El leasing en el derecho francés

Revista Nº 10 Ene.-Mar. 2006

por Nicolas Bargue 

1. Introducción

Aunque en la actualidad es frecuentemente utilizado para financiar la adquisición bienes, el leasing apareció en el mundo jurídico francés tan solo recientemente. Esta operación se desarrolló en Francia durante la década de los sesenta(1), bajo el impulso de la práctica internacional, especialmente la estadounidense, lo cual explica su terminología de índole anglosajona.

En un primer momento, la jurisprudencia local lo consideró con un cierto grado de desconfianza, por cuanto veía en este contrato una forma de desviar la prohibición de las ventas a crédito con reserva de dominio. Sin embargo, el leasing(2) se impuso posteriormente, gracias a las innegables ventajas que este ofrece, tanto a las empresas como a las instituciones de crédito.

Deseosos de regular ese nuevo contrato innominado en el ordenamiento, el legislador francés lo transplantó bajo el nombre de credit-bail, en la ley que para el efecto se expidió el 2 de julio de 1966. Este texto, que presentaba un campo de acción bastante restringido, fue complementado a través de la Ley del 10 de enero de 1978, sobre crédito al consumidor, a través de la cual se amplió ese dispositivo legal. A pesar de las incertidumbres que actualmente existen sobre su terminología(3), cualquier operación que se rige de acuerdo con la Ley de 1966 generalmente se designa como credit-bail, mientras que el término leasing cubre todas aquellas operaciones que se asimilan a un arrendamiento financiero(4).

El mecanismo previsto por la Ley del 2 de julio de 1966(5), actualmente integrado a los artículos L. 313-7 y siguientes del Código Monetario y Financiero francés, es el siguiente: en primer lugar, un bien es objeto de un arrendamiento. El arrendador —credit-bail—, que no puede ser sino un establecimiento de crédito, sigue siendo el propietario durante un período de tiempo, el cual se considera irrevocable. A la expiración de este plazo, el arrendatario dispone de una opción de compra y puede, por lo tanto, decidir si se convierte en comprador del bien al ejercer esta facultad. En este caso, el precio tendrá en cuenta los cánones pagados con anterioridad y este se convertirá así en un valor residual.

Por otra parte, este mecanismo se integra generalmente dentro de una operación financiera más compleja. Generalmente, el objeto del contrato de arrendamiento es vendido por un proveedor al arrendador, quien confiere el uso del bien al arrendatario —credit-preneur—. Este esquema tradicional, que parece mezclar de manera estrecha la venta y el arrendamiento(6), puede ser objeto de diversas variaciones posibles, que resultan de la libertad contractual. La incertidumbre terminológica que gobierna la materia es prueba de la imaginación que pueden tener las partes respecto a este contrato.

Así, entre otras posibilidades negociales se pueden mencionar el arrendamiento financiero con opción de compra —location-vente—, el alquiler financiero —location financière—, el arrendamiento-cesión —o lease-back—, el arrendamiento acceso —location accession—, etc. De igual manera, esta operación también se puede integrar dentro de una relación más global, incluso entre las partes de un contrato. Además, la libertad contractual conserva un lugar fundamental en este tema y, a pesar de los esfuerzos del legislador y de los jueces, la materia parece estar dominada por un cierto desorden.

¿Este estado del derecho es satisfactorio? La libertad que se les ofrece a las partes aparece como primordial y contribuye a la vitalidad del credit-bail, a su adaptación a las circunstancias de hecho. No obstante, parece necesario conferirle a este contrato un régimen que presente un mínimo de coherencia que gire en torno de un fundamento bien definido. En la actualidad, el leasing es objeto de una reglamentación difusa, insuficiente para regular el conjunto de situaciones y, sobre todo, desprovista de una directriz global. Conlleva entonces numerosas zonas oscuras. Lejos de gozar de una verdadera autonomía, parece encerrado dentro de los conceptos que llevan a traducir su particularidad.

Si se admite que el credit-bail representa una operación demasiado importante desde el punto de vista económico, así como por su práctica comercial y financiera, no puede ser objeto de tales zonas oscuras, razón por la que conviene establecer un régimen más coherente en esta materia. Para ello se requiere necesariamente de una reflexión sobre el verdadero fundamento y la naturaleza de la figura.

2. Las incertidumbres que afectan el régimen del leasing

Actualmente, el leasing en Francia adolece de algunas inconsistencias, tanto en su fundamento como en su régimen. En efecto, el derecho positivo francés no lo reconoce como un contrato verdaderamente autónomo, sino como un conjunto de contratos difícilmente conciliables. La continua asimilación de esta figura al derecho del arrendamiento o de la venta parece ampliamente superficial y no permite explicar el conjunto de soluciones que se ofrecen frente a ella.

Por añadidura, el leasing no constituye realmente una unidad en la legislación francesa, en la medida en que su reglamentación es extremadamente parcelada y no procede de ninguna visión global, lo cual no favorece la seguridad de las transacciones que se realizan utilizando este mecanismo.

2.1. La ausencia de autonomía en el régimen del leasing

La ley del 2 de julio de 1966 definió el leasing a partir de conceptos preexistentes. En efecto, el artículo 1.er-1 de este texto precisa de manera explícita que este contrato tiene vocación de regular los alquileres a través de los cuales el arrendatario tiene la posibilidad de “adquirir todo o parte de los bienes arrendados, mediante un precio convenido y teniendo en cuenta, al menos en parte, los pagos efectuados a manera de cánones”(7). La ley no presenta entonces ninguna ambigüedad: el credit-bail mobiliario o inmobiliario regido por esa normativa se debe analizar como un arrendamiento combinado con una promesa unilateral de venta, aunque este último término solo se utiliza expresamente respecto del que se realiza sobre inmuebles.

La jurisprudencia no contradice este paralelo entre el credit-bail y el arrendamiento. Por el contrario, lo ha reafirmado en varias ocasiones y le ha señalado una serie de consecuencias. Así, a título de ejemplo, la Corte de Casación francesa ha declarado que el artículo 2277 del Código Civil, que establece un término de prescripción corto en materia de créditos periódicos, y especialmente de alquileres, le es aplicable a algunos pagos que realiza el arrendatario durante el plazo irrevocable(8). En estos eventos, la comparación entre el arrendamiento y el credit-bail parece suficientemente lógica ya que, en ambos casos, se pagan sumas de dinero como contrapartida por el uso de un bien.

Sin duda, la manifestación más interesante de esta orientación jurisprudencial se refiere a las consecuencias de la realización de la venta inicial de acuerdo con el contrato de credit-bail(9). Bajo esta hipótesis, generalmente los arrendadores estipulan en sus contratos cláusulas que impiden presentar recursos en su contra, para oponerlas a la acción resolutoria que ejerza el arrendatario. Al respecto, la Corte de Casación francesa ha formulado dos tesis: (i) la Cámara Primera Civil permite la resolución del contrato, lo cual se fundamenta en la ausencia de causa en la obligación de pago de los alquileres que incumben al arrendatario(10), y (ii) la Cámara Comercial rechaza la resolución del arrendamiento, con base en la cláusula de imposibilidad de presentar recursos contra el arrendador, lo que tiene por causa la transferencia de la garantía en favor del arrendatario(11).

Tres importantes fallos expedidos por una cámara mixta de la Corte de Casación francesa(12) se decidieron en favor de la posición defendida por la Cámara Primera Civil, tras reconocerles a las partes la facultad de reglamentar las consecuencias de la resiliación. Una de las consideraciones para fundamentar tales decisiones consiste en el lugar fundamental que se concede para poner a disposición el bien. Al efectuarse la venta, y al no ser el arrendador ya más propietario del bien, no puede cumplir su obligación de ponerlo a disposición del arrendatario, lo que justifica la resiliación del contrato de arrendamiento. De allí se sigue que la concepción de alquiler en la que se basa la posición el máximo tribunal francés se refiera antes que todo al contrato de arrendamiento y a su obligación esencial de poner a disposición el bien, sin la cual la obligación del arrendatario pierde su causa y el contrato entero, su razón de ser.

Sin embargo, la asimilación del régimen del credit-bail al del arrendamiento tiene ciertos límites. Cabe entonces preguntarse si este realmente permite dar cuenta de las particularidades del leasing. En efecto, el arrendamiento se presenta dentro de un marco muy específico. Al arrendador financiero, que según la Ley de 1966 debe ser obligatoriamente un profesional del crédito, difícilmente se le puede asimilar a un simple arrendador, ya que su derecho de propiedad sobre el bien no representa para él ningún interés diferente al de ofrecerle una garantía en caso de insolvencia del arrendatario.

Por esto, generalmente se insertan cláusulas de imposibilidad de presentar recursos en su contra en los contratos. Aceptadas con algunas condiciones por la jurisprudencia(13), tales estipulaciones le permiten desentenderse de sus obligaciones, incluso de las esenciales. Además, usualmente la obligación de entrega del bien, incluso la material, es ejecutada por un proveedor escogido por parte del tomador del crédito(14). De esta manera, el régimen del arrendamiento se encuentra así, en gran medida, desnaturalizado(15).

En relación con otros aspectos de menor importancia, la Corte de Casación francesa no hace referencia tampoco a todas las consecuencias que conlleva la calificación de alquiler del credit-bail. Así, los jueces señalan que el Estatuto de los Arrendamientos Comerciales no le es aplicable al arrendamiento de inmuebles, sometido igualmente a la Ley de 1966(16), o también que el arrendatario no dispone del privilegio que tiene el arrendador sobre los inmuebles(17). No obstante, tales diferencias se pueden explicar por la distinción que existe entre el credit-bail mobiliario y el inmobiliario(18).

Sin embargo, a pesar de las divergencias entre el régimen de arrendamiento y el de credit-bail, el contrato de leasing no responde a la misma economía que la del primero de tales negocios, por cuanto prevé una opción a favor del arrendatario, que consiste en la posibilidad de adquirir o no el bien, al final del plazo irrevocable. Erigir la puesta a disposición de un bien como punto clave para la operación del credit-bail parece altamente discutible, ya que esta posición conduce a verlo como una simple combinación entre un arrendamiento y una promesa unilateral de venta, sin que tenga verdaderamente en cuenta la articulación de estos dos elementos. Al adoptar esta postura, la Corte de Casación francesa se equivoca al afirmar que el plazo irrevocable(19) “tiene como propósito” la adquisición del bien(20).

Así, a pesar de la aparente similitud entre las dos figuras, se constata no solamente que el régimen del alquiler se encuentra singularmente alterado, sino que tal asimilación conduce a constatar la economía global que tiene el leasing. Resulta entonces discutible la relación establecida en principio por la ley y la jurisprudencia entre el plazo irrevocable que este contrato contiene y el arrendamiento.

Por otra parte, la opción de compra que se le otorga al adquirente del crédito a la terminación del plazo irrevocable se analiza generalmente como una promesa unilateral de venta(21), necesaria para que la operación se constituya en un credit-bail(22). Con todo, una vez más la jurisprudencia no parece entender todas las consecuencias que conlleva esta calificación, en la medida en que se rehúsa, en particular, a aplicar a este mecanismo las formalidades de registro de las promesas unilaterales de venta, previstas en el artículo 1840A del Código General de Impuestos(23).

Esta duda se justifica en la medida en que las sumas establecidas durante el plazo irrevocable se deducen del precio de venta y en que al final se presenta un pago residual. Así, no se trata propiamente de una promesa unilateral de venta, pues la opción del beneficiario está altamente influenciada: entonces, la venta parece ser la culminación natural del credit-bail.

Se impone, por tanto, entonces una primera conclusión: el credit-bail difícilmente se puede calificar como un arrendamiento combinado con una promesa unilateral de venta, ya que esto equivale a deformar los conceptos jurídicos. ¿Estas soluciones se justifican acaso por su oportunidad? Si tendieran a conferir al leasing un régimen coherente, las infidelidades aportadas al régimen del arrendamiento y de la promesa unilateral de venta parecerían menos graves. Pero aquí, una vez más, la respuesta negativa parece ser la correcta.

2.2. La falta de cohesión en el régimen del leasing

Importado a Francia bajo la influencia de la práctica internacional, el leasing se vinculó a algunos conceptos preexistentes, con el fin de no trastornar profundamente los principios del derecho de las obligaciones, de los bienes y de los títulos valores. Por esta razón, el marco jurídico que le fue conferido se caracteriza por ser inadecuado y no llega a ofrecerle un régimen perfectamente coherente.

La normativa del credit-bail se ha desarrollado por los estrados judiciales desde los años 60. En su origen se encuentra la mencionada Ley del 2 de julio de 1966, cuyo campo de aplicación se encontraba bastante restringido. Este texto solo tenía vocación de regular el contrato celebrado entre profesionales, es decir, un establecimiento financiero y una empresa(24). Por otra parte, en estricto sentido, los equipos y la maquinaria solamente podían ser objetos de arrendamiento mobiliario. En consecuencia, este ámbito se amplió a los fondos del comercio o de establecimiento artesanal, así como a los elementos incorporales de los mismos, a través de las leyes del 6 de enero de 1986 y del 31 de diciembre de 1989. Por su parte, en materia inmobiliaria, el artículo L. 313-7-2.º del Código Monetario y Financiero, resultante de una resolución del 28 de septiembre de 1967, contempla los “bienes inmuebles de uso profesional”.

Descartadas de las previsiones de la Ley de 1966, las operaciones de credit-bail que involucraran a consumidores fueron inmediatamente reguladas por las leyes Scrivener, del 10 de enero de 1978 y del 13 de julio de 1979, las cuales regulan el crédito mobiliario e inmobiliario. De esta manera, son extrañas las operaciones de leasing que no se encuentran dentro del campo de aplicación de alguna de estas disposiciones. Por añadidura, la jurisprudencia tiende a someter tales operaciones a un régimen idéntico al establecido por la Ley de 1966(25). Así, el dispositivo legal y jurisprudencial parecería ser satisfactorio.

Sin embargo, este no es el caso. Ya se ha visto que el principal criterio de distinción de las operaciones de arrendamiento radica en la calidad de las partes(26). Si el contrato vincula a profesionales, el régimen aplicable es el de la Ley de 1966, el cual, como se ha señalado, asimila este negocio a un contrato de arrendamiento combinado con una promesa unilateral de venta. Por el contrario, si la operación se realiza entre uno o varios contratantes no profesionales, se deberá aplicar el dispositivo protector de las leyes Scrivener. En este caso, el leasing se considera como un contrato de crédito, sin duda alguna, y equivale a un préstamo y no a un arrendamiento.

De cualquier manera, se puede cuestionar la pertinencia de la distinción basada en la calidad de las partes. En efecto, debido a la influencia del derecho del consumidor, tanto el derecho común como el especial de los contratos tienden a proteger a quienes no son profesionales(27), movimiento este que también se replica naturalmente en el leasing. Con todo, no parece entonces que la calidad de las partes pueda ejercer una influencia sobre la naturaleza misma del contrato. Justamente, apenas se alcanza a distinguir por qué el contrato de credit-bail es fundamentalmente un arrendamiento entre profesionales o uno de crédito, si involucra a un consumidor.

Esta distinción trae algunas consecuencias. Efectivamente, la jurisprudencia descubrió en la Ley del 10 de enero de 1978 una acción directa que puede ejercer el arrendatario contra el arrendador, lo que hace inútil una transferencia convencional de acciones entre uno y otro. Esta solución no se transpone al credit-bail de la Ley del 2 de julio de 1966. La jurisprudencia valida las transferencias convencionales de acciones que tienen por causa las cláusulas que impiden presentar recursos contra el arrendador. Sin embargo, el fundamento jurídico de esta transferencia no aparece de manera clara: se permite dudar entre mandato, subrogación, estipulación por otro, cesión de crédito o delegación, sin que una u otra de estas técnicas se revele perfectamente adaptada(28). Es así como el rompimiento entre el credit-bail de inversión y el de consumo no convence en cuanto a sus fundamentos como sí lo hace con respecto de sus efectos.

A la inversa, la distinción entre credit-bail mobiliario e inmobiliario se evoca raramente, aunque parece más fértil en cuanto a sus consecuencias. En efecto, desde un punto de vista económico, la naturaleza y duración de la inversión divergen claramente, según la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria del bien, al igual que el riesgo asumido por las partes(29). Por otro lado, la operación de leasing tenderá aún más a la adquisición del bien en el marco del credit-bail inmobiliario, puesto que, después del plazo irrevocable, los bienes sobre los que este recae no sufren de la misma obsolescencia que la maquinaria y los equipos.

Entre tanto, las sumas que se pagan durante el período de uso se elevan a un monto más elevado, mientras que el valor de la opción da lugar a dudas para el arrendatario(30). En este caso, la asimilación del arrendamiento a un contrato de promesa pierde todavía más importancia: se trata de una operación esencialmente financiera. Sin embargo, la particularidad del credit-bail inmobiliario es raramente destacada por la jurisprudencia(31) y la doctrina(32).

El derecho positivo comporta entonces algunas lagunas, a las cuales se les puede añadir la ausencia de especificidad concedida a la técnica del lease-back o cesión de arrendamiento(33). Este término describe “una técnica de financiación por la cual un establecimiento de crédito especializado compra a un usuario un bien y se lo devuelve enseguida para su disposición, en virtud de un contrato de arrendamiento en razón del cual el arrendatario, haciendo uso de la opción de compra estipulada a su favor, puede volver a ser propietario del bien”(34).

La particularidad de este mecanismo reside en el hecho de que el credit-bail se inscribe dentro de una relación bilateral y no triangular, lo que tiende a modificar la naturaleza y economía de la operación: una vez más, esta se inclina netamente hacia la compra del bien a la terminación de un plazo irrevocable(35). El derecho positivo no somete el lease-back a un régimen especial, sino que lo somete a la Ley de 1966, sin erigirlo en una subcategoría específica del credit-bail.

Si bien el derecho positivo francés establece ciertas distinciones cuestionables, no permite, en cambio, comprender la diversidad del leasing o de ofrecerle una exacta traducción jurídica. Solo queda entonces determinar la naturaleza verdadera de la figura para establecer cuál es su mejor régimen aplicable.

3. Los remedios para las incertidumbres del régimen jurídico del leasing

El derecho positivo actual en esta materia adolece de una cierta falta de coherencia, lo cual hace interesante adelantar una reflexión que tenga como propósito restaurarla. Para ello, resulta importante determinar la verdadera naturaleza jurídica del contrato de leasing.

Integrado al derecho francés a partir de la práctica internacional, y regulado por una ley destinada a enmarcarlo en el ordenamiento jurídico preexistente, el credit-bail hace tambalear los conceptos del derecho positivo. La determinación acerca de la naturaleza jurídica de esta figura pasa entonces por un análisis económico y global de las relaciones entre las partes.

3.1. La naturaleza jurídica del leasing

Esta figura sufre de profundas ambigüedades en cuanto a su naturaleza jurídica. A primera vista, como lo hace la Ley de 1966, se puede tomar como un contrato que mezcla estrechamente la venta y el alquiler, lo que conlleva una aplicación distributiva de las reglas relativas a estos dos convenios(36). Esta es la solución que el legislador de 1966 adoptó de manera precipitada, sin verdaderamente preguntarse sobre el fundamento de la figura(37). Con todo, esta decisión se tropieza con las numerosas dificultades ya descritas.

En efecto, la verdadera finalidad del leasing no reside en la simple combinación de una venta, de un arrendamiento y de una promesa unilateral de venta. El credit-bail procede de verdaderas necesidades económicas y financieras. Se trata de una operación global, dotada de una economía particular, y si algunos elementos de esta operación evocan el derecho del alquiler o de la venta, no son menos indivisibles y se encuentran absorbidos por el conjunto(38). Entonces, el objeto primordial del leasing es el otorgamiento de créditos a las empresas, lo que permite que algunos lo comparen con un contrato de préstamo(39).

Es así como, en cualquier hipótesis, el credit-bail se considera un contrato de crédito(40), lo que explica que la figura instaurada por la Ley de 1966 se reserve exclusivamente a los establecimientos financieros. De ahí que la Ley del 10 de enero de 1978 lo asimile a las operaciones de crédito(41), al igual que sucede con la Ley del 24 de enero de 1984 sobre bancos. Sin embargo, debe anotarse que la diferencia entre el leasing y el préstamo reside en el modo de financiación: mientras que este último constituye una financiación externa, aquel es un proceso de autofinanciación, puesto que es precisamente el valor dado al bien, según el contrato, el que se destinará a la financiación de su adquisición.

Así mismo, si se considera al leasing como una operación financiera es necesario reconocer una nueva concepción de la propiedad(42): esta en efecto se utiliza, no como una caución que supone una afectación exclusiva al crédito del arrendador(43) sino como una garantía(44). En caso de incumplimiento del arrendatario en el pago de los cánones, la entidad de leasing se convierte efectivamente en propietaria del bien y de su valor, de la misma manera en que un vendedor se beneficia de una cláusula de reserva de dominio(45). En este punto, el arrendatario no dispone de un derecho de propiedad en el sentido tradicional del mismo, sino de un dominio económico instrumentalizado, afectado al pago de un crédito. Se puede afirmar así que la propiedad se duplica, confiriéndole tanto al establecimiento financiero como al usuario el valor monetario y la utilidad material de la cosa(46).

Este análisis del leasing como un préstamo dotado de una garantía tiene ciertas repercusiones en el derecho positivo. Además de su asimilación a las operaciones de crédito, de conformidad con las leyes de 1978 y 1984, permite explicar algunas de las múltiples derogaciones aportadas a los regímenes jurídicos del arrendamiento y de la venta, así como la exención del arrendador en materia de responsabilidad por productos defectuosos(47).

Por último, la postura asumida por la cámara mixta de la Corte de Casación francesa, respecto de las consecuencias de la exclusión de la venta, corresponde hasta cierto punto a esta concepción del credit-bail: si en esta hipótesis el contrato se encuentra resiliado, el alto tribunal les permite a las partes reservarse, en todo caso, la posibilidad de corregir las consecuencias de tal resolución. Esta precisión, importante en la práctica, faculta a la entidad financiera arrendadora para insertar cláusulas que impongan al usuario garantizar la insolvencia del proveedor, cuando este no pueda pagar las sumas debidas a título de restitución, una vez se ha dado la resolución de la venta(48). De este modo, el leasing encuentra un desarrollo conforme a su verdadera naturaleza de contrato de crédito o, incluso, de préstamo.

Si el objetivo económico que se persigue es comparable, parece difícil considerar al credit-bail como un préstamo disfrazado mediante la combinación de un arrendamiento y de una venta. En efecto, no constituye solamente una operación de crédito: si se ubica del lado del usuario-deudor, esta operación tiene varios objetivos. Ciertamente, permite la financiación de una adquisición y una gestión fiscal bastante ligera de una inversión, lo que lo acerca a los movimientos puramente financieros, especialmente en el marco del credit-bail inmobiliario o del arrendamiento con cesión.

Pero la técnica del credit-bail no conduce necesariamente a una venta del bien al arrendatario. Este podría perfectamente abstenerse de ejercer la opción(49). La utilización de la técnica de la promesa unilateral de venta muestra que esta figura también tiene como objetivo principal el uso del bien, al igual que sucede con el arrendatario en un contrato de arrendamiento, quien celebra el contrato por una duración calculada a partir de la amortización de la cosa. Desde ese punto de vista, el leasing no constituye únicamente una operación de financiación, sino que también tiende al goce del bien(50).

Por lo tanto, de esta manera se comprende mejor la solución transaccional que adoptó la Corte de Casación francesa en relación con el credit-bail, en caso de invalidación de la venta inicial. Si este negocio tiene como propósito el uso del bien por parte del deudor, su obligación de pagar los cánones se encuentra privada de causa y, por ende, no se justifica más(51). Pero como este contrato constituye una operación financiera para la entidad de crédito, esta última se debe garantizar contra la eventual insolvencia del proveedor, en caso de terminación de la venta inicial.

La naturaleza mixta del credit-bail explica también por qué los jueces consideran siempre la obligación de restitución como necesaria, tras admitir que el arrendador se exonera de las obligaciones esenciales del contrato de arrendamiento. Por otra parte, las cláusulas que impiden la presentación de recursos y de las que se beneficia el establecimiento de crédito se consideran válidas, entre otras cosas, siempre que estén acompañadas de una transferencia de las acciones contra el proveedor(52). Así, el arrendatario asegura su goce efectivo de la cosa y, al mismo tiempo, dispone de una garantía.

Por lo tanto, si el leasing aparece difícilmente reducible a la combinación entre un arrendamiento y una promesa de venta no se puede afirmar que se pueda calificar como un préstamo combinado con una garantía. El régimen del credit-bail debe tener en cuenta esta naturaleza mixta, al incluir normas susceptibles de conciliar los intereses de las distintas partes. Esta lenta evolución(53) se puede basar en el modelo del leasing internacional.

3.2. La coherencia restablecida del leasing

El credit-bail se presenta como un contrato separado, irreducible a los conceptos tradicionales del derecho francés, razón por la que el derecho positivo parece haber cometido un error al calificarlo principalmente como un alquiler combinado con una promesa unilateral de venta. Al tener en cuenta que el hecho de que esta figura constituye económicamente una operación de crédito, la jurisprudencia francesa ha sacado de ella varias consecuencias que contribuyen a nutrir las incertidumbres e incoherencias respecto de la misma. Con todo, el planteamiento que consiste en modelar el régimen del leasing en función de los intereses de las partes merece la plena aprobación, como lo muestra el problema de las consecuencias de la venta invalidada.

De la misma forma, la jurisprudencia parece reacia a reconocer la realidad económica del leasing y a analizar la operación en su conjunto. Así, la Corte de Casación francesa pudo basar sus decisiones en las nociones de interdependencia de los contratos y de la economía general del contrato, para dejar sin efecto ciertas cláusulas que preveían la continuación del pago de los cánones, cuando un contrato de explotación, paralelo al credit-bail, los había terminado(54). Sin embargo, la corporación puso por delante el objetivo principal del arrendatario, es decir, el goce del bien durante el plazo irrevocable. Es entonces a partir de las nociones surgidas del derecho común —la causa, la indivisibilidad(55) y la economía del contrato— que los jueces tratan de devolver el equilibrio a las partes cuando llevan a cabo operaciones de leasing.

A partir de allí se considera que el contrato de credit-bail puede adquirir una autonomía que no poseía formalmente, debido a la asimilación legal que se hacía de él a otros contratos preexistentes. Esta autonomía no debe negar la diversidad del leasing, en la medida en que este no responde a las mismas preocupaciones e imperativos económicos y financieros, según sea mobiliario o inmobiliario, o que la operación sea bilateral o triangular. Como se señaló, el credit-bail se asimila ventajosamente a un contrato de crédito en materia inmobiliaria(56) o a un arrendamiento con cesión. Así mismo, se le debe otorgar un lugar importante a la libertad contractual, porque se ubica en un campo en el que las figuras contractuales se multiplican. Sin embargo, resulta necesario un régimen normativo común.

La autonomía de este contrato, que dispone de un régimen propio, bajo cualquier hipótesis puede utilizar el modelo ofrecido por la Convención de Ottawa sobre el Leasing Mobiliario Internacional —en adelante, la Convención de Ottawa—, elaborada en el marco de Unidroit(57). Ratificada por Francia, mediante la Ley del 10 de julio de 1991, este instrumento internacional ofrece interesantes guías para la investigación, en la medida en que, desde su preámbulo, su objetivo reside precisamente en lograr un equilibrio entre los intereses de las diferentes partes en la operación(58).

Aplicable cuando la operación de leasing comporte algún elemento extranjero, la Convención de Ottawa toma como base para su aplicación la situación de cada una de las partes para intentar su conciliación. Así, mientras el arrendador tiene un interés esencialmente financiero en la operación y se encuentra como titular de un derecho de propiedad a título de garantía, el propósito del arrendatario se remite al uso material del bien. Mientras que las prerrogativas de este último se enmarcan en el ámbito industrial, las de aquel se limitan al aspecto financiero y a la amortización del bien. La atribución de las responsabilidades se efectúa según ese mismo criterio de las funciones asignadas a las partes.

De estas grandes orientaciones se deriva lógicamente todo el régimen del credit-bail mobiliario internacional. Así, el arrendatario escoge el objeto y se pone en una situación de “cuasiparte”(59) en el contrato de venta, a pesar del efecto relativo normalmente vinculado a este acuerdo. Igualmente, su responsabilidad se extiende a la utilización y al mantenimiento del bien. El arrendador, por su parte, permanece relegado a una función financiera y se beneficia, por lo tanto, de la propiedad como garantía(60), lo que le permite percibir cánones equivalentes a la amortización financiera del bien y a ejercer la acción reivindicatoria en caso de incumplimiento del arrendatario.

Como contrapartida, si no es excepcionalmente responsable de los daños que afectan el bien o que son causados por él mismo(61), incurre en una responsabilidad que abarca el entorno jurídico y financiero de la operación. Así, este régimen autónomo aparece equilibrado en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes del leasing, de acuerdo con su ámbito de competencia. Si este sistema oculta sin duda algunas imperfecciones, y si su alcance se encuentra limitado por el gran número de disposiciones supletivas de la voluntad, no deja de ser una fuente de inspiración por su cohesión y su reflexión sobre la naturaleza del contrato, a la hora en que el derecho positivo contemporáneo siga dominado por una relativa incertidumbre. En esto, la Convención de Ottawa podría constituir un llamado a seguir en la construcción de un régimen específico y coherente de esta figura.

(1) Sobre el desarrollo del leasing en Francia, véase Giovanoli, M. Le credit-bail (leasing) en Europe: développement et nature juridique. Prefacio de J. Hémard, Litec, París: 1980 —especialmente, pp. 141 y ss.—. Según este autor, la primera sociedad francesa de leasing se habría constituido en 1962.

(2) Entre numerosas referencias, véase: Malaurie, Ph.; Aynès, L. y Gautier, P.Y. Les contrats spéciaux. Defrénois, París: 2004, pp. 811 y ss.; Collart-Dutilleul, F. y Delebecque, Ph. Contrats civils et commerciaux. Dalloz, 7.ª ed., París: 2004, pp. 833 y ss.; Simler, Ph. y Delebecque, Ph. Les sûretés, la publicité foncière. Dalloz, 4.ª ed., París : 2004, pp. 698 y ss.; Benabent, A. Les contrats spéciaux civils et commerciaux. Domat-Montchrestien, 6.a ed., París: 2004, pp. 881 y ss.; Cabrillac, M. y Mouly, Ch. Droit des sûretés. Litec, 7.ª ed., París: 2004, pp. 534 y ss.; Le Tourneau, Ph. Droit de la responsabilité et des contrats. Dalloz action, París: 2004-2005, pp. 6.552 y ss.; Ripert, G. y Roblot, R. Traité de droit commercial. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, t. II, París: 1990, pp. 2.422 y ss.

(3) Véase Giovanoli, ob. cit., pp. 64 y ss.

(4) En su origen, los dos términos eran utilizados como sinónimos.

(5) Para un análisis de esta ley y de sus diferentes aspectos, véase Crémieux-Israël, D. Leasing et credit-bail mobiliers. Prefacio de J. Hémard, Dalloz, París: 1974.

(6) En este sentido, véase Huet, J. Les principaux contrats spéciaux. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2.ª ed., 2001, pp. 23.000 y ss.

(7) “Acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu en tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

(8) Cass. Com., 24 noviembre 1992, JCP G. 1993, II, 22078, note D. Barrial.

(9) Este problema no se plantea en el marco de la Ley del 10 de enero de 1978, en la que el artículo 9.º prevé la terminación del arrendamiento, en este caso hipotético, consagrando de este modo un principio de interdependencia entre los dos contratos.

(10) Véanse, por ejemplo, Cass. Civ. 1.ère, 3 mars 1982, JCP G. 1983, II, 20115, note E-M. Bey; RTD Civ. 1983, p. 152, obs. Ph. Rémy.

(11) Véanse, entre otras, Cass. Com., 15 mars 1983, JCP G. 1983, II, 20115, note E-M. Bey; RTD Civ. 1983, p. 758, obs. Ph. Rémy.

(12) Cass. Ch. Mixte, 23 novembre 1990, D. 1991, p. 121, note Ch. Larroumet; RTD Civ. 1991, p. 360, obs. Ph. Rémy; comp. Cass. Ch. Mixte, 3 mars 1989, JCP G. 1989, II, 21365, note E-M. Bey.

(13) Para un análisis detallado véase: Schütz, R.N. Les recours du credit-preneur dans l’opération de credit-bail. Prefacio de Ph. Rémy, Presses Universitaires du France, París: 1994 —especialmente, pp. 52 y ss.—: Según la jurisprudencia, estas cláusulas resultan válidas si cumplen con la condición de no afectar la obligación esencial del contrato de arrendamiento y proporcionar un recurso contra el proveedor del bien.

(14) El tomador del crédito efectúa esta elección en aplicación de un mandato otorgado por la compañía de leasing, análisis por lo demás cuestionable en la medida en que un mandato no se puede referir sino a actos jurídicos.

(15) Véase Goyet, Ch. Le louage et la propriété à l’épreuve du credit-bail et du bail superficiaire. Prefacio de D. Schmidt, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París: 1981 —especialmente, pp. 67 y ss.—: Según este autor, las cláusulas que impiden interponer recursos contra el arrendador volverían entonces el arrendamiento instantáneo y unilateral.

(16) Cass. Civ. 3.ème, 10 juin 1980, D. 1980, p. 566, note Y. Guyon.

(17) Cass. Com., 9 avril 1991, Bull. Civ. IV, n.º 124.

(18) Véase Simler y Delebecque, ob. cit., p. 363.

(19) Véase Malaurie, Aynès y Gautier, ob. cit., p. 814.

(20) La cual representa la culminación del leasing, según Giovanoli. Ob. cit., p. 476.

(21) En contra, Malaurie, Aynès y Gautier, ob. cit., p. 814.

(22) Cass. Com., 30 mai 1989, Bull. Civ. IV, n.º 167. Esta jurisprudencia tradicional se explicaba al principio por la voluntad de evitar ventas a crédito disfrazadas a través del arrendamiento.

(23) Cass. Civ. 3.ème, 3 novembre 1981, JCP G. 1982, II, 19867, note E-M. Bey; RTD Civ. 1982, p. 434, obs. Ph. Rémy.

(24) Véase Crémieux-Israël, ob. cit., pp. 24 y ss.

(25) Véase Goyet, ob. cit., p. 152.

(26) Ibídem, p. 156.

(27) A título de ejemplo, entre tantos otros, se cita la evolución de la jurisprudencia en cuanto a la garantía de los defectos ocultos en la venta.

(28) Véanse: Schütz, ob. cit., pp. 167 y ss.; Crémieux-Israël, ob. cit., pp. 62 y ss.

(29) Véase Giovanoli, ob. cit., pp. 90 y ss.

(30) La jurisprudencia lo reconoce implícitamente, al negarse a someter el arrendamiento inmobiliario a los trámites de registro de la promesa unilateral de venta.

(31) Entre las consecuencias implícitamente logradas por la jurisprudencia de la calificación de arrendamiento mobiliario, véanse: Cass. Civ. 3.ème, 3 novembre 1981, préc.; mais aussi Cass. civ 3ème, 7 mai 1997, Cont. Conc. Cons. 1997, n.º 144, note L. Leveneur —la réglementation du bail commercial ne s’applique pas au credit-bail immobilier— y Cass. Com., 9 avril 1991, Bull. Civ. IV, n.º 124 —le privilège du bailleur d’immeuble ne s’applique pas—.

(32) A pesar de lo anterior, véase Padé, O. Le credit-bail immobilier. Tesis, París I, 2000; Simler y Delebecque, ob. cit., p. 363; Collart-Dutilleul y Delebecque, ob. cit., p. 835; Ripert y Roblot, ob. cit., p. 2.423.

(33) Véase Goyet, ob. cit., pp. 170 y ss.; Parléani, G. Le contrat de lease-back. En: RTD Com., 1973, p. 699.

(34) “Une technique de financement par laquelle un établissement de credit spécialisé achète à un utilisateur un bien et le lui remet aussitôt à la disposition en vertu d’un contrat de credit-bail à l’issue duquel l’utilisateur locataire peut, en levant l’option d’achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien” —Decreto del 11 enero de 1990, JO 31 janvier 1990—.

(35) En este sentido, véase Bey, E.M. Note sous Cass. Civ. 3.ème, 3 novembre 1981, JCP G. 1982, II, 19867.

(36) Análisis elegido, en particular, con ciertos matices por Huet, ob. cit., p. 23.000.

(37) Véase Carbonnier, D. Le credit-bail, du bail au credit. En: Defrénois, 1981, art. 35102, spéc., p. 1.031.

(38) Véase especialmente Benabent, ob. cit., p. 888; Leveneur, nota cit. sobre Cass. Civ. 3.ème, 7 mai 1997; Bey, nota cit. sobre Cass. Civ. 3.ème, 3 novembre 1981 y sobre todo Bey, E.M. De la symbiotique dans les leasing et credit-bail mobiliers. Dalloz, París: 1970.

(39) Véase Giovanoli, ob. cit., pp. 468 y ss.; Goyet, ob. cit., pp. 177 y ss., por lo que se refiere más específicamente al lease-back. En contra, Malaurie; Aynès y Gautier, ob. cit., p. 814; Benabent, ob. cit., p. 888.

(40) Véase Schütz, ob. cit., p. 7; Collart-Dutilleul y Delebecque, ob. cit., p. 833; Ripert y Roblot, ob. cit., p. 2.422; más reservados: Le Tourneau, ob. cit., p. 6.553; Cabrillac y Mouly, ob. cit., p. 534, quienes distinguen aspectos económicos y jurídicos.

(41) Sobre esta noción, véanse: Carbonnier, ob. cit., p. 1.032; Ancel, note sobre Cass. Civ. 1.ère, 11 octobre 1989, D. 1991, p. 225.

(42) Véase Goyet, ob. cit., pp. 354 y ss.; Crocq, P. Propriété et garantie. Prefacio de M. Gobert, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París: 1994.

(43) Véase Cabrillac, M. Les accessoires de la créance. En: Etudes Dédiées à A. Weill, Dalloz-Litec, París: 1983, p. 107.

(44) Según Crocq, la garantía será una noción únicamente funcional, definida por su finalidad de satisfacción del acreedor, al contrario de la seguridad, noción que se basa en distintos criterios que incluyen el de la accesoriedad. Este autor demuestra que nada se opone para que el derecho de propiedad constituya una garantía o una seguridad en algunas circunstancias —Crocq, ob. cit., pp. 283 y ss.—.

(45) Comparación utilizada por Simler y Delebecque, ob. cit., p. 699.

(46) Véanse: Carbonnier, ob. cit., p. 1033; Goyet, ob. cit., pp. 354 y ss.

(47) Artículo 1386-7, literal 1) del Código Civil francés, resultante de la Ley del 19 de mayo de 1998. Sobre las implicaciones de estas exoneraciones véase Le Tourneau, ob. cit., p. 8.402.

(48) Esta garantía, accesoria, e incluso subsidiaria, según Remy —véanse las observaciones sobre las sentencias Cass. Ch. Mixte, 23 novembre 1990—, pueden ser calificadas solamente como de garantía —Schütz, ob. cit., p. 327—.

(49) Se trata de un obstáculo a la calificación de seguridad de la propiedad en el marco del leasing, puesto que el derecho de dominio sobrevive al término del contrato, a falta de una obligación principal —véanse: Crocq, ob. cit., p. 122; Cabrillac y Mouly, ob. cit., p. 535.

(50) En ese sentido, véase: Larroumet, nota cit. sobre Cass. Ch. Mixte, 23 novembre 1990; Ancel, nota cit., p. 230. Según estos autores, los mecanismos jurídicos del arrendamiento deben preceder sobre el objetivo que se persigue por el establecimiento de crédito; Carbonnier, ob. cit., p. 1032. En contra Malaurie, Aynès y Gautier, ob. cit., p. 814.

(51) El razonamiento de la Corte de Casación francesa no se basa explícitamente en el concepto de causa, sobre todo al tenerse en cuenta que se trataría de una causa prolongada en el tiempo y no confinada a la formación del contrato, pero este fundamento constituye una explicación muy plausible —a este respecto véase Larroumet, nota cit., sobre Cass. Ch. Mixte, 23 novembre 1990.

(52) Véase Schütz, ob. cit., pp. 68 y ss.

(53) Véase Crocq, ob. cit., p. 148.

(54) Cass. Com., 15 février 2000, Bull. Civ. IV, n.º 29; Defrénois 2000, art. 37.237, obs D. Mazeaud; D. 2000, somm., p. 364, obs. Ph. Delebecque.

(55) La causa constituye, por su parte, el “cemento”, según Mazeaud, ob. cit.

(56) Véase Padé, ob. cit., pp. 256 y ss., que califica el leasing inmobiliario de “contrato sui géneris”.

(57) Véase Schütz, R.N. La Convention d’Ottawa Sur le Credit-bail International. En: Cont. Conc. Cons., mars 1996, p. 1; Bey, E.M. La Convention d’Ottawa Sur le Credit-bail International. En: JCP E. 1989, II, 15643.

(58) Véase, sobre esta cuestión Béguin, J. Une tentative d’équilibrage contractuel: La Convention d’Ottawa Sur le Credit-bail International. En: Etudes Offertes à J. Ghestin, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París: 2001, pp. 65 y ss.

(59) Entendemos por esto que aprueba la venta. Por lo tanto, se beneficia de varios medios destinados a obtener una ejecución correcta de esta venta, la cancelación o la reparación. Se trata de una aplicación rica en consecuencias del concepto de grupo de contratos —véase Béguin, ob. cit., pp. 18 y ss.—.

(60) Véase Goyet, ob. cit.

(61) Esta solución es pues idéntica a la elegida por el artículo 1386-7 del Código Civil francés.