Efectos de las citaciones del Ministerio de Protección Social

Revista Nº 141 Mayo-Jun. 2007

Carlos Mario Sandoval 

Alexandra Gnecco 

Gerentes del área de Human Capital Ernst & Young Ltda. 

I. Investigaciones administrativas

Las labores de investigación pueden ser iniciadas por los respectivos funcionarios del Minprotección Social, de oficio o a petición de parte.

• Una vez radicada la solicitud, internamente se nombrará un funcionario del Minprotección Social, quien se encargará de llevar a cabo la investigación y avocará conocimiento del caso. Dicho funcionario deberá armar un expediente, en el cual dejará constancia de todas las actuaciones, foliar todos los documentos y los archivará en orden cronológico.

• El funcionario procederá a pedir las pruebas que considere necesarias y notificará al empleador de la investigación, concediéndole un plazo de 5 días hábiles para que presente una respuesta y allegue la documentación requerida. El funcionario podrá citar al empleador para que acuda a su despacho, y en caso de que este injustificadamente se niegue a comparecer, podrá ser sujeto de la sanción contemplada en el artículo 486 del CST, es decir, multas equivalentes al monto de uno (1) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, con destino al SENA.

• Una vez se culmine la etapa de pruebas, el funcionario del Minprotección Social deberá proferir un acto administrativo mediante el cual se procede a (i) archivar el expediente por cumplimiento de las normas laborales por parte del empleador, o (ii) sancionar a la empresa conforme al artículo 486 del CST antes mencionado, multa que dependerá de la gravedad de la infracción y de la capacidad económica del sancionado. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición y apelación.

II. Conciliaciones extrajudiciales

A. Generalidades

• En este evento, cuando medie una reclamación o queja de una persona que sienta vulnerados sus derechos laborales (parte reclamante), el inspector del trabajo programa una diligencia con el fin adicional de buscar solucionar, a través del mecanismo de conciliación, las diferencias que puedan haber surgido entre la parte reclamante y la reclamada. Esta citación deberá contener:

1) Lugar, fecha y hora de la realización de la audiencia

2) Objeto de la conciliación

3) Consecuencias jurídicas de la no comparecencia

4) Pruebas aportadas y solicitadas por el reclamante, así como las determinadas por el inspector

5) Firma del inspector

• En la boleta de citación, el funcionario solicitará los documentos que estime conducentes y aquellos solicitados por el reclamante, los cuales deben ser llevados a la diligencia.

• En la audiencia de conciliación, tanto el empleador como el trabajador, podrán actuar directamente o a través de sus representantes legales o por medio de apoderados que tengan la facultad expresa de conciliar. Los apoderados deben tener la calidad de abogados.

• Además de lo anterior, se debe adjuntar los documentos de identificación, prueba de representación cuando el empleador es persona jurídica y el poder suscrito y presentado personalmente ante notario, cuando acude el apoderado en su lugar.

B. Procedimiento

• La audiencia de conciliación extrajudicial se llevará a cabo bajo la presencia y dirección del inspector del trabajo, de la siguiente manera:

1) Interroga inicialmente a la parte reclamante sobre el motivo de su solicitud o queja y con posterioridad interroga al empleador (parte reclamada) para que presente sus comentarios y los documentos necesarios en relación con lo afirmado por el reclamante. Lo anterior permitirá al funcionario tener un conocimiento general de la situación.

2) Se cerciora de que la solicitud de la parte reclamante no verse sobre derechos ciertos e indiscutibles, es decir, derechos sobre los cuales no existe duda de su existencia, pues de acuerdo con la normas laborales, no es posible conciliar sobre los mismos.

3) Motiva a las partes para que encuentren por sí mismas solución a sus conflictos.

4) Presenta fórmulas de arreglo de las posibles diferencias.

5) Levanta un acta en donde queda plasmado el acuerdo al que las partes han llegado, en la cual se mencionará que el mismo hará tránsito a cosa juzgada, es decir, que ningún funcionario judicial, podrá volverse a pronunciar sobre los hechos objeto de conciliación (salvo que el acta adolezca de nulidad por vicios del consentimiento o por versar sobre derechos ciertos o indiscutibles) y adicionalmente se indicará que el acta presta mérito ejecutivo, lo que significa que, en caso de no cumplir con las obligaciones, la parte interesada podrá acudir a la jurisdicción laboral para, con base en el acta, reclamar su derecho.

6) Si no existe acuerdo o este es parcial, expide una constancia en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia (L. 640/2001, art. 2º).

7) Sugiere a las partes acudir a la justicia ordinaria laboral con el fin de que definan las controversias sobre las cuales no hubo acuerdo.

• Vale la pena anotar que, en la celebración de la audiencia, los interesados podrán aportar las pruebas que estimen necesarias.

C. Efectos de la inasistencia

• En caso de que una de las partes no pueda asistir a la audiencia de conciliación, se deberá informar de tal hecho al inspector del trabajo (no es necesario indicar las razones), preferiblemente con anterioridad a la diligencia, aunque podrá hacerse el mismo día, de manera que se señale fecha para una nueva diligencia.

• Si a la nueva diligencia tampoco asiste la parte reclamada, en la práctica, el inspector le solicita los documentos que crea necesarios para determinar si existe vulneración de derechos de la parte reclamante y fija nueva fecha de diligencia.

• Si los documentos no son allegados por parte de la parte reclamada, el inspector, devuelve los documentos aportados por la parte reclamante, expide constancia en el acta de la diligencia de la inasistencia, e informa al reclamante la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria laboral, para definir la controversia.

• El inspector podrá imponer sanciones pecuniarias (multas) de 1 a 100 veces el salario mínimo vigente a la parte reclamada, por no aportar la documentación solicitada.

• Es importante anotar que el artículo 48 del Decreto 1818 de 1998 y posteriormente la Ley 640 de 2001, en su artículo 29, establecían la presunción según la cual los hechos susceptibles de confesión en los cuales el actor basaba sus pretensiones eran ciertos, cuando el demandado ante la jurisdicción laboral había sido citado a audiencia de conciliación y no comparecía. No obstante, esta disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-204 de 2003.