“Brasil dio un paso grande al admitir que tiene trabajo esclavo”

Revista Nº 170 Mar.-Abr. 2012

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Lorena Vasconcelos Doctora en Derecho Laboral de la Universidad de Roma II 

Durante su visita a la Universidad Externado de Colombia, hacia finales del 2011, Lorena Vasconcelos, doctora en Derecho Laboral de la Universidad de Roma II (Italia), habló con ACTUALIDAD LABORAL sobre la forma como opera la inspección de trabajo en su país y de su actividad como procuradora de trabajo.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Cómo funciona la inspección de trabajo en Brasil?

Lorena Vanconcelos: Tenemos el Ministerio de Trabajo y Empleo que hace parte del poder ejecutivo del Estado; es un órgano federal, o sea que actúa en todo el territorio nacional. Las personas que actúan a nombre de este son los fiscales o inspectores de trabajo. Entre sus atribuciones está la de recibir la denuncia sobre irregularidades en una empresa que no esté cumpliendo las normas de salud y seguridad en el medio ambiente de trabajo. Muchos de los inspectores son ingenieros en seguridad de trabajo, médicos de trabajo y abogados. Pero para atender los asuntos técnicos de medio ambiente de trabajo, normalmente, son médicos o ingenieros. Ellos van a las empresas a verificar si hay irregularidades, y adelantan todos los procedimientos para que regularicen la situación. Si una empresa no lo hace, elaboran un documento denominado auto de infracción, en el cual se declara que esta no está cumpliendo una determinada norma. En ese auto se describe la conducta irregular de la empresa y se imponen multas.

A. L.: ¿Qué otras instituciones defienden los derechos de los trabajadores?

L. V.: El Ministerio Público de Trabajo es un órgano totalmente independiente, no hace parte de ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, tiene autonomía funcional y administrativa. Sus atribuciones son diversas, porque en la Constitución brasileña de 1988, ese ministerio fue previsto como una institución independiente que defiende el orden jurídico, el régimen democrático y los derechos sociales e individuales inalienables. Este ministerio es una rama del Ministerio Público brasileño que atiende esos asuntos en las relaciones laborales. Tiene la función de defensa de los derechos fundamentales en estas.

A. L.: ¿De qué manera actúa?

L. V.: Por ejemplo, si se recibe la denuncia de que una empresa no está cumpliendo las normas de salud y de seguridad en el medio ambiente laboral, un procurador de trabajo comienza una investigación. Se piden varios documentos a la empresa y el procurador puede pedir a los inspectores de trabajo que vayan a esta a realizar la fiscalización. Si, con base en las pruebas, el procurador se convence de que se están presentando irregularidades, se adelanta una audiencia con la empresa y se le propone la celebración de un acuerdo de ajuste de conducta. La compañía no está obligada a firmarlo, pero normalmente lo hace: se compromete a cumplir sus obligaciones y a no incurrir en ciertas prácticas irregulares so pena de multa, que puede ser elevada. Ese compromiso es un título ejecutivo extrajudicial.

A. L.: ¿Los inspectores y los procuradores de trabajo cumplen funciones similares?

L. V.: No, porque los fiscales o inspectores del trabajo se limitan a hacer la fiscalización y a imponer multas. El Ministerio Público de Trabajo y sus procuradores tienen atribuciones jurisdiccionales. En el ejemplo antes mencionado, los inspectores aplican las multas, pero si la empresa sigue incumpliendo, ellos no pueden hacer nada. En cambio, si la empresa acepta firmar el compromiso y no lo cumple, los procuradores vamos a la justicia laboral para ejecutar ese acuerdo, y el juez, mediante sentencia, obliga a la compañía a cumplir los compromisos y a pagar la multa.

A. L.: ¿Qué ocurre si una empresa no acepta suscribir el compromiso?

L. V.: El Ministerio Público de Trabajo adelanta una acción civil pública para la cual tiene legitimidad. Ese recurso es una manera de defender derechos colectivos difusos. El Ministerio Público puede pedir que la empresa sea condenada a cumplir las obligaciones. Además del pago de la multa, se pide una indemnización por daño moral colectivo. Estas indemnizaciones son muy elevadas.

A. L.: ¿La instancia de inspección de trabajo es anterior a la creación del Ministerio Público de Trabajo?

L. V.: No, porque tanto los inspectores de trabajo como los procuradores de trabajo fueron previstos, por primera vez, en la consolidación de las leyes del trabajo en 1943. Pero antes de la Constitución de 1988, el Ministerio Público de Trabajo era una institución distinta, pues, al igual que todo el Ministerio Público brasileño, operaba como un grupo de abogados del Estado. Después de la Constitución, pasaron a defender a la sociedad, muchas veces en contra del propio Estado. Si este practica irregularidades laborales, un procurador presenta la demanda contra aquel.

A. L.: ¿Cómo ha evolucionado la inspección de trabajo en Brasil?

L. V.: No se han presentado muchos cambios de fondo, porque esa institución continúa como parte del poder ejecutivo. Sin embargo, algunos aspectos cambiaron: su remuneración, en los últimos años, se ha elevado. En el gobierno de Lula da Silva, se realizaron más concursos públicos para admitir inspectores de trabajo. En consecuencia, hay un mayor número de estos funcionarios y ganan mejor, porque su trabajo es peligroso; son quienes tienen el contacto directo con la empresa.

A. L.: ¿Qué clase de peligros afrontan?

L. V.: Hace algunos años, dos inspectores de trabajo fueron asesinados en el Estado de Minas Gerais. Se trató de un caso de trabajo esclavo en una hacienda de ese Estado; dos inspectores de trabajo con un conductor fueron a adelantar la fiscalización, y el propietario de la hacienda le ordenó a uno de sus empleados disparar en contra de los inspectores. Es un trabajo peligroso, por lo cual debe tener garantías, una buena remuneración y contar con protección. Normalmente, para esas operaciones de trabajo esclavo, conformamos un grupo: vamos procuradores y fiscales de trabajo y policía federal.

A. L.: ¿Existe trabajo esclavo en Brasil?

L. V.: Sí, el trabajo degradante. Un paso grande que dio Brasil fue admitir que hay trabajo esclavo, pues muchos países tienen ese tipo de trabajo, pero no lo admiten. Por ejemplo, Italia, España, Alemania e Inglaterra no lo reconocen. Cuando eso ocurre, no es posible combatirlo. En Brasil, lo admitimos hace algunos años, sobre todo hacia finales de los noventa, porque consideramos que hay trabajo esclavo contemporáneo (lo llamamos así, porque es diferente del clásico, que era el esclavo africano, negro, traído por los portugueses a Brasil con grilletes), cuando se presenta alguna forma de limitación a la libertad individual de locomoción del trabajador. También puede ser mediante el acoso sicológico, la coacción, la vigilancia armada y otras formas de esclavitud, como la retención de los documentos personales del trabajador. Puede presentarse, además, la esclavitud por deudas.

A. L.: ¿En qué consiste ese último tipo de esclavitud?

L. V.: Hay un reclutador que llamamos “gato”, es el intermediario, que va a los Estados del Norte o del Nordeste de Brasil. También va a pequeños pueblos donde las personas no encuentran trabajo y las condiciones de vida son bajas. En esos lugares, las personas están dispuestas a ir a otras regiones en busca de trabajo: dejan sus familias y se van solos, sobre todo los hombres. El reclutador, normalmente, los conduce a una hacienda distante, muchas veces en otros Estados de la federación. El trabajador empieza su deuda con el transporte desde su casa hasta la hacienda. Cuando llega allá, él debe pagar por el alojamiento, la comida, los instrumentos de trabajo, y las deudas se van acumulando. Entonces, siempre está endeudado, porque su salario nunca es suficiente para saldarlas. Regularmente, se trata de personas que creen tener deudas y las quieren pagar. El trabajador continúa allá con la idea de que las va a cancelar y que va a ahorrar un poco de dinero para volver a su pueblo y dárselo a la familia. Pero nunca lo consigue. Es un círculo vicioso.

A. L.: ¿Se puede presentar una queja ante los inspectores de trabajo o ante los procuradores?

L. V.: Sí, pero muchas veces la denuncia se interpone solamente ante los fiscales. Ellos van a la empresa y si esta no quiere regularizar la situación, le imponen la multa, pero no pueden hacer nada más. Entonces, envían el acta a los procuradores para que adopten las medidas judiciales. Esas acciones son muy positivas, porque, muchas veces, en lugar de tener 100 demandas individuales, se tramita una sola demanda colectiva. Por cuestiones de celeridad y de economía procesal, es muy bueno para la justicia, pues en una acción colectiva se acogen 500 ó 1.000 trabajadores, según el tamaño de la empresa denunciada.

A. L.: ¿Cuáles son las principales faltas en contra de los trabajadores?

L. V.: Las ocho áreas prioritarias de actuación del Ministerio Público de Trabajo tienen mucho en común con los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Esas ocho áreas son trabajo esclavo, trabajo infantil, medio ambiente del trabajo, trabajo portuario y navegación, fraudes laborales en el sector privado, irregularidades laborales en la administración pública, libertad sindical y promoción de la igualdad y combate a la discriminación.

A. L.: ¿Qué evolución destaca del Ministerio Público de Trabajo después de la Constitución de 1988?

L. V.: La actuación era más judicial, más ligada a las demandas. Pero después los procuradores percibimos que, en realidad, nuestra actuación más efectiva era extrajudicial y no tanto judicial. Entonces, se dio un giro, porque más del 90% de las denuncias eran resueltas sin recurrir al poder judicial, mediante compromisos de ajuste de conducta de los empleadores. De todas las denuncias que recibo, una pequeña minoría es la que no consigo resolver en la esfera extrajudicial y tengo que acudir a la justicia laboral.

A. L.: ¿La fortaleza del Ministerio Público de Trabajo ha cambiado las relaciones entre empleador y trabajador?

L. V.: Seguramente sí, aunque se necesitan más procuradores de trabajo. La primera ciudad donde trabajé fue Manaos, en el Amazonas, al Norte de Brasil. Es una ciudad con dos millones de habitantes, con un polo industrial inmenso, porque hay grandes incentivos fiscales. En consecuencia, prácticamente todas las multinacionales tienen fábrica allá. En ese polo industrial hay muchas irregularidades, sobre todo de medio ambiente de trabajo. Percibí que muchas veces la misma empresa tiene un comportamiento en el Sur de Brasil y otro en el Norte, porque la presencia del Estado es menor allá y la cultura de incumplimiento es mayor.

A. L.: ¿Cómo es la relación entre procuradores de trabajo y fiscales de trabajo?

L. V.: Hay una ley de 1985 que reglamenta la acción civil pública. Esa norma dice que la indemnización por el daño moral colectivo debe ser destinada a un fondo estatal del Ministerio Público de Trabajo y tener participación en la gestión y en los recursos financieros para restablecer los derechos laborales lesionados. En Brasil, se creó el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), pero el problema es que no cumple la función de la ley. Primero, porque no hay participación del Ministerio Público y, segundo, porque esos recursos son utilizados, muchas veces, como créditos para las empresas. Descubrimos compañías que obtuvieron crédito de ese fondo y que incurrían en trabajo esclavo. Por eso, mientras no se cree un fondo de ley realmente destinado a restablecer los derechos laborales, los procuradores de trabajo les podemos dar otras destinaciones a esos recursos.