Eximentes de responsabilidad en el cumplimiento de deberes formales tributarios

Revista Nº 123 Mayo-Jun. 2004

En el futuro, los precedentes judiciales podrían ser criterios obligatorios para las decisiones de los jueces.

John Alirio Pinzón Pinzón 

Contador y Abogado Tributarista Consejo de Estado 

1. Justificación

Infortunadamente, se ha vuelto costumbre en nuestro diario vivir nacional, tener que lamentar y a veces padecer los trágicos rigores del secuestro, la retención transitoria, la desaparición forzada e indefinida, el desplazamiento o la imposibilidad física, ocasionada directamente por organizaciones o grupos al margen de la ley o que inciden de alguna forma en su realización. Ante la ausencia de consagración legal que mencione la fuerza mayor o el caso fortuito, así como otra causal eximente de responsabilidad para las sanciones y consecuencias derivadas de la imposibilidad de presentar declaraciones y pagar los valores respectivos, ha sido la jurisprudencia constitucional la que ha cubierto dicha omisión legislativa. Por ello, los criterios jurisprudenciales expuestos desde sus inicios por la Corte Constitucional cobran hoy día mayor relevancia como orientación judicial obligatoria al momento de decidir sobre los múltiples asuntos sometidos a su consideración. Así pues, temas como los casos en que se entiende no presentada una declaración tributaria, o las sanciones moratoria, por corrección, por extemporaneidad e inscripción extemporánea en el registro nacional de vendedores, que son de frecuente discusión ante las autoridades administrativas y judiciales, han sido objeto de pronunciamientos por la Corte Constitucional, sentando precedentes judiciales en relación con causales eximentes de responsabilidad, cuando se den los lamentables hechos comentados y para los cuales no se tiene prevista norma tributaria alguna.

2. Jurisprudencia como fuente del derecho

Dentro de las múltiples acepciones de la expresión fuentes del derecho, se tienen entre otras: “acto concreto creador del derecho, fundamento de validez jurídica de una norma concreta, forma de manifestarse la norma jurídica y fundamento de un derecho subjetivo...(1). A su vez, la doctrina universal ha clasificado las fuentes del derecho en dos grandes grupos: reales y formales. Y estas últimas, de igual forma, se han subclasificado en: la legislación, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia.

Por su parte, los sistemas jurídicos imperantes en el mundo, el romano germánico y el del common law (derecho común), cada uno con una aplicación y alcance diferentes, pero en todo caso nutridos de algunas o todas las fuentes antes comentadas, porque al fin y al cabo derivan su efectividad de los valores, principios, usos y normas preestablecidas. Aquí son pertinentes los siguientes comentarios: “... El sistema del common law se caracteriza porque: (i) su principal fuente de derecho es la jurisprudencia de los tribunales, la cual por tanto se constituye en la piedra angular para dirimir las controversias... (ii) reconoce la existencia y la fuerza obligatoria de la “regla del precedente” (rule of precedent). A diferencia del sistema del common law, la principal fuente de los sistemas jurídicos vigentes en la mayor parte de países del continente europeo y de América Latina —dentro de los cuales se incluye el derecho colombiano— que devienen del sistema romano germánico, es la regla escrita, entendida como la expresión de la voluntad del Estado...(2).

De lo anterior, tenemos que el sistema jurídico colombiano está enmarcado dentro de lo que se conoce como el sistema romano germánico, donde la ley (regla escrita) se constituye en la fuente primordial para resolver las controversias jurídicas, desplazando a la jurisprudencia (fuente principal en el sistema del common law) como una fuente secundaria y sin fuerza vinculante como precedente judicial (rule of precedent). Esta posición doctrinaria, es reconocida por nuestra Carta en el título VII (de la Rama Judicial) en su artículo 230, al decir:

“Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. 

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 

Por tanto, la jurisprudencia, fuente formal del derecho para la doctrina mayoritaria, se convierte en criterio auxiliar de la actividad judicial conforme al artículo 230 de la Carta. Aquí vale la pena resaltar que al comenzar la presente legislatura, el Gobierno Nacional puso a consideración del Congreso, el ‘Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia”, donde su artículo 9º propone modificar el artículo 230 de la Constitución señalando que los jueces estarán sometidos a la ley escrita, la costumbre comercial y a la jurisprudencia como normas jurídicas; luego se deduce que en caso de ser aprobado tal reforma, la jurisprudencia se convertiría en un criterio obligatorio para todo juez al momento de decidir.

3. Alcance de las sentencias de la Corte Constitucional

Sobre el alcance de las sentencias de la Corte, el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de administración de justicia), señala:

“ART. 48.—Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto: 

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, solo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general...” (se ha resaltado).

Ahora, en relación con el alcance de la cosa juzgada en las sentencias de constitucionalidad, la Corte ha hecho estas precisiones:

... 3. ¿Qué parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?

La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita. Primero, goza de la cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución. Segundo, gozan de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender este sin la alusión a aquellos. 

En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le signa a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar —no obligatorio—, esto es, ella considera obiter dicta. Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorias y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia...(3).

4. Providencias sobre eximentes de responsabilidad en el cumplimiento de deberes formales

Es bien sabido que en materia tributaria, los contribuyentes, responsables y agentes retenedores están sometidos, además de la obligación principal o material, a una serie de obligaciones formales o instrumentales con las cuales se concreta aquella y a la vez sirven de fundamento a la labor de fiscalización de la administración tributaria. Esas obligaciones accesorias también llamadas deberes tributarios “tienen un carácter esencialmente instrumental, pues tienen la función de facilitar al fisco la investigación que permita establecer si se ha configurado la obligación tributaria, a cargo de quien y en qué cuantía, así como producir un acto administrativo concreto que declare la existencia de todos los aspectos mencionados y realizar las actuaciones recaudatorias necesarias para la percepción de los tributos...(4).

Sabemos que uno de esos deberes formales es presentar las declaraciones tributarias y pagar el impuesto resultante y los intereses moratorios cuando haya lugar; precisamente respecto al deber de declarar, se han establecido sanciones en cuanto a su no presentación, su extemporaneidad, inexactitud, por corrección, darse por no presentada, entre otras, para lo cual la Corte Constitucional al estudiar algunas demandas de inconstitucionalidad contra normas del estatuto tributario que las consagran, ha proferido sentencias como las siguientes:

Sentencia C-690 de 1996(5) 

La Corte en esta sentencia al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 557 y 580 del estatuto tributario, el primero sobre la agencia oficiosa para contestar requerimientos e interponer recursos y el segundo respecto de los casos por los cuales se tienen las declaraciones como no presentadas, señaló que resulta violatorio del debido proceso, la dignidad humana y la equidad y justicia tributaria, sancionar a un contribuyente o declarante por el solo hecho de no presentar oportunamente o en los lugares establecidos, o no firmar las declaraciones tributarias, cuando la causa de ese cumplimiento haya sido una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo, por cuanto no le era posible presentar personalmente la declaración por haberse encontrado secuestrado en ese tiempo, esto con el fin de que no se configure una responsabilidad sin culpa violatoria del principio nulla poene sine culpa; por tanto, cuando el obligado tributario se encuentre en tales eventos y con el fin de evitar que se tenga la declaración tributaria como no presentada (E.T., art. 580) debe permitirse la presentación de la misma mediante agente oficioso, aunque el artículo 557 del estatuto tributario solamente lo contemple “para contestar requerimientos e interponer recursos”. Frente a esos hechos comentó:

“... En tales circunstancias, se considera legítima la presentación de declaraciones tributarias por intermedio de agentes oficiosos, o la ausencia de firma del contador público o del revisor fiscal, o la exhibición de la declaración tributaria en forma extemporánea o en el lugar diferente al señalado por la ley, cuando por hechos que configuren caso fortuito o fuerza mayor, haya sido imposible al contribuyente la presentación de la declaración tributaria, en los términos de la ley. 

... la Corte considera que es inconstitucional la ausencia de consagración positiva de la fuerza mayor como causal que justifique la presentación de declaraciones extemporáneas, o en otros lugares, o por representantes, de aquellos contribuyentes que por circunstancias ajenas a la culpa no han podido cumplir personalmente la obligación de declarar...”.

Por otro lado, recordemos que el Consejo de Estado(6) en varios pronunciamientos ha aceptado la agencia oficiosa para el cumplimiento de todas las obligaciones formales, incluida la presentación de declaraciones tributarias, basado en que a su entender el artículo 142 del Decreto 1651 de 1961 no fue derogado por el artículo 557 del estatuto tributario(7). La exequibilidad de los artículos 557 y 580 del estatuto tributario y la aplicación de la sentencia por parte de las autoridades administrativas y judiciales, depende de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma.

Sentencia C-506 del 2002(8) 

En esta oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad de todas las normas del estatuto tributario que se refieren a la liquidación de sanciones por la demora u omisión en el cumplimiento de deberes tributarios, como son los arts. 588 inciso 1º y parágrafo 2º (sanción por correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor y por las inconsistencias de los artículos 580, 650-1 y 650-2), 641 (sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones), 642 (sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento), 644 (sanción por corrección de las declaraciones), 668 (sanción por extemporaneidad en la inscripción en el registro de vendedores e inscripción de oficio) y 685 (emplazamiento para corregir). En relación con el argumento del demandante, consistente en que la culpa al incurrir en algunas de esas irregularidades debe ser demostrada en juicio para desvirtuar la presunción de inocencia y por tanto, no debería el contribuyente autoliquidarse tales sanciones, la Corte expresó:

“... la Corte debe reiterar que una vez que está probada la inexactitud o extemporaneidad de las declaraciones tributarias, o su falta absoluta de presentación, la imposición subsiguiente de sanciones administrativas no desconoce la presunción general de inocencia. La sola demostración de esas circunstancias, constituye un fundamento probatorio sólido para proceder a su aplicación, sin perjuicio del derecho que asiste al sancionado de demostrar las eximentes que, como la fuerza mayor o el caso fortuito, descartan la culpa en el cumplimiento de los deberes tributarios.

Es decir, en los casos en los cuales conforme a las normas demandadas, concretamente a los artículos 588, 641, 642, 644, 668 y 685 del estatuto tributario (y sus correspondientes de los decretos 2503 y 2512 de 1987), corresponde a los contribuyentes, declarantes, responsables o agentes retenedores, auto liquidar sanciones por corrección de inexactitudes o por extemporaneidad. Debe entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, que estas personas tienen el derecho de presentar descargos para demostrar que su conducta no ha sido culpable, pudiendo alegar, por ejemplo, la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, la acción de un tercero, o cualquier otra circunstancia eximente de culpabilidad. Demostrada una de tales eximentes, la administración debe excluir la aplicación de la correspondiente sanción. Bajo esta interpretación las referidas normas serán declaradas exequibles”.

Como puede apreciarse, en una decisión afortunada la Corte señaló la improcedencia de autoliquidarse las sanciones previstas en el estatuto tributario por parte del contribuyente, responsable o declarante, cuando se presenten eximentes como la fuerza mayor, el caso fortuito, la acción de un tercero o cualquier otra circunstancia eximente de culpabilidad de su responsabilidad frente a cada hecho sancionable, con lo cual se logró un significativo avance en lo que respecta a los principios orientadores del derecho administrativo sancionador, al tener en cuenta el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia y por supuesto la proscripción de la responsabilidad objetiva, aserto ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia al referirse a la potestad sancionadora del Estado. Cabe precisarse que conforme al ordinal 2º de la parte resolutiva de la sentencia, la exequibilidad fue condicionada en los términos de los fundamentos antes transcritos.

Sentencia C-876 del 2002(9) 

La Corte al efectuar la revisión constitucional del Decreto 1838 del 2002, por medio del cual se estableció el impuesto para preservar la seguridad democrática y que fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 213 de la Carta y en desarrollo del Decreto 1837 del 11 de agosto del 2002 que declaró el estado de Conmoción Interior, precisó en relación con el artículo 9º del mismo que trataba de la remisión a las normas del estatuto tributario para la determinación de los intereses moratorios y las sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud de la declaración del citado impuesto, lo siguiente:

… Cabe precisar sin embargo que para el señor procurador así como para uno de los intervinientes en el proceso, se habría configurado en este caso una omisión legislativa contraria a la Carta por cuanto el legislador excepcional no previó en el artículo 9º sub exámine el caso de los contribuyentes que por fuerza mayor o caso fortuito incumplen con la obligación de firmar y presentar la declaración tributaria en el lugar establecido para el efecto.

... El hecho de que la norma que se revisa no haga ninguna precisión sobre este punto no impide que los contribuyentes que eventualmente se encuentran en las trágicas situaciones descritas por el ciudadano interviniente puedan invocar la fuerza mayor o el caso fortuito como hechos eximentes de responsabilidad, pues son las normas tributarias generales, las que resultan aplicables en este caso, y respecto de ellas, la Corte ya ha establecido que su constitucionalidad se condiciona a esa posibilidad…”.

Luego las contribuciones fiscales originadas en estados de excepción, tales como el estado de Conmoción Interior (C.N., art. 213) tampoco escapan a la posibilidad de que los contribuyentes que se encuentren en situaciones trágicas como el secuestro, la desaparición forzada, la retención transitoria o el desplazamiento forzado, puedan invocar a su favor la fuerza mayor o el caso fortuito como eximentes de responsabilidad ante el incumplimiento involuntario de las obligaciones de declarar y pagar los montos autodeterminados por esos contribuyentes de los tributos forzosos que prevé el legislador extraordinario. A pesar de ello, la Corte encontró exequible el artículo 9º del Decreto 1838 del 2002, sin ningún condicionamiento, luego las consideraciones antes comentadas constituyen apenas un criterio auxiliar de la actividad judicial y por obligatorias, aunque el hecho de no haber sido consideradas aquellas circunstancias, no obsta para que se tengan en cuenta, por parte de las autoridades administrativas y judiciales.

Sentencia C-231 del 2003(10) 

Finalmente, en el presente año, la Corte ha reiterado su tesis jurisprudencial de las anteriores sentencias parcialmente transcritas, al decidir una demanda de inconstitucionalidad sobre los artículos 634 (sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones), 635 (determinación de la tasa de interés moratorio) y 814 (facilidades para el pago); en lo tocante con el artículo 634 hizo las siguientes precisiones:

“... En consecuencia, resulta razonable suponer que el simple hecho del retardo en el pago constituye un fundamento sólido para imponer la sanción pues, sin afectar la presunción de inocencia, la administración ya ha comprobado el incumplimiento del deudor, con lo cual se reduce su actividad probatoria. Empero, también puede ocurrir que la omisión no sea imputable al deudor, sino que se haya configurado alguna causal eximente de responsabilidad como la fuerza mayor o el caso fortuito. Cuando ello ocurre, el responsable deberá demostrar esa circunstancia y la administración tendrá que valorarla antes de decidir si impone la sanción o se abstiene de hacerlo: solo así se garantiza plenamente el derecho al debido proceso y los principios de equidad y justicia, según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional en otras oportunidades. 

... 12. En este orden de ideas, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 634 del E.T., bajo el entendido que el administrado puede exonerarse de responsabilidad si demuestra alguna de las causales para ello, como la fuerza mayor, el caso fortuito o en general la ausencia de culpa. No obstante, en el caso de los agentes retenedores solamente podrá haber eximente de responsabilidad si se presenta la fuerza mayor, en la medida en que las demás causales no resultan aplicables, toda vez que su obligación consiste únicamente en poner a disposición del Estado los recursos previamente cancelados por los contribuyentes...”.

De la transcripción parcial se deduce que el retardo en el pago, en ciertas eventualidades, podría no ser imputable al deudor, sino que se hubiere producido por alguna causal eximente de responsabilidad como la fuerza mayor o el caso fortuito, ante lo cual, la administración tendrá que valorar si sanciona o no. Sin embargo, en el caso de los agentes retenedores, esa eximente solo procederá en relación con la fuerza mayor. Vale la pena señalar que la sanción moratoria, era la única autoliquidación que no había sido incluida en la constitucionalidad condicionada de la Sentencia C-506 del 2002. La posición asumida frente a los agentes retenedores es por lo menos más benéfica que la adoptada en la Sentencia C-257 de 1998, donde no se contempló ninguna causal eximente para los agentes retenedores. En la parte resolutiva se hace expresa mención de las condiciones de la exequibilidad de las normas demandadas, luego tal interpretación condicionada se torna obligatoria con efectos erga omnes.

De otra parte y sobre el caso de las personas secuestradas, “... el Tribunal Superior de Bogotá(11) al decidir la impugnación de una tutela contra la DIAN, interpuesta mediante agencia oficiosa, amparó los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y debido proceso ordenando a la DIAN, la suspensión del proceso de cobro coactivo respecto del pago de las inversiones forzosas en los Bonos de Seguridad y de Solidaridad para la Paz, así como la exoneración de intereses moratorios, durante el tiempo que dure el secuestro, más el tiempo de readaptación, estimado según jurisprudencia de la propia Corte, en un año. Según el Tribunal Superior, el secuestro es “de entidad igual o posiblemente superior a la fuerza mayor o caso fortuito”.

5. Precisiones acerca del alcance de las sentencias de la Corte Constitucional

Las sentencias de la Corte Constitucional sobre control constitucional son obligatorias para las autoridades judiciales en su parte resolutiva, siendo su parte motiva un criterio auxiliar de la actividad judicial (L. 270/96, art. 48). Sin embargo, a través de la interpretación de la misma Corte, cuando los fundamentos (parte motiva) contenidos en dichas sentencias, guarden relación directa con la parte resolutiva o la misma Corporación lo indique, son también obligatorios tales fundamentos o consideraciones (Sent. C-131/93).

Las causales eximentes de responsabilidad más frecuentes son la fuerza mayor y el caso fortuito, las cuales son tomadas de la doctrina nacional y extranjera que se refieren a la responsabilidad civil en los hechos jurídicos de los particulares y en la responsabilidad de la administración pública tratándose de actuaciones de los agentes de esta última. La única definición legal que sobre el particular existe en la legislación colombiana es la contenida en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, que subrogó el artículo 64 del Código Civil, el cual expresa: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc...”.

Dentro de los innumerables pronunciamientos que la jurisprudencia ha proferido sobre el tema, el siguiente es ilustrativo sobre los elementos constitutivos de la fuerza mayor y el caso fortuito:

... La doctrina y la jurisprudencia enseñan que los elementos constitutivos de fuerza mayor como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. El primero consiste en el hecho que se invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho. El segundo se tiene cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta imprudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la irresistibilidad radica en que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara. Por eso, en definitiva, la existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de la circunstancia de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidados debidos para prever ese hecho o para evitarlo, si fuere previsto...(12).

Como en la Sentencia C-231 del 2003 se hace una diferenciación entre fuerza mayor y caso fortuito para establecer los eximentes de responsabilidad, es pertinente la siguiente sentencia: “... por consiguiente si el hecho es exterior y tiene cierta entidad se trata de una fuerza mayor y exime de responsabilidad, si por el contrario el hecho no se exterioriza, no es decisivo y es previsible, es caso fortuito. Basándose en la noción de culpa, la fuerza mayor presupone la imposibilidad absoluta de ejecución mientras que en el caso fortuito esa imposibilidad es relativa...(13).

Los condicionamientos jurisprudenciales anteriores deben entenderse aplicables igualmente para los deberes que tienen que ver con la presentación de declaraciones tributarias y la autoliquidación de sanciones de los tributos municipales y distritales, por haberse adoptado en varios de ellos el mismo procedimiento del estatuto tributario (L. 383/97, art. 66).

(1) Monroy Cabra, Marco Gerardo. Introducción al derecho. Novena edición, Editorial Temis: 1994, p. 104.

(2) Rodríguez Arce, Flavio Augusto. Ponencia del 1º de abril de 2003: ¿Petrificación de la jurisprudencia o seguridad jurídica? Presentada en el décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, en Riohacha, junio de 2003, pp. 4 y 5.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-131 de 1993, Expediente D-182, Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nocionesfundamentales de derecho tributario. Tercera edición, Editorial Legis: 2000, p. 196.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-690 del 5 de diciembre de 1996, Expediente D-1353, Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Ver sentencias del 18 de septiembre de 1998, Expediente 8927, Ponente Dr. Julio Enrique Correa Restrepo, y del 5 de agosto de 1996, Expediente 7712, Ponente Dr. Germán Ayala Mantilla.

(7) Díaz Palacios, Álvaro Andrés. La agencia oficiosa en el ámbito del derecho tributario. Revista Impuestos Nº 101, Legis Editores: sep.-oct./2000, pp. 17-19.

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-506 del 3 de julio del 2002, Expediente D-3852, Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(9) Corte Constitucional. Sentencia C-876 del 16 de octubre del 2002, Expediente R.E. 117, Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Corte Constitucional. Sentencia C-231 del 18 de marzo del 2003, Expediente D-4250, Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

(11) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil. Sentencia del 15 de marzo de 2004. Radicación 20040012-01. Ponente José Alfonso Isaza Dávila.

(12) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre 13 de 1962.

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo del 2002, Expediente 13.477, Ponente María Elena Giraldo Gómez.