Cambios en la pensión de retiro programado

Revista Nº 165 Mayo.-Jun. 2011

Óscar Andrés Blanco Rivera 

Abogado asesor laboral y seguridad social
Catedrático universitario
 

La Corte Constitucional en Sentencia T-020 de enero 18 del 2011, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto, reitera el criterio expuesto en la Sentencia T-1052 de 28 de octubre del 2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, al afirmar que “(...) todos los pensionados, independientemente del régimen de pensión al cual pertenezcan, tienen derecho al reajuste anual de su pensión”.

Este criterio implica, para la modalidad de pago de pensión de retiro programado del régimen de ahorro individual con solidaridad, una modificación sustancial en sus efectos, pues contradice lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993 al darle aplicación literal al inciso segundo del Acto Legislativo 1 de 2005 que ordena que “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.

Estima la Corte Constitucional que el inciso citado es un desarrollo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política en donde se señala que “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”; y en el artículo 53 el cual dice que “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

Las disposiciones constitucionales anteriores se desarrollan en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que ordena que “Con el objeto de que las pensiones (...) mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”.

En síntesis, dice la Corte que “De estos dos últimos enunciados normativos se desprende claramente un derecho constitucional cuyo titular son los pensionados, y cuyo contenido comprende (i) el pago oportuno de las mesadas pensionales y (ii) su reajuste periódico. Este derecho a su vez implica prohibiciones correlativas: (i) dejar de pagar las mesadas, (ii) congelar su valor o (iii) reducirlas. [Y que] “en todo caso al Estado colombiano le corresponde garantizar el reajuste periódico de las pensiones legales (...) para la configuración del derecho constitucional de los pensionados al mantenimiento del poder adquisitivo de la mesada pensional (...) algunos de los cuales encuentran aplicación específica en derecho laboral, como el principio in dubio pro operario (C.N., art. 48)”.

Agrega la Corte que el principio protectorio que inspira la Carta, no permite un trato diferente a determinadas categorías de pensionados porque resultaría en un trato discriminatorio que no tiene cabida en el estatuto constitucional.

En el caso que nos ocupa, la Corte Constitucional pasa a examinar los siguientes factores que estima necesarios para fijar su criterio y decisión: (i) el derecho de todo pensionado a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, (ii) las características de la modalidad de retiro programado del régimen de ahorro individual, (iii) la procedencia de la acción de tutela para el reajuste de las mesadas pensionales, (iv) el precedente sentado en la Sentencia T-1052 de 2008 y, finalmente, (v) el estudio del caso concreto.

Con relación al primer factor, la Corte considera que todo pensionado tiene un derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional, que encuentra consagración en los artículos 48 y 53 de la Carta Política de 1991. Este derecho se corrobora con lo dispuesto por el Acto Legislativo 1 del 2005, que dice: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.

En cuanto al segundo factor, reconoce que la Ley 100 de 1993 en su artículo 79 enuncia que en el régimen de ahorro individual existen cuatro distintas modalidades de pensión de vejez entre las cuales puede elegir el afiliado o los beneficiarios, a saber: renta vitalicia inmediata; retiro programado; retiro programado con renta vitalicia diferida; ó, las autorizadas por la Superintendencia Financiera. Y en el punto específico de retiro programado, recuerda que el artículo 81 lo define como “(...) la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiera lugar”.

Reconoce como fórmula de cálculo lo dispuesto en el último artículo que dice que, “Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente (...)”.

De esta manera, finaliza diciendo que “(...) en el régimen de ahorro individual el reconocimiento de la pensión de vejez depende del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del afiliado; capital que se integra no solamente con las cotizaciones sino con el bono pensional, si hay lugar a él, y los rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas por la administradora, de forma tal que, sea equivalente por lo menos al capital necesario que “permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley””.

Nótese que la Corte reconoce en la sentencia analizada, que esta característica lo distingue del régimen de prima media con prestación definida, pues en este los requisitos para la pensión y su cuantía se encuentran determinadas previamente en la ley; mientras que en aquel la financiación y cuantía de la pensión de vejez depende de los saldos que los afiliados hayan acumulado en su cuenta de ahorro individual, de manera tal que no se trata de una prestación definida, es decir, que su reconocimiento y cuantía dependerá de los recursos que los afiliados acumulen en sus cuentas de ahorro pensional.

Si esto es así, le resultaría obvio concluir a la Corte que el inciso en cita del Acto Legislativo 1 de 2005 y lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, respecto del valor constante que debe mantener la mesada pensional, excluye la modalidad de pago de retiro programado, porque su propia naturaleza definida por el legislador corresponde a un cierto nivel de riesgo asumido por el pensionado que no desconoce el incremento del IPC anual, pero que lo involucra en la revisión anual para estimar el nuevo monto pensional junto con los rendimientos obtenidos en el período, pues existe, como la misma Corte lo ha dicho en sentencias anteriores (C-841/2003), una relación directa entre el capital ahorrado en la cuenta individual de los afiliados y la pensión, resultando el valor de la pensión variable, que depende entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la cual decida pensionarse el afiliado, de las semanas de cotización, de la rentabilidad y de la modalidad de la pensión.

Sin embargo, a pesar de reconocer la Corte lo antes dicho, concluye manifestando que “la única manera de conciliar, entonces, la normativa que regula el régimen de ahorro individual, especialmente el artículo 81 de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones reglamentarias que regulan la materia, con los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 48 y 53 constitucionales es mediante la interpretación conforme, es decir, armonizando la normativa infraconstitucional con los derechos reconocidos por la Carta y las prohibiciones introducidas por el Acto Legislativo 1 de 2005 (...) [razón por la cual] las mesadas pensionales reconocidas bajo la modalidad de retiro programado no pueden ser congeladas ni reducidas y deberán aumentarse anualmente según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE”.

Tiene razón la directora de la Cámara Técnica de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de Fasecolda, Dra. María Isabel Posada(1), al afirmar que la inaplicación del artículo 81 propuesta por la Corte, termina creando una nueva modalidad de pago pensional en el régimen de ahorro individual por vía de jurisprudencia. Esto es cierto, pues a pesar de que la Corte reconoce la existencia de esta modalidad de pago que sujeta el monto de la mesada pensional al cálculo anual que se haga conforme lo establecido en la ley, existiendo la posibilidad que el monto aumente, mantenga su valor o disminuya en un período dado, debe aún así aumentarse anualmente con base en el IPC; es decir, como si se tratara de una renta vitalicia, pero con la diferencia de que el capital acumulado en cuenta del pensionado sigue siendo parte de su patrimonio.

Huelga concluir que el pensionado, bajo esta modalidad, verá correr con peligro la extinción prematura de su capital, cuando sus propósitos seguramente eran otros al asegurar la sucesión patrimonial del saldo del capital acumulado al momento de no tener más beneficiarios, pero sí herederos.

(1) Ámbito Jurídico, 14 al 27 de marzo de 2011, p. 3.