Retos laborales de Colombia para su ingreso a la OCDE

Revista Nº 199 Ene.-Feb. 2017

Según ese organismo, el país tiene debilidades sustantivas en cuanto a la informalidad laboral, el diálogo social, la protección a sindicalistas y la inspección de trabajo.

Javier N. Rojas 

Periodista

En septiembre del 2013, Colombia recibió la hoja de ruta para iniciar el camino formal de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi­cos (OCDE), en la cual se establecen los términos y condiciones del proceso y se enuncian “los 23 comités y los más de 200 estándares bajo los cuales será evaluado el país”. De acuerdo con la información oficial más reciente, Colombia ha logrado el visto bueno en 17 de esos comités, pero en el correspondiente a empleo, trabajo y asuntos sociales todavía no se vislumbran señales de pronta aprobación.

Alberto Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos y sociales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), comenta que en la OCDE existe un espacio de análisis para los empresarios que se denomina Comité asesor para el sector empresarial (BIAC, por su sigla en inglés), que, a su vez, tiene comités de estudio sobre las 23 materias en que se examina a Colombia para aceptar su incorporación a esa organización. “A través de estos vamos conociendo la manera como se orienta la dinámica” del proceso. Igualmente, los trabajadores cuentan con un comité similar.

Echavarría asegura que el tema neurálgico del proceso de ingreso de Colombia a la OCDE es la competitividad, y que se pongan en marcha todas las acciones pertinentes “de cara a ser competitivo en un escenario donde las buenas prácticas son el referente”, en los 23 frentes en que se evalúa al país. Más que llevar propuestas a la OCDE, la ANDI recoge las buenas prácticas y procura que las empresas colombianas las incorporen.

Entre tanto, Mario Valencia, director ejecutivo del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), cree que el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no tendrá un efecto positivo para los trabajadores colombianos, debido al compromiso que se adquiere de seguir las orientaciones de “ese club” y, especialmente, porque “recomiendan hacer todo lo contrario a los pasos” que los países miembros del organismo “siguieron para hacerse ricos”.

La actitud similar que han asumido los estados de la OCDE fue denominada por el economista surcoreano Ha-Jong Chang como “patear la escalera”, consistente en que esas naciones “siguieron una serie de orientaciones políticas, de modelos económicos para hacerse ricos y ahora recomiendan a todos los países hacer todo lo contrario a lo que ellos mismos hacen”, es decir, actúan “en contravía de lo que proponen en ese club” a los terceros que buscan integrarse a la organización.

Por ejemplo, la OCDE sugiere a Colombia aplicar “unas políticas laborales, no para aumentar la calidad del trabajo”, mejorar la “remuneración de los trabajadores y, por ende, su calidad de vida, sino, por el contrario, tienen como propósito equiparar a los trabajadores colombianos con los de países subdesarrollados que no tienen garantías laborales, no tienen salario mínimo, donde la calidad del trabajo no es la mejor”, porque los países de la OCDE buscan “fuentes de mano de obra barata para sus procesos productivos”.

Valencia reconoce que a los trabajadores colombianos todavía se les respetan algunos derechos laborales, por ejemplo, mediante la disposición que establece el salario mínimo en el país y la obligación de los empleadores de contratar directamente a los trabajadores que desempeñan labores misionales en una empresa, de modo que se restringe la intermediación de cooperativas de trabajo asociado o de terceras organizaciones dedicadas a prestar servicios, cuando el trabajo corresponde a las actividades esenciales de una empresa.

Juzga negativo que la OCDE recomiende a Colombia eliminar el salario mínimo, con lo cual se suspendería el piso actual que tiene aquel. Con esta sugerencia se desconoce que “los trabajadores de los países de la OCDE tienen, en promedio, un salario diez veces más alto (unos 3.000 dólares) que el salario promedio de la sociedad colombiana de alrededor de 300 dólares”. En este entorno, la idea de reducir el salario mínimo, como pide la OCDE, podría “terminar afectando el ingreso disponible de los trabajadores”.

Expresa que la iniciativa de la OCDE de disminuir el salario mínimo surge de comparar la remuneración en Colombia con los niveles más bajos de remuneración en China, en los países centroamericanos y en México, donde predominan los salarios de industrias que realizan ciertos procesos de manufactura a terceros países (maquila), los cuales se caracterizan por ser muy bajos y propios de trabajos poco estables.

En tales condiciones le “recomiendan a Colombia que compita con esos países de trabajos precarios para atraer capitales, porque, según la OCDE, uno de los argumentos para que Colombia pueda hacerse rico es que debe ofrecer una mano de obra muy barata a fin de que las empresas (extranjeras) tomen la decisión de instalarse” en el país mediante la modalidad de maquila.

Con aquel modelo no se busca el desarrollo del mercado interno, ni la generación interna de riqueza, sino que Colombia se convierta “en una especie de cocina industrial de los países ricos del planeta, sin que eso se traduzca en un aumento del desarrollo económico, ni de la calidad de vida de los trabajadores; eso se podría llamar una competencia entre pobres”. La OCDE pretende que “compitamos con el mundo, pero por lo bajo, no en bienes sofisticados, en bienes de alta complejidad, con una industria manufacturera de calidad, sino en las cadenas globales de menor generación de valor de riqueza para el país”.

Vinculado al tema del costoso salario mínimo colombiano que esgrime la OCDE, Valencia señala que en los últimos años también ha ido tomando fuerza la tesis de que las empresas colombianas soportan una carga tributaria muy alta, en la cual se incluyen las contribuciones parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y caja de compensación familiar). Sin embargo, no se toma en cuenta en ese análisis que la tarifa efectiva del impuesto de renta que pagan las empresas “es significativamente más baja” con respecto a la tasa nominal que establece la normativa tributaria.

“Estudios recientes de la Universidad Nacional muestran que las empresas pagan, en realidad, una tarifa efectiva de alrededor del 21%” de impuesto sobre la renta y no de 65% como afirma el gremio de empresarios ANDI. Tal situación se debe a la “enorme porosidad que existe en la estructura tributaria del país, que les permite, a las empresas más grandes”, beneficiarse de exenciones tributarias con “un costo fiscal altísimo” para el país, asevera Valencia.

Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirma que “en Colombia los incrementos del salario mínimo siempre son graduales. Año por año, se ha venido reajustando” con base en unos parámetros que analizan y debaten el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos. Por eso considera que la propuesta de la OCDE de reducir los salarios “no tiene ninguna viabilidad social, ni mucho menos política”.

Frente a la recomendación de la OCDE de “pensar en un ajuste gradual del salario mínimo, actualmente muy elevado, para que recupere su función original de piso salarial en vez de norma salarial”, Arturo Mejía, gerente de relaciones laborales de una compañía de alimentos, argumenta que, “en nuestro contexto, en muchas oportunidades, los referentes mínimos y máximos terminan siendo la regla, por lo tanto, si bien el planteamiento suena ideal, muy posiblemente, en nuestro país, el salario mínimo como referencia terminaría siendo” la regla.

Por su parte, César Giraldo, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, comenta que la OCDE le ha recomendado a Colombia flexibilizar el salario, con el fin de disminuir la informalidad laboral, o sea, “quitarle impuestos a la nómina, eliminar el salario mínimo, disminuirlo y flexibilizar la contratación, pero los países de la OCDE” no aplican estas medidas.

“El contrato laboral en Francia, en Alemania, en Italia es todo lo contrario” frente a lo que sugieren a Colombia. “En los salarios de esos países existen impuestos a la nómina, es decir, las cargas de seguridad social, de subsidio familiar. El empresario que contrate una persona, en cualquier país de estos, debe pagar una carga tributaria muy alta, porque con eso está financiando los derechos de los trabajadores”, anota Giraldo.

La idea de aligerar las cargas tributarias y de protección social que afectan el salario, con el propósito de impulsar la generación de empleos, hace mucho tiempo fue puesta en duda por la teoría económica, manifiesta Giraldo. Si se analizan los efectos de esa práctica desde 1990 a la fecha, “se va a encontrar que la relación es negativa. La flexibilización laboral lo único que ha hecho es aumentar la informalidad laboral”.

Los estudios de la OCDE “son más ideología que evidencia empírica”. De otro lado, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el economista colombiano Eduardo Lora adelantó una investigación, según la cual las naciones latinoamericanas con mayor carga a la nómina son Argentina y Uruguay y las de menor Bolivia, Honduras y Paraguay. Asimismo, el estudio determinó que “los países más informales son los que menos cargas tienen al salario y los más formales” aquellos de mayores cargas al salario, acota Giraldo.

Limitaciones de gasto

La propuesta de prohibir que el dinero de las cesantías sea destinado por el trabajador a gastos de vivienda o de educación constituye “otra de las medidas de la OCDE para afectar el ingreso disponible de los trabajadores”, con respecto al cual la aspiración es disponer libremente de aquel, comenta Mario Valencia de Cedetrabajo. En consecuencia, no es conveniente restringir el gasto de las cesantías en educación y vivienda, “porque el Estado no los brinda tampoco”. En parte, la decisión de los trabajadores de gastar en estas actividades se debe a que el Estado no les brinda beneficios públicos en estos aspectos, a pesar de pagar impuestos.

Con respecto a la recomendación de la OCDE de brindar más financiación a los proveedores de servicios de empleo, Valencia considera que “sería un estímu­lo a una mayor tercerización del trabajo; más flexibilidad laboral que no le ha traído ningún beneficio al país. Con ese cuento de la flexibilización laboral llevamos dos décadas y la calidad del empleo ni ha mejorado, ni las empresas han contratado más trabajadores. Estamos viendo hoy como resultado que la informalidad en Colombia es altísima y supera el 50%”.

“Alrededor del 70% de la población económicamente activa que está desempleada o en la informalidad tiene trabajos precarios. Llevamos más de dos décadas aplicando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, de los tratados de libre comercio y nos han traído a la situación en la que está el país, actualmente, en materia de calidad de empleo”, afirma Valencia.

La principal acción para disminuir la informalidad laboral y empresarial del país consiste en “mejorar la capacidad de producción del país”, porque de ese modo se generan “trabajos estables, de calidad, que requieren capacitación, bien remunerados”. Esto no se logra mediante las actividades del comercio, “la apuesta principal que han hecho estos gobiernos” y, en consecuencia, se abandonaron “las formas de producción”. El comercio es “un canal de transmisión de la riqueza, pero no de generación de aquella. Y eso lo saben todos los países desarrollados, incluidos los de la OCDE”, asegura Valencia.

“Lo que genera riqueza en un país es producir mercancías y servicios de alto valor agregado. Mientras no exista una política seria de desarrollo productivo para el país que estimule la producción agrícola, la producción industrial, eso no se va a traducir en la generación de trabajo decente y en la eliminación de la informalidad”, anota Valencia.

Con respecto al predominio, en las empresas, de la firma de contratos civiles en sustitución de los contratos de trabajo, Valencia asevera que esa circunstancia se ha generado como consecuencia del modelo económico de libre comercio que se estableció en el país desde 1990, a raíz del cual “está en proceso de eliminación” la existencia de un vínculo real laboral entre trabajador y empleador. “Y lo que se ha querido hacer con todas las formas de subcontratación es convertir” el vínculo laboral “en una relación puramente comercial”, tal como ocurre entre dos empresas.

“En ese sentido, a un trabajador de salario mínimo, a un técnico, a un bachiller o un profesional, lo ponen en la misma condición que al dueño de un banco o de una gran empresa y, obviamente, la posibilidad de tener garantías laborales se pierde totalmente”. Una parte de la informalidad laboral del país se esconde tras los contratos civiles mediante los cuales se oculta una relación laboral verdadera entre un trabajador y un empleador, acota Valencia.

César Giraldo, de la Universidad Nacional, piensa que la reducción de la informalidad laboral, en Colombia, exige modificar el Código Sustantivo del Trabajo en aras de volverlo “más garantista, porque un código que permite formas de contratación precarizadas” conlleva a la desprotección de los derechos de los trabajadores y al aumento de la informalidad.

Igualmente, la lucha contra la informalidad reclama el fortalecimiento del aparato productivo a partir del impulso a los sectores agropecuario y de servicios, con miras a generar empleo de calidad. En cuanto a los trabajadores informales, se deben “generar acuerdos para tratar de que se autorregulen, mediante reconocimiento político y que les implique reconocimiento de cotizaciones de seguridad social. Por ejemplo, que el Estado asuma parte de la cotización del trabajador informal a la seguridad social”, arguye Giraldo.

En este modelo, explica Giraldo, el Estado debe pagar la proporción de la cotización a la seguridad social que le correspondería a un empleador, porque “los beneficios económi­cos periódicos (BEPS) no son ningún alivio de seguridad social” para los trabajadores informales. “Si se hace un cálculo financiero de lo que la gente gana con el aporte” actual al esquema de BEPS, el ingreso de la persona al término de su vida laboral “no es nada”.

“Por ejemplo, en el monotributo, el que cotice en un BEP durante veinte años, si cotiza sobre la base del monotributo de cuarenta mil pesos, cotizando todos los meses, va a terminar, al cabo de ese tiempo, con una remuneración de siete mil pesos mensuales. Eso no resiste el cálculo de los números”, sostiene Giraldo.

De otro lado, “el tema de informalidad es uno de los referentes difíciles de cumplir”, reconoce Alberto Echavarría, de la ANDI. Sin embargo, “están los temas medioambientales en donde nosotros tenemos cosas muy buenas para presentar, porque poseemos activos que otros estados no tienen, como la capacidad de la absorción del dióxido de carbono (CO2), puesto que tenemos selvas y bosques húmedos tropicales”, con los cuales otros países no cuentan, y porque “somos menos contaminadores”.

En la agenda laboral de Colombia y de la OCDE “tenemos todo un seguimiento en relación con mecanismos de protección social, de diálogo social y de respeto de los derechos laborales. Eso se considera, en su conjunto, trabajo decente”, el cual se analiza “a la par con el concepto de empresa sostenible”. Recalca que “hay una simbiosis inescindible” entre trabajo decente y empresa sostenible.

Echavarría afirma que la simplicidad en los trámites representa una forma de reducir la informalidad. “En el tema laboral, por ejemplo, la complejidad para el cumplimiento de un empleador de tamaño medio o pequeño es muy alta; tiene unos costos de transacción muy altos y afronta complejidades que dificultan pasar de la informalidad a la formalidad. Si bien se ha simplificado por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), lo claro es que son muchas entidades sobre las cuales se tienen que desarrollar los aportes”.

En opinión de Arturo Mejía, gerente de relaciones laborales de una industria de alimentos, “lo que lleva a la informalidad en Colombia es la carga que implica un empleo formal y en ese sentido me refiero al pago de parafiscales (disminuyeron con el CREE, pero no lo suficiente), de prestaciones sociales y de aportes a la seguridad social que, en una empresa emergente, muchas veces, representa unos sobrecostos que no están en capacidad de asumir los empleadores”.

Piensa que se podría “buscar la forma de establecer unos criterios por patrimonio del empleador para liberar de este tipo de cargas o darles, cuando menos, un manejo distinto (parafiscales y aportes a la seguridad social, por ejemplo) con el fin de que en negocios emergentes, que hoy utilizan mano de obra informal, no vean la formalidad como una carga excesiva”.

Además, “deberíamos recuperar los criterios que históricamente traía el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a una serie de obligaciones que surgían de manera diferencial a partir del poder económico de las empresas. Un ejemplo de ello es la prima”, pues en el código “se observa que, en efecto, el reconocimiento de esta prestación económica dependía del tamaño de cada empresa, pero, por la forma en que se redactó, hoy por hoy, esa diferenciación se ha vuelto inútil”.

Principales indicadores
Principales indicadores
 

Si se establecen “condiciones laborales especiales por sector económico y por capacidad del empleador tendríamos un sistema más ajustado e incluyente que no contribuiría, como el actual, a ampliar las brechas entre sectores y entre negocios grandes y pequeños”, dice Mejía.

En cuanto a recomendación de la OCDE de aumentar el gasto público en programas de política social dirigidos a pobres y población vulnerable, Mario Valencia, de Cedetrabajo, sostiene: “son políticas asistencialistas que no tienen relación con resolver de fondo los problemas de pobreza de la sociedad, un problema estructural, sino con dar, simplemente, unos paliativos que no van a desarrollar al país”. En cambio, brindar la posibilidad de que las personas pobres tengan “un trabajo estable” les permitiría salir definitivamente de esa condición.

En los países desarrollados del mundo que aplican políticas de asistencia para pobres y desempleados, “el éxito se mide por la disminución del número de familias” que reciben los beneficios. Esa situación contrasta con la de Colombia, donde el “éxito se mide, por ejemplo, porque haya más Familias en Acción (programa gubernamental)”. Entonces, el Gobierno anuncia que un mayor número de colombianos está saliendo de la pobreza, pero la “vulnerabilidad de esas personas es altísima y alrededor del 60% de las que han salido de esta condición” enfrentan una alta probabilidad de regresar a esa situación, “porque los mecanismos que se han utilizado para sacarlos del problema no son estructurales, no ha sido mediante la vinculación a un trabajo estable”.

Decisión prematura

Por su lado, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, dice: “no sé si Colombia está suficientemente madura para formar parte de ese grupo de países con mejores prácticas” que es la OCDE, porque “necesita un mayor nivel de desarrollo para aspirar a ingresar a ese club”. En consecuencia, juzga conveniente que el país postergue esa decisión.

No cree que se lleguen a derivar beneficios para los trabajadores por la simple adhesión de Colombia a la OCDE, aunque, en general, reconoce que habría beneficios para las empresas y agrega: “obviamente ahí se genera un círculo virtuoso; cuando a las empresas les va bien, pues le comienza a ir bien a sus trabajadores”.

Según Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), no tiene sentido que Colombia forme parte de la OCDE, puesto que los trabajadores nacionales perciben unos salarios muy bajos que no les permiten alcanzar el nivel de vida de los trabajadores de las naciones de aquella organización.

Respecto al eventual ingreso de Colombia a la OCDE, piensa que “es desfavorable esa aspiración, porque nos aplican una serie de medidas restrictivas en términos laborales, del salario y de las pensiones que, evidentemente, nos hacen mucho más difícil nuestra situación. Nos hemos negado siempre a aceptar que el país ingrese a la OCDE, porque los estándares que nos ponen son supremamente” elevados.

En lo pertinente a la recomendación de la OCDE a Colombia de suprimirles a los empleadores la posibilidad de negociar pactos colectivos con los trabajadores no sindicalizados, Arias afirma que “la propuesta es buena”. Se trata de un “problema que enfrentamos en todas las empresas. Es más, tenemos mil querellas contra los pactos colectivos y hasta ahora no hay unas decisiones importantes. El Ministerio del Trabajo no ha resuelto ese tema. Las hemos presentado para que sean sancionadas las empresas que lo aplican. Eso es violación del derecho de asociación, donde hay sindicatos”, asevera Arias.

Para Mario Valencia, de Cedetrabajo, “en Colombia, menos del uno por ciento de la población económicamente activa está sindicalizada. Esto es un golpe durísimo a la defensa de las garantías de los trabajadores y en muy buena parte ha sido responsabilidad del Estado” que ha limitado la oportunidad de que los trabajadores de las entidades públicas se vinculen a un sindicato, derecho que se ha obstaculizado por el problema de la informalidad laboral entre este segmento de trabajadores.

Parece que estuviera en marcha “una política de estado para que la organización sindical sea cada vez más débil y eso va en contravía, no de los trabajadores que ya están sindicalizados, sino de los trabajadores nuevos, de los jóvenes que se están educando” para una profesión u oficio, quienes al salir “al mercado laboral no van a tener la posibilidad de organizarse en sindicatos para defender sus derechos”, asegura Valencia.

Con respecto a la propuesta de la OCDE a Colombia de fortalecer el diálogo social mediante “un sistema de dos niveles de negociación colectiva (sector y empresa)”, Alberto Echavarría, de la ANDI, señala que la legislación colombiana ya lo contempla. La OCDE formula recomendaciones de esta naturaleza, “porque la visión europea normalmente funciona así y ellos están en París. Entonces, parten de una concepción de lo que ven” en su entorno inmediato.

Agrega que los seres humanos suelen juzgar a otras sociedades de acuerdo a como aquellos viven. Esto “es parte de lo que se debe entender cuando el mundo es global. Pero el mundo, a su vez, no puede perder la identidad de las maneras y las formas como se desarrollan a nivel local. Eso es parte de un proceso evolutivo cultural que no es otra cosa que cambiar normas, porque las normas ya existen”. Reitera que en Colombia se puede adelantar la negociación colectiva por rama de actividad y por empresa, pero predomina esta última.

Echavarría cree que la OCDE pide a Colombia que suspenda la negociación de pactos colectivos en las empresas con trabajadores no sindicalizados, porque, en la legislación de los países de esa organización no existe esa alternativa y en la colombiana sí, “por eso a ellos les parece extraño”, pero esa situación también es parte del “proceso de evolución cultural” ya mencionado.

Arturo Mejía, gerente de relaciones laborales de una industria de alimentos, afirma que el sistema de negociación por industria tiene ventajas y desventajas. Pero, le preocupa, pues imponer “a todo un conglomerado de empresas las mismas reglas puede generar brechas económicas insuperables”. En el medio industrial hay “empresas de distintos tamaños (en términos económicos) y si aplicamos condiciones económicas a una empresa que emerge, por ser condiciones que pueden asumir empresas de tamaños considerables, seguramente vamos a generar barreras de entrada” a la compañía emergente.

Con respecto a la propuesta de la OCDE de eliminar, en Colombia, la opción de negociar pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados, Mejía sostiene que “el derecho de asociación se debe entender ejercido tanto en sentido positivo como negativo, es decir, tanto para los que deciden o no ejercerlo”. En tal sentido, prohibir “ese derecho no me parece una medida que se ajuste a nuestra Constitución”.

En lo concerniente a la idea de la OCDE de extender de manera automática las convenciones colectivas a todos los empleados de una empresa, inclusive a los no sindicalizados, Mejía asegura que constituye “una alternativa que está prevista en la ley, en unas condiciones” precisas.

En relación con la conveniencia para Colombia de eliminar la cláusula de arbitraje obligatorio después de 60 días de huelga, Mejía no lo considera conveniente, porque “es importante que este tipo de conflictos tengan un término máximo de duración”.

De otro lado, Mejía considera difícil evitar que las empresas empleen los contratos civiles con el fin de ocultar verdaderos contratos de trabajo y juzga inconveniente prohibir legalmente su uso, por los perjuicios “muy importantes” que se podrían ocasionar a la economía.

“No debe perderse de vista que parte de la libertad de empresa se funda en que cada persona tenga la posibilidad de prestar los servicios que considere puede ofrecer”, lo cual se funda en que existe “especialidad en los servicios que se prestan” a un tercero. Frente a aquella prohibición, “al no poder utilizarse contratos civiles o comerciales para algunos servicios estaríamos en una situación inmanejable”.

En lo atinente a la optimización del sistema de inspección de trabajo, “necesitamos que su función deje de ser un tema político y que se tengan criterios claros y homogéneos en la manera como se lleva a cabo la inspección; actualmente estamos en un proceso de aprendizaje de esta labor que es muy importante y que se viene adelantando de muy buena voluntad, pero ocurren situaciones en las que, en definitiva, se afecta la seguridad jurídica”, advierte Arturo Mejía, del sector alimentario.

En relación con el fortalecimiento de la inspección laboral, Guillermo Botero, de Fenalco, anota que “ese tipo de medidas cautelares, con unas buenas prácticas, tienden a mejorar y eso es importante. Todo el mundo tiene que cumplir con lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo. De eso no me aparto. En este sentido lo veo positivo”, pero el ingreso a la OCDE “tiene exigencias de otro tipo que no le veo la razón de ser” a ese propósito del Gobierno.

Ante un panorama en el cual parece predominar la opinión, entre empleadores y trabajadores, de que no es prioritaria para el país la adhesión a la OCDE, ni redundará en beneficios significativos para los trabajadores colombianos, podría ser conveniente que el Gobierno se planteara la posibilidad de postergar esa decisión, mientras de manera autónoma y consensuada mejora sus políticas en materia de trabajo y asuntos sociales, al igual que en los otros 22 frentes que interesan a la OCDE.

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