Auditoría General de la República

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 2 DE 2015

(Febrero 17)

“Por la cual se delega la responsabilidad de vigilar el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), en el Rol de Administrador de la Entidad, y se ordenan tareas específicas frente a este sistema a otros funcionarios”.

La Auditora General de la República,

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 6º y 17, numeral 14, del Decreto 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Auditoría General de la República, es un organismo dotado de autonomía jurídica, administrativa y contractual y presupuestal, a cargo del Auditor General de la República de que trata el artículo 274 de la Constitución Política, cuyas funciones se encuentran reguladas por lo establecido en el artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000;

Que con base en la autonomía atribuida a la Auditoría General de la República, le corresponde al Auditor General de la República definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de las funciones de la entidad, así como adoptar las políticas, planes, programas y estrategias, necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la misma;

Que de conformidad con el numeral 10 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, el Auditor General de la República, tiene la representación legal de la Auditoría General de la República en todos los asuntos inherentes al desarrollo de sus funciones y está facultado para suscribir los actos y contratos de la entidad;

Que los numerales 13 y 14 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, facultan expresamente al Auditor General de la República para adoptar las medidas administrativas y financieras para el adecuado funcionamiento de la entidad y para asignar a las distintas dependencias y funcionarios de la Auditoría las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la conformación de equipos, delegando y desconcentrando las funciones a que hubiere lugar;

Que la Ley 790 de 2002 creó el Sistema de Información de la Actividad Litigiosa y de la Gestión Jurídica del Estado, cuya definición técnica y administración general estaba a cargo de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia;

Que el artículo 3º del Decreto 1795 de 2007, “por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado” establece lo siguiente:

“Responsables de la información. El representante legal de cada una de las entidades de las que trata el artículo anterior, deberá designar a la persona responsable de vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información Litigob. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación del presente decreto, las entidades destinatarias de la norma deberán enviar comunicación al Ministerio del Interior y de Justicia informando el funcionario designado. Mientras se hace esta designación, el responsable será el jefe de la oficina jurídica, o quien haga sus veces.

Los apoderados de las entidades públicas que actúan dentro de cada proceso judicial, o que la representan dentro de un trámite conciliatorio, son responsables directos del reporte oportuno y de la actualización de la información de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite.

PAR.—Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de esta obligación a través de los procedimientos internos que establezcan, y que puede ser por muestreo selectivo, ordenando los ajustes pertinentes, y enviarán semestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia certificación sobre el resultado de la verificación”;

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Decreto 2052 del 16 de octubre de 2014 reglamentó la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), preceptuando en su artículo 8º, que los representantes legales de las entidades y organismos estatales del orden nacional y aquellas entidades privadas que administren recursos públicos, deberán asegurar el registro oportuno y la actualización permanente de información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), para lo cual, deberán designar como administrador del Sistema a un servidor que acredite título de abogado;

Que la Circular Externa 5 del 16 de febrero de 2015 solicita remitir el acto de delegación por parte del representante legal al encargado de vigilar el registro oportuno y constante en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), rol que dentro del sistema se encuentra como “Administrador de entidad”;

Que por lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en un abogado de la Oficina Jurídica de la Auditoría General de la República, la responsabilidad de vigilar el registro oportuno y la actualización permanente de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), rol que dentro del sistema se denomina “Administrador de la entidad”.

ART. 2º—Delegar en el Director de la Oficina Jurídica la designación del abogado de dicha dependencia, que ejercerá el rol de “Administrador de la entidad”, y que tendrá la responsabilidad del registro oportuno y la actualización permanente de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI).

ART. 3º—Ordenar a los funcionarios y/o contratistas que actúen como apoderados judiciales de la entidad que ejerzan la defensa jurídica de la entidad, que realicen el reporte oportuno y la actualización de la información de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI).

ART. 4º—Ordenar al Director de la Oficina de Control Interno verificar el cumplimiento de esta obligación a través de los procedimientos internos que establezca, recomendando los ajustes pertinentes y enviando los reportes necesarios a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

ART. 5º—Comunicar el contenido de la presente resolución a los funcionarios que estén ocupando los cargos designados y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

ART. 6º—Deróganse todas las resoluciones que le sean contrarias a lo aquí dispuesto en especial la Resolución Reglamentaria 3 de 2012.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 17 de febrero de 2015.