Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL 670-2018 DE 2018

(Agosto 17)

“Por la cual se adopta la Política de prevención del daño antijurídico de la Contraloría General de la República”.

El Contralor General de la República,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 35 del Decreto-Ley 267 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 90 de la Constitución Política colombiana señala que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Que los numerales 2º y 4º del artículo 35 del Decreto-Ley 267 de febrero 22 de 2000, establece como función del Contralor General de la República la de “Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de la República en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal otorgada por la Constitución y la Ley” y “Dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que mediante Decreto Nacional 1716 de 2009 por el cual se reglamentó el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el capítulo V de la Ley 640 de 2001, hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, determinó disposiciones sobre la conciliación extrajudicial en asuntos de lo Contencioso Administrativo y en especial lo relacionado con el funcionamiento del Comité de Conciliación.

Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto Nacional 1069 de 2015, define el Comité de conciliación como “Una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad”.

Que los numerales 1º y 2º del artículo 2.2.4.3.1.2.5 ibídem, disponen que corresponde al Comité de Conciliación formular y ejecutar las políticas de prevención del daño antijurídico y diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad.

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en el marco de la competencia que le confiere el Decreto 4085 de 2011, tiene como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

Que en uso de las facultades legales la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en Circular Externa 6 del 6 de julio de 2016, fijó lineamientos y metodología para el seguimiento a la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico y entre otras precisó: “2.2 Las entidades públicas del orden nacional deben formular cada año su política de prevención del daño antijurídico teniendo en cuenta la litigiosidad del año inmediatamente anterior. 2.6. Las entidades públicas del orden nacional deben incluir dentro de la política de prevención indicadores de resultado que midan el efecto del plan de acción sobre la(s) causa(s) primaria(s) priorizada(s). 2.8. Las entidades públicas del orden nacional deberán implementar el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado”. Esto con el fin de: “reducir las condenas impuestas al Estado por los organismos judiciales mediante políticas públicas que reduzcan la incidencia del daño antijurídico y estrategias que mejoren la defensa judicial de las entidades que conforman el Estado colombiano”.

Que mediante el procedimiento denominado paso a paso para la elaboración de una política de prevención del daño antijurídico, se institucionalizó las medidas para adoptar cada año una política que prevenga y mitigue los riesgos derivados de actuaciones, hechos, operaciones y actos que generan daño antijurídico a la entidad. El procedimiento inicia con la obtención de información para el estudio de la actividad litigiosa de la entidad y termina con la resolución que adopta la política de prevención de daño antijurídico.

Que la política de prevención del daño antijurídico está concebida como un instrumento de gerencia pública y de gestión que requiere esencialmente la solución de los problemas administrativos que generan reclamaciones y demandas, para lo cual la entidad deberá implementar mecanismos preventivos tendientes a defender los intereses de la Contraloría General de la República, debiendo realizar todas la actuaciones necesarias que permitan minimizar el impacto que puedan generar las posibles demandas.

Que mediante Resolución Organizacional OGZ-105 del 28 de octubre de 2014, proferida por el Contralor General de la República, se conformó el Comité de conciliación de la entidad, la cual fue derogada por la Resolución Organizacional OGZ-0118-2014 y esta a su vez modificada por la Resolución Organizacional OGZ-305-2015.

Que el Comité de Conciliación formula, orienta, coordina, define, adopta y ejecuta las políticas en materia de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico en la Contraloría General de la República.

Que mediante Resolución Organizacional OGZ-451 del 22 de junio de 2016 se adoptó la política de prevención del daño antijurídico de la Contraloría General de la República.

Que de acuerdo con las funciones asignadas al Comité de Conciliación de la Contraloría General de la República, se procedió a formular la Política de prevención del daño antijurídico para el año 2018, para lo cual se decidió adoptar la metodología propuesta por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) analizando la actividad litigiosa de la entidad, focalizándose en la identificación de los riesgos, priorizando las causas primarias o subcausas, elaborando el plan de acción que establece los lineamientos para mitigar las causas primarias y construyendo la matriz de seguimiento y evaluación con los indicadores propuestos que permitirán medir el grado de cumplimiento de las medidas implementadas para reducir las reclamaciones y la eventual actividad litigiosa de la Contraloría General de la República.

Que la Dirección de políticas y estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) mediante oficio con radicado 201830000047091 de 24 de julio de 2018, dirigido a la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la Contraloría General de la República, informó que revisada la política de prevención del daño antijurídico propuesta Comité de Conciliación, la encontró ajustada a las circulares externas 3 de 2014 y 6 de 2016, invitando a centrar los esfuerzos en su difusión, implementación y seguimiento.

Que una vez culminado el proyecto encomendado a la oficina jurídica, y habiendo cumplido los lineamientos generales impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), fue presentado formalmente a los miembros del Comité de Conciliación de la Contraloría General de la República, el cual fue aprobado, en la sesión ordinaria número 17 del 9 de agosto de 2018.

Que conforme a lo expuesto, se hace necesario adoptar e implementar la política de prevención del daño antijurídico, con el propósito de prevenir aquellas situaciones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole que puedan significar reclamaciones judiciales o demandas contra los intereses de la Contraloría General de la República.

Que en mérito de todo lo anterior,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar e implementar la Política de prevención del daño antijurídico de la Contraloría General de la República para el año 2018, documento que hace parte integral de la presente resolución.

ART. 2º—El Comité de conciliación y defensa judicial de la Contraloría General de la República, como instancia administrativa encargada del estudio, análisis y formulación de las políticas de prevención del daño antijurídico, será el competente para efectuar el seguimiento, promoción y complimiento de las políticas que aquí se adoptan.

Para efecto de apoyo a la verificación de la implementación, seguimiento y control de las acciones contempladas en la presente política, se designa al secretario técnico del Comité de conciliación y defensa judicial.

PAR. 1º—El seguimiento se realizará trimestralmente, de lo cual se dejará constancia por escrito y se comunicará a los miembros del Comité de Conciliación.

ART. 3º—La actualización y los ajustes a la Política de prevención del daño antijurídico de la Contraloría General de la República, se realizará anualmente o cada vez que lo requiera.

ART. 4º—La presente resolución organizacional, deberá ser publicada en la página web de la entidad.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga la Resolución Organizacional OGZ 451 de 21 de junio de 2016 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 17 de agosto de 2018.