Responsabilidad penal empresarial: análisis de los problemas de autoría y participación

Revista N° 29. Oct.-Dic. 2009

Paula Andrea Ramírez Barbosa 

Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca 

Profesora Universidad Externado de Colombia 

(Colombia) 

Sumario

El artículo analiza los principales problemas de autoría y participación en los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo, a través de la descentralización en el ámbito de la empresa, recurriendo al estudio de los artículos 316 y 317 del Código Penal español. Esto con el objeto de explicar la relación que debe mediar entre la omisión de las normas de prevención de riesgos en el trabajo y el resultado de peligro grave para la vida y salud de los trabajadores, a efectos de verificar las diferentes problemáticas surgidas en tal ámbito, en virtud de la posición de garante y así mismo los criterios necesarios para dilucidar la responsabilidad de un autor frente a un partícipe en este tipo de delitos. 

Temas relacionados

Delito contra la seguridad y salud en el trabajo; posición de garante; riesgos en el trabajo; bien jurídico de los trabajadores.

I. El delito contra la seguridad y salud en el trabajo como delito especial

El delito contra la seguridad y salud en el trabajo previsto en los artículos 316 y 317 del Código Penal español(1) se configura como un delito especial propio, del que solo podrán ser sujetos activos aquellos individuos que legalmente tengan asignada la obligación de facilitar los medios de seguridad en el trabajo. Por tanto, se precisa que el sujeto responsable posea competencia y capacidad institucional para poder imputársele el hecho delictivo(2).

Al tratarse de un delito cuyo ámbito es la empresa, la determinación de los sujetos responsables no resulta del todo fácil, ya que se plantean peculiaridades relacionadas con la delimitación del círculo de sujetos que tienen asignadas en el organigrama empresarial las obligaciones de facilitación de los medios de seguridad en el trabajo. Así, pueden plantearse supuestos en los que no siempre los que figuran como responsables de la prevención de riesgos laborales y, por tanto, deudores en las tareas de facilitación de los instrumentos de seguridad son los únicos o verdaderos obligados a cumplir tal deber. Como también puede acontecer que haya otras personas que ajenas formalmente a la empresa, controlen materialmente el proceso productivo de la misma y, por tanto, las decisiones que en su interior han de tomarse, por lo que resulta importante analizar hasta qué punto puede incriminárseles el delito(3).

Es innegable que la empresa se caracteriza no solo por la distribución y producción de bienes y servicios, sino además por su organización escalonada, la cual implica una estructura concreta de funciones y la distribución jerárquica de mandos. Por lo tanto, resulta clara la individualidad funcional al momento de establecer el cumplimiento de determinadas obligaciones que delimitan la calificación de sujeto activo en un individuo. En este sentido, el empresario como garante de los intereses de los trabajadores ha de prever, controlar e inspeccionar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores en el ejercicio de su labor(4).

No cabe duda, que en la estructura empresarial actual la consecución de los objetivos económicos y su relación con el desarrollo de las actividades productivas requiere la realización por parte de los trabajadores de labores peligrosas que pueden afectar sus intereses básicos. En virtud de lo cual, cobra especial importancia la prevención de los riesgos laborales, los cuales tendrán que evitarse, atenuarse y controlarse en las diversas etapas económico-empresariales. Por tal razón, resulta necesario en este ámbito delimitar el conjunto de sujetos que tienen asignadas por mandato legal o por delegación las funciones de salvaguardar la vida y salud de los trabajadores.

En efecto, el deber de seguridad en el trabajo suele atribuirse de forma primigenia al empresario y a los sujetos por él delegados en materia de prevención de riesgos laborales. Al respecto, el artículo 14.4 de la LPRL (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), establece que el empresario puede asignar labores de protección y prevención de los peligros laborales a los trabajadores o servicios de la empresa, como también puede acudir a los convenios con entidades especializadas, para que desplieguen actividades complementarias a las del empresario en esta materia(5).

El empresario, en virtud de las funciones de dirección, organización y supervisión que le son inherentes como titular de la empresa, ha de asumir la competencia funcional en el desarrollo de las distintas fases del proceso productivo. Lo que implica que debe responsabilizarse de la selección y formación del personal subordinado, el control de la actividad económica desplegada por sus trabajadores, la prevención de los riesgos y la salvaguarda de la seguridad y salud en el trabajo, como intereses fundamentales de los trabajadores que le exigen una actuación permanente y eficaz en este ámbito. En concreto, la titularidad de este tipo de obligaciones individualiza y cualifica al empresario subjetivamente como destinatario de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque muchas de las competencias que le son asignadas por mandato legal puedan ser delegadas total o parcialmente en terceros que posean las condiciones requeridas para llevar a cabo tal labor(6).

En consecuencia, es indiscutible la existencia de un vínculo entre los sujetos legalmente obligados a facilitar los medios de seguridad en el trabajo y el bien jurídico tutelado por el artículo 316 C.P., es decir, la vida y salud de los trabajadores en sentido supraindividual. En efecto, a este tipo de sujetos en el marco organizacional de la empresa les han sido asignadas concretas obligaciones, referidas a proporcionar los instrumentos necesarios para que los trabajadores desarrollen sus actividades en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, han de controlar y supervisar las diversas fuentes de riesgo en la empresa, lo que implica una actividad continua y dinámica que no se agota con la entrega material de los medios de seguridad, sino que incluye tareas de vigilancia y formación relacionadas con la capacitación en el desarrollo de las labores, uso de los instrumentos, observancia de las normas de prevención y control de los riesgos laborales.

En suma, el sustrato material de los elementos que conforman la autoría en los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo requieren la calificación del sujeto activo, la cual se fundamenta en el ejercicio de las funciones de prevención de riesgos laborales, dentro de las que se incluye la facilitación de los medios necesarios de seguridad. Este tipo de deberes da lugar a una relación entre el sujeto que la despliega, es decir, el legalmente obligado, y los trabajadores como titulares de los bienes jurídicos puestos en juego en el ejercicio de tal actividad(7). De lo anterior se infiere que la protección de la vida y salud de los trabajadores en sentido colectivo corresponde al empresario y a los demás sujetos por él encargados en este ámbito, al ser los garantes de los intereses de los trabajadores. Por tanto, solo estos sujetos, al tener asignadas las funciones de prevención de riesgos laborales y de salvaguarda de la vida y salud de los trabajadores, podrán ser sujetos activos del delito contenido en los artículos 316 y 317 del C.P.

2. Alusión al tratamiento de la autoría y participación en el delito contra la seguridad y salud en el trabajo: principales aspectos

2.1. La autoría y participación en los delitos especiales: aproximación

En los delitos especiales, el sujeto activo está circunscrito a quienes posean las cualidades requeridas por el tipo penal. Tal condición puede estar mencionada de forma expresa o puede deducirse de los demás elementos típicos, tal y como acontece en el delito contra la seguridad en el trabajo, que enuncia a los sujetos legalmente obligados. Con lo cual los sujetos que participen en la comisión del hecho delictivo y que no posean las cualidades requeridas por el tipo no podrán ser considerados autores.

El delito contra la seguridad en el trabajo es un delito especial propio, ya que la cualidad del autor fundamenta el tipo delictivo; por lo que no puede aplicarse un tipo común similar al sujeto, en los eventos en que este no tuviera las cualidades requeridas(8). A diferencia de lo que sucede con los delitos especiales impropios, en los que frente a la inexistencia de las cualidades exigidas por el tipo penal puede aplicársele un delito común(9).

Al respecto, algún sector de la doctrina ha señalado que los delitos de comisión por omisión son delitos de infracción de un deber, en los que la posición de garantía es el elemento básico que prevalece sobre cualquier otro. Por tanto, resulta admisible la autoría del omitente siempre que el tipo penal pueda realizarse por omisión(10). Postura que excluye como criterio para imputar la responsabilidad la equivalencia entre la omisión del deber y el resultado, y que atiende a la mera constatación de un deber o poder institucional en el autor, restando importancia a los demás elementos que integran los delitos de comisión por omisión(11).

Otro sector doctrinal considera como elemento fundamental la teoría del dominio del hecho, "según la cual el autor del delito es quien domina objetiva y subjetivamente la realización de ese delito, hasta el punto que sin su intervención y decisión el delito no se podría cometer. El partícipe en cambio es sólo, como su propio nombre lo indica, alguien que favorece, ayuda, induce o coopera en la comisión de un delito, cuya realización, sin embargo, depende de la voluntad de otra persona que es el verdadero autor"(12). Con lo cual, la determinación del sujeto activo en los delitos de comisión por omisión se caracteriza porque el sujeto omitente es frente al autor comisivo un mero partícipe, puesto que sólo ostenta un dominio potencial y negativo de los hechos.

En un tercer sector, como bien apunta Rodríguez Mesa, se sitúan aquellos que siguiendo la doctrina marcada por Kaufmann señalan una diversidad de situaciones de garantía, en las que el omitente será responsable por regla general en los supuestos en que tenga una especial relación de protección con el bien jurídico. En consecuencia, se constatará participación omisiva, cuando el garante que tenga asignada la función de control y dominio de las fuentes de peligro o del ataque delictivo de terceros hace posible la lesión o puesta en peligro del autor(13).

Para Serrano-Piedecasas "en la actualidad, la evolución doctrinal y jurisprudencial del concepto de autoría tiende a acomodarla a una nueva realidad poco conocida para las teorías formales: la del establecimiento económico organizado en base a la división del trabajo y a la jerarquización de responsabilidades"(14). En el que se hace evidente el control y dominio de las fuentes de peligro que se originan a lo largo del proceso productivo por parte del directivo-empresario, y dentro de las que se puede incluir el dominio de los riesgos laborales que pueden afectar la vida y salud de los trabajadores.

Así, compartimos el criterio sostenido por Ferré Olivé, al considerar que con relación a los delitos especiales en general, y en nuestro caso, en el delito contra la seguridad en el trabajo en particular, la teoría del dominio del hecho es la que mejor explica las distintas formas de autoría, "basándose en el dominio de la acción -autoría directa-, de la voluntad autoría mediata y el dominio funcional coautoría"(15). Por lo cual, y teniendo como punto de partida la teoría del dominio del hecho, en este delito podemos afirmar que solo podrá ser autor quien tenga la condición de sujeto legalmente obligado a facilitar las medidas de seguridad necesarias, requiriéndose además, el análisis del grado de contribución en el hecho, ya que si este se limita a colaborar debe responder como partícipe y no como autor(16). Al tercero que no posea la cualidad requerida por el tipo sólo podrá incriminársele la conducta a título de partícipe. Por tanto, el partícipe será destinatario de sanción penal de acuerdo con su grado de participación en el delito, es decir, si fue o no necesaria(17).

3. La autoría y participación en el delito contra la seguridad y salud en el trabajo

3.1. Autoría directa, autoría mediata y coautoría: introducción

Para determinar la responsabilidad penal de un sujeto por un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, se precisa en primer lugar, delimitar el contenido de la obligación de seguridad y el alcance del mismo respecto a determinados sujetos de la empresa(18). Ya que, si bien el deber genérico de seguridad recae principalmente en el empresario y sus representantes, existen otros sujetos que dentro de la estructura organizativa empresarial tienen asignadas específicas obligaciones relacionadas con ese ámbito, como es el caso de los servicios de prevención, delegados de prevención, el comité de seguridad y salud, promotores, entre otros(19).

Por tanto, no basta que un sujeto tenga asignada en la empresa una específica función en materia de seguridad, sino que la misma, esté directamente relacionada con la facilitación de los medios de seguridad a los trabajadores para que estos desarrollen en condiciones óptimas su actividad sin peligro grave para su vida o salud. Generalmente debe analizarse la conducta del empresario para determinar si éste omitió directamente el deber de seguridad que le corresponde como titular de los poderes de dirección y organización; o, si por el contrario, su responsabilidad se vincula con la omisión de un sujeto por él delegado en esta materia.

Del mismo modo, para imputar el juicio de responsabilidad penal al sujeto agente, no resulta suficiente la sola infracción del deber de facilitar los medios de seguridad adecuados a los trabajadores(20). Se requiere en consecuencia, que dicho sujeto se encuentre obligado por la normativa de prevención de riesgos a proporcionar tales medios de seguridad y que ostente la competencia fáctica en esta materia. Por tanto, la omisión de sus deberes funcionales ha de ser causa de la situación de peligro grave para la vida o salud de los trabajadores(21).

Sobre este aspecto, es preciso señalar que en el mundo empresarial la organización y dirección del proceso productivo son titularidad del empresario, sin que ello implique el cumplimiento irrestricto de todas las funciones que a él le han sido encomendadas por las diversas normas que regulan su ámbito funcional(22). La complejidad de las relaciones económicas y productivas propias de las sociedades actuales permite que se estructure en la empresa un organigrama funcional, en el que se asignan de forma individual a diversos sujetos capacitados para tal fin el cumplimiento y desarrollo de las distintas etapas del proceso productivo. Este hecho implica la descentralización de funciones que en principio corresponderían al empresario, como acontece con el deber de seguridad en el trabajo(23).

Cuando el empresario asigna a otros sujetos funciones de prevención de los riesgos laborales y control de las fuentes de peligro para la vida y salud de los trabajadores, atribuye competencias determinadas que no hacen desaparecer su posición de garantía, ya que sigue teniendo la competencia de instar a la evitación de las situaciones de riesgo grave en el trabajo. Por tanto, el sujeto sometido a la dirección empresarial asume el compromiso recíproco de salvaguardar los bienes jurídicos de los trabajadores, a través de la observancia de las funciones y competencias que le fueron otorgadas por el empresario, las cuales le obligan a controlar y prevenir los riesgos que pueden afectar los intereses de los trabajadores(24).

En consecuencia, las funciones omitidas por los sujetos encargados en materia preventiva que pongan en peligro grave la vida o salud de los trabajadores fundamentarán la existencia de un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, bien sea en su modalidad dolosa C.P., art. 316, o en su forma imprudente C.P., art. 317, puesto que la aceptación de las funciones directivas relacionadas con la facilitación de los medios de seguridad a los trabajadores y la posibilidad fáctica de cumplir tales deberes, hacen que el sujeto delegado posea el dominio necesario para evitar la situación de peligro grave, convirtiéndose así en garante de la vida y salud de los trabajadores.

3.2. La autoría directa y la coautoría en el delito contra la seguridad y salud en el trabajo

En este punto conviene dilucidar la forma en que deben aplicarse los criterios de autoría y participación en el delito contra la seguridad y salud en el trabajo cuando intervienen en su realización sujetos legalmente obligados por la normativa de prevención de riesgos a facilitar los medios de seguridad en el trabajo (intraneus) y otros individuos que no poseen tal condición (extraneus). Al momento de verificar si el sujeto es autor, en primer lugar, debe constatarse el deber de actuar que le era exigible como sujeto legalmente obligado a facilitar los medios de seguridad y, por tanto, el dominio de los riesgos en el trabajo, para de esta forma salvaguardar la vida y salud de los trabajadores. Así pues, el delito en análisis precisa la concurrencia de dos elementos básicos, ya que se trata de un delito en comisión por omisión. De un lado, se requiere el especial deber del autor de facilitar los medios de seguridad necesarios, y de otro, el dominio del hecho, es decir, el control de los riesgos laborales que puedan prevenirse, observando el deber de seguridad que les es exigible(25).

La autoría en este tipo de delitos precisa que el sujeto omitente, es decir, el empresario o sus delegados, asuma el dominio del hecho, lo que implica que posea el control sobre las fuentes de riesgo en el trabajo, las cuales pueden generan una situación de peligro grave para la vida o salud de los trabajadores. En el momento que el empresario asume su función como director de la actividad organizativa y productiva de la empresa, o cuando el delegado asume la función de prevenir los riesgos en el trabajo y, por tanto, la de facilitar las medias de seguridad, dichos sujetos adquieren la obligación de actuar como barrera frente a los riesgos derivados del trabajo que puedan afectar los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, están en condiciones de dominar, controlar o decidir efectivamente sobre el curso de los acontecimientos que pueden generar el resultado de peligro grave para la vida o salud de los empleados.

Así, lo que determina el dominio del hecho del sujeto agente en un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, es la concreta función que desempeña en el ámbito de prevención de riesgos laborales, la cual se relaciona con la facilitación de los medios de seguridad necesarios y la protección de la vida y salud de los trabajadores. La posición que despliega como resultado del compromiso adquirido lo convierte en garante de los bienes jurídicos de los trabajadores y en el sujeto que ha de controlar los riesgos en el trabajo.

Siempre que el empresario omita los deberes que se relacionan con la facilitación de los medios de seguridad adecuados para que los trabajadores desempeñen sus actividades sin peligro grave para sus intereses, pudiendo controlar tales riesgos habrá de responder como autor, ya que poseía el dominio del proceso productivo en la empresa, dentro del que se incluye la prevención de riesgos en el trabajo, independientemente de que el hecho principal sea imputable a título de autoría comisiva a un tercero delegado en esta materia.

Este sería el caso en que el empresario omite el deber de vigilancia de las actividades de sus delegados en materia preventiva, obligación que como se señaló con anterioridad, se incluye en el término medio de seguridad, pese a que la conducta del sujeto delegado de no facilitar los arneses de seguridad a los trabajadores sea la omisión que pone en peligro grave su vida y salud. Al asumir la posición de garante frente a los bienes jurídicos de sus trabajadores, el empresario adquiere las obligaciones de control de las fuentes de riesgos en el trabajo y de vigilancia de las actividades de sus delegados, y por lo tanto posee la capacidad de dominio de los potenciales resultados de peligro grave. Esto implica que si en una situación de posible riesgo para la vida y salud de los trabajadores omite la neutralización del riesgo que tenía la obligación de controlar, podemos afirmar que realiza la conducta típica, ya que poseía el dominio positivo del curso causal.

Del mismo modo, es importante precisar que en aquellos supuestos en los que el garante no impida que el sujeto por él delegado cometa el delito contra la seguridad y salud en el trabajo, podrá incriminársele tal conducta a título de autor, ya que al momento de descentralizar las funciones que tenia asignadas, se comprometió a evitar el riesgo que la actuación del tercero pueda implicar. En consecuencia, el empresario que omita los deberes que se relacionen con el proporcionar los medios de seguridad necesarios en el trabajo responderá por regla general como autor. Dicha responsabilidad no se fundamenta en la omisión de sus deberes legales en este ámbito, sino en que él domina el proceso productivo empresarial y por tanto ha de controlar los riesgos que se deriven del mismo.

Consideramos que la responsabilidad del empresario y demás sujetos legalmente obligados en esta materia no se fundamenta exclusivamente en el criterio de "infracción del deber", sino en el dominio del hecho. Así, para analizar los posibles supuestos de coautoría, lo que resulta relevante es determinar el incumplimiento de los deberes que el sujeto se había comprometido a cumplir en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Concretamente, en el ámbito de la coautoría, el incumplimiento conjunto del deber de proporcionar los medios de seguridad necesarios, ha de originar un resultado de peligro grave de la vida y salud de los trabajadores. Se precisa en consecuencia, la participación y contribución independiente y efectiva de varios sujetos, lo cual implica un codominio del hecho típico en virtud de las competencias que tenían asignadas tales sujetos. En estos supuestos, concurre la posición de garantía en el delegante y delegado respecto de la vida y salud de los trabajadores, y, por tanto, un acuerdo mutuo en la defensa de los intereses de los trabajadores y el control de las fuentes de peligro en el trabajo.

Así pues, coautores serían el empresario y el sujeto delegado por este que tenía atribuida la obligación concreta de proporcionar los cinturones, cascos y demás equipos de seguridad y que, previo acuerdo, omiten facilitar tales instrumentos a los trabajadores. Evento en el cual el proceso que ha originado el peligro grave para la vida y salud de los trabajadores ha sido controlado directamente por ambos omitentes(26).

El Tribunal Supremo español, en sentencias del 14 de julio de 1999, 26 de septiembre de 2001, 10 de abril de 2001 y 26 de julio de 2000, entre otras, señaló que la condición de sujeto activo en el delito del artículo 316 C.P., recae no solo en el empresario que actúa directamente o por delegación, sino en todos aquellos que tienen la posibilidad fáctica de prevenir la situación de peligro y que, estando jurídico-laboralmente obligados a hacerlo, no lo hacen. Esto debido a que la mención incluida en el tipo "legalmente obligado" no excluye la posibilidad de extender la responsabilidad del empresario a personas que trabajen a su servicio o concretar esa responsabilidad en sujetos capacitados para tal fin, y a que, como señalaba el TS en sentencia de 10 de mayo 1980, podría incluir los cargos de dirección técnica o de ejecución, es decir, tanto los mandos superiores como intermediarios o subalternos e incluso de hecho(27).

Para deslindar los supuestos de autoría y participación más frecuentes a que hacen referencia los artículos 316 y 317 del C.P., es preciso abordar distintas hipótesis. En primer lugar, debe hacerse mención específica a aquellos eventos en los que el deber de seguridad recae exclusivamente en el empresario, ya que este no descentraliza sus funciones en este ámbito. En segundo lugar, se situarían los supuestos en los que el empresario delega competencias funcionales relacionadas con la facilitación de los medios de seguridad en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales en sujetos idóneos para tal fin. En tercer lugar, están los casos en donde el deber de seguridad y por consiguiente, la facilitación de los medios de seguridad recaen conjuntamente en el empresario principal y en los terceros empresarios u otros sujetos, como administradores, directivos o subordinados, que, sin ser delegados tienen asignadas legalmente estas funciones. Por último, se situarían los supuestos de concurrencia de sujetos responsables en el ámbito de la seguridad en el trabajo, como es el caso de las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, la empresa principal, contratistas y subcontratistas por prestación de servicios en un mismo centro de trabajo con coincidente actividad empresarial.

En efecto, los casos menos problemáticos son aquellos en los que el empresario omite, bien sea de forma dolosa o imprudente, la facilitación de un determinado medio de seguridad entrega material de instrumentos, información respecto a la utilización de los medios, inspección del uso de los mismos y, como consecuencia de tal incumplimiento, se produce una situación de peligro grave que afecta la vida o salud de los trabajadores. En este supuesto, existe una relación directa entre la conducta omisiva del empresario y el resultado de peligro grave, ya que este sujeto contaba con el dominio suficiente para evitar tal situación, por tanto, ha de responder penalmente como autor del delito contenido en los artículos 316 y 317 del C.P., bien se trate de una conducta dolosa o imprudente(28).

De manera similar sucede en los eventos en los que concurre la obligación de facilitar los medios de seguridad a los trabajadores en los sujetos directivos y subordinados, es decir, los casos en los que existe una obligación conjunta que resulta necesaria para salvaguardar la vida y salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Si el resultado de peligro grave es consecuencia de la omisión de los deberes propios de quien dirige o supervisa, por una parte, y de quien ejecuta la facilitación de las medidas de seguridad, por otra, podrá hablarse de coautoría, ya que la omisión del deber de seguridad por parte del subordinado no exonera de responsabilidad penal al directivo, quien tiene un deber permanente en esta materia(29).

Para determinar la posible incriminación a título de autor directo, del empresario o directivo encargado de la facilitación de los medios de seguridad, no basta con la inobservancia de la obligación de vigilancia de las tareas del subordinado y el grado de peligrosidad que encierra su conducta respecto de los bienes jurídicos del trabajador. Aunque ello no impide exigirle responsabilidad a título de autor en los eventos en que su omisión y dominio de la situación de peligro grave para la vida y salud de los trabajadores es superior a la omisión del sujeto subordinado. Con lo cual, la conducta dolosa de este último en los casos de ausencia de información respecto de los riesgos es punible, aunque ello no implique ausencia de responsabilidad penal del directivo(30).

Al respecto, puede señalarse lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 26 de julio de 2002, en la que se consideraron autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores al director de fábrica, al jefe de seguridad y al responsable de prevención de riesgos laborales, por la omisión de sus funciones en materia de seguridad en el trabajo. En dicha sentencia, se indicó que pese a la existencia de una estructura organizativa en la empresa destinada a la prevención de los riesgos en el trabajo, tal decisión jerárquica no diluye las responsabilidades individuales relacionadas con la facilitación de los medios de seguridad a los trabajadores. El Tribunal Supremo señaló que los tres condenados son sujetos activos del delito, dado que sus respectivas funciones en la empresa, les obligaban a velar conjuntamente por el cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad y a facilitar los medios adecuados para la realización sin riesgos de las tareas de descarga(31).

Del mismo modo, cabe señalar que en lo que atañe al sector de la construcción, debe tenerse en cuenta que tienen especial relevancia las funciones del arquitecto técnico, quien es el director ejecutivo material y directo de una obra sin perjuicio de la alta dirección que pueda llevar el arquitecto superior proyectista de la misma, y está obligado a inspeccionar y controlar la ejecución y realización material de forma permanente y directa, aun en los supuestos en que pueda delegar en el encargado de la obra dicha función de vigilancia, pero sin que por ello quede eximido de las consecuencias que de una omisión o inadecuada vigilancia por parte del delegado puedan sufrirse o derivarse, de forma particular en todo lo relativo al ámbito de la seguridad en la obra, obligación que tiene asignada de forma directa y especial(32).

Si el conocimiento de la omisión de facilitar los genéricos o específicos medios de seguridad a los trabajadores que les eran necesarios en el desarrollo de su actividad es aceptado conjuntamente por el empresario y sus subordinados, podrá apreciarse una coautoría, aunque el directivo no esté presente en su ejecución(33), ya que la conducta omisiva del subordinado se corresponde con un plan estructurado por el directivo, quien conociendo la conducta omisiva que genera el resultado de peligro grave, la acepta como probable. Por tanto, tal conducta es aceptada y ejecutada con previo acuerdo y puede situarse en el mismo nivel de dominio(34). Esto teniendo como fundamento el alcance del artículo 28 del C.P., que exige la intervención en la realización del hecho, sin tener en cuenta el sentido estricto de la ejecución(35).

En consecuencia, para que pueda hablarse de coautoría se requiere que exista un acuerdo de carácter expreso o tácito en la omisión de los deberes de seguridad y por tanto, en la asunción de la situación de peligro grave para la vida o salud de los trabajadores, lo que supone un dominio compartido del hecho típico, en cada uno de los sujetos legalmente obligados que asumen de forma conjunta el riesgo.

Este supuesto acontecería en aquellos casos en los que por ejemplo, un constructor y el encargado de la obra, se ponen de acuerdo en no proporcionar a los trabajadores los medios de seguridad adecuados al ejercicio de su labor, como cascos, arneses, redes, o cuando de forma conjunta deciden retirar las protecciones de las fachadas. Será coautoría porque entre ambos existe previo acuerdo respecto de la omisión de las medidas de seguridad y la asunción del peligro grave para los intereses de los trabajadores(36). En consecuencia, se presenta un supuesto de división horizontal del trabajo con competencias compartidas, existiendo entre los dos sujetos un dominio compartido del hecho(37).

3.3. Posibilidad de admitir la autoría mediata en el delito contra la salud y seguridad en el trabajo: viabilidad

¿Es viable que en el delito contra la seguridad y salud en el trabajo el empresario u otro sujeto legalmente obligado a facilitar los medios de seguridad se valga de un tercero como instrumento para cometer el ilícito de los artículos 316 ó 317 del C.P.?(38). Partiendo de este interrogante, debemos afirmar que en el delito en mención, el contenido de lo injusto lo constituye la puesta en peligro grave de la vida y salud de los trabajadores como resultado de la omisión de proporcionar los instrumentos de seguridad en el trabajo, conducta especialmente reprobable por la afección de bienes jurídicos colectivos cuya titularidad corresponde a todos los sujetos que desarrollen una actividad productiva en la empresa.

Por tanto, la autoría solo puede apreciarse cuando exista omisión de las obligaciones de facilitación de los medios de seguridad necesarios por parte de los sujetos legalmente responsables. Estos sujetos son los únicos que en su condición de garantes, pueden incumplir el específico deber de garantizar la tutela de la vida y salud de los trabajadores, a través de la prevención de los riesgos laborales. En consecuencia, el autor debe omitir el compromiso que le había sido encomendado por la ley o por un acto de delegación empresarial. De esta forma, los sujetos legalmente obligados en este ámbito no serán autores mediatos, sino directos, si utilizan a otra persona.

Situación diversa se plantea en los casos en los que el sujeto que omite facilitar un determinado instrumento de seguridad a los trabajadores o incumplir una específica medida de prevención de riesgos en el trabajo, actúa conociendo el carácter delictivo de su omisión, pero siguiendo las órdenes de los miembros del consejo de administración o de los directivos de la empresa. Sobre este aspecto, y siguiendo el criterio de Muñoz Conde, debemos afirmar que la responsabilidad del ejecutor material debe determinarse en atención a la figura de la cooperación necesaria, mientras que la responsabilidad de los miembros del consejo de administración, directivos y administradores que acuerdan y deciden la omisión de la medida de seguridad en el trabajo debe considerarse como coautoría, pese a que no sean ellos quienes omitan la entrega material del instrumento de seguridad(39).

Ahora bien, ¿Qué sucede en aquellos supuestos en los que el hombre de atrás es un extraño, mientras la persona que actúa como instrumento es un sujeto cualificado? ¿Puede verificarse tal situación en los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores? Consideramos que en este tipo de delitos resulta inadmisible la posibilidad de que el extraño pueda ser autor mediato, ya que no reúne la condición de sujeto legalmente obligado, la cual es indispensable. Por lo tanto, quien no puede ser autor directo del delito al no poseer las condiciones requeridas por el artículo 316 C.P., tampoco lo puede ser a título de autor mediato. En suma, autor directo o mediato en sentido estricto sólo puede serlo quien tiene las cualidades exigidas por el tipo penal y sólo en atención a él pueden asignarse otras formas de responsabilidad individual(40).

Así las cosas, podría presentarse un supuesto de coautoría mediata si son varios los administradores o directivos que previo acuerdo y con el objeto de disminuir costes en la empresa, deciden y planifican la omisión de determinadas medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores frente a situaciones de peligro grave, evento en el que interviene un tercero ejecutor que actúa sin conocimiento de la ilicitud de su conducta. En estos supuestos, los directivos dan a los terceros instrucciones de facilitación de instrumentos de seguridad defectuosos e inadecuados o proporcionan a sus subordinados un plan de trabajo que omite el suministrar las medidas de seguridad requeridas en el trabajo. Ello sería viable, porque "en la medida en que, como sucede en el ámbito de los órganos colegiados de las personas jurídicas, sean varios los que, teniendo las cualidades exigidas para ser autor del tipo delictivo, decidan la realización del hecho"(41).

Situación diferente se plantea en los eventos en que el sujeto que omite la entrega material del instrumento de seguridad, la supervisión respecto del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los trabajadores o la información de determinadas fuentes de riesgo para los intereses de los trabajadores, entre otros, actúa conociendo la naturaleza delictiva de su comportamiento omisivo, pero llevando a cabo las instrucciones y órdenes proporcionadas por un superior jerárquico en la empresa. Caso en el cual, su responsabilidad penal se determina en atención al dominio funcional del hecho, ya que al delegársele funciones preventivas en materia de riesgos laborales y salvaguarda de los bienes jurídicos de los trabajadores adquiere la posición de garante, por lo que ha de responder como coautor o cooperador necesario, dependiendo del control y el dominio que le eran exigibles en atención a las competencias que le fueron asignadas por el delegante y el control que poseía respecto de las fuentes de peligro para la vida y salud de los trabajadores(42).

4. Participación en el delito contra la seguridad y salud en el trabajo

4.1. La inducción omisiva

La inducción como modalidad de autoría es considerada como la determinación directa e intencionada de otra persona para que cometa un delito, sin que el sujeto inductor participe en su ejecución. Respecto a la posibilidad de admitir la inducción como forma de atribuir la responsabilidad de un sujeto en un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, podemos destacar que esta ha de quedar excluida, ya que la omisión por parte del sujeto legalmente obligado a proporcionar los medios de seguridad adecuados en el trabajo no hace surgir en otro sujeto -delegado o legalmente obligado- la voluntad delictiva.

Por lo tanto, la omisión como conducta consistente en el incumplimiento de los deberes en materia de prevención de riesgos laborales por parte de los sujetos obligados en esta materia, difícilmente puede determinar de forma directa y concreta la comisión del delito de los artículos 316 y 317 C.P., y, por ende, la atribución de inducción a un sujeto.

4.2. El partícipe garante

¿Cómo puede calificarse la participación del garante en aquellos supuestos en los que un tercero realiza activamente el hecho delictivo previsto en el artículo 316 del C.P., es decir, la omisión de las medidas de seguridad adecuadas? En efecto, la participación en estos delitos se relaciona con facilitar al autor la puesta en peligro grave de la vida o salud de los trabajadores, como resultado de la omisión de un específico deber de seguridad en el trabajo.

Por tratarse de un delito de comisión por omisión, este se fundamenta en el dominio de los peligros graves para los bienes jurídicos de los trabajadores, que se expresan en el compromiso del garante sujeto legalmente obligado de facilitar los medios de seguridad necesarios. Por lo tanto, este sólo podrá ser considerado como autor cuando su obligación esté referida a la evitación de los riesgos para la vida y salud de los empleados. Cuando el deber se relacione con el control de los riesgos laborales de modo indirecto, es decir, con una actividad de observancia de las fuentes de peligro para los intereses de los trabajadores, ha de imputársele su conducta delictiva a título de partícipe.

En efecto, en el primer supuesto, la omisión del sujeto es equivalente estructuralmente a la conducta activa de dominio del riesgo que se materializa en el resultado, y en el segundo, la identidad se presenta en las conductas de participación que contribuyen a la situación de peligro del hecho ajeno. Con lo cual, el sujeto omitente habrá de responder como cómplice o cooperador necesario dependiendo de la influencia de su conducta en la situación de peligro grave para la vida y salud de los trabajadores que tenía la obligación de salvaguardar.

Del mismo modo, podrá imputársele la conducta delictiva a título de partícipe, en los eventos en que no sea posible incriminar la conducta del sujeto garante como autoría, supuesto en el cual la omisión del garante puede fundamentar la responsabilidad por participación omisiva. Por lo cual, si se verifica un dominio de los riesgos laborales que pueden afectar la vida y salud de los trabajadores próximo al que le incumbe al autor de estos delitos, se puede afirmar que la omisión del garante contribuye de forma eficaz a la realización del tipo penal con una condición esencial, constatándose la cooperación necesaria por omisión.

En consecuencia, el incumplimiento del deber de vigilancia del empresario respecto de la verificación de las obligaciones que en materia de seguridad en el trabajo tiene asignadas un tercero delegado en este ámbito, solo podrá ser considerado como cooperación necesaria o complicidad, si contribuye o facilita la realización delictiva del autor. Así, la participación omisiva requiere que el omitente se encuentre en posición de garante, es decir, que ostente la calidad de sujeto legalmente obligado por la normativa de prevención de riesgos laborales, y que su incumplimiento inobservancia de los deberes in vigilando contribuya al hecho típico de un tercero.

En este punto, surge el interrogante: ¿Es posible atribuir responsabilidad penal por un delito contra la seguridad y salud en el trabajo cuando interviene un tercero que no posee la cualidad de legalmente obligado a suministrar los medios de seguridad exigida en el tipo delictivo? Al respecto, debemos señalar que como regla general, el artículo 31 C.P., atribuye la calidad de autor a los sujetos que de hecho o formalmente actúan en nombre o representación de la persona jurídica, aunque no reúnan las condiciones requeridas en el tipo penal para ser autores. Con lo cual, si se trata de un sujeto que actúa como administrador de hecho, y en su calidad funcional omite la facilitación de los medios de seguridad adecuados en el trabajo, ha de responder como autor.

Situación diversa se plantea cuando el tercero que omite facilitar las medidas de seguridad es un trabajador u otro sujeto que no tiene ninguna vinculación con la empresa ni, por tanto, con la tutela de los bienes jurídicos. En estos supuestos, tal sujeto no posee la idoneidad requerida para serle exigible la facilitación de los medios de seguridad ni la salvaguarda de la vida y salud de los trabajadores. Así mismo, no puede valerse del empresario, sus delegados, o de un tercero para cometer el delito, ya que esta obligación, como se ha reiterado, corresponde a los sujetos que asumen legal o convencionalmente una posición de garantía respecto de los bienes jurídicos de los trabajadores durante el desarrollo de una relación laboral.

Cuestión distinta es la que plantea el artículo 318 C.P., al señalar la responsabilidad de "quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado las medidas para ello". Precepto que incrimina la conducta de terceros que no poseen la condición de legalmente obligados que consagra el tipo penal, por el simple hecho de tener conocimiento del peligro para los bienes jurídicos de los trabajadores. Por tanto, al tenor literal del precepto, la omisión que efectúan al no remediar la situación peligrosa teniendo conocimiento de la misma, los convierte en garantes de la vida y salud de los trabajadores, pudiendo atribuírseles responsabilidad penal en comisión por omisión.

La mencionada disposición, en términos de Terradillos, puede dar lugar a una interpretación extensiva de los sujetos responsables de la salvaguarda de la salud y vida de los trabajadores, lo que implicaría la atribución de responsabilidad penal a un número elevado de personas que no tienen ninguna relación con los hechos, más que el conocimiento del peligro. A su juicio, la expresión "pudiendo remediarlo" debe entenderse, como la posibilidad que recae exclusivamente en aquellos que dada su situación en la empresa, poseen la idoneidad jurídica y fáctica de actuación(43).

4.3. Delimitación de los supuestos de autoría y participación entre el delegante y delegado

Con relación a la asignación de responsabilidad penal en el ámbito empresarial, la doctrina ha considerado que la delimitación del sujeto activo plantea particularidades, ya que "en estructuras jerárquicamente organizadas lo más frecuente es que el ejecutor inmediato no se revele como el principal protagonista del hecho"(44). Así, el ámbito empresarial se caracteriza por la organización y jerarquía de sus miembros, lo que implica la distribución de competencias y la asignación de obligaciones y responsabilidades, que en últimas, se traduce en el deber mancomunado de diversos sujetos respecto de la garantía de los intereses de los trabajadores.

Este hecho, trasladado al estudio del delito que nos ocupa, puede significar que el empresario descentralice en otros sujetos el cumplimiento de sus deberes de prevención de riesgos laborales relacionados con la facilitación de los medios de seguridad. O, de otro lado, que los diversos miembros directivos que conforman el consejo de administración acuerden la restricción de determinados medios de seguridad en el trabajo con el objetivo de disminuir costes y así alcanzar mayores beneficios económicos. Lo cual condiciona que en la práctica sean los directivos y empresarios quienes toman tales decisiones y sus subordinados quienes omiten la facilitación o entrega material de los medios de seguridad a los trabajadores o incurren en el incumplimiento de una específica disposición de la normativa de prevención de riesgos laborales(45).

Con el objeto de evitar posibles situaciones de impunidad en este delito, es importante precisar el alcance de lo que puede entenderse por medio de seguridad adecuado. Dentro de este concepto, como se ha reiterado, se incluyen instrumentos de contenido material, informativo y de control de las fuentes de riesgo para los trabajadores, lo que representa un amplio alcance de la autoría en estos delitos. Una vez precisado el alcance de tal deber, corresponde identificar los sujetos que legalmente tienen asignadas las obligaciones y su relación con la defensa de la vida y salud de los trabajadores. Pese a ello, es frecuente que se atribuyan estas competencias a terceros encargados de prevenir los riesgos en el trabajo. Esto supone, delimitar cuáles son los sujetos que dominan funcionalmente los medios de seguridad en el trabajo y, por tanto, el control de las fuentes de peligro para la vida y salud de los trabajadores. Así, lo determinante en este ámbito no es la omisión conjunta de la entrega de los instrumentos de protección a los trabajadores, sino el incumplimiento mancomunado de las distintas obligaciones que se hayan comprendidas en los medios de seguridad y que pretenden salvaguardar los bienes jurídicos del trabajador durante la existencia de la relación laboral.

Lo importante al momento de delimitar la coautoría en este tipo de delito, es analizar si existe un dominio común por parte de los sujetos obligados respecto de la facilitación de las medidas de seguridad en el trabajo. Lo que se traduce en un acuerdo entre los sujetos que planifican y deciden la no adopción de específicas medidas de seguridad, las cuales, propician la aparición de peligros graves para la vida o salud de los trabajadores. La determinación de la responsabilidad penal en los supuestos de delegación, debe dilucidarse desde dos perspectivas: de una parte, respecto del sujeto delegante, y de otra, del delegado, ya que el acto de delegación no exonera de responsabilidad criminal en el delito contenido en los artículos 316 y 317 C.P., dado que continúan vigentes para el delegante las funciones de control y supervisión de las actividades del delegado y de las fuentes de peligro, como medidas necesarias para tutelar los intereses de los trabajadores(46).

En lo que atañe a la responsabilidad del delegante puede destacarse que la delegación, entendida como descentralización de funciones o concretas actividades por parte de un sujeto delegante que posee la capacidad para encargar a otro sujeto delegado el desarrollo de las mismas, es una práctica frecuente en el mundo de la empresa. En materias como la prevención de riesgos laborales, el encargo de las actividades relacionadas con la facilitación de las medidas de seguridad a los trabajadores es para el empresario una garantía de la mejor prestación del deber de seguridad, puesto que en determinadas actividades se precisan conocimientos técnicos y científicos que permitan una mayor protección de los bienes jurídicos objeto de tutela.

La delegación empresarial, en lo que respecta a las tareas vinculadas con la prevención de riesgos laborales, se configura como un complemento al desarrollo del deber de seguridad del empresario. Este no podrá, en ningún caso, eximirse de su posición de garantía respecto de la protección de los bienes jurídicos de los sujetos que desempeñan una labor productiva bajo su dirección y servicios. El artículo 14.4 de la LPRL señala que tales delegaciones "complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia", puesto que el deber genérico de seguridad encomendado legalmente al empresario le exige una labor continua de supervisión de la actividad por él delegada y de control de los riesgos laborales existentes en la empresa. El deber de seguridad del empresario posee un carácter heterogéneo y dinámico, por tanto, le corresponde ejecutar una labor preventiva de forma continua e interrumpida, con el objetivo de hacer eficaces las acciones de caracterización, estimación e inspección de los peligros que no se hayan podido impedir y mejorar los niveles de protección existentes, así, se pretende evitar cualquier manifestación de ataque grave a la vida, salud o integridad de los trabajadores.

Las responsabilidades emanadas de la delegación se concretan al momento de la selección del sujeto delegante y se extienden al desarrollo de la actividad del sujeto delegado. El empresario o directivo en consecuencia, tiene funciones originarias al momento de elegir al sujeto que facilitará los medios de seguridad a los trabajadores, y posteriores, en lo que respecta a la vigilancia y supervisión de las fuentes de peligro. Lo que la jurisprudencia entiende como "la culpa in vigilando" y "la culpa in eligiendo", la primera de estas se concreta en una obligación de vigilancia respecto al cumplimiento de las tareas de seguridad encargadas a los delegados y a las fuentes de riesgo para los intereses de los trabajadores, lo que implica para el empresario, si es el caso, el adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer eficaz la prevención de riesgos laborales y la tutela de los bienes jurídicos del trabajador, procediendo en caso de incumplimiento a su corrección o remoción(47). En lo que corresponde a la culpa in eligendo, se relaciona con la selección y posterior contratación de los sujetos delegados que posean la capacidad y formación adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales y control de las fuentes de peligro en el trabajo(48).

Cuando no exista la situación de igualdad en el conocimiento de la omisión, el directivo puede responder como partícipe del hecho doloso y antijurídico del subordinado, a título de inducción o cooperación. En los supuestos en que el directivo omita de forma imprudente el deber de vigilancia de la actividad de seguridad del subordinado y se ponga en peligro grave la vida o salud de los trabajadores, responderá por la producción de tal peligro, ya que ha omitido los deberes legales básicos emanados de su función(49).

4.4. Alusión a los administradores de hecho o de derecho de la empresa y su responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo

La empresa como persona jurídica se constituye generalmente bajo la forma de una sociedad anónima, la cual está conformada por un consejo de administración o de decisión, en el cual se debaten y toman las principales decisiones empresariales(50). El consejo se integra por diversos sujetos a quienes corresponde una serie de obligaciones a lo largo del desarrollo de la actividad productiva. Así, en virtud del principio de división del trabajo, la empresa se conforma en una estructura jerárquica organizada, en la cual sus diversos miembros asumirán concretas funciones de garantía respecto de los trabajadores y terceros.

Resulta imprescindible delimitar el alcance de las funciones que tienen asignadas los sujetos en la empresa, para de esta forma determinar a quién corresponde de manera específica la obligación de facilitar las medidas de seguridad a los trabajadores. En esta tarea revisten relevancia los artículos 31 y 318 C.P., los cuales señalan la regulación de la responsabilidad criminal de los órganos que actúan en nombre o representación de las personas jurídicas(51).

El artículo 318 C.P., señala como disposición común a los delitos previstos en el capítulo XV del C.P., que "cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado las medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este código"(52).

La citada norma establece dos supuestos distintos. En primer lugar, se prevé la incriminación del delito contra la seguridad y salud en el trabajo a los administradores que actúen de hecho o de derecho en nombre de una persona jurídica y que omitan facilitar las medias de seguridad en el trabajo poniendo en peligro grave la vida y salud de los trabajadores(53). Así, y en atención al tenor literal de la norma, pareciera que la primera parte del precepto tiene como objeto ampliar el espectro de posibles responsables penales en atención a lo dispuesto en el artículo 31 C.P.(54), que señala a los "encargados del servicio"(55), lo que supone introducir una perspectiva claramente fáctica en la actuación en lugar de otro(56).

Para Martínez-Buján, la ampliación que efectúa el artículo 318 C.P., cobra trascendencia en este delito, a los efectos de admitir sin limitación alguna el traslado del deber a los individuos que a través de la delegación de funciones, asumen de manera fáctica las funciones del rol sobre el que se fundamenta el deber y actúan con el dominio social típico. Considera además, que del tenor literal del precepto se deduce que el encargado del servicio solo será responsable en el supuesto que el administrador de la empresa no posea un dominio directo sobre la actividad, que en este caso es la facilitación de los medios de seguridad en el trabajo(57).

Para García Salas, el artículo 318 C.P., puede referirse a los miembros del consejo general o de la junta de accionistas, que tuvieran conocimiento de las medidas que iban a ser adoptadas y de las que no y que, sin embargo, no remediaron mediante sus votaciones o cualquier otro comportamiento similar, que pudiera influenciar en los criterios e instrucciones generales que se darían finalmente. Para este autor, la empresa como persona jurídica respondería por la vía administrativa, y los administradores responderían por las infracciones penales(58).

El contenido y alcance de la primera parte del artículo 318 C.P., siguiendo la postura de Terradillos, no resultan muy útiles, puesto que los encargados del servicio o bien "actúan en representación del empresario supuesto cubierto por el art. 31, o serán autores, por obligados directos del art. 316 CP". Resultando por tanto ineficaz la disposición del artículo 318 C.P., ya que en la mayoría de los supuestos la cláusula contenida en el artículo 316 C.P., abarca la responsabilidad penal de los administradores de hecho o derecho, por considerarlos legalmente obligados en atención a sus competencias funcionales dentro de la estructura empresarial, en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales: facilitación de los medios de seguridad y dominio de las fuentes de peligro para la vida y salud de los trabajadores(59).

Sobre este particular De Vicente Martínez señala que "los encargados han asumido y ejercen el poder de dirección del mismo y, con ello, los deberes de cuidado y posición de garante conectados a dicho poder de dirección", por lo que no resulta imprescindible acudir al artículo 318 C.P., ya que la equiparación de los encargados a la figura del empresario se basa en la posición fáctica que les es propia a las mencionadas categorías(60).

La segunda parte del artículo 318 C.P., hace alusión a la responsabilidad penal de un tercero que no ostenta las calidades exigidas por el tipo penal, caso en el cual ha de incriminársele su actuación en comisión por omisión. En esta disposición, se establece una nítida posición de garantía en los sujetos que conociendo la situación de peligro grave para la vida y salud de los trabajadores, no hicieren nada por remediarla(61). Con lo cual no se señala de forma expresa la cualidad que ha de poseer el sujeto como garante y su relación con las fuentes de riesgo y protección de los bienes jurídicos(62).

En consecuencia, la aplicabilidad del artículo 318 C.P., resulta limitada por el alcance y contenido del artículo 316 C.P., precepto que dispone que queden directamente obligadas en el ámbito de la seguridad en el trabajo aquellas personas físicas que de hecho o de derecho tengan asignadas tales responsabilidades y asuman las respectivas competencias(63). La diferencia básica existente entre el artículo 316 y el 318 C.P., es que este último, dada su amplia redacción, se configura como un delito común, y llega a castigar a todos los sujetos que conozcan los hechos y no hagan lo posible por evitar el resultado. Lo cual, siguiendo el criterio sostenido por Terradillos, implica "elevar una mera omisión del deber de socorro a la categoría de comisión por omisión, sin que una previa función de garante lo justifique"(64).

Sobre este aspecto, Martínez-Buján señala que con el objeto de fundamentar una auténtica comisión por omisión en el artículo 318 C.P., deben exigirse todos los requisitos necesarios para la atribución de esta responsabilidad. Por tanto, no bastará con el solo conocimiento de los hechos no evitados, ni con la mera capacidad de evitar el resultado por parte del garante, sino que además debe acreditarse que tal conducta sea idéntica estructural y materialmente a la realización activa y directa del hecho(65). Así mismo, destaca que el artículo 318 C.P., permitirá sancionar como autoría en comisión por omisión (fijada con carácter general en el art. 11) lo que fácticamente serían sólo conductas de participación por omisión (que no se regulan en dicho artículo).

De otro lado, autores como Pérez Alonso y Zugaldía Espinar, consideran que "el artículo 318 no sirve para suplir la ausencia de una cualificación personal. Por ello, del delito del art. 316 CP cometido en el seno de una persona jurídica no se responde por el hecho de ser directivo de la misma, sino por el hecho de no realizar la acción mandada teniendo la obligación (y la competencia) para realizarla, de lo cual se deduce que el art. 318 CP es una superflua concreción del art. 31 CP"(66).

Al respecto, consideramos que el simple conocimiento de la situación de riesgo grave, y la capacidad del sujeto para poder prevenirlo o evitarlo, sin poseer la obligación legal para ello -facilitación del medio de seguridad-, no puede ser atribuido como responsabilidad penal a título de autoría por un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, pero puede perseguirse su aplicación por el artículo 195 C.P.(67). A su vez, es importante señalar que en los supuestos de representación legal o voluntaria de una persona física para este tipo de infracciones empresario unipersonal o de una entidad sin personalidad, que no son contemplados por el tipo especial y preferente del artículo 318 C.P., pues solo se hace alusión a la representación de una persona jurídica, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 31 del C.P., que es una cláusula general para los delitos especiales que prevé expresamente el tratamiento jurídico para este tipo de supuestos(68).

Lo dispuesto en el artículo 318 C.P., tiene carácter especial respecto del artículo 31 del C.P.(69). Cuando se atribuya la posible comisión de un delito a una empresa, responderán por la realización del tipo previsto en los artículos 316 ó 317 del C.P., los sujetos encargados o administradores de hecho o de derecho de esta. Como también responderán los sujetos que conociendo los riesgos y pudiendo remediarlos no hubieren adoptado las medidas correspondientes, siempre que tengan asignadas legal o convencionalmente las obligaciones de seguridad relacionadas con la facilitación de los medios de seguridad necesarios en el trabajo, y por tanto, posean un dominio funcional del hecho.

La doctrina especializada señala que los conceptos de administrador y encargado deben ser analizados de forma amplia, por consiguiente, no debe recurrirse para su constatación exclusivamente a los criterios de naturaleza formal(70). Dicha situación permitirá introducir dentro de la noción de administrador tanto al de derecho como al de hecho, incluyendo en esta última categoría a los consejeros delegados, apoderados, gerentes y demás directivos(71). En lo que respecta al concepto de encargado, este debe entenderse como el sujeto que despliega cierta potestad de dirección u organización en el esquema jerárquico de la empresa(72).

Así, Martínez-Buján ha señalado que la noción de administrador de hecho no debe quedar circunscrita al alcance del derecho mercantil, sino que se puede sostener que bajo esa expresión se incluyen toda clase de actuaciones fácticas de sujetos que obran en lugar del autor idóneo del delito especial. "En otras palabras el art 31 permite abarcar en su radio de aplicación las conductas de personas que no tienen poder para actuar formalmente en nombre o en representación de las personas jurídicas correspondientes, o sea, que no tienen poder para actuar jurídicamente como administradores"(73).

Del mismo modo, autores como Muñoz Conde han precisado que la expresión de administrador de hecho usada por el artículo 31 C.P., debe analizarse en conexión con las otras ramas del ordenamiento jurídico, para que no se llegue a soluciones contradictorias y de inseguridad jurídica. "Las exigencias preventivas del 'moderno' derecho penal para sancionar estas conductas no deben hacernos renunciar a criterios de formalización de la respuesta jurídica que son propios del derecho penal, del Estado de derecho, y que en esta materia pasan por una determinación previa de las facultades de representación, administración o disposición que tiene el sujeto en cada caso concreto"(74).

Al respecto, consideramos que al momento de incriminarle a un sujeto el delito contra la seguridad y salud en el trabajo en su condición de administrador de hecho, debe analizarse el dominio funcional que tenía el individuo en el centro de trabajo y no solo el carácter formal de su labor, lo cual implica un poder de decisión en la empresa. Por tanto, se deben determinar cuáles eran las competencias que le fueron asignadas en materia de seguridad en el trabajo y si tal sujeto, contaba con el control suficiente de las fuentes de peligro grave para los bienes jurídicos de los trabajadores. Así, el número de posibles autores en el delito queda restringido, porque únicamente un limitado número de personas puede tener encomendadas las tareas de facilitación de los medios de seguridad en el trabajo y por tanto, la labor de prevención de los riesgos laborales, ello, no implica que por ser limitado no pueda incluir varios sujetos como responsables en este ámbito(75).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido considerando dentro del término de "encargado" al personal de alta y media dirección, como también al simple ejecutor o capataz de la actividad, siendo la delegación de funciones organizativas y directivas que han de ostentarse sobre otros en permanente vigilancia y control, el elemento característico de la aludida noción de encargado(76).

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(1) El artículo 316 del Código Penal español señala expresamente: "Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses". Por su parte, el artículo 317 dispone: "cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado".

(2) Cfr. Muñoz Conde, F. "Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica?" En: R.P., n.º 9 (ene. 2002), p. 83.

(3) Ídem, p. 84.

(4) Vid. Grasso. "Organizzazione aziendale e responsabilitá per omesso impedimento dell'evento". En: Arch. Penale, 1982, p. 745.

(5) El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala: "En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo".

(6) La figura de los directivos, administradores y encargados puede o no coincidir con la del empresario, sin embargo en ciertos casos las competencias recaen en sujetos diversos al titular de la actividad organizativa de la empresa, es decir, el empresario. Al directivo le pueden ser encomendadas concretas tareas relacionadas con la prevención de los riesgos laborales por parte del empresario. En los eventos en que se descentralicen estas funciones, el empresario continuará asumiendo funciones de control y supervisión de las actividades por él encargadas, como también podrá adoptar las medidas correctivas que considere pertinentes para controlar los riesgos en el trabajo y salvaguardar los bienes jurídicos de los trabajadores.

(7) Vid. Gracia Martín, L. "Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal". En: A.P., n.º 16 (abr. 1993), pp. 230 y ss.

(8) Con relación a los delitos especiales propios, Ferré Olivé, J. "Sujetos responsables en los delitos societarios". En: Revista Penal, n.º 1 (1998), p. 26, pone de manifiesto que se caracterizan por que la cualidad especial exigida al sujeto es determinante para la existencia del delito y, por lo tanto, no existe correspondencia alguna con un delito común que suponga el mismo comportamiento.

(9) Véase, entre otros, con relación a los delitos especiales: Quintero Olivares, G. Los delitos especiales y la teoría de la participación. Barcelona: 1973; Jescheck, H. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Granada: 1994 y "Problemas del delito impropio de omisión desde la perspectiva del Derecho comparado". En: Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, n.º 8, Jornadas sobre la Reforma del Derecho Penal en Alemania; Huerta Tocildo, S. Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995. Valencia: 1997; Lascuraín Sánchez, J. Los delitos de omisión: fundamento de los deberes de garantía. Madrid: 2002; Gracia Martín, L. "La comisión por omisión en el Derecho español". En: Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, n.º XXIII (1994), "La comisión por omisión". Madrid; Quintano Ripolles, A. "Delito de comisión por omisión". En: Nueva Enciclopedia Jurídica, VI, 1954; Romeo Casabona, C. "Los delitos de comisión por omisión: delimitación, insuficiencias y perspectiva político-criminal". En: Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Profesor Juan del Rosal. Ed. Revista de Derecho Privado, EDERSA, Madrid, 1993 y "Límites de los delitos de comisión por omisión". En: Omisión e imputación objetiva en derecho penal. Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense Madrid. Centro de Estudios Judiciales, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid: 1994; Sánchez-Vera Gómez Trelles, J. "Intervención omisiva, posición de garante y prohibición de sobrevaloración del aporte". En: ADPCP, (ene.-abr. 1995); Serrano-Piedecasas, J. "Critica formal del concepto de omisión". En: ADPCP (1993); Silva Sánchez, J. "Aspectos de la comisión por omisión: fundamentos y formas de intervención. El ejemplo del funcionario penitenciario". En: CPC, n.º 38, 1989; El delito de omisión. Concepto y sistema. Barcelona: 1986; "Política criminal y reforma legislativa en la comisión por omisión (art. 10 del Proyecto de CP de 1992)". En: Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Profesor Juan del Rosal. Ed. Revista de Derecho Privado, EDERSA, Madrid: 1993, "'Comisión' y 'omisión'. Criterios de distinción". En: Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial núm. XXIII. La comisión por omisión. Madrid: 1994, entre otros.

(10) Con relación a los delitos de infracción de un deber, Jackobs y Sánchez Vera, entre otros, ponen de manifiesto que en este tipo de delitos la determinación del sujeto activo está referida al individuo que estando legalmente obligado a la observancia de un deber, lo infringe de forma personal, a través de una afectación directa que implica un daño del bien jurídico por él mismo, o no salvaguardándole frente a ataques de terceros. Vid. Jakobs, G. La imputación objetiva en el Derecho Penal. Bogotá: 1994; Sánchez-Vera Gómez Trelles, J. "Intervención omisiva, posición de garante y prohibición de sobrevaloración del aporte". En: ADPCP, enero-abril, 1995; "Comentario a la STS de 2 de junio de 1994". En: Revista Canaria de Ciencias Penales, n.º 5, julio 2000; García Cavero, P. Responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación. Barcelona: 1999; Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. Madrid: 1995.

(11) Al respecto véase Roxin, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho penal, 7ª edición. Madrid: 2000, pp. 385 y ss., quien señala: "El elemento que para nosotros decide sobre la autoría constituye la infracción de un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el delito, pero que es necesaria para la realización del tipo. Se trata de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma y que, por lo general, se originan en otras ramas jurídicas". Vid. también Muñoz Conde, F. "Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica?" En: R.P., n.º 9, enero 2002, pp. 60 y ss.

(12) Ídem, p. 59. Véase también, siguiendo el criterio de la doctrina dominante, Muñoz Conde, F. y García Arán, M. Derecho penal. Parte General. Valencia: 2004, p. 496.

(13) Esta parece ser la postura que sigue Rodríguez Mesa, M. "Algunas notas acerca de la responsabilidad penal en materia de siniestralidad laboral". En: Revista de Derecho Social, n.º 21, 2003, pp. 202 y ss.

(14) Cfr. Serrano-Piedecasas, J. "La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo". En: R.P. n.º 10, 1998, p. 102. En el mismo sentido, Muñoz Conde, F., ob. cit., pp. 60 y ss., quien pone de manifiesto que "El fundamento dogmático no solo se debe encontrar en la estructura y modo de funcionamiento de las organizaciones en cuyo seno se cometan los delitos, sino también en la propia naturaleza del delito en cuestión".

(15) Cfr. Ferré Olivé, J. Sujetos responsables en los delitos societarios, ob. cit., p. 26.

(16) Esta postura excluye las teorías unitarias de autor y objetivo formales, por tanto, el fundamento gravita en considerar autor al sujeto que ostenta el dominio del hecho y coautor a quien tiene el dominio funcional del hecho. Por tanto, el coautor domina parte del hecho, lo cual precisa la intervención de otros sujetos, existiendo entre tales sujetos un codominio del ilícito. En consecuencia, la contribución de cada sujeto es indispensable en la constatación del delito. Al respecto, véase ampliamente Roxin, C. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Madrid: 2000; Jescheck, H. Tratado de derecho penal. Parte general. Granada: 1994; Mir Puig, S. Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 836; Muñoz Conde, F. y García Arán, M. Derecho penal. Parte general, ob. cit., pp. 545 y ss.; Cerezo Mir, J. "Autoría y participación en el Código penal vigente y en el futuro Código penal". En: ADPCP, 1979.

(17) Vid. Aguado López, S. El delito contra la seguridad en el trabajo: análisis de los artículos 316 y 317 del Código Penal. Valencia: 2002, p. 464.

(18) Para Schunemann. "Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la criminalidad de empresa". En: ADPCP, 1988, los delitos en los que se afectan bienes jurídicos por medio de una actuación que se lleva a cabo para una empresa originan problemas de imputación penal, propios de una criminalidad organizada, que en el plano horizontal se fundamenta en la división del trabajo de varias personas y en el plano vertical se cimienta en el principio de jerarquía. Así, los problemas de delimitación de la responsabilidad penal en la empresa se dan entre los sujetos que ejecutan materialmente el delito y los fácticamente responsables de la decisión criminal que han estructurado el plan delictivo. Con este mismo criterio, véase Terradillos Basoco, J. Derecho penal de la empresa. Madrid: 1995, pp. 38 y ss.; Gracía Martín. "La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas". En: A.P., n.º 39, 1993, pp. 213 y ss.; Martínez-Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general. Valencia: 1998, pp. 192 y ss.

(19) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala en los artículos 30 y siguientes el entramado de sujetos a quienes competen las obligaciones en materia de seguridad en el trabajo.

(20) En sentido contrario, García Cavero, P. Responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación. Barcelona: 1999, quien señala que el artículo 316 contempla un delito de infracción de un deber: "lo que se protege es un deber específico extrapenalmente configurado por las normas en este caso laborares y que, ciertamente, se restringe, por el carácter fragmentario del derecho penal, a los casos de infracción más grave". Criterio que no compartimos, puesto que lo que el legislador protege en los artículos 316 y 317 es el bien jurídico colectivo vida y salud de los trabajadores y no el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, tarea que está asignada al derecho administrativo sancionador.

(21) En este sentido se manifiesta Rodríguez Mesa, M. "Algunas notas acerca de la responsabilidad penal en materia de siniestralidad laboral". En: Revista de Derecho Social, n.º 21, 2003, pp. 202 y ss.

(22) Muñoz Conde, F. Problemas de autoría y participación en el Derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica? Ob. cit., p. 75, destaca que: "en el ámbito de estas organizaciones como por ejemplo cualquier colectivo empresarial de cierta importancia, las actividades se realizan a través de un complejo organigrama, en el que predominan la distribución de funciones en el plano horizontal y la relación jerárquica en el plano vertical, es evidente que no puede situarse el centro de gravedad de la responsabilidad por autoría exclusiva o principalmente en el último eslabón de la cadena, en fase ejecutiva, dejando en la periferia o incluso en la impunidad conductas no ejecutivas, pero tan importantes o más que las propiamente ejecutivas".

(23) Véase Silva Sánchez, J. "Responsabilidad penal de la empresa y de sus órganos en Derecho Penal español". En: Silva Sánchez. (ed.) Fundamentos de un Sistema Europeo de Derecho Penal. Barcelona: 1995, pp. 368 y 369; Gracia Martín. El actuar en lugar de otro. Zaragoza: 1985, p. 175; Rodríguez Mesa, M. Algunas notas acerca de la responsabilidad penal en materia de siniestralidad laboral, ob. cit., pp. 202 y ss.

(24) Muñoz Conde, F. Ob. cit., p. 96, pone de manifiesto que: "en los sectores del 'moderno' derecho penal que son los delitos de peligro y los delitos de lesión a los que los mismos dan lugar, generalmente por imprudencia, la jurisprudencia y un sector de la doctrina muestran una tendencia a cambiar el método tradicional de imputación a varias personas y dirigir la persecución penal en lugar de la persona que ha provocado la causa más próxima de daño, investigar los deberes de vigilancia, selección, control y organización que tienen otras personas en lugar de investigar la infracción primaria causante orientada al daño, indagar las violaciones de deberes respecto a la vigilancia, organización y control".

(25) Sobre este particular, García Salas, A. El mando intermedio en la prevención de los riesgos laborales. Madrid: 2000, pp. 53 y ss., considera que en aplicación a la teoría del dominio del hecho, el empresario, a pesar de haber delegado las funciones en materia de seguridad en el trabajo, responderá como autor cuando hubiese tenido el dominio de ese hecho o de ese comportamiento de su encargado, lo que equivale a la posibilidad de evitarlo. En el caso contrario, es decir en los supuestos en los que el mando intermedio fuese el que exclusivamente hubiese estado en posición jurídica y fáctica de neutralizar la fuente de riesgo, el responsable penal sería el que actuara en su nombre o representación.

(26) En estos supuestos no se precisa que los coautores ejecuten conjuntamente el hecho delictivo, que en este específico caso se relaciona con la no entrega material de los medios de seguridad a los trabajadores, o la entrega de instrumentos obsoletos o en mal estado. Al respecto se ha destacado por parte de Muñoz Conde, F., ob. cit., p. 82, que a diferencia de lo que sucede en los delitos clásicos, en el ámbito de la criminalidad económica no es necesario que el coautor intervenga en la fase ejecutiva. Puesto que en estos casos lo que fundamenta la exigencia de responsabilidad es el dominio funcional del hecho, el cual puede darse en la fase preparatoria vinculada con la conducta efectivamente ejecutada, por tanto, la intervención del sujeto en el delito debe apreciarse en una consideración conjunta del hecho.

(27) Véase también Sentencia Audiencia Provincial 8/2003, Guadalajara (Sección 1ª), de 17 de enero. Recurso de Apelación 181/2002.

(28) Para Terradillos Basoco, J. Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores. Ob. cit., p. 62, en este ámbito se produce un desplazamiento de la responsabilidad hacia sectores inferiores de la estructura jerárquica de la empresa, lo que le resta eficacia preventiva. Con lo cual los márgenes de intervención se restringen en doble vía: hacia arriba, puesto que los superiores no ejecutaron el hecho típico, y hacia abajo, porque los sujetos ejecutores quedarán por regla general afectados por una condena, dada la confluencia de factores diversos que se hacen presentes en el mundo empresarial.

(29) Sobre este particular, Terradillos Basoco, J. Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: diez años de vigencia (Diez cuestiones controvertidas en los tribunales). Ob. cit., p. 17, señala como ejemplo el caso del arquitecto superior y el arquitecto técnico, en los eventos en que ambos están obligados, sin que la omisión de los medios de seguridad por parte de este último suponga la no exigencia de responsabilidad criminal al arquitecto superior, quien omitió su deber de control.

(30) Véase Navarro Cardoso, F. y Losada Quintás, J. "La autoría en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo". En: A.P., 2001, pp. 275 y 276; Serrano-Piedecasas, J. La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. Ob. cit., p. 103.

(31) Véanse, entre otras, las sentencias de 19 de octubre de 2000 y 15 de julio de 2002.

(32) Así expresa la Sentencia Audiencia Provincial 4/2000, Teruel (Sección Única), de 31 enero. Recurso de Apelación 34/1999.

(33) Este es el criterio seguido por Terradillos Basoco, J. Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: diez años de vigencia (diez cuestiones controvertidas en los tribunales), ponencia presentada a las "Jornadas Universitarias Jurídicas sobre Siniestralidad Laboral", Facultad de Derecho, Jerez, Marzo 15, 2005. pp. 15 y ss.

(34) Serrano-Piedecasas, J. La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. Ob. cit., p. 103.

(35) Es el criterio seguido por Terradillos Basoco, J. Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: diez años de vigencia (diez cuestiones controvertidas en los tribunales), 2006. En el mismo sentido se expresa Muñoz Conde, F. Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica. Ob. cit., pp. 95 y 96.

(36) Así, por ejemplo, en la STS 26-7-2000, que reputó como coautores de un delito contra la seguridad de los trabajadores al director de fábrica, al jefe de seguridad y al responsable de prevención de accidentes, por omisión en el ejercicio de sus respectivas funciones de garantes de los bienes jurídicos de los trabajadores y responsables del control de las fuentes de peligro que pudiesen llegar a afectarles en el desempeño de las actividades laborales.

(37) Vid. Corcoy Bidasolo, M. y otros. "Protección penal de los accidentes laborales (A propósito de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 2ª) 2 de septiembre de 2003)". En: Revista del Poder Judicial, 2003, p. 59.

(38) Con relación al análisis de la autoría mediata en los delitos especiales, véase Roxin, C. Autoría y dominio del hecho. Madrid, 1998, p. 391, quien señala que lo principal a tener en cuenta al momento de dilucidar la autoría mediata en los delitos especiales "es solo la lesión del deber especial extrapenal y no el dominio del hecho".

(39) Cfr. Muñoz Conde, F. Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica. Ob. cit., pp. 95 y 96.

(40) Ídem, p. 91.

(41) Este es el criterio mantenido por Muñoz Conde, F. Ob. cit., p. 95.

(42) Pese a lo expuesto, no debe olvidarse que el delito contra la seguridad y la salud en el trabajo suele ser imputado en la mayoría de los casos en la modalidad imprudente. Situación en la cual resulta de difícil constatación la exigencia de responsabilidad penal a título de coautor y en ningún caso de autor mediato. Así, resulta más común determinar estas formas de responsabilidad en los delitos dolosos en los que existe un dominio común del hecho ilícito y en los que se puede apreciar con mayor claridad la superioridad organizacional y directiva del empresario y los administradores.

(43) Cfr. Terradillos Basoco, J. Delitos contra la vida y salud de los trabajadores. Ob. cit., p. 69.

(44) Vid. Silva Sánchez, J. "Criterios de asignación de responsabilidad en estructuras jerárquicas". En: Cuadernos de Derecho Judicial. Empresa y delito en el nuevo Código Penal, 1995, p. 32.

(45) Al respecto, vid. Muñoz Conde, F. Ob. cit., pp. 94 y ss.

(46) Sobre este particular, véase Sentencia Audiencia Provincial Barcelona (Sección 8ª), de 19 junio 2002. Recurso de Apelación 461/2001, que señala: "Cuando los actos de delegación se realizan de forma adecuada tienen un evidente efecto de exoneración para quienes delegan, siempre y cuando estos no incumplan los eventuales deberes de control o inspección que puedan mantener respecto de la correcta ejecución de la actividad de los delegados. Solo en el caso de incumplimiento de estos deberes el riesgo también es imputable al sujeto que ha delegado correctamente".

(47) Vid. Sentencia del Tribunal Supremo Español de 3 de marzo de 1998.

(48) Así la sentencia de 27 abril de 1994, en la que se condena al encargado de una obra de construcción a quien correspondían funciones de vigilancia, dirección y control de la obra. Dicho sujeto confió un trabajo arriesgado a una persona no cualificada sin ni siquiera ordenar que le dieran unas instrucciones sobre el manejo y características de la grúa. Del mismo modo, valga anotar que en la STS de 22 abril de 1989, se matizaba que "no se trata de una responsabilidad objetiva que ineludiblemente exige una responsabilidad a ultranza, sino de una culpa in vigilando y hasta in eligiendo del productor descuidado (...) la responsabilidad de la empresa no acaba con la puesta a disposición de los trabajadores de los medios precautorios adecuados sino que se exige la continua vigilancia en el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo".

(49) En estos supuestos, el concepto de autoría no requiere necesariamente la coejecución del comportamiento omisivo consistente en la no facilitación material de los medios de seguridad a los trabajadores, puesto que para este tipo de delitos no se puede delimitar con facilidad la fase de planificación de la actividad preventiva con la decisoria o de entrega material de los medios de seguridad. Y, de otro lado, partiendo de un concepto amplio de medio de seguridad, se incluyen también las labores de información, capacitación y vigilancia como parte de los deberes de los legalmente obligados en esta materia, cuya omisión puede suponer la exigencia de responsabilidad penal por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo.

(50) Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español véase entre otros: Zugaldía Espinar, J. "Las penas previstas en el art. 129 del Código Penal para las personas jurídicas (consideraciones teóricas y consecuencias prácticas)". En: Poder Judicial, n.º 47, 1997; Hirsch. "La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas". En: ADPCP, t. 46, 1993; Paredes Castañon. "Límites a la responsabilidad penal individual en supuestos de comercialización de productos defectuosos: algunas observaciones acerca del caso Colza". En: P.J., n.º 33, 1994; Bajo Fernández, M. De nuevo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1981; Bacigalupo, S. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Barcelona, 1998; García Arán, M. "Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas". En: AA.VV. El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torio López. Granada: 1999; Zuñiga Rodríguez, L. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pamplona: 2000; Terradillos Basoco, J. Delitos societarios (el derecho penal en las sociedades mercantiles a la luz de la adhesión a la CEE). Madrid: 1987.

(51) Vid. Mongue Fernández, A. La responsabilidad penal por riesgos en la construcción. Valencia: 1998, p. 232.

(52) La última parte del artículo 18 que hace referencia a la posibilidad de aplicar las sanciones previstas en el artículo 129 fue introducida conforme a la Ley Orgánica 11 de 2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia domestica e integración de los extranjeros. Para Martínez-Bujan Pérez, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. Valencia: 2005, pp. 789 y 790, el art. 318 C.P. supone una mejora respecto del anterior artículo 499 bis, puesto que "en la redacción actual se ha suprimido el inciso final del precepto derogado, que declaraba la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa y que había sido considerado superfluo por parte de la doctrina dominante. Por otra parte, ahora ya no se habla de "hechos realizados por personas jurídicas", sino que se indica, con más correcta terminología, que se trata de hechos que se atribuyen" a personas jurídicas, puesto que, como es sabido, son únicamente los órganos de las personas jurídicas -y no en modo alguno estas- los que pueden realizar hechos delictivos. Por último hay que resaltar también que entre los dos incisos incluidos en el precepto se emplea ahora la conjunción copulativa "y" en lugar de la disyuntiva "o", lo cual junto con la adición del pronombre relativo "quienes" permite corroborar claramente que en esta norma se regulan cuestiones totalmente diferentes".

(53) La doctrina ha subrayado la omisión que efectuó el legislador al no contemplar el supuesto en que el representante actúe en lugar de una persona física. Puesto que tal ausencia supone el recurrir al artículo 31 C.P., para solucionar la falta de tipicidad para la autoría del representante, a pesar del carácter especial del artículo 318 respecto del 31 C.P. Con este criterio, véanse, entre otros, Navarro Cardoso, F. Los delitos contra los derechos de los trabajadores. Ob. cit., p. 38; Martínez-Bujan Pérez, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. Valencia: 2005, p. 791.

(54) Muñoz Conde, F. Ob. cit., pp. 86 y ss. Este autor acertadamente pone de manifiesto que el artículo 31 C.P. tiene como fundamento castigar a quienes no tienen la cualidad exigida por el tipo penal respectivo para ser considerados como sujetos activos, en los supuestos en los que el sujeto actuará de hecho o de derecho en nombre de una persona jurídica, por lo que, a su juicio, debe tenerse en cuenta que la consideración fáctica que permite el artículo 31 debe tener algún tipo de similitud con la situación jurídica del deudor, y que en la medida que sea inexistente deberá buscarse la solución a las posibles lagunas de punibilidad a través de la vía de la participación, o castigando al autor por la vía de otros delitos que no requieren una cualidad especial en la delimitación de los sujetos activos.

(55) Vid. Serrano-Piedecasas, J. "La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo". En: R.P., n.º 10, julio 2002, p. 95; Navarro Cardoso, F. y Losada Quintás, J. "La autoría en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo". En: A.P., n.º 40, p. 967; Tamarit Sumalla, J. Comentarios a la parte especial del Código Penal. 2005, p. 841.

(56) Martínez-Buján Pérez, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. Ob. cit., pp. 790 y 791.

(57) Ídem, p. 792.

(58) García Salas, A. El mando intermedio en la prevención de los riesgos laborales. Madrid: 2000, pp. 53 y ss.

(59) En sentido opuesto, García Cavero, P. Responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación. Ob. cit., p. 256, quien afirma que en atención al artículo 318 C.P. los administradores o encargados son los sujetos que han de responder penalmente por este delito, ya que la empresa como persona jurídica es penalmente irresponsable. "El artículo 318 cumple, para el delito contra la seguridad e higiene laboral, una labor de traslación del deber específico extrapenal al administrador de la empresa y al encargado del servicio con dominio social típico". En sentido diverso, Martínez-Buján Pérez, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. Ob. cit., p. 795.

(60) Cfr. De Vicente Martínez, R. "Sujetos responsables de la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito laboral y en el ámbito penal. En especial la responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales". En: A.P., 2003, p. 345. En sentido similar, también Terradillos Basoco, J. Delitos contra la vida y salud de los trabajadores. Ob. cit., pp. 70 y 71; Rodríguez Mesa, M. "Unas notas acerca de la responsabilidad penal en materia de siniestralidad laboral". En: Revista de Derecho Social, n.º 21, 2003, pp. 200 y ss.

(61) Así, Muñoz Conde, F. Ob. cit., p. 88, considera que "lo que no puede admitirse es que, en aras de una justicia material, a veces discutible, se extienda desmesuradamente la punibilidad a conductas o personas que ni siquiera con la interpretación más extensiva posible entran dentro del círculo de la autoría o de las distintas formas de participación recogidas en los artículos 28 y ss. del Código Penal".

(62) Vid. Serrano-Piedecasas, J. La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. Ob. cit., p. 96; Martínez-Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte especial, Ob. cit., p. 545. Con otro criterio se manifiesta García Cavero, P. Responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación. Ob. cit., p. 256, al señalar: "Aquella persona que realiza tácticamente las funciones de administración responde como autor del delito contra la higiene y seguridad en el trabajo, pero no sólo por asumir esa posición sino por haber generado una confianza especial en los trabajadores sobre las prestaciones de seguridad". Criterio que no compartimos, ya que la mencionada autora fundamenta la responsabilidad del sujeto activo en base a la infracción de un deber extrapenal y no por el dominio funcional de las fuentes de peligro grave para la vida y la salud de los trabajadores.

(63) Es el criterio seguido por Terradillos Basoco, J. Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: diez años de vigencia (Diez cuestiones controvertidas en los tribunales). Ob. cit., p. 18. Con otra postura, Lascuraín, Sanchez, J. "Fundamento y límites al deber de garantía del empresario". En: L.H. Tiedemann, 1995, quien con el objeto de fundamentar una auténtica comisión por omisión en el artículo 318 y de impedir que se atribuya responsabilidad por el mero conocimiento y la sola capacidad de conjuración de un curso de peligro, ha propuesto interpretar que el término "quienes" va referido, del mismo modo, a los "administradores" y a los "encargados del servicio", enumerados como cláusula del inciso primero.

(64) Cfr. Terradillos Basoco, J. Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores: diez años de vigencia (Diez cuestiones controvertidas en los tribunales). Ob. cit., p. 19.

(65) Cfr. Martínez-Buján Pérez, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial. Ob. cit., p. 794.

(66) Pérez Alonso y Zugaldía Espinar. "Responsabilidad penal del empresario y del técnico en prevención de riesgos laborales". En: L. H. Cerezo. Madrid: 2002, pp. 1519 y 1520.

(67) Terradillos Basoco, J. Los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores: diez años de vigencia (Diez cuestiones controvertidas en los tribunales). Ob. cit., p. 19.

(68) A propósito de la responsabilidad penal de los administradores en el delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, debemos destacar que estos son las personas físicas que están obligadas a cumplir las normas de seguridad, toda vez que asumen por mandato de la persona jurídica que representan el cumplimiento de tal deber, es decir, el ejercicio del poder de dirección u organización de todos los aspectos intrínsecos del desenvolvimiento empresarial, estando, en consecuencia, obligados a adoptar todas las medidas correspondientes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

(69) Vid. García Salas, A. El mando intermedio en la prevención de los riesgos laborales. Ob. cit., pp. 53 y ss., quien señala que el artículo 31 está permitiendo afirmar la responsabilidad penal de quien actuó en representación legal o voluntaria de otro, bien se trate de una persona física o jurídica aunque no concurran en él las características específicas del tipo especial. Así, dicho artículo permitiría encuadrar la responsabilidad penal de un encargado con base en un delito especial, cuyas características específicas no concurren en él, pero que sí concurren en la persona física o jurídica que delegó en él, y a la cual representa el empresario.

(70) Con relación al alcance de la responsabilidad penal por parte de los administradores de hecho y de derecho, véanse, entre otros, Rodríguez Morullo. "Análisis del artículo 294 del nuevo Código Penal". En: AA.VV. El nuevo Código Penal. Delitos societarios e insolvencias punibles. Madrid: 1996, p. 270; Ferré Olive, J. Sujetos responsables en los delitos societarios. Ob. cit., pp. 22 y ss.; Pérez Cepeda, A. "Criminalidad de empresa: problemas de autoría y participación". En: R.P., n.º 9, 2002; La responsabilidad de los administradores de las sociedades: criterios de atribución. Barcelona: 1997; Martínez-Bujan Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general. Ob. cit., p. 226; Terradillos Basoco, J. Delitos societarios. Madrid: 1987 y Derecho penal de la empresa. Madrid: 1995; Sánchez Álvarez, M. Los delitos societarios. Pamplona: 1996; Martínez Pérez. "El delito societario de administración fraudulenta". En: EPC, n.º 17; Gómez Benítez, J. "El delito de administración desleal: criterios diferenciadores con la apropiación indebida y los ilícitos mercantiles". En: La Ley, 1997; Faraldo Cabana, P. Los delitos societarios. Valencia: 1996.

(71) Para García Cavero, P. Responsabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación. Barcelona: 1999, la delimitación del autor en los delitos de infracción de un deber, cuando estén referidos a la responsabilidad penal del administrador de hecho, no se puede equiparar con la responsabilidad del administrador de derecho, con lo cual solo puede ser incriminada la conducta de la persona obligada, que suele recaer en el administrador de derecho. Considera que sólo con carácter excepcional podrá responder el administrador de hecho cuando la propia institución social que genere los deberes específicos lo considere obligado. Criterio que no compartimos, porque alude a consideraciones eminentemente formales, dejando de lado la relación del sujeto con el bien jurídico protegido por el tipo penal y las funciones fácticas que despliega el sujeto en la empresa.

(72) Vid. por todos Almela Vich. "Los delitos contra la vida, salud e integridad física de los trabajadores. La problemática en el sector de obras de la construcción". En: Actualidad Penal, 1998, pp. 504 y ss.

(73) Martínez-Buján Pérez, C. Derecho penal económico. Parte general. Ob. cit., p. 226.

(74) Cfr. Muñoz Conde, F. Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica? Ob. cit., p. 88.

(75) Vid. Ferré Olivé, J. Sujetos responsables en los delitos societarios. Ob. cit., p. 26.

(76) Véase SSTS de 17 de mayo de 1979, 21 de marzo de 1980, 10 de mayo de 1980, 13 de junio de 1980 y 12 de mayo de 1988. Vid., con relación a la responsabilidad del administrador de hecho en los delitos societarios, Ferré Olivé, J. "Sujetos responsables en los delitos societarios". En: R.P. n.º 1, 1998, pp. 22 y ss.