“En el derecho del trabajo, la tutela no es un mecanismo idóneo”

Revista Nº 137 Sep.-Oct. 2006

La tutela no es una figura que deba ocuparse de los conflictos jurídicos laborales, pues para eso existe la jurisdicción correspondiente.

Entrevista realizada a José Gregorio Velasco, 

por Javier N. Rojas 

Aunque considera que el cuerpo normativo colombiano en materia laboral es suficiente para administrar justicia en las relaciones entre trabajadores y empleadores, el recientemente elegido gobernador del Colegio de Abogados Laboralistas, José Gregorio Velasco, recuerda que al país no se le ha cumplido el mandato constitucional que ordena la expedición del Estatuto del Trabajo.

Velasco cree que la tutela no es una figura que deba ocuparse de los conflictos jurídicos laborales, pues para eso existe la jurisdicción correspondiente. En entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, habla sobre diversos tópicos del derecho del trabajo.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Cuál es el balance en materia laboral del primer período del gobierno Uribe?

José Gregorio Velasco: Se debe dividir en dos aspectos, uno normativo y otro económico-laboral. En cuanto al primero, tenemos la ley de protección social, que trató de reglar algunos aspectos que quizá merecían una normativa, pero en la que no hubo nada de fondo, salvo que se reacondicionaron ciertos temas que no eran vitales para las relaciones entre empleadores y trabajadores. En la parte económica, podemos destacar que hubo una reducción importante del desempleo; es fácil apreciarlo, especialmente en las grandes ciudades.

A. L.: ¿Qué resalta en el campo de lo colectivo?

J. G. V.: En la parte sindical, hay que destacar dos situaciones muy importantes: la protección a las organizaciones sindicales, que se puede percibir fácilmente en el respeto al derecho de asociación y unas buenas relaciones que se han concretado en arreglos directos. Y el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo hubiese asumido una actitud diferente frente al país, que era otra situación grave y de conflicto.

A. L.: La renovada importancia de los arreglos directos ¿ha sido producto de la presión oficial?

J. G. V.: No creo que este tipo de hechos sean el resultado de actitudes del Gobierno. Se deben a una nueva concepción de lo que puede ser el entendimiento con las organizaciones sindicales que está planteando el Gobierno y que valía la pena profundizar. Por ejemplo, se propuso la reglamentación del contrato sindical. Las normas sobre este tema tienen varias décadas y solo la administración Uribe, aunque en una forma incipiente, tomó la iniciativa de reglamentar esa parte, que puede ser una opción en un país que necesita empleo. De hecho, en el Valle del Cauca, hay contratos sindicales que han funcionado con éxito.

A. L.: ¿Qué le faltó a esa reglamentación?

J. G. V.: Pudo haber sido más agresiva, con mayor claridad, tratar los aspectos sobre solidaridad. Fue muy simple. Pero hay que destacar el hecho de que hubo iniciativa. Es un buen antecedente para en el futuro reelaborar algo mejor.

A. L.: ¿Qué necesita el desarrollo normativo laboral del país?

J. G. V.: En la parte de derecho individual, se requieren algunas correcciones precisas de la actual legislación referidas a las indemnizaciones moratorias, que en este momento no se justifican, y a la normativización del tema de la indexación. Hay algo que se ha vuelto muy oneroso para los empleadores: la contratación de aprendices, que está llegando a situaciones impredecibles. Pero, en general, el país no necesita normas, sino actitudes. Obviamente, no se ha cumplido con el deber del artículo 53 de la Constitución Política sobre el Estatuto del Trabajo, que se le está debiendo al país.

A. L.: ¿Qué opina de la ley sobre acoso laboral?

J. G. V.: Fue una norma inocua.

A. L.: ¿Qué piensa de la ley sobre discriminación laboral por edad?

J. G. V.: Las leyes sobre discriminación son, como avance normativo, importantes, pero se están desconociendo totalmente. Lo primero que establece cualquier convocatoria para llenar una vacante es el rango de edad. La sociedad, más que una norma de protección a los mayores, necesita una actitud de los empresarios, especialmente para convencerlos del gran potencial que tienen en este grupo de trabajadores que está siendo marginado de las opciones de empleo.

A. L.: ¿Qué implicaciones tiene la oralidad en lo laboral?

J. G. V.: La oralidad existe desde 1951, pero todos los que estamos involucrados con el derecho laboral lo hemos convertido en un procedimiento escrito: jueces, litigantes, funcionarios, empleadores, trabajadores. Pero cuando todos tengamos una voluntad política de acudir al uso de la tecnología, lo que permite las normas actuales, no necesitaremos reformar el Código Procesal del Trabajo. En el país, existen jueces que aplican en forma estricta el procedimiento oral y son eficientes. El problema no es de oralidad y de nuevas normas, sino de congestión. Y esta no se soluciona con unas normas tímidas, sino con recursos, tecnología y capacitación.

A. L.: ¿Qué tan crítica es la congestión?

J. G. V.: En las ciudades es gravísima. Las dos instancias de un proceso pueden demorar tres años, que es demasiado tiempo. Esa situación la estamos viviendo por lo menos desde hace 10 años. En algunas ciudades, hay insuficiente número de jueces y, en general, falta tecnología.

A. L.: ¿El problema es de limitación del presupuesto?

J. G. V.: Los pilares de una Nación son la educación, la justicia y la seguridad. Cuando en alguna de ellas se escatiman recursos, comienza a flaquear la estructura misma del Estado. Los gobiernos no han sido muy cuidadosos con la justicia. Apenas se está capacitando a los jueces. El uso de la tecnología en la jurisdicción ordinaria del trabajo sería muy importante. Tengo un gran concepto de los jueces del trabajo; son muy receptivos al cambio.

A. L.: ¿Parte de la congestión se explica por las prácticas dilatorias de quienes participan en los procesos?

J. G. V.: Por supuesto, y por los abogados que solicitan aplazar las audiencias a veces sin justificaciones de fondo. Pero creo que son prácticas inconscientes. La justicia tiene que ser pronta, rápida y eficaz.

A. L.: ¿El Colegio de Abogados Laboralistas puede promover esa cultura?

J. G. V.: El criterio de la justicia pronta, rápida y eficaz se maneja entre los miembros de la organización. Para generalizarlo, se debe despertar conciencia de que el problema es de todos y de que puede ser un aporte importante a la solución del conflicto jurídico.

A. L.: ¿Qué ajuste requiere la tutela en materia laboral?

J. G. V.: Considero que esa figura, salvo casos muy precisos, no debe ocuparse de temas laborales; cuando lo ha hecho ha sido desafortunado. En lo pertinente a la tutela y su relación con el derecho del trabajo, la Corte Constitucional asumió una competencia que no era evidente. Se ha acudido a la tutela, porque como mecanismo de solución de conflictos ha sido una opción rápida.

A. L.: ¿Qué piensa de la tutela en lo relativo a la seguridad social?

J. G. V.: En relación con la parte de derechos referidos a la seguridad social, y especialmente cuando ha estado comprometido el derecho a la vida o el mínimo vital, la tutela ha sido un mecanismo excepcionalmente bueno y sano para ese tipo de conflictos. Por ejemplo, en el caso de negarle a alguien un tratamiento de diálisis está comprometida la vida; pero cuando a una mujer la despiden en estado de embarazo, lo pertinente es acudir a los jueces de la jurisdicción laboral.

A. L.: ¿La tutela solo funciona cuando está en juego la vida?

J. G. V.: Insisto, en el derecho del trabajo, no se percibe que la tutela sea un mecanismo idóneo, y en los aspectos inherentes a la seguridad social, que es un tema diferente, ha sido excepcionalmente buena.

A. L.: ¿Qué piensa de los conceptos como el de flexibilización laboral incorporados en las leyes sobre el trabajo?

J. G. V.: El tema de la flexibilización en las normas laborales ha sido muy sensible; no creo que haya dado los resultados que se esperaban. Es obvio que algunos derechos económicos de los trabajadores se han afectado, especialmente el referido a las indemnizaciones por despido, pero no creo que el efecto haya sido importante para los empleadores. Nadie ha generado más empleo porque le rebajaron las indemnizaciones

A. L.: ¿Cree que debe revaluarse ese aspecto en la normativa?

J. G. V.: Es un tema de orden económico que se debe plantear en el ámbito de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

A. L.: ¿Cuál es el reto de los laboralistas con respecto al tratado de libre comercio (TLC) con EE UU?

J. G. V.: Con la implementación del TLC, surgen muchos interrogantes. En principio, la actitud de toda persona que esté directa o indirectamente vinculada al tema es que debe estar vigilante. Los abogados laboralistas no tenemos elementos precisos para asumir una actitud concreta frente a la materia, pero sí debemos estar con el ánimo vigilante.

A. L.: ¿El TLC generará empleos?

J. G. V.: Se espera mucho del tratado en materia de trabajo.

A. L.: ¿El acuerdo tendrá impacto en relación con la cotización pensional de los trabajadores colombianos migrantes?

J. G. V.: Sobre ese tema, la Corte Suprema de Justicia ya ha dado las primeras puntadas. En principio, la ley laboral es esencialmente territorial, pero sería prudente reestudiar este aspecto con las normas del TLC y las opciones que se pueden dar para replantear algunos temas sobre la territorialidad, como, por ejemplo, en seguridad social, los tiempos totales de servicio.

A. L.: ¿Le parece acertada la propuesta de crear nuevas instituciones públicas de riesgos profesionales, de salud y de pensiones?

J. G. V.: Para nada. El Estado siempre ha sido ineficiente en la administración de la seguridad social. Todos los estamentos de esta naturaleza en manos del Estado se tuvieron que liquidar, como las cajas de previsión Cajanal y Caprecom. Con respecto a la alternativa de dividir el Instituto de Seguros Sociales (ISS), vale la pena esperar cuál será la estructura que van a tener las tres entidades. Pero, para nadie es un secreto que el ISS, especialmente en el tema de salud, está en una crisis profunda.

A. L.: ¿Cree que el contrato laboral a término indefinido está en vía de extinción?

J. G. V.: No, al contrario, especialmente el acordado bajo la forma de salario integral ha tomado gran fuerza. Ojalá las normas tributarias no se encarguen de acabar esta excelente figura de contratación.

A. L.: ¿Qué efectos ha tenido la fusión de los antiguos ministerios de Salud y de Trabajo en el de Protección Social?

J. G. V.: En el fondo, esa integración fue de imagen, pues los desarrollos y actividades de cada uno de los dos ministerios siguen normalmente y creo que han estado bien atendidos.

A. L.: ¿Cómo promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos laborales?

J. G. V.: Es importantísimo el fortalecimiento del tribunal de arbitramento. Desafortunadamente, es oneroso y el trabajador no tiene como acudir a este, pero sería una gran opción retomar dicho instrumento, que es mucho más rápido, pues se puede sacar adelante un caso en uno o dos meses.

A. L.: ¿Cuál fue el principal beneficio de la creación de la Sala Laboral en la Corte Suprema de Justicia hace 50 años?

J. G. V.: Especialmente, la unificación de la jurisprudencia nacional, que ha sido importante para la estabilidad y la seguridad jurídica del país.