumplimiento a lo estipulado por el inciso 3º del artículo 3º transitorio de la Constitución Política introducido por el Acto Legislativo 01 de 2016, las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales, la coordinación micro del sistema general de regalías, las gerencias departamentales colegiadas y todas las demás dependencias de la Contraloría General competentes, están obligadas dentro del marco de sus funciones, a recabar, recaudar, evaluar y suministrar toda la información necesaria para que la Unidad Delegada para el Posconflicto, pueda elaborar el informe de ejecución de recursos y cumplimiento de metas del componente de paz del Plan plurianual de inversiones.

Para lo anterior, la Unidad Delegada para el Posconflicto, les solicitará en el primer bimestre de cada anualidad la información detallada relacionada con:

a) La rendición de la información cargada en el aplicativo CHIP o el que haga sus veces, por parte de las entidades nacionales y entidades territoriales, relacionada con la ejecución de los recursos de fuente nacional o territorial, destinados a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

b) Los resultados, conclusiones y propuestas de los estudios intersectoriales y sectoriales programados para el análisis del cumplimiento de las metas del componente de paz del Plan plurianual de inversiones;

c) El contenido y conclusiones de los informes de auditorías intersectoriales y sectoriales relativos a la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

d) El seguimiento y verificación del grado de avance y de la implementación de las acciones de cumplimiento descritas en los planes de mejoramiento relacionados con la gestión de los recursos para la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que hayan sido suscritos por las entidades auditadas;

e) Los resultados del ejercicio del control fiscal participativo y su incidencia frente a la transparencia y la participación ciudadana en el control de los recursos del posconflicto;

f) Los resultados del ejercicio del control excepcional de los recursos propios de las entidades territoriales, en aquellos casos donde este sea ejercido, previo el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales sobre la materia.

g) La información recabada a partir de otros medios de vigilancia fiscal, tales como informes, actuaciones especiales de fiscalización, entre otros; y

h) Toda la demás información que, con la debida motivación y dentro del marco funcional correspondiente, considere necesaria para la elaboración del informe.

Con base en dicha información la Unidad Delegada para el Posconflicto elaborará de manera detallada, el informe de ejecución de recursos y cumplimiento de las metas del componente de paz del Plan plurianual de inversiones.

ART. 14.—Sistemas de información. Conforme al principio rector de simplificación y racionalización de las exigencias de información y para evitar la duplicidad de solicitudes a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal del posconflicto, se adopta como sistema de información y seguimiento institucional para la implementación de la política pública de posconflicto, la metodología de rendición de la información fijada por la Contraloría General de la República mediante la Resolución Orgánica 007 del 9 de junio de 2016(5), o la que haga sus veces; y de manera especial, en lo que respecta al medio y forma de la rendición, a través de los formatos dispuestos para el efecto en el micrositio de finanzas públicas en la página web de la CGR, y a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). A través de dicho sistema de información se pretende verificar el cumplimiento de las metas propuestas en cada proyecto, programa y política pública diseñada para el cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo final.

La Unidad Delegada para el Posconflicto, la Oficina de Planeación y la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, dentro del mes siguiente a la publicación de la presente resolución, diseñarán, implementarán y alojarán en el micrositio de finanzas públicas en la página web de la CGR, los formatos para el diligenciamiento de la información del posconflicto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República podrá igualmente solicitar información al mecanismo creado por el Decreto 1829 de 2017, denominado sistema integrado de información para el posconflicto (SIIPO), para el adecuado ejercicio de sus atribuciones de Control Fiscal Posterior Macro y Micro sobre las materias referidas en el Decreto-Ley 888 de 2017.

Así mismo en cumplimiento de los criterios orientadores que forman parte del componente internacional de verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo final (CSIVI) (num. 6.3 del AF), y de manera especial, los de acceso a la información y transparencia, en tanto que, para cumplir con la labor de verificación, el componente internacional podrá igualmente coordinar con los órganos de control del Estado; igualmente podrá la CGR en el marco de esta coordinación interinstitucional acudir a la cooperación para el acceso a la información con que cuenta el CSIVI, de la ejecución, monitoreo y seguimiento a los recursos nacionales como internacionales para la implementación del Acuerdo final.

Sin perjuicio, del postulado constitucional de control fiscal posterior y selectivo, a la Unidad Delegada para el Posconflicto, podrá exigir informes a los servidores públicos de cualquier orden sobre su gestión fiscal y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación, exclusivamente cuando la información sea necesaria para el desarrollo del ejercicio de las funciones asignadas por el Decreto-Ley 888 de 2017.

ART. 15.—Trámite de derechos de petición y de denuncia. La Unidad Delegada para el Posconflicto, será la dependencia encargada de tramitar y responder los derechos de petición relacionados con las materias que son objeto de regulación en el Decreto-Ley 888 de 2017 y en la presente resolución.

Igualmente, lo estará de los relacionados con los temas atinentes a la ley de víctimas, y las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en consonancia con lo establecido en el artículo 2º.

Así mismo, le corresponde a la UDP adelantar en coordinación con las dependencias respectivas, el trámite de respuesta a las solicitudes de información allegadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, o por las demás instancias judiciales o no judiciales que forman parte de la nueva institucionalidad del posconflicto.

La Unidad Delegada para el Posconflicto, brindará orientación y apoyo a las dependencias competentes en trámite de las denuncias radicadas ante la Contraloría General de la República, que guarden relación con las materias reguladas en el Decreto-Ley 888 de 2017.

ART. 16.—Seguimiento. En desarrollo de lo contenido en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º y 10 del artículo 2º del Decreto-Ley 888 de 2017 y en relación con las materias de su competencia, la Unidad Delegada para el Posconflicto deberá hacer seguimiento a los resultados, conceptos, conclusiones y beneficios alcanzados en el proceso auditor, como fuente para la elaboración de estudios y análisis de su cargo; y como insumo para la identificación y recomendación de prioridades en el ejercicio del control fiscal sobre la ejecución de los recursos y sobre el cumplimiento de las metas del posconflicto.

ART. 17.—Incorporación a macroprocesos. Incorporar a la Unidad Delegada para el Posconflicto, en los macroprocesos misionales de i) control fiscal micro; ii) enlace con el cliente y partes interesadas; y iii) control fiscal macro, para los efectos de la presente resolución.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

Vigencia

ART. 18.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y adiciona y modifica las disposiciones correspondientes de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de julio de 2018.

2 (sic) Sent. C-805/2001.

3 Sent. C-290/2002, M. P., Clara Inés Vargas Hernández.

4 Constitución Política, ART. 268.—El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse (…). 12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

5 Resolución Orgánica CGR 007 del 9 de junio de 2016, “por la cual se reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la información presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la auditoría al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás disposiciones sobre la materia”. Publicada en el Diario Oficial 49.900 del diez (10) de junio de dos mi dieciséis (2016).