Aplicación de las normas comunitarias de la CAN en el ordenamiento interno

Revista Nº 147 Mayo.-Jun. 2008

J. Fernando Álvarez Rodríguez 

Abogado tributarista 

Profesor titular Universidad del Rosario (Bogotá) 

Desde el 2004, año en que se expidieron las decisiones 578, para evitar la doble imposición en el impuesto sobre la renta y patrimonio; 599, sobre armonización del IVA, y 600, sobre armonización de impuestos sobre consumos específicos, ha existido una relativa disparidad de criterios acerca de cuáles son las reglas que determinan la adopción y aplicación de las normas andinas en materia tributaria.

El aspecto tal vez más notable es que la doctrina de los diferentes países andinos no es consistente y que las autoridades tributarias de cada uno de los países miembros han fijado posiciones un poco diversas.

Esta es la motivación que nos guía para hacer los comentarios que siguen, pretendiendo simplemente fijar una posición, debatible como todas las posiciones, en relación con este tema.

El ordenamiento comunitario andino

Aunque parezca de elemental lógica, el punto de partida del tema es la indagación del carácter y naturaleza de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. En palabras de Mónica Rosell, ex Secretaría del Tribunal de Justicia comunitario, “la Comunidad Andina es el bloque de integración económico y social, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social” (1).

En efecto, y desde un punto de vista fundacional, el artículo 48 del Acuerdo de Cartagena precisa que la hoy denominada CAN es una organización subregional, con personalidad jurídica de derecho internacional público compuesta; por un lado, por los cuatro países ya indicados y; por el otro, por los órganos e instituciones que conforman el actual “Sistema Andino de Integración”, vale decir: la Comisión; la Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento y los Consejos (de Presidentes, de Ministros de Relaciones Exteriores y Consultivos), principalmente.

A raíz de la experiencia de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y de los posteriores acuerdos de integración económica que se han venido dando en el mundo con posterioridad al Tratado de Roma de 1957, en la actualidad y sin ninguna duda, se afirma desde el punto de vista jurídico de la existencia de un “ordenamiento comunitario”, que no solo deben amparar, sino cumplir estrictamente los países que han suscrito alguna forma de acuerdo integracionista.

En el caso que nos ocupa, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia dispuso que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina estuviera conformado por:

• El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales;

• El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y sus protocolos modificatorios;

• Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina;

• Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y,

• Los Convenios de Complementación que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.

Por lo anterior, existe y debe resaltarse la estructura de un “ordenamiento comunitario”, que viene a ser un orden jurídico autónomo e independiente, con normas e instituciones comunitarias y particulares, que por su especial naturaleza se aplica de forma inmediata y directa, y goza de preferencia aplicativa frente al derecho interno de cada uno de los países que conforman la comunidad.

En consecuencia, desde el punto de vista legal y debido a que nuestro país pertenece a la CAN, el orden jurídico de Colombia como país miembro de la comunidad no solo está conformado por su Constitución Política expedida por la Asamblea Constituyente de 1991 y sus reformas; las leyes expedidas por el Congreso como legislador ordinario; los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Constitución y las leyes; y las decisiones judiciales expedidas por los jueces de los diversos niveles, sino también por este derecho comunitario, conformado por las disposiciones aplicables y vigentes en el país como consecuencia del ejercicio de la facultad que tiene el Estado colombiano de contraer obligaciones de carácter internacional y comunitario vinculantes.

Así mismo, resulta imprescindible anotar que las normas del ordenamiento comunitario, por las finalidades propias de sus fórmulas de integración tienen efecto especial en el contexto tributario de la propia comunidad en sí misma considerada, como de los países que la integran.

Y porque esto es así, resulta evidente señalar la existencia de un “ordenamiento comunitario tributario”, el cual está conformado por los principios, reglas de derecho y normas jurídicas que regulan el sistema tributario de la comunidad y de los países miembros que la conforman, y fijan las relaciones y consecuencias para el ejercicio del poder de imposición por parte de estos(2).

Sin embargo, debe señalarse como un aspecto particularmente importante, que el derecho comunitario ha logrado diferenciarse del derecho internacional por sus particularidades, del cual solo adopta el derecho de los tratados en el nivel fundacional y las fórmulas de solución de controversias entre Estados, pues él en el fondo, como lo ha destacado la doctrina, no es un derecho “entre países”, sino más propiamente “de los países”, que reunidos en comunidad dan preferencia aplicativa a las normas comunitarias y, por ende, provoca la obligación de interpretar el derecho interno a tono con las orientaciones del ordenamiento comunitario, en nuestro caso: andino(3).

En opinión del profesor Franco Roccatagliata(4), puede cuestionarse si ese pretendido ordenamiento fiscal comunitario tiene las características de un verdadero sistema tributario. Los tratados comunitarios, aun el europeo, no atribuye a las instituciones comunitarias competencias tributarias tales que le permitan a la comunidad en sí misma crear un impuesto propio, definir su base gravable y las fórmulas de determinación, ni conferir facultades administrativas orientadas a su recaudación. Siendo esto así, ¿realmente existe un sistema de normas tributarias comunitarias?

El mismo autor antes citado se anticipa a responder afirmativamente, destacando que el poder impositivo de los Estados, identifica una característica esencial de su soberanía, de manera que la tendencia es a no renunciar a tal prerrogativa. Pero que en aras de lograr los fines comunitarios, como en Europa son las “cuatro libertades” (libre circulación de mercaderías, de personas, de servicios y de capitales), se establece un ordenamiento tributario comunitario orientado a evitar posturas nacionales que prohíban o restrinjan tales libertades, como sería el caso de la discriminación de bienes y servicios producidos por otros Estados.

Todo lo anterior, simplemente para indicar que dentro del ordenamiento legal colombiano, como parte de un ordenamiento comunitario y, siendo aún más exhaustivo: del ordenamiento jurídico tributario nacional, existe un bloque de normas de naturaleza comunitaria, las cuales no solo rigen, sino que se deben respetar y aplicar de conformidad con los compromisos asumidos por el país frente a la comunidad que nos ocupa. Y que las normas comunitarias son de aplicación directa y preeminente, en relación con el ordenamiento interno de cada país miembro, siendo entendible que haya algún nivel de reserva cuando se trata del ejercicio soberano del poder de imposición por parte de los Estados.

Como lo estudia el profesor Mauricio Plazas Vega, el poder tributario y el principio de reserva de ley son aspectos tributarios fundamentales, sobre los cuales se fundamentan las constituciones de los países comunitarios andinos. De otra parte, las mismas constituciones de los países han dado recepción a las ideas integracionistas, aceptando la existencia de entidades superestatales, pero requiriendo replantear la pirámide jurídica para dar cabida tanto a los tratados internacionales como a las normas de derecho comunitario y su interacción con el ordenamiento interno, pero sin llegar al extremo de afirmar que la soberanía del Estado haya cedido su puesto a la supranacionalidad(5).

Por eso, conviene observar la dinámica aplicativa de la normativa comunitaria general, para apreciar su efecto en el ámbito tributario particular.

Vigencia de las normas. Aplicación directa y preeminencia del ordenamiento comunitario

De acuerdo con el artículo 2º del Tratado del Tribunal Andino de Justicia, “las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la comisión”. Por su parte, el artículo 3º del mismo Tratado establece que “las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

La jurisprudencia andina ha sido precisa en afirmar, interpretando el actual artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia, que el derecho comunitario tutela dos principios: el de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria y el de la preeminencia del ordenamiento jurídico andino.

En palabras del propio Tribunal Andino, la anterior tutela “supone que el ordenamiento jurídico comunitario debe ser imperativo, de modo que cuando se trate de aplicar normas legales a actuaciones jurídicas contempladas en el derecho de la integración, debe acudirse al ordenamiento jurídico comunitario de preferencia al derecho interno” (CAN, Res. 479/2001).

De otra parte, el Tribunal Andino ha prohijado la tesis de la preeminencia del ordenamiento jurídico andino sobre la normativa interna de los países miembros, a partir de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º del Tratado del Tribunal, indicando que “para la existencia del derecho de la integración es indispensable el reconocimiento de la supremacía o prevalencia sobre el derecho interno, en el cual ocurre un desplazamiento automático de competencias que pasan del legislador nacional al comunitario” (Sent. del Proceso 1-AI-96).

Por ello, el legislador de cada país miembro queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o reglamentarlo. Y del propio modo, las autoridades de cada país deben aplicar en forma preeminente el derecho comunitario, de manera tal que si el ordenamiento interno del país fuera contrario a la norma o al interés comunitario, se prefiere este y la interna se convierte en norma inaplicable.

Con todo, debe insistirse en que el derecho de integración no deroga leyes nacionales, ni siquiera para aclarar o interpretar una norma comunitaria; tan solo hace que sean inaplicables aquellas que resulten contrarias al ordenamiento jurídico andino. Si esto no fuera así, no habría un ordenamiento sino varios y se desnaturalizaría la comunidad y los objetivos comunitarios.

Adicionalmente, debe decirse que en el ámbito nacional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana (Sent. C-228/95) ha aceptado la existencia de las mismas características de la aplicación preferencial del ordenamiento comunitario, indicando a su turno que:

1. Es un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro.

2. Hay capacidad de aplicación directa y de eficacia inmediata de las normas comunitarias, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no resulta posible oponerles determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación; ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión.

Nuestra Corte, igualmente, precisa que la norma comunitaria no deroga ni se sobrepone a la norma de derecho interno que le sea contraria, sino que la desplaza haciéndola inaplicable al caso particular regulado por esa disposición comunitaria. De esta manera, el ordenamiento comunitario se articula al derecho interno de cada país y ese derecho interno se adapta a la norma comunitaria en su función y finalidad.

En resumen, la normativa comunitaria obliga a todos los poderes de los Estados miembros en todo su territorio, sin limitaciones de orden estatal, regional o municipal, y el ciudadano común adquiere obligaciones y derechos cuyo cumplimiento puede exigir tanto ante sus jueces nacionales, como ante las instancias administrativa y judicial del orden comunitario.

Aspectos prácticos de aplicación de las normas comunitarias andinas:

1. “Doble Imposición Internacional”.

La doble imposición es uno de los problemas que estudia el derecho tributario internacional, con el fin de evitar un defecto técnico, que provoca obstáculos a nivel aplicativo de las normas, cuando dos países pretenden ejercer su poder de imposición (capacidad de determinar hechos gravados con los impuestos internos de cada país) en relación con una misma manifestación económica (o capacidad contributiva).

Lo anterior, se debe a que los diversos países utilizan fundamentalmente dos criterios de gravabilidad de los hechos económicos o de ejercicio de su poder de imposición: el criterio de la residencia y el criterio de la fuente.

De acuerdo con el primer criterio, un país tiene el poder y el derecho de someter a imposición las situaciones económicas cuando el sujeto del gravamen reside en ese país. Por el contrario, el segundo criterio o de la fuente toma como premisa que un país tiene el poder o derecho de exigir un tributo solo en relación con las manifestaciones económicas que se presentan en su territorio, de forma objetiva y con prescindencia de la residencia de los potenciales sujetos contribuyentes.

El tema en la actualidad se observa desde la perspectiva de que los países industrializados han optado por la teoría de la residencia para ejercer su poder de imposición, acogido en la actualidad por los modelos de convenios para evitar la doble tributación de la OCDE y la ONU, mientras que los no industrializados se han inclinado por la teoría de la fuente o imposición según el territorio(6).

Colombia dentro de este contexto resulta ser en cierta forma una novedad, porque su legislación interna combina los dos criterios simultáneamente: el de la residencia y el de la fuente, los cuales adopta según se trate de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

En efecto, en función de la residencia, Colombia grava la “renta mundial”, es decir, no solo las rentas obtenidas en Colombia, sino también las rentas obtenidas en el exterior o fuera del país. De esta manera, las sociedades colombianas, entendidas como aquellas que han sido constituidas con arreglo a la ley colombiana y tienen su domicilio social principal en Colombia(7), que se asumen como “residentes” a los fines del impuesto, tributan tanto sobre sus rentas de fuente nacional como sobre sus rentas de fuente extranjera(8).

Particularmente por la anterior circunstancia, nuestro país es propenso a provocar problemas de doble tributación, no solo para los extranjeros o no residentes que invierten en Colombia, sino para los colombianos que invierten en el exterior.

Esa fue una de las motivaciones para que en 1971, los países del entonces Pacto Andino (hoy CAN), establecieran unas reglas para el ejercicio del poder de imposición por parte de los países miembros.

1.1. Decisión 40 de 1971: Convenio para evitar la doble tributación en el Pacto Andino.

La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó el 16 de noviembre de 1971 la Decisión 40, que es el Convenio con los Países Miembros del Pacto Andino para evitar la doble tributación.

Este convenio que estuvo vigente desde el año gravable 1981(9) hasta el año 2004, inclusive, debido a la adopción en ese año de la Decisión 578, que empezó a regir a partir del 2005, adoptó el principio de gravabilidad exclusiva del Estado de la fuente o territorio donde se produce la manifestación económica gravada con el impuesto, el cual fue desarrollado en función de las distintas modalidades de renta que esta pueda presentar, así: rentas provenientes de bienes inmuebles; rentas provenientes de la explotación de recursos naturales, beneficios o utilidades empresariales; beneficios de las empresas de transporte; beneficios derivados de la utilización de patentes, marcas y tecnología; intereses; dividendos y participaciones, etc.

Para efecto de dicho convenio, las reglas por él impuestas son aplicables a las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros, en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, que para el caso actual corresponde al Impuesto sobre la Renta y Complementarios previsto en el Libro Primero del estatuto tributario y el Impuesto al Patrimonio.

1.2. Decisión 578 de 2004: Convenio para evitar la doble tributación en CAN.

Como fue señalado, por medio de esta decisión la CAN actualizó el régimen impositivo para evitar la doble tributación a nivel comunitario. Lo primero a destacar es que la propia norma previó que regiría a partir del año 2005, al establecer su disposición de vigencia que comenzaría a ser aplicable en relación con los impuestos (renta y patrimonio) o cantidades que se paguen, acrediten o contabilicen a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a su publicación, hecho que ocurrió a través de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1063 del 5 de mayo de 2004.

En segundo término, importa también señalar que no es tan sencillo afirmar que los hechos y situaciones hasta 31 de diciembre de 2004 se rigen por las reglas de la Decisión 40 por haber quedado derogada a partir del 1º de enero de 2005, como ha sido indicado. Como lo destaca el profesor Adrián Rodríguez Piedrahita(10), tal efecto solo se da en relación con el denominado “Anexo I” de esta última decisión y solo en relación con los países que participan de la adopción de la nueva decisión.

En efecto, la mencionada decisión tiene dos anexos: el primero, de carácter normativo que contiene las reglas propiamente tales de aplicación para evitar la doble tributación; y uno adicional, donde se halla un modelo de convenio sugerido para que los países celebren acuerdos bilaterales de este tipo. En tal sentido, al haber guardado silencio la Decisión 578 sobre la derogatoria del referido Anexo II, en términos de lógica formal este se halla vigente, pero hay que reconocer que como se trata de un modelo sugerido a manera de una guía, no genera compromiso fuera del hecho que por basarse radicalmente en el principio de la fuente, dicho modelo ha quedado desueto.

En relación con los países, debe indicarse que originalmente el Grupo Andino estuvo conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela. Chile se retiró en 1976 (Decisión 102), pero se previó que los derechos y obligaciones contraídos al amparo, entre otras de la Decisión 40, mantendrían su vigencia, razón por la cual hay un efecto de “ultractividad” para este país en relación con normas para evitar la doble tributación ocurridas antes de aquel año(11). Chile ha vuelto a la CAN, a partir de septiembre de 2006, pero en calidad de país asociado y sin vinculación con las normas en materia de no doble tributación comunitaria (Decisión 645).

En el caso de Venezuela, debe recordarse que se retiró formalmente de la CAN el 22 de abril de 2006 (Decisión 641). En relación con este caso, no se tomó ninguna determinación en lo que respecta a efectos ultractivos, de tal manera que formalmente la Decisión 40 dejó de regir para ese país en dicha fecha, en aplicación de la regla general del artículo 135 del Acuerdo de Integración(12).

En cuanto al contenido de la Decisión 578, debe indicarse que, aunque mantiene el principio de la fuente como criterio de gravabilidad y de ejercicio del poder de imposición como lo hizo la Decisión 40, adopta reglas nuevas como las de criterios de interpretación; la inclusión de temas como el del establecimiento permanente y los precios de transferencia, más a tono con el Modelo OCDE; el método de “renta exonerada”, para referirse a los ingresos obtenidos en otra jurisdicción, y la clasificación de las rentas bajo nomenclatura internacional (según el tipo: inmobiliaria, ganancia de capital, beneficio empresarial, etc.), entre otros aspectos.

Doctrina administrativa sobre la aplicación interna de las decisiones comunitarias (578 y 599)

El Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina (Decisión 472), modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone en su artículo 2º que “las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina”. Así mismo, el Tratado menciona en su artículo 3º que “las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”, y agrega que “cuando su texto así lo disponga, las decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”.

Adicionalmente, cabe señalar que el artículo 4º del Tratado aclara que “los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.

La Decisión 472 fue incorporada a la legislación interna colombiana mediante la Ley 457 de 1998 y, por tanto, es norma obligatoria para Colombia. Sin embargo, la pregunta a resolver es si por el contenido o naturaleza de la materia, debe ser de aquellas decisiones comunitarias que requieren de trámite interno de incorporación a través de ley, dado que en el texto de esta no se exigió la referida incorporación.

No todos los países concuerdan con la aplicación inmediata y directa de las disposiciones comunitarias, específicamente en materia tributaria, sobre todo, por aplicación de algunas normas internas que exigen requisitos. Tal es el caso de Bolivia, cuyo Código Tributario establece una jerarquía de fuentes formales y donde las exoneraciones deben ser establecidas por ley.

La Superintendencia Tributaria General (STG), en la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0009/2007, argumentó que la Decisión 40 no fue aprobada por ley de la República, sino por el Decreto Supremo 10343 de 7 de julio de 1972, y que, en virtud de ello, en su criterio se estaría incumpliendo el requisito previsto en el artículo 6º del Código Tributo (L. 2492), según el cual “solo la ley puede... 3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones y beneficios”.

No obstante, es evidente que la STG no consideró que, en aplicación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, este fue aprobado mediante ley de la República (L. 1872), y que por tanto, las decisiones de la Comunidad Andina tendrían plena vigencia en ese país.

La opinión de la DIAN en Colombia, en cambio, ha sido la opuesta. Como se menciona en el Concepto 032900 del 1º de junio de 2005, la autoridad colombiana ha expresado que “con amparo en el concepto de supranacionalidad, la normatividad andina, es decir, el Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales; el Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la CAN; las Decisiones del Concejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comisión de la Comunidad Andina; las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina y los Convenios de Complementación Industrial que adopten los países miembros, tienen como característica la “aplicación directa e indirecta” y la “preeminencia” a decir la obligatoriedad de su cumplimiento y prevalencia frente a las normas nacionales que regulan la misma materia, por parte de los países miembros, cuya base legal se encuentra en los artículos 2º, 3º y 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protoclo de Cochabamba, Bolivia, del 28 de mayo de 1996”.

Conclusiones

• En el ordenamiento jurídico tributario colombiano existe un bloque de normas de naturaleza comunitaria, las cuales no solo rigen, sino que se deben respetar y aplicar preferentemente, de conformidad con los compromisos asumidos por el país frente al ordenamiento comunitario andino.

• De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia comunitaria y constitucional colombiana, este ordenamiento comunitario:

1. Es un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro, en nuestro caso el colombiano;

2. Tiene aplicación directa y de eficacia inmediata, de manera que a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no resulta posible oponerles determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, y

3. El ordenamiento local debe adaptarse a las decisiones comunitarias, inaplicando las disposiciones nacionales que sean contrarias y cuando no lo sean, complementando las normas comunitarias con la orientación de los fines de estas.

(1) www.comunidadandina.org/normativa/doctrina/doctrina03.htm.

(2) Refiriéndose al caso europeo, el profesor español Fernando Sáinz de Bujanda afirma que el derecho comunitario fiscal es “la parte del derecho internacional, integrada por el conjunto de pactos, normas y principios que regulan el poder financiero de los Estados Miembros en el seno de las comunidades europeas” (Citado por Ramón Falcón y Tella, Introducción al derecho financiero y tributario de las comunidades europeas, Civitas,1988, p. XX).

(3) Mauricio Plazas Vega, Derecho tributario comunitario, Legis, Bogotá, 2001, p. 74.

(4) Franco Roccatagliata. El derecho tributario comunitario. En: Víctor Uckmar, Curso de derecho tributario internacional, Tomo II, Temis, Bogotá, 2003, p. 226 -227.

(5) Vid. Plazas Vega, óp. cit., p. 12 y ss. Especialmente el comentario a p. 29.

(6) Véanse los comentarios de Ramón Valdés Costa, “Estudios de derecho tributario internacional”, Rosgal, 1978, p. 13 y ss.

(7) Concepto que se obtiene por exclusión de lo ordenado en el artículo 21 del estatuto tributario.

(8) E.T., art. 12.

(9) Debido a que Perú solo hizo el depósito de la ratificación en junio de 1980. Colombia introdujo la Decisión 40 a su legislación interna, de acuerdo con la Constitución Nacional de entonces, mediante el Decreto 1551 de 1978.

(10) Adrián Rodríguez Piedrahita, Régimen andino para evitar la doble tributación: una aproximación a la Decisión 578. En: Estudios de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición. (Coordinador: Juan Pablo Godoy F.). Legis, Bogotá, 2006, p. 666.

(11) Vid. DIAN, Conc. 060413, sep. 1/2005. Adrián Rodríguez, autor antes citado, sostiene que puede ser invocada la Decisión 40 aun en relación con hechos posteriores al retiro de Chile. Op. Cit, p. 667.

(12) Vid. DIAN, Conc. 023865, mar. 27/2007.