Retefuente practicada a través de las entidades financieras

Revista Nº 172 Jul.-Ago./2012

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista

La consagración legal de practicar la retención en la fuente a través de las entidades financieras, que se concibió en un principio como una figura que facilitaría la disposición de recursos del estado con mayor celeridad y control, aunado a “... el alivio en las cargas operativas que conlleva para el contribuyente”(1), resultó en un engorroso procedimiento a cargo de los agentes de retención por cuenta de su reglamento.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1159 del 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 376-1 del estatuto tributario” —precepto adicionado por el artículo 27 de la Ley 1430 del 2010—, que pretende implementar, hasta antes del 1º de junio del 2013, el cumplimiento del mandato legal de realizar en forma exclusiva los pagos por conceptos sujetos a retención en la fuente a título de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, IVA, a través de cuentas de ahorro o corrientes previamente identificadas en las entidades financieras, mediante el uso de cheques girados al primer beneficiario y/o transferencias directas(2).

Para lograr este cometido, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, señalará —con seis (6) meses de anterioridad al periodo en que se empiece a aplicar—, los agentes de retención que deben cumplir la medida y los conceptos de retención a los cuales aplica.

De esta manera, para los agentes de retención así escogidos también se termina la gradualidad prevista en el parágrafo del artículo 771-5 del estatuto tributario relativa a los medios de pago para efectos de la aceptación, entre otros, de los costos y deducciones, y más aun, se limita el reconocimiento fiscal de estos —aparte de las normas generales sobre la materia— solo cuando el pago se realice mediante el uso de cheques girados al primer beneficiario y/o transferencias directas, al dejar por fuera la posibilidad de utilizar los otros medios de pago autorizados, como los depósitos en cuentas bancarias, los giros, las tarjetas de crédito y otros tipos de tarjetas o bonos.

Es importante precisar que el cumplimiento de las obligaciones formales y la calidad de agente retenedor se mantienen en el sujeto que efectúa el pago, quien para efectos legales sigue practicando la retención en la fuente pero a través de la entidad financiera, lo que implica suministrarle a esta, en detalle, la información requerida para cada transacción (D. 1159/2012, art. 5º, num. 2º), que, a su vez, sirve de soporte para la expedición del comprobante electrónico, necesario para que el agente de retención pueda imputar estos valores a la declaración de retención correspondiente y quede eximido de la obligación de expedir certificados de retención por conceptos diferentes a salarios.

El reglamento se ocupa adicionalmente de precisar las responsabilidades de los agentes de retención y de las entidades financieras a través de las cuales se practica la retención, así como la información que se debe suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por parte de estas y de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, de fijar el contenido de los comprobantes electrónicos y sus ajustes y de establecer el procedimiento a seguir cuando se trate de operaciones resueltas, rescindidas o anuladas, o en el caso de practicar retenciones en exceso o indebidas, eso sí, queda sin previsión reglamentaria el eventual hecho de que por culpa del agente retenedor se practique una retención en la fuente por un valor inferior al que ha debido practicarse.

Veremos si el beneficio de practicar la retención en la fuente en el momento en que se efectúe el pago —independientemente de la fecha en que se haya efectuado la operación o de aquella en que se haya causado la obligación—, sumado a la exoneración de expedir los certificados de retención en la fuente por conceptos distintos a salarios y al eventual relevo de cumplir la obligación de información en medios magnéticos sobre estos pagos y retenciones, compensan en algo el dispendioso trámite que estarán obligados a cumplir los agentes de retención que sean seleccionados.

Será entonces la DIAN, so pretexto de expedir la resolución en la que señale los agentes de retención que deben cumplir la medida y los conceptos de retención a los cuales aplica, quien terminará —fiel a su tradición— complementando la manera de ejecución de la disposición legal, ante las múltiples dudas y vacíos que ha dejado el inapropiado ejercicio de la potestad reglamentaria.

(1) PL 124 del 2010 Cámara.

(2) Aunque la norma se refiere también al uso de tarjetas débito, por disposición del parágrafo 5º del artículo 1º ibídem, los pagos efectuados a través de este sistema se excluyen de esta reglamentación.