Responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra

Revista Nº 125 Sep.-Oct. 2004

Jimena Isabel Godoy Fajardo 

La “depreciación flexible” se dejó de aplicar desde el año gravable de 1992 (D.R. 3019/89, art. 7º). Adicionalmente, el inciso tercero del artículo 78 del Decreto 2649 de 1993, ordena registrar en la contabilidad “... como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente...”.

Lo anterior llevaría a concluir desde el punto de vista contable y financiero, que la reserva que exige el artículo 130 del estatuto tributario, en la actualidad, carece de justificación práctica.

Por ello, cuando reflexiono sobre la normativa fiscal en Colombia, me queda el sinsabor de que la evolución de la economía y los mercados se va desarrollando a pasos agigantados, mientras nuestras normas fiscales se quedan en el estricto sentido jurídico, que tuvieron en algún momento su razón de ser, pero que al quedar estáticas en el tiempo dejan de ser prácticas y flexibles para el empresario, atándolo a una norma legal que lo limita en su toma de decisiones con relación a sus excedentes (reservas fiscales) y a la mejor forma de utilizarlos en este mundo cada vez más globalizado y exigente en la toma de decisiones.

Lo que se resalta del ejercicio es cómo el empresario se ve supeditado a hacer una reserva del 70% del mayor valor de la depreciación contable frente a la fiscal, cuando en sus estados de resultados (ver PYG), e cálculo del impuesto de renta considera la depreciación contable por línea recta y registra la diferencia temporal generada por la aplicación del sistema de reducción de saldos para efectos fiscales. Si se analiza el ejercicio desde la óptica contable, los resultados del empresario han tenido en cuenta la variable impuesto diferido por pagar con cargo a pérdidas y ganancias. Adicionalmente a lo anterior, se debe hacer una reserva del 70% sobre ese mayor valor de depreciación fiscal, lo que desde el punto de vista práctico y de negocios no es muy claro.

Es cierto e importante que los empresarios tienen un deber social con su país, pero también es muy cierto que el Estado debe garantizarle a sus ciudadanos la mayor libertad de negocios, sobre todo hoy más que nunca que nos vemos avocados a una globalización, a un TLC, donde se debe ser muy ágil y competitivo y, más aún cuando normas como las del artículo 130 del estatuto tributario, no van en la misma dirección que la economía mundial y, por el contrario, limitan al empresario al no permitir un manejo óptimo de sus recursos, después de haber reconocido en sus estados financieros su deber como ciudadano en el impuesto de renta con todas sus diferencias temporales.

En síntesis, el artículo 130 debería ser estudiado para que vaya acorde con el proceso de globalización de la economía.

En primera instancia se condenó a X a pagar cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicios, salarios, indemnización por despido y sanción moratoria desde el 1º de septiembre del 2000 hasta que se paguen las condenas impuestas; declaró que Y era solidariamente responsable de esas condenas, pero limitadas las cesantías y sus intereses a las sumas de $ 7.780.555 y $ 822.982, respectivamente; declaró que Z debía responder como garante de Y, de acuerdo con el límite de la póliza suscrita para el efecto y dispuso tener como abono de las prestaciones sociales adeudadas la suma de $ 14.455.730 cancelados por Y el 23 de agosto del 2001.

‘Y’ apeló la decisión procurando se le exonerara de la sanción moratoria y para tal fin alegó haber consignado el valor que por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones creyó debía responder solidariamente, demostrando así su buena fe.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial modificó la sentencia de primer grado en el sentido de declarar que la responsabilidad de Y quedaba limitada al período comprendido entre el 17 de diciembre de 1997 y el 28 de febrero del 2000; la absolvió del pago de la indemnización por despido y en lo demás confirmó el fallo impugnado.

Manifestó como soporte de la condena en lo que interesa a este estudio que la condenada en solidaridad debe pagar la sanción moratoria a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo, como lo dispone el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no haber cancelado la empleadora el valor de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones adeudadas, porque tales acreencias se derivan del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas.

Subraya que no accede a la solicitud de que la sanción moratoria cese a partir del 23 de agosto del 2001, fecha en que Y consignó la suma de $ 14.455.730, porque los valores por los cuales debe responder esa empresa ascienden a $ 29.434.537, superior a la consignada.

‘Y’ solicita casación total y en sede de instancia se revocará la decisión del juzgado respecto de las condenas que le fueron impuestas solidariamente y en su lugar la absolverá de la indemnización moratoria y de las restantes prestaciones en cuanto ellas están basadas en tiempo de servicios posterior al 31 de octubre de 1999.

2. La sentencia de 22 de abril del 2004. Radicación 21074.

Razones y fundamentos de la decisión de la Corte

En lo que interesa a nuestro análisis, la Corte consideró que:

En cuanto el tribunal entendió que en el caso para aplicar el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no correspondía examinar la conducta del dueño de la obra o beneficiario del trabajo, esto es de X, dejó entrever que en los eventos de solidaridad a que alude el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo la imposición de la sanción moratoria al dueño de la obra es automática, una consecuencia forzosa en los eventos en que se le haya impuesto al contratista independiente.

Que el entendimiento subyacente en el razonamiento del juzgador de segundo grado es a todas luces equivocado, porque cuando el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo alude “al patrono” no está refiriéndose exclusivamente al empleador sino en general al obligado al pago de los salarios y prestaciones el cual, en ocasiones, es un tercero que resulta vinculado y termina equiparándose al empleador para efectos de la norma en cuestión.

Que la sanción consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es en ningún caso automática y resultaría absurdo que solamente pueda intentar exonerarse de ella el propio empleador alegando que su conducta estuvo revestida de buena fe, pero no pueda hacer lo mismo el deudor solidario que en su calidad de dueño de la obra o beneficiario del trabajo debe salir a responder por el monto de las obligaciones laborales contraídas por aquel.

Que constituye un tratamiento asimétrico con el deudor solidario que se le obligue en virtud de un mandato legal al cubrimiento de las cargas laborales dejadas por el contratista independiente, pero al mismo tiempo se limite su derecho de defensa y se le cercene la posibilidad de poder alegar que su conducta es de buena fe cuando demuestre que estuvo presto a pagar o canceló lo que honestamente creyó deber.

Que sería tanto como poner en el mismo plano la conducta de quien nada adujo ni mostró ningún interés en satisfacer las obligaciones a su cargo directamente, y la del que pretendió cumplir en lo que estimó le correspondía pagar solidariamente, lo cual no cabe en el espíritu y la teleología insitos en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Que en los términos del artículo 1577 del Código Civil “El deudor demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas”, norma que proscribe cualquier limitación a la defensa que puede desplegar el deudor solidario y que resulta ilustrativa para reafirmar el criterio que arriba se dejó expuesto.

Finaliza expresando que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra puede ser liberado total o parcialmente del pago de la sanción moratoria que se le reclame siempre que acredite con razones de peso que su conducta estuvo revestida de buena fe.

Aclara que el momento a partir del cual debe empezar a contabilizarse la sanción moratoria es la de terminación del contrato de trabajo como aquel en que surge para el empleador, y para el deudor solidario, la obligación de pagar los salarios y prestaciones adeudados.