El delito fiscal es la última alternativa

Revista Nº 119 Sep.-Oct. 2003

Es imposible pretender una moralidad contributiva, sin una administración eficiente, informada y con funcionarios bien remunerados 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Ahora que en Colombia se plantea el debate sobre el endurecimiento de las normas sobre evasión fiscal, el experto español en medios de defensa del contribuyente, Eusebio González sostiene que el delito fiscal debe ser la última opción, luego de agotar todos los recursos ordinarios disponibles para llevar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones.

González visitó a Bogotá para participar en el foro Derecho tributario comparado, organizado por las universidades de Los Andes, Rosario, Externado de Colombia y de La Sabana y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario.

Revista Impuestos:¿Qué efectos ha tenido la globalización para los contribuyentes? 

Eusebio González: Es impresionante observar la tendencia que los fenómenos de progresiva convergencia e integración señalan en materia jurídica. Los Estados tradicionalmente federales están asumiendo cada vez más competencias. Entre tanto, en los Estados de tradición centralista, el fenómeno es el inverso: el Estado está soltando competencias y la periferia las está asumiendo. En el momento, las diferencias entre un sistema central y uno federalizado se están diluyendo. Desde el punto de vista fiscal, esto ha traído problemas. En el caso español, los contribuyentes estaban acostumbrados a lidiar solamente con el Estado central. Pero en la medida en que ha habido distribución de poderes hacia sistemas intermedios, ahora el ciudadano tiene que cumplir deberes tributarios frente al Estado central y frente a las instancias federadas. Hoy, lo que el contribuyente busca es simplicidad. Estamos en un momento en que el cumplimiento de los deberes tributarios formales supone una carga de gran magnitud para el contribuyente.

R.I.:¿Qué garantiza la eficacia en el recaudo de impuestos? 

E.G.: Yo creo que la moralidad del contribuyente debe estimularse. Todos tenemos un fondo bueno que sale a la luz cuando se estimula adecuadamente. Pero hoy en día, es imposible pretender una moralidad contributiva, sin una administración eficiente, bien informada y con funcionarios bien remunerados. La información es la base de una buena gestión tributaria, y aquella la facilitan las entidades bancarias, las compañías de seguros, los notarios, los registradores, entre muchas otras fuentes. Ante este abundante nivel de información por suministro que le llega a las administraciones centrales de impuestos, es importante evitar duplicidades. El mismo contribuyente y las instituciones que acopian la información tributaria sobre él deben, en ciertas circunstancias, recordarle a las autoridades tributarias lo ineficiente que es pedir información que ya está disponible en la administración central.

R.I.:¿Qué tan versátiles son los medios de defensa del contribuyente frente a la elusión y la evasión? 

E.G: Esa pregunta, afortunadamente, fue respondida con gran sabiduría hace 70 años: siempre la pesada máquina de la Hacienda es mucho más lenta que la calenturienta mente de los contribuyentes. El contribuyente es más ágil y la Hacienda va detrás. El modo eficaz de combatir esas actitudes es mediante presunciones; con dos renglones de un precepto se destrozan 500.000 fraudes. Pero solo cuando un fraude se generaliza se tiene la reacción de la Hacienda.

R.I.:¿Qué instancias alternativas tiene el contribuyente para su defensa? 

E.G.: Hay una enorme efervescencia por la copia de los mecanismos anglosajones. Se piensa que el arbitraje y la conciliación lo pueden resolver todo. En Europa, para un funcionario de la administración pública, recaudar los tributos no es solo un derecho, sino un deber. La transacción solo vale respecto a los hechos. Ahí sí se puede llegar a un acuerdo, en la calificación de los hechos. Pero en la calificación de las normas, en el sistema continental, es imposible llegar a la transacción. El funcionario tiene que aplicarlas.

R.I.:¿Qué cambios ha traído en Latinoamérica, en cuanto a defensa del contribuyente, el paso de economías cerradas a modelos abiertos? 

E.G.: No hay cambios sustanciales. Los medios de defensa están en las leyes y aquellas reflejan los mecanismos de defensa de que dispone un ciudadano en cada momento. Es importante destacar que en el Estado de derecho, cada vez que la administración de impuestos le notifica un acto al contribuyente, en este mismo le debe enumerar los remedios jurídicos que pone a su alcance para combatir tal acto.

R.I.:¿Los mecanismos de defensa del contribuyente ahora son más ágiles? 

E.G.: En el caso español, el tiempo medio que dura en resolverse un conflicto, si se surten las etapas de reclamación en la instancia administrativa, después en la jurisdiccional y finalmente en casación, es entre seis y ocho años.

R.I.:¿Qué implicaciones tiene la tendencia de los Estados a recurrir cada vez más a la tributación indirecta? 

E.G.: En este momento, en Europa, son pocos los países con tipos de impuesto sobre la renta superiores al 50%. Y hasta hace poco, los tipos de ese impuesto eran entre el 70% y el 80%. Ha habido una tendencia a ir reduciendo la tributación sobre la renta. Los altos tipos impositivos tienen un límite de flexibilidad que no se puede sobrepasar. Si se sanciona el alto riesgo con altos tipos de impuesto a la renta, se crea una economía de mediocres, donde nadie quiere levantar la cabeza un ápice, porque si se hace y se gana mucho dinero, viene el fisco a tomar una gran parte. Con este sistema, la economía no avanza.

R.I.:¿Qué papel tiene la sanción en la relación entre la administración de impuestos y el contribuyente? 

E.G.: Los altos tipos de sanción son funestos. En España, las sanciones entre el 300% y el 400% desalientan al contribuyente. Como en el caso del contrabando, con impuestos de aduanas del 15% o el 20% apenas hay contrabando, pero con impuestos del 80% o el 100%, el problema se dispara. Una sanción que sobrepase el 50% me parece exagerada y es contraproducente.

R.I.:¿Cuáles son los derechos fundamentales del contribuyente? 

E.G.: Primero, una legislación clara, que el ciudadano sepa qué normas se van a aplicar, que las lea y las entienda. Segundo, que se sepa cuáles leyes están vigentes y cuáles no. Se requieren tablas de disposiciones derogadas y tablas de normas vigentes. Tercero, sistemas diáfanos de recursos y reclamaciones. Cuarto, plazos extensos de reclamación. Quinto, instancias convenientemente divididas y separadas. Sexto, que toda controversia termine en un tribunal jurisdiccional, para que no sea un organismo administrativo el que resuelva una controversia en materia tributaria.

R.I.:¿Qué piensa de la cárcel como sanción tributaria? 

E.G.: El delito fiscal es el broche que cierra un ordenamiento. No es el látigo que fustiga al contribuyente para que cumpla. Debe entrar en juego justo cuando fallan todos los demás mecanismos de reacción. Ahí, entonces, se puede optar por definir si se trata de un delito fiscal de cuantía o de peligrosidad. El delito fiscal se debe establecer siempre que sea el último recurso, cuando se han aplicado todas las medidas ordinarias de la legislación tributaria y se fracasa. El arma penal no debe oxidarse, pero tampoco hay que utilizarla a diestra y siniestra.