Análisis de la Ley 1386 del 2010

Revista Nº 160 Jul.-Ago. 2010

Andrea Carolina Martínez 

Abogada tributarista 

El pasado 21 de mayo se expidió la Ley 1386 mediante la cual se prohíbe a las entidades territoriales delegar, a cualquier título, la administración de tributos a particulares, lo cual comprende las tareas de fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones.

La norma dispone, además, para el caso de las entidades territoriales que a la fecha de expedición de la ley ya hubieren celebrado algún contrato de los ahora proscritos, su revisión detallada en busca de posibles vicios de nulidad, y en consecuencia, la tramitación de las acciones legales correspondientes que den por terminados tales contratos, “prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigencia del orden jurídico”. Enseguida la ley prescribe que se deberá informar a las autoridades competentes cualquier irregularidad detectada en la suscripción o ejecución de estos contratos. Finalmente, se ordena a los organismos de control —a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República— revisar de oficio los contratos de este tipo celebrados por las entidades territoriales.

Dos comentarios:

(i) el poder de gestión de los tributos territoriales, entendido como una manifestación del poder tributario, o digamos simplemente la potestad tributaria, le corresponde en el nivel territorial a las asambleas y concejos (C.N., arts. 300 y 313), es decir, a la Rama Ejecutiva del poder público, y en ese sentido, la prohibición de la Ley 1386 simplemente reitera que esta función administrativa está —y ahora es inamovible— en cabeza de la administración tributaria, es decir, de un sujeto de derecho público. Aquí la supuesta novedad: que la contratación de particulares para el cumplimiento de esta actividad administrativa, en principio viable jurídicamente, ahora ha quedado vedada.

(ii) Con excepción del doble inciso que ordena a la Procuraduría y a la Contraloría revisar de oficio estos contratos, el restante contenido normativo de la ley, esto es, la búsqueda de nulidades en los contratos, la consecuente terminación de los mismos y la denuncia ante los órganos de control, no hace otra cosa más que repetir lo que ya otras disposiciones legales ordenan, como si la declaración de que prevalece, “de esta forma el interés general y la vigencia del orden jurídico”, le sumara fuerza normativa a las leyes existentes.