Deducción por inversión en activos fijos: ¿aún faltan reglas claras?

Revista Nº 131 Sep.-Oct. 2005

Más allá de las discrepancias técnicas que ha despertado la aplicación de la deducción especial, los analistas parecen coincidir en la necesidad de replantear la tradición legislativa de establecer incentivos tributarios sin planeación. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Como “inconveniente y de alto costo para el fisco” califica el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, la deducción especial en el impuesto de renta por la inversión en activos fijos reales productivos, beneficio tributario que estableció la Ley 863 del 2003, en pleno vigor a partir del año gravable 2004 y que se prolongará hasta el 2007.

“Los últimos datos disponibles indican que esta deducción tendrá un costo fiscal enorme en el 2005: cerca de 900.000 millones de pesos”, advierte Restrepo, al señalar la medida como inoportuna.

Este monto resulta muy superior a las estimaciones del Gobierno al momento de proponer el estímulo, pues se previó un costo fiscal cercano a los 400.000 millones de pesos por año, recuerda la asesora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carmen Teresa Ortiz.

La mencionada Ley 863, mediante el artículo 68, dispuso que se adicionara el artículo 158-3 al estatuto tributario: “Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1.º de enero del 2004”.

El beneficio consagrado en la reforma tributaria del 2003, sobre el cual la DIAN tiene la obligación de informar semestralmente al Congreso de la República, ha suscitado debates en torno a su efectividad para promover la modernización empresarial. Esta situación se agudizó luego de la expedición del Decreto Reglamentario 1766 del 2004, demandado ante el Consejo de Estado, proceso del que aún se espera sentencia.

“La finalidad de la norma era reactivar todo el sector real y permitirles a todas las empresas, a las industrias sobre todo, reconvertir sus activos, de manera que la producción que genera empleo y más renta para el país recibiera un estímulo”, precisa Ortiz, “dado que la política del Gobierno ha sido que se reactive la economía”.

¿Qué tanto esa deducción del 30% en el impuesto de renta puede estimular la inversión en activos fijos? Para Restrepo, este es un punto muy debatido por la literatura fiscal: “La mayoría de la doctrina cree que lo decisivo para determinar un crecimiento de la inversión es el mercado, la demanda y la situación de la capacidad instalada de la industria. Si estos elementos no se dan, no habrá inversión, así haya reducción de impuestos; y, a la inversa: si tales elementos se dan, habrá incremento de la inversión, así no haya reducción de impuestos”.

Por su lado, Ortiz afirma que, de acuerdo con la información preliminar que tiene la DIAN, a las empresas sí les interesó el incentivo, a pesar del costo fiscal que implica para el Estado.

El verdadero inversionista

Cuando al legislar se le conceden prerrogativas tributarias a las sociedades, afirma el especialista Jesús Orlando Corredor, estas disminuyen el pago del impuesto de renta, pero el estatuto tributario establece el principio de que si la sociedad no paga el impuesto, el socio de la misma debe pagarlo cuando reciba las utilidades.

En el caso de la deducción especial, sigue Corredor, “el gran problema es que las sociedades la toman, ahorran impuestos, pero cuando le van a pagar esas utilidades a los inversionistas, estos tienen que asumir la carga impositiva como personas naturales receptoras de renta”.

El experto sentencia: “No hay un ahorro real. Por eso creo que la figura no es eficiente para estimular la inversión. Los inversionistas, sobre todo los extranjeros, desean que efectivamente los ahorros de impuestos en sus sociedades sean trasladados a ellos”.

Esta situación negativa para el inversionista como persona natural, asevera Corredor, a propósito de la deducción especial, muestra “una deficiencia estructural de nuestro derecho tributario para todas las figuras de estímulo que se apoyan en beneficios impositivos al contribuyente”.

Insiste en que el legislador debería preocuparse “por modificar de fondo ese aspecto, a fin de extender los beneficios de la sociedad a favor de los socios en la distribución de los dividendos”.

El ex director general de la DIAN Fernando Zarama expresa que la Ley 863 creó un incentivo a la inversión y a la capitalización, “impulsado directamente por el propio Presidente de la República que buscaba dar un estímulo a todos aquellos que invirtieran en activos productivos reales, incluso con un alto costo fiscal, situación que podría llevar a la discusión acerca de por qué en una reforma tributaria se tomaron medidas en contravía del propósito original de mejorar el recaudo”.

Zarama explica que fue una estrategia global del Gobierno según la cual se tomaban medidas que tenían un costo fiscal, pero que a la larga podrían generar alguna recuperación económica. Asegura que la disposición ha tenido, por un lado, presiones políticas muy fuertes de sectores económicos para ampliar el alcance y, por el otro, tendencias interpretativas de la DIAN orientadas a cerrarlo.

“Estas presiones explican por qué en su reglamentación ha habido tantos bandazos: inicialmente se reglamenta de una forma y a los ocho días se expide un decreto derogando el anterior y volviendo a reglamentarla. Me parece que hay que enfocar la norma con la filosofía y el sentido que tuvo en la Ley 863 como estímulo de la capacidad productiva”, comenta Zarama.

Planeación fiscal estratégica

El especialista Zarama considera que las determinaciones en materia de impuestos, que se generan en el Congreso de la República, deberían corresponder a las finalidades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pues de este tendría que surgir la política económica y tributaria, a fin de superar la condición coyuntural de las reformas tributarias, influenciadas “por el juego de intereses económicos y políticos del momento”.

El ex funcionario señala: “Hay quienes sostienen que estos beneficios dados (deducción especial del 30%) pueden ser inconstitucionales, en el sentido de que es una forma de favorecer a los particulares”. Cree que si estos beneficios, en concreto la deducción especial, se enmarcaran en una política de gobierno, “deberían estar incluidos en el plan de desarrollo y ese tendría que ser el requisito para su validez”.

Zarama advierte que cuatro años es un término prudencial para los beneficios tributarios, que corresponden al período de un PND. Aclara que con el cambio de gobierno y, por tanto, de los enfoques del PND, deberían cambiar también los incentivos. “El sistema tributario debe ser claro y permanente, pero los estímulos, de naturaleza excepcional y justificados por el plan de desarrollo, tienen que ser temporales”, precisa.

En el país se plantean exenciones y beneficios tributarios, por ejemplo, a 25 años o a término indefinido, y en la siguiente reforma tributaria se suspenden, afirma Fernando Zarama, para quien resulta un “juego perverso que afecta la estabilidad jurídica de las empresas y también se constituye en una erosión del sistema tributario”. Asegura que la existencia de beneficios fiscales es una de las causas de la crisis en los ingresos de la Nación.

El experto afirma que Colombia tiene una de las tarifas más altas en el impuesto de renta de Latinoamérica y, sin embargo, la recaudación figura entre las más bajas de la región, “porque el sistema tributario está lleno de exenciones, de beneficios, que son prebendas obtenidas a lo largo del tiempo por razones políticas y económicas, que terminan afectando al sistema. Frente a ellas es necesario plantear una reforma estructural que revise de fondo los fundamentos del ingreso público”.

Zarama destaca que en la reglamentación se amplió el concepto de inversión en activos fijos productivos reales a la inversión en activos amortizables, es decir, que la deducción especial ya no solo abarca a los bienes depreciables como máquinas, sino a proyectos de desarrollo de mediano plazo, en los cuales los honorarios de ingeniería, por ejemplo, van al valor del proyecto y, por lo tanto, harán parte del activo amortizable con derecho a la deducción del 30%: “Me parece que fue una interpretación bastante amplia”, reflejada en el Decreto Reglamentario 1766.

La tendencia a restringir el alcance de la deducción especial, afirma Zarama, se ha dado frente a quien no tiene la posibilidad de depreciar contable y fiscalmente un activo: “Las personas naturales, para la DIAN, no tendrían el derecho así hagan inversiones. No les reconocerían la deducción, porque no cuentan con un sistema de depreciación. Eso es absurdo, la ley no condicionó a que fuera un bien depreciable, sino un activo fijo productivo real, y si lo es cuando un profesional independiente adquiere determinados equipos para su trabajo, tendría derecho a la deducción”.

El tema de la deducción especial ha generado polémica en algunos renglones económicos. Zarama asegura que en un proyecto de compra de aves ponedoras, estas constituyen un activo productivo real que no se deprecia, pero sí se amortiza según la vida útil de esos animales, que puede ser, por ejemplo, de tres años. Sin embargo, comenta, la DIAN ha considerado que no aplica el beneficio, dado que no se puede depreciar ese activo.

Corredor advierte que conforme al Decreto Reglamentario 1766, que reconoce la deducción especial para los activos fijos depreciables y amortizables, no le cabe duda de que las aves de la industria avícola y las vacas productoras de leche son verdaderos activos fijos amortizables con derecho a la deducción, a pesar de que la doctrina de la DIAN, que el experto descalifica, no lo concede.

Zarama sostiene que al ampliarse la órbita de la deducción a los proyectos empresariales de mediano plazo, bajo la figura de activos amortizables, no se justifica que el beneficio cobije solo a algunos tipos de proyectos. Por su parte, para el ex ministro Restrepo, “el espíritu de la ley fue el de estimular activos fijos, productivos y tangibles específicamente”.

La asesora de la DIAN Carmen Teresa Ortiz asegura que tanto la adición del artículo 158-3 del estatuto tributario como el Decreto Reglamentario 1766 pretendieron determinar los activos que podrían beneficiar al sector real productivo, “por eso se les dio la connotación de que fueran los que, tradicionalmente, se han considerado de ese sector, correspondientes a los que se amortizan o deprecian de acuerdo con las normas fiscales y contables”.

De acuerdo con Ortiz, “ahí está todo lo que es maquinaria, inmuebles, vehículos, pero aunque puede haber otros sectores productivos en el país, si no tienen ese tipo de activos, en principio, no están cobijados por el beneficio, porque hay que mirar cuánto le cuesta al Estado y si eso se vuelve indeterminable se pierde el control”.

La experta de la DIAN señala: “El hecho de que ciertos activos fijos, como los del sector avícola y pecuario, en general, no se favorezcan con la deducción especial, no es producto del capricho del Gobierno, ni del legislador, sino de la naturaleza de tales activos que no se pueden depreciar técnicamente, dado que es la misma naturaleza la que determina su vida útil”.


Leasing con óptica tributaria

Según las compañías de arrendamiento financiero agremiadas en Fedeleasing, el contrato de leasing con opción de compra es uno solo y las modalidades pueden ser: el de infraestructura, el de importación, el habitacional, el de construcción, etc.
Adicionalmente, las compañías de financiamiento comercial están facultadas para realizar operaciones de arrendamiento operativo (alquiler), contrato que no tiene opción de compra.
Desde los puntos de vista tributario y legal, no hay diferencia entre leasing operativo y financiero, sostiene Fedeleasing, “lo que pasa es que el legislador ha establecido una diferenciación de tratamiento atendiendo a los plazos del contrato”.
El gremio aclara: ”Por ejemplo, si una empresa compra una máquina por el valor de 100 millones de pesos a través del sistema leasing con plazo de 35 meses, la ley considera que ese contrato debe tratarse como un activo fijo, y si otra compañía adquiere ese mismo tipo de máquina, también mediante leasing, pero a 36 meses, la ley tributaria le permite tratar el canon total como gasto”.
Según Fedeleasing, lo anterior explica que el leasing es uno solo, pero dependiendo del tiempo genera efectos tributarios distintos, sin que ello signifique que quien celebró el contrato a 36 meses ya no esté cubierto por un contrato de leasing.

Efectos para el leasing

El sector económico en donde se ha generado mayor controversia por la deducción especial es el de leasing o arrendamiento financiero, una de cuyas figuras denominada “leasing operativo” no se acepta como objeto del beneficio.

El gremio que aglutina a las compañías del sector, Fedeleasing, asegura que el argumento de la DIAN “es que no hay adquisición del activo cuando el contrato de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra es tratado como operativo, porque no se registra el bien en el patrimonio”.

La entidad recuerda que el artículo 158-3 del estatuto tributario otorgó el beneficio de la deducción del 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos, adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra.

El gremio explica que el Decreto 1766 del 2004 fue mucho más claro en sus artículos 1.º y 4.º, al decir que la deducción aplica cuando los bienes son adquiridos mediante el sistema leasing, sin distinguir si era operativo o financiero.

Fedeleasing agrega que el Decreto 913 de 1993 define en su artículo 2.º qué es un contrato de arrendamiento financiero y el numeral 5.º del artículo 127-1 del estatuto tributario “define que los registros contables y fiscales a que se refiere el mencionado artículo en nada afectan la propiedad jurídica de los bienes arrendados, la cual, hasta tanto no se ejerza la opción irrevocable de compra pactada seguirá siendo del arrendador”.

Para este gremio, aunque el arrendatario de un contrato de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra registre en sus estados financieros el activo, el patrimonio del arrendatario no cambia en realidad.

“Si en gracia de discusión aceptáramos que el leasing tratado como operativo no tiene derecho a la deducción total del canon de arrendamiento causado, pues tampoco lo tendría el contrato de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra con tratamiento especial similar al que se le otorga a los créditos, donde se registra el activo en libros, pues ni en uno, ni en otro caso el patrimonio del arrendatario cambia”, sentencia la federación.

Según Ortiz, asesora de la DIAN, “en el leasing operativo no aplica el beneficio, porque no se tiene capitalizado nada en el activo o en el patrimonio cuando se compra mediante esta figura, todo lo que se paga se lleva al gasto, así que concederle además la deducción del 30% redundaría en un exceso”.

Explica que en el leasing operativo no se tiene activado nada, en cambio, en el leasing financiero se lleva, por ejemplo, un vehículo o una máquina al activo como una compra por valor de 10 millones de pesos, mientras en el operativo por esa adquisición no aparece ninguna suma en el activo, sino que se refleja en el gasto como canon de arrendamiento. Para efectos tributarios, los gastos se toman como deducciones del impuesto de renta.

La asesora agrega: “En el operativo se está deduciendo el 100% del costo del activo mensualmente, porque se está amortizando capital e intereses y todo se lleva al gasto; en el financiero no se lleva al gasto, sino el costo financiero, y la parte que queda, que es amortización de capital, si se quisiera compensar de alguna manera se haría mediante la depreciación, pero esta no es anualmente el 100%, es el porcentaje que estipula la ley de acuerdo con el activo, por ejemplo, si es un carro, 5 años; una máquina, 10 años y un inmueble, 20 años o el término del contrato de leasing que tenga”.

Camino de la doctrina

Lo cierto es que para la DIAN, según su doctrina, el artículo 158-3 consagra “una deducción especial con el objeto de incentivar las inversiones efectivamente realizadas en activos fijos reales productivos, finalidad que riñe con el sistema operativo en el cual la totalidad del canon de arrendamiento se registra en la contabilidad como un gasto por arrendamiento, es decir, que resulta manifiestamente contradictorio el asimilar las inversiones al gasto por arrendamiento”.

El ex ministro Restrepo asegura que la DIAN ha promovido varias interpretaciones y el Gobierno ha expedido varios decretos sobre este tema, que, en conjunto, “lucen como una reglamentación bastante errática y cambiante”.

Aclara que la idea inicial fue la de reservar esta deducción solamente para leasing financiero y excluir el operativo, puesto que, entre otras cosas, el estatuto tributario se refiere con exclusividad al leasing financiero. “Finalmente, se terminó ampliando la posibilidad de aplicar esta deducción a los dos tipos de leasing, siempre y cuando las cuotas del mismo se contabilicen para efectos de amortización y no se lleven al gasto”.

“Aplicar este beneficio al leasing operativo puede entrañar graves riesgos fiscales: en primer lugar, si se lleva al gasto en alto porcentaje en las primeras cuotas del leasing termina configurando un doble beneficio tributario. Y, en segundo lugar, si no se contabilizan las cuotas del leasing para efectos de amortización o depreciación, es difícil controlar que, efectivamente, se esté aplicando a la adquisición de activos reales productivos como era el espíritu de la ley. Sin embargo, y como ha quedado dicho, la deducción terminó abierta para los dos tipos de leasing, siempre y cuando no se lleve al gasto”, expresa Restrepo.

El profesional de Leasing Bogotá Juan Camilo Cardona opina: “Muchos clientes han optado por la modalidad del leasing financiero, que implica activar el bien (incluirlo en la contabilidad como activo), depreciarlo y ajustarlo por inflación con tal de hacerse al beneficio del 30% de deducción, mientras que otros han solicitado cambiar el contrato de leasing operativo a financiero, ante lo cual les han aclarado que la DIAN no exige tal modificación siempre que contable y tributariamente se maneje como financiero”.

Cardona señala que si se va al fondo del artículo 127-1 del estatuto tributario, sobre contratos de leasing, no se entiende cómo la DIAN dijo a los usuarios de esa figura que podrían optar tributariamente por el operativo o el financiero, a propósito de la deducción especial, cuando en aquella norma se establece la manera específica de registro contable de cada modalidad de leasing.


Beneficios sobre leasing

Los beneficios tributarios generales que cobijan la figura de leasing son:
a) Deducción del 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos (E.T., art. 158-3 y D.R. 1766/2004, arts. 1.º y 4.º).
b) Deducción como gasto de la totalidad de los cánones de arrendamiento financiero causados (E.T., art. 127-1).
c) Deducción del IVA pagado por la adquisición o importación de maquinaria industrial (E.T., art. 485-2 y D.R. 1766/2004, art. 6.º).
d) No causa IVA la importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas —para los usuarios altamente exportadores— (E.T., art. 428, lit. g).
Es preciso aclarar, afirma Fedeleasing, que a los contratos de leasing operativo “no se les ha excluido en ningún momento del beneficio tributario. La exclusión se dio respecto a los contratos de arrendamiento financiero que se reputan como operativo. En consecuencia, la operación se ha visto afectada en relación con el beneficio de la deducción del 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos para las empresas que no cuentan con una buena asesoría legal”.
En términos generales, asegura esa entidad, se ha disminuido la compra de activos bajo el sistema leasing, “sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que fueron discriminadas por el pronunciamiento de la DIAN en cuanto a la deducción del 30%”. Según las estadísticas, el valor del leasing operativo en el país asciende a 171.782 millones de pesos.

 

Ficción tributaria

La presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), Cecilia Montero, asegura: “No estoy de acuerdo con que se trate una deducción como un beneficio”, pues la deducción está definida en el artículo 107 del estatuto tributario “como expensa o gasto necesario proporcional y con relación de causalidad con la renta”.

La directiva del ICDT precisa que la deducción especial “es como una ficción legal donde se permite deducir, llevar al gasto, parte de la compra de un activo fijo, cuando normalmente la forma de deducir ese costo es a través de la depreciación o de la amortización y no mediante la deducción misma de la expensa”.

Cree que hubiera sido mejor y más controlable “haber establecido la deducción especial como un descuento del impuesto de renta y no como una deducción”, pues con apego a lo dispuesto por la qnormativa tributaria, no lo es en realidad.

“Con la deducción especial se pueden generar pérdidas; en el caso del descuento se tiene que pagar un impuesto, o sea que se debe tener una renta líquida, generar un impuesto y ahí sí se tiene el derecho al descuento”, acota Montero.

Para el experto en derecho tributario Mauricio Piñeros, contrasta la negativa de la DIAN a favorecer el leasing operativo con la deducción especial, dado que, en un principio, se buscó con esa modalidad de arrendamiento financiero promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (Pyme).

Piñeros comenta: “Si uno mira en la exposición de motivos los antecedentes de la aprobación del artículo 127-1 (contratos de leasing) del estatuto tributario, modificación introducida en la Ley 223 de 1995, se dijo que con el fin de no afectar a las Pymes se preveía ese tratamiento de leasing operativo y, por eso, la exigencia de patrimonio mínimo (eliminado luego por la Ley 788 del 2002), pues si se superaba este no se tenía la posibilidad de darle al contrato el tratamiento de operativo; se otorgaba así un estímulo para acudir al instrumento como mecanismo de financiación del crecimiento de la pequeña empresa”.

Acerca de los aspectos que determinan la conveniencia de la modalidad de leasing, financiero u operativo, en una industria, Piñeros asegura que son exactamente iguales, “aunque desde el punto de vista financiero podría resultar mejor el operativo, dado que en un lapso más corto se amortiza la inversión”.

En consecuencia, continúa Piñeros, durante el tiempo del contrato se pagan menos impuestos, porque se puede deducir el valor total del canon y “se amortiza el valor del activo en la vida del contrato de leasing”.

Entre tanto, acota el especialista, en el financiero “se paga lo mismo, pero en la vida útil del activo de acuerdo con las normas generales de depreciación”. Aclara que se podría combinar un leasing operativo con una depreciación acelerada, por ejemplo, por reducción de saldos, y es probable que fiscalmente resulte mejor para el contribuyente que el operativo”. No obstante, advierte que cada compañía debe analizar mediante un modelo financiero cuál de las dos figuras le conviene más.

Cuadro
Deducción 30% por inversión en activos fijos reales
millones de pesos del 2005
ModalidadInversiónDeducciónCosto fiscalCasos
Personas naturales569.906170.97219.4915.746
Personas jurídicas7.283.0272.184.908841.1904.589
Sector privado6.116.2401.834.872706.4264.585
Sector público*1.166.787350.036134.7644
Total7.852.9322.355.880860.68010.335
* Incluye Ecopetrol, EPM, ETB y EAAB

Fuente: DIAN, oficina de estudios económicos; declaraciones de renta corte: ago. 22/2005.

 

Incredulidad en el efecto

Piñeros no cree que la deducción especial haya incidido notoriamente en el ambiente económico del país, pues “las inversiones que se han adelantado son las que se hubieran realizado aun sin la existencia del estímulo, por el problema eterno de los incentivos en Colombia: se establecen sin un análisis previo, sin unos objetivos determinados, sin medir el efecto fiscal”.

Uno de los defectos que se señalaron en la deducción especial, explica el tributarista, consiste en que no se restringió a la inversión en activos nuevos, con lo cual la norma podría prestarse para que entre compañías vinculadas se adelanten transferencias de activos, con el único fin de gozar del incentivo y no por el ánimo real de ampliar la capacidad productiva. Confiesa que no conoce casos, pero reconoce que el riesgo existe.

Fernando Zarama sostiene que la figura de la deducción ha llevado a muchas empresas a capitalizar y a adelantar inversiones en lugar de repartir dividendos. Pero cree posible que se haya “prestado para que ciertos sectores utilicen estas medidas para incurrir en fraude fiscal, situaciones que siempre se presentan cuando se establecen estos beneficios”. Enfrentarlo, asegura, requiere el ejercicio de la capacidad fiscalizadora de la administración de impuestos.

Más allá de las discrepancias técnicas que ha despertado la aplicación de la deducción especial, los diferentes analistas parecen coincidir en la necesidad de replantear la tradición legislativa de establecer incentivos tributarios sin planeación y como respuesta a situaciones coyunturales. Esos mismos estudiosos aspiran a que polémicas como la relativa a la deducción especial contribuyan a crear una cultura tributaria cada vez más apegada a criterios técnicos y de planeación fiscal.