Derecho médico: ¿cuáles son sus jueces competentes?

Revista Nº 146 Mar.-Abr. 2008

Jorge Manrique 

Profesor Universidad Externado de Colombia 

El propósito de este artículo es suministrar información en torno a qué es el derecho médico y cuáles son, desde nuestra perspectiva, los jueces competentes para resolver los casos que involucran temas de esta especialidad.

Con ocasión de los recientes pronunciamientos expedidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia relacionados con la atribución que tendrían los jueces del trabajo y de la seguridad social para resolver las controversias sobre conflictos jurídicos derivados de la relación médico-paciente, se presenta un ilustrativo análisis y una invitación para profundizar en la materia.

Veremos, en primer lugar, qué es el derecho médico; en segundo lugar, analizaremos casos “clásicos” del derecho médico y, en tercer lugar, haremos algunos comentarios sobre quiénes son los jueces competentes para resolver estos contenciosos.

¿Existe el derecho médico?

Se conoce como derecho médico al “conjunto de normas jurídicas y preceptos ético-morales, de carácter público y privado, que regulan la actividad del médico con motivo del ejercicio de su profesión, la relación jurídica médico-paciente y las consecuencias derivadas de la misma; estableciendo así los principios generales de la responsabilidad legal médica”(1).

Una especie dentro del género derecho médico, corresponde a las normas que regulan la actividad del médico con motivo de su ejercicio y las consecuencias derivadas este. Precisamente, este es el punto que concita nuestra atención a propósito del objetivo del presente artículo y que corresponde a la figura conocida en la doctrina como responsabilidad médica.

La responsabilidad médica puede ser abordada desde varias perspectivas: responsabilidad ética, disciplinaria, técnico-funcional, jurídica (2). Desde el punto de vista jurídico el principal propósito de la responsabilidad civil “es buscar que el médico o la institución hospitalaria o los causantes del daño, indemnicen económicamente a la víctima o a sus deudos”(3).

Cuando hablamos de la responsabilidad médica la información bibliográfica es copiosa, pero al referirnos exclusivamente a la categoría denominada derecho médico, no encontramos la misma abundante respuesta doctrinal. El primer desafío, entonces, consiste en establecer si el derecho médico es o no una rama autónoma del derecho o si hace parte de un conjunto de diversas ramas donde están involucrados el derecho de los daños y la responsabilidad civil, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho de la seguridad social, el derecho constitucional y los derechos fundamentales, entre otros, mezclados e interactuando de manera transversal.

Actualmente existe una amplia oferta de estudios en las facultades de derecho y medicina sobre la materia; encontramos distintas publicaciones y revistas especializadas, hay organizaciones(4) dedicadas a la promoción y divulgación del derecho médico. En fin, son muchas las instituciones y los actores que dedican sus esfuerzos a dar mayor relieve a este campo del conocimiento, lo cual constituye un dato significativo. Pero, insistimos, el desarrollo de este resulta más vigoroso frente a temas específicos y no al derecho médico considerado en su conjunto.

Con todo, nos inclinamos por considerar el derecho médico como una categoría que corresponde más a una denominación aceptada por los estudiosos de sus fenómenos, que a una rama del ordenamiento stricto sensu. En efecto, no existen los principios que permitan articular adecuadamente su objeto de estudio; las categorías e instituciones que se estudian son del más variado género; por ejemplo, capítulos tan importantes como la historia clínica y el consentimiento informado se encuentran tangencialmente, pero no existen unos principios unívocos que agoten y abarquen en su totalidad el estudio jurídico de estos dos fenómenos como correspondería a la dogmática que cada rama del ordenamiento alcanza cuando llega a su madurez.

Corresponde el derecho médico, quizás una rama en estado de formación, a esta etapa que aún no ha superado y que, por lo menos en Colombia, recién comienza a adquirir alguna fisonomía, pero muy lejos aún de tener su propia entidad jurídica.

Casos especiales del derecho médico

Los diarios presentan con frecuencia información sobre casos de pacientes que han sido presuntamente víctimas de una deficiente atención del servicio de salud. Revisaremos algunos de esos casos. También hemos consultado la Revista Médico Legal de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, en la cual aparecen artículos especializados donde registran eventos que provocan demandas de los pacientes contra los profesionales de la salud.

Las hipótesis que concitan la atención de los jueces son del más variado talante. Desde el caso en el cual quedan alojados los instrumentos quirúrgicos dentro del cuerpo del paciente, como por ejemplo, las pinzas(5), hasta situaciones de amputación de miembros equivocados, errores de diagnóstico o de suministro de medicamentos, defectuoso funcionamiento de los equipos médicos, falta de atención oportuna, responsabilidad ética y disciplinaria, entre otros.

Veamos algunos eventos que serían de interés para los estudiosos del derecho médico en general y en particular de la responsabilidad médica:

Aplicación equivocada de medicamentos

Un bebé de 15 días de nacido murió en una ESE donde le aplicaron una inyección. En la farmacia del hospital, presuntamente, le suministraron el medicamento equivocado, el cual posteriormente fue aplicado por vía intramuscular por el equipo de salud sin reparar que la dosis no correspondía al medicamento prescrito en la fórmula médica. Dice la información periodística: “Según los primeros indicios, la causa habría sido la aplicación de una inyección equivocada y que presuntamente por error suministró la farmacia de la institución a los padres de la pequeña”.

Falta de diagnóstico oportuno

Una mujer ingresa a una institución hospitalaria con intenso dolor abdominal. Permanece en observación con suministro de analgésicos y después de ser valorada por el médico de turno la dieron de alta. Sin embargo, el dolor reapareció una hora después y los familiares angustiados intentaron llevarla nuevamente a la IPS, pero en vista del agudo dolor la reingresan por urgencias a otra IPS que se encontraba en el camino. Allí, en la sala de urgencias al cabo de veinte (20) minutos y pese al esfuerzo médico, la paciente fallece.

La EPS, de la cual era beneficiaria la paciente, realizó una investigación interna y no encontró fallas en la prestación del servicio, advirtiendo que durante el tiempo en que la paciente permaneció en la primera institución hospitalaria “no se presentaron síntomas que evidenciaran que se tratara de una patología catastrófica. El comité que estudió el caso señaló que la paciente fue tratada con ranitidina, buscapina y metroclopramida, con lo cual mejora el dolor abdominal y se definió dar salida con recomendaciones generales y signos de alarma”.

El director de la IPS dijo que “la historia clínica permanece bajo reserva y que, cuando sean notificados oficialmente del caso, presentarán al tribunal las pruebas que demuestran la inocencia del personal involucrado. No podemos salir a los medios a hacer una discusión que es técnica, científica y médica”.

La competencia de las autoridades públicas frente a la ética

Frente a este tópico podemos, igualmente, advertir las más disímiles situaciones. Veamos un caso donde se distinguen con nitidez las diferencias entre la competencia disciplinaria ética y la competencia disciplinaria propia del servidor público.

La Procuraduría General de la Nación cuando examinó la conducta de un médico en ejercicio y distinguió dos aspectos: el primero, cuando el profesional de la salud se desempeña como servidor y en cumplimiento de una función pública concreta derivada de las especiales relaciones de sujeción de aquellos con una entidad del Estado; el segundo, cuando corresponde a materias y ponderaciones propias de la especialidad médica de que se trate, independientemente del deber funcional exigible como servidor público.

Con respecto a la segunda condición, es decir, cuando nos referimos a temas propios de la especialidad médica que no pueden compararse frente al cumplimiento de deberes funcionales del servidor público, la actuación del Ministerio Público se encuentra limitada por cuanto se trata de acontecimientos circunscritos a situaciones ligadas con la técnica propia del arte u oficio o de la profesión médica, que implican la valoración del comportamiento del sujeto disciplinable, no en su condición de servidor público, sino como profesional de la medicina o especialidad pertinente de cualquiera de las profesiones de la salud en el área asistencial.

“Tal es el caso de los cuestionamientos que pueden formularse a un médico que ostenta la condición de servidor público, por circunstancias estrictamente pertenecientes a los posibles errores o imprecisiones en que puede incurrir en el ejercicio la práctica médica —mal praxis—- confrontada con las leyes o reglas del arte médico científico —lex artis—, ajenos al ánimo de producción de un daño antijurídico, los cuales por su naturaleza, conforme lo anotado, se encuentran por fuera del control de disciplina establecido en el Código Disciplinario Único y/o en los regímenes especiales de los servidores de la Fuerza Pública”(6).

La historia clínica

Otro de los capítulos propios del derecho médico corresponde a la historia clínica. Esta “aparece definida en el Diccionario terminológico de ciencias médicas como la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores, personales y familiares como actuales relativos a un enfermo, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual”(7).

De cara a un eventual proceso, constituye unas de las piezas probatorias más importantes que debe ser valorada adecuadamente por el juez, con la ayuda de peritos, para efectos de establecer si en el caso concreto se configura una responsabilidad médica.

El análisis de la historia clínica corresponde a un área de conocimiento altamente especializada y compleja, propia de las ciencias de la salud, cuyo valor y mérito probatorio escapa directamente a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Alrededor de la historia clínica surgen diversas situaciones problemáticas, como por ejemplo: cuando la historia clínica se registra en el sistema y aparece que posterior a su diligenciamiento esta fue modificada; historias clínicas ilegibles o con enmendaduras; reserva y cuidado de la historia clínica, entre otros aspectos que dado nuestro propósito simplemente enunciamos.

Obligaciones del profesional de la salud vs. derechos fundamentales del paciente: las transfusiones sanguíneas. Consentimiento

Los médicos y, en general, los profesionales de la salud, en el desarrollo de la relación con el paciente, se pueden encontrar frente a un dilema: cumplir con el juramento médico y los demás deberes que les son legalmente exigibles o respetar las decisiones del paciente, aun cuando estas puedan comprometer la propia existencia del paciente. Normalmente son situaciones in extremis: cuando un paciente se encuentra en urgencias y es necesario realizarle una transfusión sanguínea pero este o sus familiares rechazan tal procedimiento, anteponiendo sus convicciones religiosas. ¿Qué hacer?, ¿puede el profesional de la salud ver comprometida su responsabilidad profesional, ética, disciplinaria, penal y civil si no realiza la transfusión sanguínea?, ¿es suficiente el consentimiento del paciente o su familia para relevar al profesional de la salud de las eventuales responsabilidades médico-legales que sobrevengan en virtud de su proceder?

Para dar unas pistas y examinar las respuestas que han dado los jueces constitucionales al problema, citemos dos sentencias: la primera proferida por el Tribunal Constitucional de España que se refiere a la “Vulneración del derecho a la libertad religiosa: condena penal a unos testigos de Jehová, padres de un menor que murió tras negarse a recibir transfusiones de sangre autorizadas por el Juzgado de Guardia, por no haberle convencido para deponer su actitud ni haber autorizado dicha intervención médica” y en la cual se plantearon interrogantes tales como: “Todo ello ha de ser considerado en relación con tres concretos extremos: en primer lugar, si el menor puede ser titular del derecho a la libertad religiosa; en segundo lugar, significado constitucional de la oposición del menor al tratamiento médico prescrito; en tercer lugar, relevancia que, en su caso, pudiera tener dicha oposición del menor”(8).

En la segunda sentencia, emanada de la Corte Constitucional de Colombia T-474 de 1996 se dijo: “En el caso propuesto la acción de tutela es procedente contra el Instituto de los Seguros Sociales, entidad pública responsable de los servicios de salud que requiere el menor para el cual el actor solicita protección, por cuanto dicha institución, o la que ella contrató, debió atender las directrices y la autorización del padre, titular de la patria potestad, dando en todo caso prevalencia al derecho a la vida del menor”, añadiendo más adelante: “En el caso propuesto el derecho a la vida del menor adulto para el cual se solicita protección, prevalece sobre su derecho adoptar y practicar una determinada religión” (subrayados nuestros).

Las respuestas a estos interrogantes son diversas dependiendo de los derechos y valores que se quieran privilegiar, de quien las emita y de las condiciones circunstanciales del específico caso. La explicación adecuada de estas supondría uno de los capítulos más interesantes en el estudio del derecho constitucional contemporáneo. Nuestro propósito es simplemente ilustrar al lector respecto de la amplitud de temas que, tangencial o directamente, constituyen el objeto de estudio de esta rama del derecho que se encuentra en construcción y que denominamos derecho médico.

La jurisdicción competente

Hasta el año 2006, la jurisdicción competente para resolver las controversias relacionadas con temáticas típicamente de derecho médico correspondía, de acuerdo con las reglas generales de interpretación, bien a la jurisdicción ordinaria civil o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, atendiendo a la calidad de las partes. Durante mucho tiempo este fue el criterio reinante en el ámbito jurisprudencial, el cual no ofreció mayores resistencias, por el contrario fue aceptado pacíficamente.

Sin embargo, con la expedición de las leyes 100 de 1993, 362 de 1997 y, posteriormente, 712 de 2001, la cual deroga la 362, ese panorama empieza a convulsionar. Veamos por qué. Yo no hice este comentario.

La Ley 100 de 1993 definió el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

Tal sistema según la definición del artículo 1.2 “comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro” (el subrayado es nuestro).

Con arreglo al artículo 6º de la Ley 100 de 1993, las instituciones y los recursos necesarios que corresponden al Sistema de Seguridad Social estarán orientados para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

— “Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.

— Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral”.

Inicialmente la Ley 362 de 1997 asignó a los jueces del trabajo la competencia para conocer “… de la ejecución de actos administrativos y resoluciones, emanadas por las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral que reconozcan pensiones de jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes; señalan reajustes o reliquidaciones de dichas pensiones; y ordenan pagos sobre indemnizaciones, auxilios e incapacidades.

Posteriormente, mediante la reforma introducida al Código Penal de Trabajo la Ley 712 de 2001 modificó el artículo 2º que en lo pertinente señala: “4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”.

Bajo estos dos presupuestos normativos, encontramos la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero de 2007, Radicación 29519, con ponencia del magistrado doctor Carlos Isaac Náder, cuyos supuestos fácticos fueron los siguientes:

Un afiliado a una EPS tiene como beneficiaria a su compañera permanente quien se encuentra encinta bajo diagnóstico “embarazo de alto riesgo”. La mujer beneficiaria se somete periódicamente a los controles prenatales y se encuentra que “el feto tenía todos los movimientos en regla, así como normalidad en el nivel del líquido amniótico”. Sin embargo, un día “la gestante se sintió mal y acudió al servicio de urgencias de su EPS donde le prestaron la atención inicial necesaria, siendo remitida después, exactamente el día siguiente, a la Clínica X (contratante de la demandada), detectándole una disminución en el líquido amniótico”.

Estando en esta IPS, el médico tratante ordena practicar examen “ecodoppler obstétrico”, que no fue autorizado inicialmente por las funcionarias de la EPS demandada, encargadas de tal trámite. Horas después dentro de la IPS al realizar una fetocardia a las 17:30 horas aproximadamente se detecta que el bebé estaba muerto, “diagnóstico que fue corroborado por la médica especialista dos horas más tarde cuando arribó a la entidad hospitalaria, procediéndose entonces a practicar cesárea”. ¿Responsabilidad legal que puede ser resuelta al amparo de las normas de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios? o ¿Presunta responsabilidad médico-legal e institucional que debe resolverse valorando todas las circunstancias exigibles al amparo de las normas que disciplinan la responsabilidad civil?

La Corte consideró “necesario expresar su opinión acerca de la competencia de esta jurisdicción para conocer asuntos como el aquí tratado”, ya que “existen inquietudes y dudas sobre esta trascendental materia en la comunidad jurídica nacional que reclaman un pronunciamiento de esta corporación”.

A punto del análisis central, afirmó la Corte: “Bajo esos parámetros y acorde con la definición que viene de hacerse, ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados de los perjuicios que sufran las personas debido a la falta de atención médica cuando ella es obligatoria, a defectos o insuficiencia en la misma, a la aplicación de tratamientos alejados o ajenos a los estándares y practicas profesionales usuales, o la negativa de la EPS de autorizar la realización de medios diagnósticos o terapéuticos autorizados por el médico tratante, entre otros, constituyen controversias que tienen que ver con la seguridad social integral en tanto entrañan fallas, carencias o deficiencias en la observancia de las obligaciones y deberes que la ley ha impuesto a las entidades administradoras o prestadoras de servicios de salud, y por lo mismo, el conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicción.

Reiteradamente ha manifestado esta corporación que la portentosa labor transformadora que llevó los profundos cambios sustantivos en la concepción, definición, naturaleza, cobertura y filosofía de la Seguridad Social Integral que se dejaron anotados fue complementada por el legislador cuando optó por propiciar también cambios significativos en materia procesal, cuya máxima expresión se encuentra en la Ley 712 de 2001 que introdujo la innovación competencial que se anotó líneas arriba, mandato normativo que no hace ningún tipo de excepción y que denota más bien el interés de otorgar una competencia integral y omnicomprensiva y especializar un sector de la jurisdicción ordinaria para conocer de todos los asuntos atinentes a la referida materia, como lo reafirman las demás expresiones utilizadas en la ley, en especial, cuando se refiere a que tal competencia no atiende la naturaleza de la entidad demandada ni el carácter de la relación jurídica, es decir, estas cuestiones que antes eran conocidas por diversas jurisdicciones dependiendo del tipo de entidad que causaba el perjuicio (oficial o particular), a partir de la expedición de la ley comentada, se unifican en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria a la cual, para reafirmar lo que viene diciéndose, se le agregó el título “y de la seguridad social”, expresión que no es un simple ornamento retórico sino que refleja fielmente el replanteamiento y los nuevos designios que se trazaron en este ámbito.

Además del elemento objetivo que se dejó analizado, la ley también fijó un componente subjetivo para la determinación de la competencia consistente en que los conflictos deben suscitarse “entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras”. En lo que tiene que ver con el campo de la salud es sabido que los afiliados pueden pertenecer al régimen contributivo o al subsidiado (L. 100, art. 157); que los beneficiarios son aquellas personas pertenecientes al núcleo familiar del afiliado señaladas en el artículo 163 ibídem; que las entidades administradoras del sistema son básicamente las entidades promotoras de salud (EPS) y que al lado de estas se encuentran las que prestan directamente los servicios de atención de salud (IPS), de modo que en las diferencias de seguridad social que se susciten ante esta jurisdicción deben aparecer como sujetos procesales o como víctima o causante del perjuicio alguna de las personas naturales o jurídicas señaladas”.

A partir de esta sentencia matriz, la Sala de Casación Laboral ha proferido otras sentencias(9) en las cuales la Sala adopta de manera unánime la competencia que tendrían para resolver de estas controversias relacionadas con los casos de falla en la prestación médica.

Simultáneamente, sin embargo, el Consejo de Estado(10) ha sostenido que la competencia para resolver esta clase de controversias corresponde, de conformidad con los criterios clásicos, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o a la jurisdicción ordinaria civil. Para ser fieles al pensamiento de la alta corporación, veamos cuáles fueron los argumentos esgrimidos para hacer valer esta posición:

“Ahora bien, en cuanto concierne a dicha posición hermenéutica (CSJ, S. Cas. Lab., sent., feb. 13/2007, Rad. 29519, M.P. Carlos Isaac Náder), en materia de competencia para conocer de los eventos de responsabilidad por fallas en la prestación médico-asistencial oficial, esta corporación procede a señalar los motivos por los cuales se separa, con absoluta consideración, del razonamiento delineado: es posible que ciertos daños se enmarquen dentro del típico esquema de responsabilidad derivada de un conflicto relativo al sistema de seguridad social integral, como por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones de atención por parte de la EPS encargada de prestar el servicio, falta de suministro de medicamentos, negativa al reconocimiento de una prestación social pensional, negativa al reconocimiento de una pensión del sistema de riesgos profesionales, entre otros. Lo anterior, no supone entonces, que toda falla o incumplimiento obligacional relacionado con la prestación del servicio médico y/o hospitalario, tenga un origen en el sistema de seguridad social integral, comoquiera que es posible que el mismo —en su especialidad salud o riesgos profesionales— haya actuado perfectamente, bien en cuanto a la prestación y suministro del servicio esencial (oportunidad y eficiencia), pero no así en lo que concierne a la entidad hospitalaria o a uno de sus agentes (público o privado) que puede haber cometido una falla en la prestación concreta del servicio, caso en el cual la relación entre el paciente y la entidad prestadora (v. gr. IPS), se muestre ajena al sistema de seguridad social integral y, por lo tanto, debe ser regulada por las normas y principios que gobiernan la responsabilidad patrimonial extracontractual, bien sea del orden civil o estatal. Así las cosas, con el anterior planteamiento no solo se reconoce la diferencia que existe entre una y otra relación jurídica sustancial, sino que también se respeta la especialidad del juez natural, esto es, la competencia que le asiste a los órganos de cierre, es decir, tanto al Consejo de Estado en relación con la responsabilidad médico-asistencial oficial (CCA, art. 82) en sus especialidades contractual y extracontractual, como la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en eventos de responsabilidad médico asistencial contractuales y extracontractuales del orden privado”.

Dicho en otras palabras: en Colombia existen dos criterios encontrados en cuanto a cuál deba ser la autoridad judicial competente para resolver las controversias relacionadas con la responsabilidad médico legal. Dada la naturaleza de las pretensiones, y por considerar que en stricto sensu no estamos hablando del concepto de prestaciones de la seguridad social nuestra posición, se inclina por considerar que la competencia para resolver las controversias sobre la responsabilidad médico legal corresponden al juez civil o al juez contencioso administrativo. Si bien es cierto, la jurisdicción ordinaria, en especialidades laboral y de la seguridad social amén de un claro fenómeno expansivo, ha ampliado sus competencias a temas más allá de los propios del trabajo dependiente y por cuenta ajena, tales como los conflictos regulados en el sistema de seguridad social integral(11) —Ley 100 de 1993— y las remuneraciones por trabajo independiente o cooperado —CPT, art. 2.4 y 2.6—, también lo es que la naturaleza indemnizatoria de la pretensión en estos contenciosos dista mucho de tener sustento en las disposiciones que disciplinan el subsistema integral de seguridad social en salud, o de ser consideradas un capítulo más de lo que técnicamente es el objeto de estudio de la seguridad social en Colombia.

Conclusiones

1. No todas las cuestiones litigiosas donde subyazca una discusión en torno a una eventual responsabilidad médico-legal se puede identificar como un asunto de la seguridad social.

2. El denominado derecho médico no es igual a la seguridad social. Sus ámbitos de competencia son diferentes a los temas propios de esta rama del derecho.

3. Así las cosas, considero que los conflictos sobre responsabilidad médico-legal corresponden a los jueces civiles o a los jueces contencioso administrativos y no a los jueces del trabajo y de la seguridad social.

(1) Tratado de derecho médico. Rafael Aguiar-Guevara. Legislec Editores, C.A. Venezuela. 1ª Edición 2001. Pág. 81.

(2) Cfr Responsabilidad civil médica. Carlos Ignacio Jaramillo. Pontificia Universidad Javeriana. Colección Ensayos Nº 8. 2002. Págs. 41 y ss.

(3) Jorge Eduardo Paredes Duque. Responsabilidad Médica. Análisis objetivo general y por especialidades. Editorial gráficas de Colombia. Primera edición, 2004. Pág. 371.

(4) Por citar algunos nombres encontramos la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico, la Asociación Argentina de Derecho Médico & Salud, la Asociación Venezolana de Derecho Médico, la Asociación Chilena de Derecho Médico, World Association for Medical Law, la Asociación Española de Derecho Sanitario, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, Associazione Médico Giuridica, Association de Recherche et de Formation en Droit Médical, y la Asociación Peruana de Derecho Médico.

(5) Un caso que llegó a la jurisdicción constitucional se encuentra en la T-1064 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 28/10/2004

(6) Procuraduría General de la Nación. Radicación 022-99522-04. 19.08.2004. Asunto: Presuntas irregularidades en actividad médica.

(7) Revista Médico-Legal. Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE. Julio-diciembre de 1996. Harold Aristizabal Marín.

(8) Tribunal Constitucional de España. Sentencia 154/2002, de 18 de julio de 2002. Recurso de amparo avocado 3.468/97. Promovido por don Pedro Alegre Tomás y doña Lina Vallés Rausa frente a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que les condenó por un delito de homicidio.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Isaura Vargas Díaz. 27/03/2007. Radicación 28983.

(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. 19/09/2007. Radicación 66001-23-31-000-1999-03078-01(15382).

(11) El objeto de tutela del Diritto della Prevideza Sociale, se desarrolla en Italia a partir del concepto de “necesidades socialmente relevantes” como obligación a cargo del Estado y la responsabilidad que se llegue a derivar por los daños antijurídicos que se causen a un paciente, está regulada por la normas generales del Código Civil. Mauricio Cinelli. Diritto della Previdenza Sociale. G. Giappichelli Editore - Torino. 2005. Pág 156.