Comentarios sobre la reforma de oralidad en el proceso laboral colombiano

Revista Nº 142 Jul.-Ago. 2007

Ernesto Forero Vargas 

Abogado laboralista 

El tema de la reforma que se va a comentar a continuación es de una gran trascendencia dentro del sistema procesal colombiano. Este será un estudio en relación con la reforma al Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que se ha presentado por parte de la Comisión Intersectorial para la Efectividad del Principio de la Oralidad en el régimen procesal colombiano y que se ha convertido en ley de la República, con unas modificaciones muy puntuales, como se anotará en el comentario del articulado.

Este análisis se basa, en primer lugar, en las estadísticas que se tienen de la rama judicial. Hoy en día, quizá la mayor parte de nosotros vive la peor crisis de la justicia en materia de dilación en el trámite procesal, y el campo laboral no está lejos de ser uno de ellos en la medida en que hay regiones del país en donde un caso laboral viene a decidirse uno o dos años después del cierre de la etapa probatoria.

Para efectos de llegar a hacer la concesión de este proyecto, la comisión realizó una serie de foros regionales como búsqueda de una proyección importante en el tema de la Oralidad, en los cuales se encontraron diversos puntos de convergencia dentro del sistema, como los que se señalan a continuación.

En dichos foros siempre se hizo énfasis en que la Oralidad Procesal es una propuesta válida para modernizar y agilizar la administración de justicia laboral. La impulsión de la cultura de la Oralidad es el camino más expedito para responder de manera eficiente y oportuna a la demanda de justicia laboral y seguridad social.

Con la Oralidad se busca, ante todo, agilidad o brevedad en el desarrollo de un proceso, en cuyo transcurso el juez debe estar en contacto permanente con las partes, especialmente en el desarrollo y práctica de las pruebas.

La oralidad del proceso que se persigue dentro de la reforma propuesta no busca simplemente la superación de la escrituración, ni el tránsito de una forma de registro, sino el de una verdadera cultura jurídica, en donde el juez que administra justicia tenga una relación directa e inmediata con las partes y terceros, con unos poderes que lo lleven a dirigir y presenciar efectivamente el curso del proceso.

La Oralidad se justifica porque con ella se puede obtener una pronta y cumplida justicia y se consigue no solo la descongestión judicial, sino también la terminación inmediata de los procesos, como se observa actualmente en el proceso penal colombiano.

De esta manera, la Oralidad se convierte en un sistema de mayores ventajas por sobre la escrituración —como el caso de la concentración de los actos procesales en una o dos audiencias como se quiere con la reforma que más adelante se observará— gracias a la eliminación de traslados, a las notificaciones en estrados que también simplifican el procedimiento y al trámite de incidentes, que pueden resultar más breves y en especial asegurar la inmediación del funcionario judicial en todas las etapas procesales.

Se debe tener en cuenta que el sistema de escrituración era un sistema anacrónico y dilatado que no iba a tener ningún resultado positivo dentro de nuestro estatuto procedimental. En cambio, si se logra implementar la Oralidad, se van a concentrar los actos procesales en mejor forma y será posible llevar a cabo un proceso en máximo dos audiencias y con una concentración de pruebas que muestre resultados mucho más rápidos y efectivos. La eliminación de traslados, las notificaciones en estrados e incluso el trámite de incidentes, va a permitir que se llegue a la posibilidad de tener un fallo en menor tiempo.

La comisión ha tenido en cuenta una serie de aspectos relacionados con el tema de la Oralidad: en primer término, una reforma mínima tendiente al objetivo principal de la Oralidad, buscando adecuar el actual código (L. 712/2001) a unos nuevos parámetros procesales. Se propuso una reforma que siga las mismas directrices del código actual, dado que el del 48 es un código dirigido hacia la Oralidad. En pocas palabras, introducir reformas urgentes en torno a adoptar procesos que lleven a la descongestión de los despachos judiciales, en el sentido de adecuar el proceso ordinario a dos audiencias, permitirá una pronta y cumplida justicia.

La nueva ley está basada en dos puntos cardinales que pueden ser simplificados así:

1. La modificación estructural del proceso, conduciendo a que toda actuación procesal se va a hacer en dos audiencias, pero conservando las etapas procesales determinadas en la Ley 712 de 2001.

2. El fortalecimiento de los poderes del juez, en procura de que sea él la persona realmente directora y mediadora del proceso, y así este se cumpla con mayor rapidez.

Frente a estas modificaciones hay algunos aspectos especiales del proyecto: En primer lugar, nuevamente se habla de la conciliación como mecanismo de solución alternativa de los conflictos, bien sea judicial o extrajudicial. En segundo lugar, se pretende que el trámite de las excepciones se decida en la primera audiencia, porque el proceso laboral, dentro de la estructura que se proyectó, va a ser únicamente debatido en dos audiencias, la primera llamada de “conciliación, saneamiento, decisión de excepciones y fijación de litigio” y la segunda denominada “de trámite y juzgamiento”.

En el código actual, en el proceso ordinario de primera instancia, se realiza una audiencia de conciliación, hasta cuatro audiencias de trámite y una de juzgamiento, por lo que se quiso condensar más todas las etapas procesales en estas dos audiencias, modificando el artículo 32 en el sentido de poder hacer algunas exigencias en el tema de las excepciones. Se insiste en que la excepción de prescripción, en el campo laboral, se pueda y deba tramitar como previa, evitando así que un proceso llegue hasta una sentencia para luego determinar que efectivamente existía una prescripción.

En la proposición de incidentes, los cuales se deben proponer dentro de la audiencia de conciliación, saneamiento y decisión de excepciones, se planteó que se deben aportar todas las pruebas dentro de la misma para que el juez pueda tener suficiente claridad en el momento de entrar a la audiencia para definir sobre ellas.

Como tercer aspecto dentro de las modificaciones, se pretende que la Oralidad sea el factor predominante en todo el proceso, excluyendo, dentro del artículo 42, única y exclusivamente tres clases de autos o providencias emitidas por el juez, que son las que en un determinado momento pueden llevar la connotación de ser escritas, además de la demanda, de la contestación, que seguirá teniendo el mismo carácter. Estas tres providencias son los autos de sustanciación que se hagan por fuera de audiencia, los autos interlocutorios no susceptibles de apelaciones y los autos interlocutorios que se dicten antes de la audiencia de conciliación, saneamiento y decisión de excepciones. Se entiende que, cuando se abre la audiencia y el juez inicia el trámite del proceso, este de allí en adelante debe ser totalmente oral.

Como ya se señaló anteriormente, se modifica la estructura misma del proceso estableciendo únicamente la existencia de dos clases de audiencia: la de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones y fijación del litigio, y la de trámite o pruebas y juzgamiento. En este sentido, el juez debe acomodar su agenda a ciertos términos para llevar a cabo todos los trámites del proceso. A él se le asignarán tres meses para que realice la audiencia, la cual no puede ser suspendida porque se estaría controvirtiendo el artículo 45 que señala que en ningún caso se van a poder generar más de dos audiencias dentro del mismo proceso laboral.

Se establece que, dentro de un proceso netamente verbal, se lleve la grabación o se haga la diligencia de audiencia mediante la transcripción técnica que dispongan los despachos, de todo lo que se haga en la audiencia sea realmente oral. Conviene resaltar que los jueces 21 y 22 laborales del Circuito de Bogotá, que fueron creados como jueces pilotos, han cumplido a cabalidad con la misión que se quería y han demostrado que el juicio oral sí es posible llevarlo a cabo en un tiempo corto.

Por otra parte, se le otorgan facultades al juez, y dentro de ellas está su verdadera facultad de garantizar los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, razón por la que debe tener rapidez y agilidad dentro del trámite como director del proceso. El poder de dirección del juez debe manifestarse en la capacidad y destreza con que actúe en la práctica de las pruebas y en el desarrollo de toda la actividad procesal.

Otra de las facultades del juez consiste en rechazar toda prueba inocua, toda diligencia que no conduzca a establecer una verdad real, y como conoce la demanda y la contestación de la misma, la prueba de testigos la va a decretar en la medida del conocimiento y la convicción que tenga sobre el proceso. Esa convicción puede ser más exacta en la medida en que el juez mismo hizo la fijación de los hechos del litigio y pudo establecer con certeza qué pruebas ameritan ser evacuadas en determinado momento y cuáles llevan verdaderamente la facultad de ser una prueba conducente, propia del proceso, en aras de buscar una verdad real frente a los hechos debatidos.

En cuanto a la comparecencia de las partes, el juez podrá ordenar la asistencia de testigos y personas que considere deben acudir a la audiencia para responder interrogatorios o declarar durante el proceso. De igual manera, se pretende que el recurso de apelación de la primera instancia se haga dentro de la audiencia. Se rescata aquí el hecho de que, si el proceso es oral, necesariamente la notificación adecuada es la notificación por estrado. Se puede decir entonces que se eliminan una serie de términos que dilatan un poco más el proceso en la medida en que, insistiendo en la notificación por estrado, esta sea de una vez en el mismo acto de la audiencia, interpuesto el recurso por parte de quien se sienta con derecho a hacerlo, que en ese instante se sustente el recurso y, además, que el juez lo conceda o lo niegue dependiendo si es o no procedente.

En lo que al proceso ordinario se refiere, se modifica el artículo 77 convirtiendo en independiente la audiencia obligatoria de conciliación, es decir, las etapas procesales se unifican en una sola audiencia. La etapa procesal, anteriormente denominada audiencia de conciliación, que era separada frente a la primera audiencia o audiencia de fijación del litigio, hoy día pretende ser una sola en la que se evacuen todas las etapas procesales, se realice la audiencia obligatoria de conciliación y se lleve a cabo la decisión de las excepciones previas, si estas se han propuesto en el proceso. En este sentido se habla del saneamiento del proceso, en procura de evitar las nulidades procesales más comunes, y se fija el litigio con el fin de garantizar que el juez tenga la certeza de qué pruebas son las que en realidad ameritan ser decretadas y practicadas dentro del proceso. Esta audiencia, tal como se menciona en la ley, se debe realizar una vez contestada la demanda principal y la demanda de reconvención, la cual se debe celebrar a más tardar en los tres meses siguientes a la notificación de la demanda.

Dentro de la conciliación, el juez debe cumplir verdaderamente un papel de director, un papel necesariamente de conciliador, y por esta razón en esta audiencia de la primera etapa procesal debe entrar a examinar la problemática de la situación surtida para así poder proponer fórmulas de acercamiento entre las partes. El juez debe dialogar con las partes, ya que lo esencial del proceso oral radica en que se realice en audiencias donde impere precisamente el diálogo entre las partes intervinientes como partes en el juicio. Raros son los jueces que hacen mediación directa en esta etapa conciliatoria. De esta manera, se cree que al poner en ejecución la oralidad plena, el juez sí va a estar dirigiendo directamente el proceso en la medida que si él no está presente, no puede iniciarse la audiencia. El juez va a tener la obligación de presentarle a las partes las fórmulas de acercamiento frente a lo que ya ha examinado de la actuación procesal y, además, puede tener un criterio bastante importante para mostrar que efectivamente puede concebir fórmulas que lleven a la solución del conflicto por la vía de la conciliación, toda vez que ya ha observado la demanda y la contestación de la misma.

Hay temas importantes dentro de la conciliación, como son: ¿Qué sucede cuando las partes no concurren a las audiencias?, ¿Qué sucede cuando las partes no quieren acudir a las audiencias? ¿Qué sucede cuando los abogados no asistimos a las audiencias? Aquí se evidencia que es un deber para con el cliente la asistencia del abogado a la audiencia y existe una sanción pecuniaria para el que no concurra a la diligencia de audiencia de conciliación, esa audiencia primera, la de iniciación de este proceso.

De igual forma, se le da relevancia al proceso laboral, en el sentido de que la presencia de todas y cada una de las partes y los apoderados se lleve a cabo. Que no sean negligentes en la misión que les han encomendado sus poderdantes para buscar la manera de solucionar el problema que se les ha confiado para su solución.

Cuando el procedimiento fracasa, la audiencia de conciliación también. Si no hay acuerdo, si el juez no logró el acuerdo conciliatorio parcial o total, se debe seguir el proceso, pero no como antes, sino que “Se cierra aquí una audiencia y se abre otra audiencia”. Se sigue dentro del trámite de la audiencia, con la decisión de las excepciones previas dentro de la misma, y posteriormente el juez entra a determinar los hechos en que estén de acuerdo las partes, es decir, se prosigue a la fijación de los hechos para que él mismo pueda desechar las pruebas que considere no son necesarias, pues ahí se dio claridad sobre aspectos atinentes a la resolución del conflicto.

El juez sanea el proceso para que se eviten unas nulidades. En esta audiencia decreta las pruebas que se deben desarrollar en la siguiente, la cual debe celebrarse dentro del mes posterior. En este sentido, un proceso laboral, en este momento y con esta concepción, necesariamente en primera instancia, es decir, en un juzgado, no puede demorar más de cuatro meses.

La otra audiencia es la de Pruebas y de juzgamiento, que es donde se lleva a cabo la práctica de todas las pruebas. En la audiencia preliminar, o sea en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento, fijación de hechos y decreto de pruebas, el juez debe ordenar todos los citatorios necesarios a efectos de que en la segunda audiencia concurran testigos, las partes si hay interrogatorio, los peritos si hay necesidad de peritaje, etc.; todas las personas necesarias deberán concurrir a esta audiencia para cumplir a cabalidad el trámite de la práctica de las pruebas dentro de ellas y se pueda el mismo día cumplir con el cometido cual es dictar el fallo. En esta misma audiencia se podrán presentar alegaciones al fallo y las partes tendrán un tiempo de quince minutos para presentar sus exposiciones y sus alegaciones dentro de la audiencia.

De la misma manera se lleva a cabo la segunda instancia en forma oral, es decir, que se presenten las alegaciones y el fallo en una audiencia en el tribunal sin tener que aplazar el desarrollo de esta etapa procesal y así cumplir el objetivo primordial de esta reforma de ser un procedimiento totalmente oral.

Giuseppe Chiovenda, en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, dejó una visión clara y concreta del juicio oral al manifestar que “Un proceso dominado por el principio de la libre convicción del juez y que pretenda realizar seriamente este principio, no puede ser sino oral, porque solo el proceso oral permite al juez formarse un convencimiento mediante la observación personal y directa del material de la causa; entendiendo, el proceso oral como un proceso en que el mismo juez que debe pronunciar la sentencia es quien recoge los elementos de su convicción, es decir, quien interroga a las partes, a los testigos y peritos, y examina con sus propios ojos los objetos y lugares discutidos (principio de la inmediación). Para que esto sea posible es necesario que es el juez sea la misma persona física desde el principio al fin de la tramitación de la causa (principio de la identidad del juez) que las actividades procesales estén concentradas en un breve período de tiempo y se desarrollen sin interrupción, resolviéndose los incidentes en una misma sesión (principio de la concentración): que el contacto entre las partes y el juez sea inmediato, que como medio de comunicación sirva principalmente la viva voz (principio de oralidad), y que todos los actos procesales se realicen con la participación de las partes (principio de publicación)”.

Concluyendo, se debe entender que el proceso oral ofrece mejores ventajas para los sujetos involucrados en el proceso laboral, ya que se desarrolla en forma más rápida que el escrito, hay mayor publicidad y puede ser controlado por las partes con gran facilidad, toda vez que se encuentran presentes en el desarrollo de las audiencias, obligando tanto a jueces como a abogados a adquirir una mayor preparación y especialización en el tema y humanizando, por consiguiente, el sistema judicial.

Para finalizar los comentarios sobre la reforma, se presenta el texto conciliado por el Senado y la Cámara de Representantes, a fin de dar a conocer la nueva Ley de Oralidad.

Proyecto de Ley 210 de 2007 Senado y 44 de 2006 Cámara “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos”

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—El artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social modificado por el artículo 19 de la Ley 712 de 2001, quedará así:

ART. 32.—Trámite de las excepciones. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.

Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia.

ART. 2º—El artículo 37 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 37.—Proposición y trámite de incidentes. Los incidentes solo podrán proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a menos de que se trate de hechos ocurridos con posterioridad; quien los propone deberá aportar las pruebas en la misma audiencia; se decidirán en la sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisión previa.

ART. 3º—El artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 21 de la Ley 712 de 2001, quedará así:

ART. 42.—Principios de oralidad y publicidad. Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las que expresamente señale la ley, y los siguientes autos:

1. Los de sustanciación por fuera de audiencia.

2. Los interlocutorios no susceptibles de apelación.

3. Los interlocutorios que se dicten antes de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones y fijación del litigio y con posterioridad a las sentencias de instancias.

PAR. 1º—En los procesos ejecutivos solo se aplicarán estos principios en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones.

PAR. 2º—El juez limitará la duración de las intervenciones de las partes y de sus apoderados, respetando el derecho a la defensa.

ART. 4º—El artículo 44 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 44.—Clases de audiencias. Las audiencias serán dos: una de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio; y otra de trámite y de juzgamiento.

ART. 5º—El artículo 45 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 22 de la Ley 712 de 2001, quedará así:

ART. 45.—Señalamiento de audiencias. Antes de terminar la audiencia el juez señalará fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deberá ser informada mediante aviso colocado en la cartelera del juzgado en un lugar visible al día siguiente.

Las audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más tiempo.

En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias.

ART. 6º—El artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 46.—Actas y grabación de audiencias. Las audiencias serán grabadas con los medios técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro, los cuales deberán ser proporcionados por el Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.

Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.

El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron.

Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello.

En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones.

Las grabaciones se incorporarán al expediente.

ART. 7º—El artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 48.—El juez director del proceso. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.

ART. 8º—El artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 53.—Rechazo de pruebas y diligencias inconducentes. El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.

En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso.

ART. 9º—El artículo 59 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 59.—Comparecencia de las partes. El juez podrá ordenar la comparecencia de las partes a las audiencias a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos; la renuencia de las partes a comparecer tendrá los efectos previstos en el artículo 77.

ART. 10.—El artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 66.—Apelación de las sentencias de primera instancia. Serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria; interpuesto el recurso el juez lo concederá o denegará inmediatamente.

ART. 11.—El artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, quedará así:

ART. 77.—Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda.

Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija.

En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas:

Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.

Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:

1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.

2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.

3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra.

4. En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.

Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.

Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.

PAR. 1º—Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:

1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.

2. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial.

Igualmente, si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.

4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia.

ART. 12.—El artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 80.—Audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el día y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpelaciones o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de estas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás. En el mismo acto dictará la sentencia correspondiente o podrá decretar un receso de una (1) hora para proferirla, y se notificará en estrados.

ART. 13.—Modifícase el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 40 de la Ley 712 de 2001, que quedará así:

ART. 82.—Audiencia de trámite y fallo en segunda instancia. Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.

Cuando se trate de apelación de un auto o no haya pruebas que practicar, en la audiencia se oirán los alegatos de las partes y se resolverá el recurso.

ART. 14.—El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, quedará así:

ART. 69.—Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas.

También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior.

ART. 15.—Régimen de transición. Los procesos iniciados antes de la aplicación gradual de la presente ley se continuarán tramitando bajo el régimen procesal anterior.

Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura adoptará y pondrá en práctica medidas especiales, suficientes para descongestionar los despachos judiciales laborales, en los procesos promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

Dichas medidas deberán garantizar la descongestión de los despachos judiciales, en un término no mayor de dos años a partir de la promulgación de esta ley.

Quienes sean nombrados como jueces y magistrados, deberán ser especializados o expertos en derecho del trabajo o en seguridad social.

ART. 16.—Asignación de recursos. La implementación del sistema oral en la especialidad laboral se hará en forma gradual en un término no superior a cuatro (4) años, a partir del primero (1º) de enero de 2008. El Gobierno Nacional hará la asignación de recursos para la financiación de dicha implementación en cada vigencia.

ART. 17.—Vigencia y derogatoria. La presente ley entrará en vigencia con su promulgación y, su aplicación se efectuará de manera gradual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley; deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el artículo 38, el numeral 1º del literal c) del artículo 41 modificado por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001 y los artículos 81 y 85, modificado por el artículo 42 de la Ley 712 de 2001, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (...).