Restricciones a la transmisibilidad de la participación accionaria en Argentina

Revista Nº 13 Oct.-Dic. 2006

por Rafael F. Barreiro 

1. Enfoque introductorio

La libre transmisibilidad de la participación accionaria, regulada principalmente por el artículo 214 de la Ley 19950 de Sociedades Comerciales argentina —en adelante, LSC— es uno de los derechos derivados del particular estado que asumen los accionistas de las sociedades anónimas. En efecto, constituye uno de los derechos individuales del socio “que no pueden quedar librados a la apreciación o arbitrio de las autoridades de la sociedad —directorio y asamblea—: han de interpretarse justa y equitativamente con el control judicial”(1).

La mencionada disposición establece que la transmisión de las acciones es libre, pero los estatutos pueden limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, sin que pueda importar la limitación de su transferencia. Esta deberá constar en el título o en las inscripciones en cuenta, sus comprobantes y estados respectivos. El precepto es escueto, pero fecundo en sus consecuencias prácticas.

Es principio ínsito en la regulación normativa de las sociedades anónimas que los accionistas no puedan ser constreñidos a mantener su participación accionaria sine díe, porque ello implicaría desconocer el carácter de título circulatorio que se le reconoce a la acción(2). Esto con fundamento en que “la persona del socio o accionista en la sociedad anónima es irrelevante e indiferente, lo cual facilita su fácil egreso o ingreso y sin que esto signifique la modificación del acto constitutivo”(3).

Sobre esa base, y en atención a la naturaleza contractual del acto genético de las sociedades anónimas —y de los restantes tipos contemplados en la LSC—, el ordenamiento societario admite que los estatutos prevean restricciones a la negociabilidad de las acciones que no importen, en concreto, la lisa y llana prohibición. En congruencia con la aseveración que se realizó en el párrafo precedente, debe tenerse en cuenta que la ley no consagra la “inalienabilidad” de las acciones, sino que permite imponer limitaciones a la libertad de negociación(4).

En otros términos: por vía de principio no se le puede impedir al accionista que enajene su tenencia accionaria, sino que tales límites les serán impuestos a los eventuales interesados en la adquisición, para “evitar el ingreso de personas extrañas a la sociedad, lo cual es frecuente en las sociedades constituidas por un mismo grupo familiar, o para impedir que la competencia se infiltre en la sociedad”(5). Ciertamente, esto no excluye que esas cortapisas resulten previstas estatutariamente para prevenir que los directores —como es práctica constante en otros países— o los accionistas ostenten el control de hecho mediante las denominadas “tomas hostiles de control —hostile take over—, de modo que se preserve el statu quo imperante”(6).

Así, una vez delimitado el ámbito de aplicación de las restricciones a la negociabilidad de las acciones que contempla el artículo 214, en la regulación legal se introduce el reconocimiento —por vía indirecta— de las sociedades anónimas cerradas o de familia. En estas puede prevalecer el interés —tutelado explícitamente— de evitar el ingreso de socios que podrían perturbar la concordia en la gestión del patrimonio social o implicar una desatención de ciertas cualidades de los constituyentes originarios. Con referencia a esta situación se decidió que si bien en las sociedades de familia no es usual la emisión de títulos accionarios, cuando una entidad de tales características lo hace, la transferencia de los mismos se debe adecuar a la normativa legal vigente(7).

No obstante, la existencia de restricciones como las que aquí se examinan se justifican, además, porque: “... la negociabilidad hace a la naturaleza de la acción, mas no a su esencia”(8). Por lo tanto, toda modificación que altere su régimen de transmisibilidad incide sobre la estructura y funcionamiento de la sociedad(9). Además, su permiso encuentra asidero en la anteriormente mencionada naturaleza contractual del acto que da origen a la sociedad, sobre cuyo basamento se hallan habilitados los constituyentes para introducir las previsiones que consideren más convenientes y que estén orientadas al cumplimiento del objeto social, con el lógico límite que implica en general el artículo 17 de la LSC —que sanciona a la sociedad atípica con la nulidad absoluta— y los elementos que tipifican cada tipo en particular(10).

Se ha señalado que el fundamento de las limitaciones reposa en el artículo 910 del Código Civil argentino, según el cual nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa o restringir su libertad, sin haberse constituido un derecho especial para tal efecto(11).

2. La vigencia de las restricciones estatutarias a la libre negociabilidad

En primer término, se debe recordar que, de conformidad con el artículo 214, las cláusulas restrictivas deben provenir de expresa disposición estatutaria y no pueden oponerse a terceros si no constan en el propio título o en las inscripciones en cuenta o certificados. Tales límites implican la previsión de: “... una cláusula del contrato constitutivo de la sociedad, conforme al que los socios han querido someterse directamente, y al que se vinculan por adhesión los adquirentes posteriores de participaciones societarias. Justamente nuestra ley ha exigido, para esa oportunidad, que las restricciones consten en los propios títulos para evitar toda afectación de la buena fe del adquirente”(12). Solo se admiten tales limitaciones cuando conciernen a la transmisión de acciones nominativas o escriturales.

Téngase en cuenta que en el primer supuesto, por expresa exigencia de la Ley 24587, todos los títulos valores privados emitidos en el país y los certificados provisionales que los representen deben ser nominativos no endosables (art. 1º) y aquellos que no hayan sido presentados para la conversión dispuesta en el artículo 2º no pueden ser transmitidos o gravados y no se pueden ejercer sobre ellos los derechos que les sean inherentes (art. 7º). Lo anterior, sin perjuicio de que esos títulos nominativos no endosables puedan llevar cupones al portador que deberán contener la numeración del título valor al que pertenecen (art. 4º).

Con referencia a las acciones escriturales —títulos desmaterializados—, reguladas en el último apartado del artículo 208 de la LSC, la calidad de accionista se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el registro pertinente. Es así como la entidad que lleve el registro de acciones escriturales debe otorgar al accionista un comprobante de la apertura de su cuenta y de todos los movimientos que sean inscritos en ella.

Es sencillo advertir el motivo por el que las restricciones a la circulación de las acciones se admiten en los supuestos señalados: solo resultarán oponibles a terceros cuando puedan ser efectivamente conocidas por ellos. Además, en este punto sobresale la tutela del interés de esos terceros con la que resulta congruente la exigencia de las constancias que deben asentarse en el libro de registro de acciones (LSC, art. 213, inc. 6º).

El origen de los límites a la circulación de las acciones puede diferir. Así, pueden provenir: (i) de la ley, (ii) de convenciones parasociales o (iii) de los estatutos(13).

El primer evento implica un obstáculo cuya fuente es exclusivamente legal, basado en consideraciones de orden superior. A modo de ejemplo se pueden citar la Ley de Zonas de Seguridad —que ratificó decretos anteriores— (L. 12913) y la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales (L. 25750). En ambos casos, con referencia a la situación de los eventuales adquirentes, por lo que técnicamente no implican un límite a la negociabilidad, sino a la aptitud para adquirir las acciones. Como límite de fuente legal a la libre negociación de los títulos accionarios, el régimen de las prestaciones accesorias que contempla el artículo 50 de la LSC exige que cuando aquellas prestaciones resulten conexas a acciones estas deberán ser nominativas y su transmisión tendrá que ser autorizada por el directorio.

Las estipulaciones parasocietarias, como acuerdos entre accionistas particulares que influyen solo indirectamente sobre el estatuto, se presentan como mecanismos apropiados para estructurar negocios de diversa índole. No obstante, el denominado sindicato de bloqueo podría conducir a una restricción —claro que de neto corte particular regido por la disposición del artículo 1198 del Código Civil argentino, que impone la celebración, interpretación y ejecución de los contratos con base en la buena fe— de parecidas características a las que aquí se examinan. Pero no se trata de una imposición estatutaria y, por ello, la validez de esas convenciones debe juzgarse bajo pautas distintas, pues es diferente también su principal finalidad: el llamado sindicato de mando se orienta a mantener la cohesión entre un grupo de accionistas, con intereses concordantes para aumentar o mantener la posición relativa en la formación de la voluntad social o en la gestión patrimonial.

Al respecto se ha sostenido: “Ese pacto cuenta con la eficacia legal entre las partes que lo celebran y no frente a la sociedad y terceros, pues ese pacto es res inter alios acta, de manera que la transferencia de acciones será válida para la sociedad, aunque las partes hayan convenido determinadas restricciones”(14). De tal modo, no se puede sostener que por vía de una interpretación demasiado laxa del artículo 214 de la LSC se introduzca una regulación —siquiera indirecta— de aquellos acuerdos entre accionistas.

Los estatutos pueden prever límites a la libre transmisibilidad de las acciones, los cuales constituyen la materia de regulación del artículo mencionado. Tales disposiciones contractuales pueden consistir en: (i) cláusula de consentimiento; (ii) derecho de preferencia en la adquisición; (iii) exigencias de determinadas calidades para ser socio y (iv) cláusulas de agrado.

En cuanto a que las restricciones se introduzcan mediante modificación estatutaria se ha considerado que la decisión social aprobatoria de esa alteración debe ser adoptada por unanimidad, porque no concierne a la modificación de la organización emergente del contrato constitutivo y, consecuentemente, es necesario el concurso de todos los accionistas que pueden ver alterados sus derechos(15). Se reconoce que en materia de sociedades anónimas cerradas esta exigencia cumple una función de protección de las minorías y previene la comisión de eventuales abusos.

Pero la legislación societaria nada ha previsto expresamente sobre el particular y, por consiguiente, resultaría aplicable el régimen general señalado en los artículos 235 y 244, párrafo tercero, de la LSC. Según esta disposición, la modificación del contrato corresponde a la asamblea extraordinaria, que podrá sesionar con quórum del 60%, en primera convocatoria, o del 30%, en segunda. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, sin perjuicio de una disposición estatutaria que exija un número mayor.

3. Cláusula de consentimiento

Los estatutos pueden prever que el accionista que desee transmitir su tenencia accionaria debe requerir la previa autorización o conformidad de la sociedad —el directorio o la asamblea—, para poder concertar la transferencia con un tercero. En este orden de ideas, se aseveró que el artículo 214 regula de modo genérico la cláusula de consentimiento y qué restricciones como esa inciden de manera directa en el derecho de suscripción preferente, pues las acciones serán transmisibles en las mismas condiciones que los títulos de los cuales derivan(16). La posibilidad de establecer cláusulas restrictivas de la libre transmisibilidad de las acciones en los estatutos es un instrumento para cerrar o clausurar una sociedad, como la anónima, la cual, según el pensamiento del legislador, se concibe como de carácter abierto(17).

Por consiguiente, no parece prudente que los estatutos guarden silencio frente al procedimiento y plazos para acordar o denegar el consentimiento, porque tal situación podría provocar el desconocimiento del derecho a la libre negociabilidad. Téngase en cuenta que resulta adecuado que se contemplen las causales obstativas de la transferencia o que se exija el rechazo fundado de la autorización recabada por el accionista, sea por el directorio o la asamblea, para efectos de evitar que la decisión se adopte arbitraria o discrecionalmente(18).

Tampoco se advierte que sea inapropiado articular una previsión expresa en el sentido dispuesto respecto del régimen de la cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada(19). Pero, ante la ausencia de disposición estatutaria expresa, como ha sido postulado por parte de la doctrina argentina, igualmente sería posible aplicar los referidos preceptos(20).

Esa asimilación a un tipo que presenta menor complejidad en su estructura orgánica que la anónima no parece subvertir parámetros interpretativos eficaces. En apoyo de esa sugerencia, se debe advertir que en el derecho argentino las diferencias entre uno y otro tipo social no son tan profundas —si se aprecia esta cuestión despojándose de preconceptos dogmáticos— ni se soslaya la regla de interpretación señalada en el artículo 16 del Código Civil argentino, que impone la necesidad de recurrir a los principios de leyes análogas cuando una cuestión no pueda decidirse con fundamento en la letra o el espíritu de la ley. Claro que la integración normativa no puede ser completa, pues, para la validez de las limitaciones a la transferencia de cuotas, el último apartado del artículo 153 de la LSC exige que el contrato prevea los procedimientos con arreglo a los que los otros socios prestarán su consentimiento o la sociedad o los socios que ejercerán la opción de compra.

Los estatutos también se podrían referir al plazo previsto para el ejercicio del derecho de suscripción preferente respecto de las nuevas emisiones, previsto por el artículo 194 de la LSC —30 días contados a partir de la última publicación de los avisos que comunican el ofrecimiento por la sociedad emisora. En el caso de las sociedades cotizadas, la asamblea extraordinaria podrá reducirlo a 10 días—.

Con relación al plazo para emitir la decisión correspondiente se ha entendido que si este no fue prefijado, su conformidad o denegación se debe expresar dentro de un término prudencial(21) o razonable(22), cuyo juzgamiento dependerá de las circunstancias del caso. Claro que, para que esto ocurra, la limitación debe haber sido prevista expresamente en los estatutos.

En realidad, si se parte del sano reconocimiento en plenitud de la autonomía de la voluntad, el parámetro de interpretación más certero será el de la razonabilidad, que conllevará necesariamente la indagación dirigida a precaver la vulneración del principio de libre transmisibilidad.

4. El derecho de preferencia en la adquisición o derecho de tanteo

En virtud de esta limitación, se admite que el accionista que pretenda enajenar su participación accionaria a un tercero ajeno a la sociedad resulte constreñido a reconocer el derecho de adquisición prioritaria a los otros accionistas —todos o solo los integrantes de la clase de acciones que corresponda a las que se quieren enajenar—, en igualdad de condiciones con los terceros interesados(23). Como justificación de esta posible cortapisa a la libre transferencia accionaria se ha dicho que el accionista debe ser colocado en rango prioritario frente a terceros en todo cuanto hace al ejercicio de derechos societarios, ya sean estos patrimoniales o políticos(24).

Esta limitación no se concede en beneficio de algún accionista individualmente considerado, pues una estipulación de esa naturaleza resultaría de dudoso apego al texto expreso del artículo 214. Ello vulneraría la proscripción legal de prohibir la transmisión de las acciones y, además, no resistiría un examen de su validez, pues tendría un contenido y finalidad claramente discriminatorios.

4.1. El precio

Uno de los principales aspectos que causa controversia cuando las acciones se encuentran limitadas en su transmisibilidad, y frecuente fuente de diversas interpretaciones, es el que se refiere a la fijación del valor de la participación accionaria. Como norma básica, el inciso 5º del artículo 13 de la LSC dispone que es nula la estipulación que permita la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, la cual se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva.

No existe óbice para que las pautas para la determinación del precio se establezcan en los estatutos, siempre que estos sean justos y equilibrados, calificaciones que dependerán en gran medida de las circunstancias privativas de cada caso en particular. Para superar comunes desavenencias entre accionistas, y solo a manera de ejemplo, se podría establecer la confección de un balance específico, aunque tal estipulación resultaría de escasa practicidad. Sin embargo, “... se ha dicho que como no se trata de actos que deban ser cumplidos obligatoria y compulsivamente por las partes, pues ni el comprador —accionista al que se le ha reconocido el derecho de compra prioritaria— está obligado a comprar, ni el vendedor —accionista que debe desprenderse de sus acciones— está obligado a hacerlo, si el precio ofrecido por el accionista comprador es menor que el que resulta de aplicación de las normas prefijadas”(25).

La nulidad prevista por el numeral 5º del artículo 13 de la LSC(26) no opera, si no existe un precio fijado en los estatutos o si no se establecieron pautas para su determinación. En este caso, quienes ejerzan la preferencia en la adquisición —el derecho de tanteo— se hallan obligados a abonar el precio ofrecido por el tercero interesado en la adquisición de las acciones que se transfieren y que fue convenido con el enajenante.

La fijación del precio puede ser dejada al arbitrio de un tercero, como lo permite el artículo 459 del Código de Comercio argentino, pero si este no pudiere o no quisiere hacer la determinación el contrato quedará sin efecto, salvo pacto en contrario. Parecida solución consagra el artículo 1350 del Código Civil argentino y el 1351 sienta la irrevocabilidad del precio estimado por las personas designadas, sin recurso alguno para variarlo. No se advierte un obstáculo para la aplicación de esos dispositivos, pues el único requisito de cumplimiento inexcusable sobre el particular es que el precio sea, aquí también, razonable. Pero se vuelve a insistir, con la poca práctica, si tal solución es incorporada a los estatutos.

4.2. Un interrogante

El artículo 197 de la LSC dispone que, con las mayorías del último párrafo del artículo 244 —esto es, sin que se aplique la pluralidad de voto—, la asamblea extraordinaria puede resolver, en casos particulares y excepcionales, acerca de la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, cuando el interés de la sociedad lo exija. Esto, bajo las condiciones siguientes: (i) que su consideración se incluya en el orden del día y (ii) que se trate de acciones que se deban integrar con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes.

Con atención de la similitud de situaciones y en las condiciones que el precepto mencionado contempla, es posible plantearse si la asamblea extraordinaria también podría decidir sobre la suspensión del derecho de tanteo y consentir, de este modo, que las acciones limitadas en su transmisibilidad, por una cláusula como la descrita, puedan transferirse a terceros. Como la solución legal responde a preservar el interés social y únicamente procede en casos particulares y excepcionales, no se encuentra obstáculo para que el acuerdo social limite o suspenda la vigencia de la estipulación restrictiva de la circulación de las acciones.

Esto no implica una vulneración concreta de los derechos de los accionistas —quienes en definitiva, por mayoría, salvo exigencia de mayor intensidad de los estatutos, formaron la voluntad social en el sentido expresado—, sino un medio adecuado para la superación o remoción de severas dificultades económicas que aquejan a la sociedad, cuyo interés debe preferirse al de los socios.

5. Exigencia de determinadas calidades para ser socio

Estas restricciones presentan una impronta que permite apreciarlas con criterios de mayor objetividad. En efecto, como normalmente guardan vinculación con la consecución del objeto social —v. gr. las sociedades de profesionales o aquellas cuya actividad específica requiera de ciertos conocimientos especiales que puedan tener los accionistas—, su validez puede juzgarse con consideración de parámetros nítidos. Aunque resulta obvio destacarlo, tales exigencias no pueden hallar su fundamento en pautas que impliquen discriminación cierta y efectiva, porque ese contenido vulneraría directamente la libre negociabilidad de las acciones —además de afectar la dignidad de terceros interesados en incorporarse al ente social—, en franca oposición a la prohibición establecida en el artículo 214 de la LSC.

La validez de esta clase de límites debe juzgarse con observancia del delicado equilibrio entre las mayorías y minorías de accionistas. Ello significa que no puede admitirse que esta clase de restricciones se utilice para vulnerar los derechos de determinados accionistas impidiéndoles, en la práctica, desprenderse de sus acciones, porque esto resultaría incongruente con la reprobada prohibición de negociabilidad de las acciones. Tal situación puede configurarse, con mayor probabilidad, si las limitaciones son incorporadas como modificación a los estatutos. Aquí también adquiere virtualidad dirimente la pauta de razonabilidad, porque exige que los estatutos prevean procedimientos que tiendan a permitir la salida del accionista y no lo obliguen a mantenerse contra su voluntad en el ente societario(27).

6. Cláusulas de agrado —‘di gradimento’—

En rigor interpretativo, estas estipulaciones constituyen una variante de las cláusulas de consentimiento. Pero las restricciones encuentran fundamentos menos precisos en este tipo de disposiciones. Más parece que se trata de exigencias previstas en los estatutos, las cuales se encuentran orientadas a preservar una situación de hecho preexistente y que someterá la incorporación de nuevos accionistas al tamiz de la aquiescencia de los restantes.

Estas cláusulas estatutarias se presentan como la mejor demostración del reconocimiento o permisión en el marco regulatorio societario de las sociedades de familia en las que, con frecuencia, el interés de los accionistas tiende a prevalecer sobre el social, porque aquellos intentan concentrar la gestión patrimonial mediante la retención de las acciones que tengan (LSC, art. 166, inc. 1º). Esto es admisible y resulta perfectamente válida la intención de no permitir el ingreso de nuevos accionistas para continuar con la explotación del negocio familiar, cuando uno de los accionistas que integran el elenco originario —o sus herederos— se propone transferir su participación accionaria, como consecuencia de las desavenencias que con frecuencia acontecen en esta clase de sociedades.

Sin embargo, téngase en cuenta que la emisión de acciones con prima cumple una función parecida, aunque debe reconocerse que solo desde una perspectiva económica que puede desatender a otros motivos tanto o más válidos —v. gr. mantener la buena marcha de las actividades de la sociedad y la concordia entre los socios— (LSC, art. 202, inc. 2º). En este sentido, se ha juzgado que en las sociedades anónimas cerradas se tiende a resguardar, cuando no a impedir, el ingreso a la sociedad de personas o grupo de personas, porque no responden a los mismos intereses, para mantener la cohesión del grupo o la hegemonía de la conducción, evitar perturbaciones en la marcha normal de la sociedad o por otros motivos. Este tipo de acciones presenta rasgos más próximos al carácter intuitu pecuniae(28).

Estas restricciones, a las que forzosamente se les debe reconocer una amplitud de contenido, no pueden resultar arbitrarias ni discriminatorias, porque en tales casos el óbice para su validez será el límite impuesto para el ejercicio de los derechos por el artículo 1071 del Código Civil argentino, con consideración de la distinción que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en punto a su disfuncionalidad(29).

7. Procedimiento

Frente a la comunicación de la cesión de las acciones del enajenante a un tercero, realizada en forma fehaciente al estatuto social, el artículo 215 señala que debe disponerse la inscripción, pues el 214 prohíbe cualquier cláusula estatutaria que importe una prohibición de la transferencia. La transmisión puede limitarse, pero nunca ser proscrita. Existe un estándar básico: el derecho a transmitir la acción es un derecho inderogable que forma parte de las bases esenciales de la sociedad anónima, el cual se concreta en la facultad de disponer libremente de ellas, cuando no esté expresamente limitado por los estatutos o la ley(30).

Claro que, si no está reglamentado, la conformidad o su denegatoria —cualquiera que fuera el órgano social al que compete pronunciarse: la asamblea extraordinaria, el directorio o ambos— o el ofrecimiento a los accionistas, si se trata de cláusula que previera el derecho de adquisición prioritaria, deben practicarse con sujeción a un criterio básico de interpretación: la excesiva demora podría importar la prohibición de negociación de las acciones que repele el ordenamiento societario.

En los casos en que los estatutos prevean una cláusula restrictiva de la transmisibilidad de las acciones mortis causa se ha dicho que, si bien resulta procedente limitar la transmisión de acciones nominativas en caso de muerte de alguno de los accionistas de las sociedades anónimas, esto siempre deberá estar subordinado a que expresamente estas restricciones a la transmisión por causa de muerte contengan un procedimiento que en todo caso le permita al heredero o legatario ser reconocido como accionista o la posibilidad de transmitir las acciones adquiridas bajo estos títulos, obteniendo su justo precio. Las restricciones no pueden traducirse en una exclusión de la transmisibilidad de la acción, al someterla a tales condiciones, de manera que prácticamente la anulen.

En el caso de que los estatutos sociales limiten la transmisión de acciones nominativas en caso de muerte de alguno de los accionistas de sociedades anónimas cabe interpretar armónicamente los artículos 214 de la LSC y 1195 del Código Civil argentino, pues este último establece que los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales. Esto salvo que las obligaciones que nacen de ellos sean inherentes a la persona o que resultara lo contrario de una expresa cláusula del contrato. Por su parte, el mencionado artículo 214 autoriza expresamente que, respecto de las acciones nominativas, los estatutos pueden limitar la transmisibilidad sin que ello conlleve una prohibición de transferencia y con la condición de que tal limitación conste en el título(31).

La transferencia de acciones nominativas opera con la entrega material del título, su anotación en el registro de acciones de la sociedad emisora y la inscripción en el respectivo título. Esto por cuanto se trata de un acto integrativo y constitutivo de la transmisión y no de una simple exigencia formal. Por ello, el acto no se perfecciona, si no se efectúa la inscripción correspondiente(32).

Parece evidente que el órgano de administración o la entidad que lleve el registro de acciones escriturales se deben rehusar a inscribir la transferencia que incumpla las cláusulas limitativas, sin que el accionista enajenante tenga derecho a reclamo alguno, porque el negocio que ese socio pudiera haber celebrado con un tercero le es ajeno. Esta facultad tampoco le asiste al adquirente, quien no puede invocar en su favor la calidad de accionista, pues la inscripción no se llevó a cabo, salvo, por supuesto, la reclamación que pudiera instaurar contra el alienante(33).

Ello incluso cuando, en caso de acciones que no tienen limitada su transmisibilidad, la sociedad no puede negarse a insertar en el registro de accionistas el derecho del sucesor intervivos de un accionista preexistente, puesto que la sociedad es una servidora de los sujetos registrados. Por esta razón, la circunstancia de llevar el citado registro no la constituye en homologadora o supervisora de los actos de transmisión por registrar(34).

8. Colofón

Resulta válido que en los estatutos se incluyan restricciones a la libre transferencia de las acciones. Empero, la reglamentación de ese derecho no puede estipularse de modo tal que implique una negación efectiva de su ejercicio, en la medida en que con ello se afectaría un derecho inherente al accionista.

La carencia de previsión estatutaria expresa, con relación al procedimiento que debe observarse no resulta óbice para la operativa o vigencia de las limitaciones contractuales, siempre que la actitud de los órganos sociales sea diligente y razonable. En defecto de regulación expresa en los estatutos puede acudirse a distintas secuencias y plazos que la LSC prevé para situaciones que guardan semejanza con la examinada —v. gr. los artículos 194 a 197— o acudir a la disposición del apartado final del artículo 245, que guarda semejanza con el tópico que se examina, por cuanto establece las pautas para avaluar la participación del accionista que ejerció el derecho de receso y determinar el precio de la tenencia accionaria que se transferirá.

Además, esas conductas se deben ceñir al principio rector del artículo 1198 del Código Civil argentino y no resultar discriminatorias o abusivas, porque en tales situaciones su resultado debería asimilarse a la prohibición de enajenación que merece la repulsa del artículo 214. Esto sin perjuicio de la invalidez intrínseca que puede afectar a esos actos societarios.

Si la transferencia de acciones se encuentra subordinada a la conformidad previa del directorio, otorgándole el derecho al accionista para que en caso de resolución contraria recurra ante la asamblea extraordinaria reunida para tal fin —lo que es aceptado por la doctrina y la ley vigente, pese al principio teórico de libre transmisibilidad, fundado en la naturaleza intuitu pecuniae de la sociedad anónima—, la mera observancia de tales pasos no es suficiente para legitimar la decisión adoptada. Es necesario que la denegatoria no haya sido arbitraria, basada solo en la voluntad de la mayoría, pues allí se estaría en presencia de un ejercicio abusivo de las facultades estatutarias(35).

Así, no es suficiente un cumplimiento meramente formal de las exigencias de los estatutos en orden a las cláusulas de consentimiento o de agrado, si la conformidad es rehusada sistemáticamente y sin causa, aunque tal fuere la previsión expresa. Con una comprensión similar, se sostuvo que la restricción consistente en permitir al directorio que niegue la conformidad sin expresión de justa causa es nula, porque no permite el control judicial posterior acerca de la configuración de arbitrariedad(36).

Con un criterio proclive a evitar la injustificada prohibición de negociación de las acciones nominativas o escriturales, se sostiene que el reconocimiento de una cláusula de adquisición preferente de acciones debe juzgarse con carácter restrictivo y debe constar en forma expresa. De otra forma, se afectaría, sin fundamento, el mentado principio de la libre circulación de las acciones y la protección del tercero adquirente de buena fe(37).

Por supuesto, la función interpretativa debe preservar el delicado equilibrio entre las diversas órbitas de intereses comprometidas en la negociación de acciones limitadas en su transmisibilidad. No obstante, se afirmó que el análisis de tales limitaciones no puede hacerse restrictivamente, porque si bien “tienen que ser redactados de manera clara y expresa, la interpretación de ellos se realizará acorde con su finalidad. En este último sentido, la técnica de restricción analizada es susceptible a una diversidad de variantes, máxime cuando las cláusulas en cuestión implican una regresión hacia estructuras personalistas”(38).

Se reitera que el criterio de interpretación que rige la cuestión que aquí se examina debe referir, necesariamente, a la razonabilidad, haya o no una previsión estatutaria expresa.

(1) Halperín, I. y Otaegui, J. Sociedades anónimas. Ed. Depalma, 2.ª ed., Buenos Aires: 1998, pp. 406 y 407 y sus citas en la nota nº 51.

(2) Con referencia al régimen de la Ley 16060 del Uruguay, Pérez Fontana señala: “... el acto constitutivo o el estatuto pueden limitar o condicionar la transmisibilidad de las acciones nominativas pero no prohibirla, porque como dicen los autores franceses, su titular no puede ser prisionero de su título” —Pérez Fontana, S.F. Sociedades anónimas. Fundación de Cultura Universitaria, vol. 1, Montevideo: 1991, p. 94—.

(3) Gagliardo, M. Restricciones a la libre transmisión de acciones: aspectos teóricos y prácticos. En: RDCO, Depalma, Buenos Aires: 1980, p. 686.

(4) Halperín y Otaegui, ob. cit., p. 340.

(5) Nissen, R.A. Ley de sociedades comerciales. Ábaco, t. II, Buenos Aires: 1983, p. 527, con cita de la opinión concordante de Halperín.

(6) “Comisión Nacional de Valores v. S.A. Garovaglio y Zorraquín s/ apelación resolución de organismo externo”. CNCom., Sala B, ago. 19/97. En: La Ley, oct. 12/99.

(7) “Baliña, Pedro v. Peña, María Isabel s./ sumario”. CNCom., Sala B, mayo 27/2005.

(8) Halperín y Otaegui, ob. cit., p. 338.

(9) S., J. v. T. de S., A. CNCom., Superior Tribunal de Mendoza, mayo 24/95.

(10) Sasot Betes, M.A. y Sasot, M.P. Sociedades anónimas. Acciones, bonos debentures y obligaciones negociables. Ed. Ábaco, Buenos Aires: 1985, p. 205.

(11) Gagliardo, M. Vigencia de las cláusulas de consentimiento y el artículo 214 de la Ley 19550. En: La Ley, 1994-B-247.

(12) Richard, E.H. Cláusulas limitativas de las transferencias de acciones: el marco de la autonomía de la voluntad negocial en el estatuto y en su reforma. Ponencia presentada en el VII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa —La Sociedad Comercial ante el Tercer Milenio—, t. III, p. 160.

(13) “García Isolino v. Transportes del Tejar S.A.”. Juzg. Nac. Comercial nº 9, nov. 6/91. En: La Ley, 1994-B-248.

(14) Verón, A.V. Sociedades comerciales. Astrea, t. III, Buenos Aires: 1986, p. 549.

(15) Richard, ob. cit., p. 162.

(16) Gagliardo, M. Nuevas reflexiones acerca de las cláusulas restrictivas a la libre transmisibilidad de las acciones. En: RDCO, Depalma, Buenos Aires: 1999, pp. 721 y 722.

(17) Embid Irujo, J.M. Autonomía de la voluntad, estatutos sociales y derecho de sociedades de capital. En: RDCO, Depalma, Buenos Aires: 1999, p. 225.

(18) Sasot Betes y Sasot están en contra, pues sostienen que la facultad discrecional de la sociedad sería válida sin tener que fundamentar la razón de la negativa —Sasot Betes y Sasot, ob. cit., p. 211—.

(19) “Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria del contrato. La transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si obra en instrumento privado. La sociedad o el socio solo podrán excluir por justa causa al socio así incorporado, procediendo con arreglo a lo dispuesto por el artículo 91, sin que en este caso sea de aplicación la salvedad que establece su párrafo segundo. La transmisión de las cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el registro público de comercio, la que puede ser requerida por la sociedad; también podrán peticionarla el cedente o el adquirente, exhibiendo el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia” (art. 152). “El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla. Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios o que confieran un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad si esta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce su capital. Para la validez de estas cláusulas el contrato debe establecer los procedimientos a los que se sujetará el otorgamiento de la conformidad o el ejercicio de la opción de compra, pero el plazo para notificar la decisión al socio que se propone ceder no podrá exceder de 30 días desde que este comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio. A su vencimiento se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercida la preferencia” (art 153).

(20) Nissen, R.A. Ley de sociedades comerciales... cit., t. III, p. 238; Molina Sandoval, C.A. Restricciones a la libre transmisibilidad de las participaciones accionarias. En: El Derecho, ago. 5/2002, p. 4; Gagliardo, M. Restricciones a la libre transmisión de acciones..., cit., p. 692.

(21) Gagliardo, M. Restricciones a la libre transmisión de acciones: aspectos teóricos y prácticos..., cit., p. 689.

(22) Sasot Betes y Sasot, ob. cit., p. 218.

(23) Puede consultarse una síntesis exacta en Gagliardo, M. Restricciones a la libre transmisión de acciones: aspectos teóricos y prácticos..., cit., p. 687.

(24) Sasot Betes y Sasot, ob. cit., p. 211.

(25) Ibídem, p. 217.

(26) En contra de la aplicación de esta norma al caso, véase Sasot Betes y Sasot, ob. cit., p. 217.

(27) Juárez, M.L. La transferencia de acciones. Limitación. Ponencia presentada al VII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa..., cit., p. 65.

(28) “El Chañar S.A. ante la Inspección General de Justicia s/ trámite con precalificación”. CNCom., Sala B, oct. 27/93.

(29) “Automóviles Saavedra SACIF v. Fiat Argentina SACIF”. CSJN, fallos: 311:1337.

(30) “Borelli, Avelino Oscar v. Electrosistemas SAS y otros s/ medida precautoria”. CNCom., Sala B, oct. 8/2002, con cita de Broseta Pont: “Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de acciones”, recordado por Molina Sandoval, ob. cit.

(31) “El Chañar S.A. ante la Inspección General de Justicia s/ trámite con precalificación”. CNCom., Sala B, oct. 27/93.

(32) “Servia, Alfonso v. Medyscart S.A. s/ sumario”. CNCom., Sala B, jun. 9/94; “M y F S.A. v. Sociedad Entrerriana de Electrificación SEDELEC S.A. s/ ordinario”. CNCom., Sala E, ago. 20/97.

(33) Coincide Verón, ob. cit., pp. 549 y 550, con cita de Broseta Pont.

(34) “Suárez García, Zacarías v. Microómnibus Norte S.A. (línea 60)”. CNCom. Sala D, dic. 29/97.

(35) “Pérez Manuel v. Transportes del Tejar S.A.”. CNCom., Sala C, nov. 30/89.

(36) Vanasco, C.A. Manual de sociedades comerciales. Astrea, Buenos Aires: 2001, p. 225.

(37) “Merola, Eligio v. Empresa de Transportes Los Andes SAC s/ sumario”. CNCom., Sala C, ago. 12/94.

(38) Gagliardo, M. Vigencia de las cláusulas de consentimiento y el artículo 214 de la Ley 19550..., cit., p. 721/2.