Comentarios a la sentencia de unificación de la indexación primera mesada pensional SU-1073 del 2012

Revista Nº 177 Mayo-Jun. 2013

Óscar Andrés Blanco Rivera 

Asesor laboral 

La Sala Plena de la Corte Constitucional por medio de la Sentencia SU-1073 de 12 de diciembre del 2012 con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se pronunció de fondo sobre la indexación de la primera mesada pensional antes de la vigencia de la Constitución de 1991. Esta decisión la tomó al revisar varios fallos dictados por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria que revocó el proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que tuteló los derechos fundamentales invocados por Pablo Enrique Murcia Gómez en acción de tutela promovida contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y otros; así como los dictados por el Consejo Superior Sala Disciplinaria que revocó el proferido por el Consejo Seccional de Cundinamarca, que igualmente concedió el amparo invocado por Gladys Hau Cheng, en acción de tutela promovida contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema y la sociedad NCR Colombia Ltda., y la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, que negó por improcedente el amparo invocado por Jorge Eliécer Quecán Moreno en acción de tutela promovida contra la Sala de Casación Laboral de la Corte y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, etc., entre otros accionantes contra dichas corporaciones, otras entidades y empresas, con la finalidad, como lo concluye en la sentencia comentada, de unificar el criterio aplicable a la obligatoriedad de indexar la primera mesada pensional a las pensiones legales, extralegales, convencionales y voluntarias, incluidas la pensión sanción y las proporcionales, anteriores a la Constitución de 1991.

Sobre el tema en cuestión tuvimos la oportunidad de referirnos en artículo publicado por la Revista Actualidad Laboral Nº 139 de enero-febrero del 2007, a propósito de la Sentencia C-862 del 19 de octubre del 2006 de la Corte Constitucional. En aquel entonces el tema se concentró, en esencia, en la indexación de la primera mesada de pensiones legales y extralegales o voluntarias causadas en vigencia de la Constitución de 1991. En dicho artículo dijimos que la actualización o indexación de la primera mesada pensional ha venido siendo reclamada en los estrados judiciales de nuestro país a lo largo de la década de los 90 y lo que va corrido del nuevo milenio. En otras latitudes ha sido tema de argumentación jurídica positiva y negativa de los más altos tribunales en tanto y en cuanto sus sociedades han atravesado críticos procesos inflacionarios que afectaron en gran manera los ingresos y créditos laborales, para resaltar que de tiempo atrás se viene discutiendo nacional e internacionalmente las cuestiones referidas a la devaluación o pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Es decir, que los paliativos a dicha pérdida pasan necesariamente por la actualización legal o jurisprudencial de la moneda.

También trajimos a colación en ese comentario, algunas definiciones que indicaban que la indexación, indización o corrección monetaria, como también se le designa en la doctrina nacional e internacional, es una “operación de reajuste de una moneda en función de determinados índices o indicadores”(1), y que en palabras del destacado profesor y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Ernesto Jiménez Díaz, la indexación persigue “recomponer el originario valor intrínseco del crédito dinerario (...) que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante el valor real de estos”(2).

Este debate se ha dado ampliamente en países como Argentina, que en las tres últimas décadas ha padecido de un fenómeno inflacionario elevado, afectando y deteriorando sensiblemente los ingresos de los pensionados, entre otros grupos humanos, por la constante pérdida del valor de la moneda.

En nuestro medio la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha hecho breves recuentos de la evolución legislativa en estas materias, para señalar que la indexación o corrección monetaria fue introducida en Colombia con el establecimiento del UPAC (1972) y más adelante con el ajuste de las condenas en los procesos ejecutivos por deudas tributarias en base al índice de precios al consumidor (1984 y 1989). Y en materia laboral, el reajuste periódico del salario mínimo previsto en los artículos 146, 147 y 148 del Código Sustantivo del Trabajo, introdujo desde su expedición tener en cuenta para su fijación el costo de vida. Finalmente, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se estableció en el artículo 14 el reajuste de las pensiones con base a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Pues bien, estas y otras definiciones y criterios se recuerdan en la reciente sentencia de unificación que sirven como marco doctrinal de esta reseña, que pasamos a comentar en una apretada síntesis, así:

1. Como ya quedó dicho, por medio de acción de tutela instaurada por Pablo Enrique Murcia Gómez y otros accionantes en diferentes proceso contra Caja Agraria y otras entidades y empresas, estatales y particulares, solicitaron el amparo de derechos fundamentales a la vida, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y la seguridad social, con miras a obtener el pago oportuno y completo de las mesadas pensionales, para que se ordene a las accionadas la actualización de la primera mesada pensional y el consecuente pago de las diferencias resultantes desde la fecha en que les fue reconocida la pensión.

En el caso del señor Murcia Gómez para referirnos solamente a este caso a manera de ilustración, manifestó que demandó a la Caja Agraria en proceso ordinario laboral radicado en el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá para que se ordenara al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, pagador de las pensiones de la extinta Caja Agraria, indexar el valor de la mesada pensional desde el 9 de noviembre de 1990, y efectuar los reajustes de ley. Indicó que al 11 de agosto de 1987, fecha de su retiro del banco oficial, devengó como último salario la suma de $ 20.509, equivalente a 5,13 veces el salario mínimo legal mensual vigente en aquel año; pero que, la entidad demandada le reconoció la pensión de jubilación a partir del 9 de noviembre de 1990 en cuantía de $ 78.835,43, suma inferior al 75% el salario mínimo mensual devengado a la fecha de retiro. En sentencia de 1º de junio del 2007 el juzgado condenó a la demandada al pago de la indexación desde aquella fecha, sentencia que apelada fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Presentado el recurso de casación ante la Sala de Casación Laboral, por medio de sentencia de 25 de marzo del 2009, resolvió no casar el fallo proferido por el tribunal bajo el argumento de que indexación solo es resulta viable cuando el derecho pensional se causa en vigencia de la Constitución Política de 1991, y en el caso del señor Murcia Gómez no fue así,lo que según lo manifestado por el accionante no entiende por qué a otras personas bajo las mismas circunstancias se les ajustó la primera mesada pensional, razón por la cual acudió en acción de tutela al considerar que la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, al decidir desfavorablemente el derecho que le asiste al demandante para tal reconocimiento indexado.

Recibida la tutela, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la admitió y ordenó vincular a la Sala de Casación Laboral de la Corte, la cual, al descorrer el traslado de la tutela la Sala de Casación Laboral de la Corte, en escrito del 1º de marzo del 2010, manifestó las razones por las cuales consideró que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no puede asumir su conocimiento, por cuanto, la Sala de Casación Laboral como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es un órgano límite y por tanto, sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, pues la propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior, de acuerdo con la misma Carta Política”, razón por la cual no es jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial pretenda imponerle a la Corte Suprema de Justicia un criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia. Afirmó igualmente que según lo establecido en el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000, “... Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela...”, que con toda precisión señala que “Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección, que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”; y que como tal precepto se encuentra vigente, concluyó que el mismo debe ser inexorablemente cumplido por las autoridades judiciales, y que no tiene ningún efecto jurídico la atribución de competencias efectuada por la Corte Constitucional a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas por el ordenamiento legal para que estas conozcan de esas acciones. En consecuencia, solicitan declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia para conocer de la presente acción de tutela y rechazarla, o en su defecto, desestimarla por improcedente.

Las demás accionadas hicieron lo propio, manifestando que la inconformidad del accionante frente a los fallos proferidos por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia hicieron tránsito a cosa juzgada, razón por la cual no es viable ningún trámite ni acción contra ellos, teniendo en cuenta la naturaleza residual y subsidiaria de la tutela “que solo procede en forma excepcional contra providencias judiciales por la ocurrencia de una vía de hecho, cuando el juez, en forma arbitraria, caprichosa y con fundamento en su sola voluntad actúa en absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico; situación que no se presenta en el caso sub examine, pues al accionante no se le ha violado derecho fundamental alguno, teniendo en cuenta que el fallo se encuentra ajustado a derecho”.

La Sala de Casación Civil de la Corte por su parte, actuando como segunda instancia de la Sala de Casación Penal de la misma corporación, declaró la nulidad de lo actuado por esa Sala, y no admitió la tutela, la cual fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Contra esa decisión el accionante interpuso otra tutela ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura que resolvió tutelar los derechos fundamentales del accionantes, apoyando su decisión en la Sentencia SU-120 del 2003 de la Corte Constitucional y reiteró que los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones laborales y el valor adquisitivo de las pensiones, a la luz de lo dispuesto en los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución Política, dejando sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte y la correspondiente del Tribunal Superior de Bogotá, instando a la Sala Laboral de la Corte a proferir un nuevo fallo de casación, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional.

Enviado en apelación ante el Consejo Superior de la Judicatura, esta corporación resolvió revocar el fallo impugnado al considerar que no se puede acceder a tales pretensiones del accionante por cuanto la indexación de la primera mesada pensional solo es viable a la luz de la Constitución de 1991, que no es su caso porque la pensión le fue reconocida en noviembre de 1990.

2. Asumida la revisión por la máxima corporación de lo constitucional, plantea la Corte Constitucional en las consideraciones de la sentencia, que el problema jurídico que se pretende resolver parte del supuesto que, i) Por regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, pues la tutela es de alcance excepcional y restringido, pero, cuando se pone de manifiesto que la decisión es contraria al orden jurídico constitucional, se impone su revisión para examinar y resolver de fondo si una actuación del juzgador es manifiestamente contraria al orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; y ii) Esto significa que cuando lo que se discute resulte de evidente relevancia constitucional, se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, se cumpla con el requisito de la inmediatez y se trate de una irregularidad procesal, entre otras premisas, la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales es de recibo e impone a la Corte Constitucional su estudio y revisión.

En un rápido recuento legislativo, recuerda la Corte que desde los decretos 677, 678 y 1229 de 1972 que establecieron la corrección monetaria para incentivar el ahorro privado se comenzó a hablar de la indexación o actualización de la moneda, asunto que también recibió tratamiento en los artículos 261 del Código Sustantivo del Trabajo que derogó la congelación del salario base contemplada en la Ley 171 de 1961. Igual tratamiento se estableció en las leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988, hasta culminar este proceso con la Ley 100 de 1993 que consagró el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo en las pensiones. Sin embargo, destaca la Corte, que la indexación de la mesada pensional antes de la Constitución de 1991 fue acogida por la Sección 1ª de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 1982, criterio que lo mantuvo hasta la sentencia de 18 de abril de 1999, pero no así sucedió en la Sección 2ª de la Sala, que solo hasta la sentencia de 7 de julio de 1991 unificó la postura de la Sala Laboral adoptando el criterio que la indexación es una modalidad de resarcir el daño emergente. Este criterio se extendió posteriormente a la pensión sanción, a las convencionales y la pensión de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y la proporcional, hasta la sentencia de 18 de agosto de 1999 que cambió la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, la cual fijó el criterio de que la indexación solo procede en los casos que el legislador lo haya previsto. Con este recuento de antecedentes, lo que destaca la Corte Constitucional en la sentencia comentada es que ya la Sala Laboral de la Corte Suprema había adoptado el criterio de la indexación, como un antecedente a tener en cuenta y en una etapa preconstitucional al año 1991. Finalmente, este criterio contra una indexación limitada a lo establecido por ley, fue atacada y declarada contraria a los postulados constitucionales en las sentencias SU-120 del 2003, C-862 y C-891A del 2006 que proclamaron el derecho universal de los jubilados a la indexación de la primera mesada pensional en aplicación del principio de in dubio pro operario. Estas decisiones trajeron como consecuencia que la Sala Laboral de la Corte cambiara su postura, pero solo en relación con las pensiones causadas y reconocidas después de la Constitución de 1991, más no para las anteriores, a las que siguió negando la indexación.

3. En resumen, señala la Corte Constitucional que la indexación de la primera mesada pensional antes de la Constitución de 1991 encuentra sustento en las siguientes razones: i) La indexación ya era reconocida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia antes de 1991; ii) La indexación encuentra soporte claro en preceptos bajo el amparo de la Constitución de 1886; ii) Los preceptos constitucionales actuales irradian situaciones consolidadas bajo el amparo de la Constitución anterior; iv) La jurisprudencia constitucional ha predicado el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional en las sentencias antes citadas, que concedieron la indexación a personas que disfrutaban pensiones extralegales o convencionales antes de 1991 (T-663/2003 y T-362/2010, entre otras); v) La certeza del derecho a la indexación en relación con las pensiones causadas antes de 1991, determina la contabilización del término de la prescripción (CPT, art. 151) y sería desproporcionado reclamar a los entes obligados a cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue incierto, por cuanto solo hasta la Sentencia C-862 del 2006 la Corte definió el carácter erga omnes de la indexación y se admitió que no hubieran distinciones discriminatorias entre beneficiarios de pensiones legales, convencionales, ordinarias, pensión sanción, etc. En consecuencia, hasta ese momento y a partir de la Sentencia C-862 del 2006, hay certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento, por razón también de seguridad jurídica, sostenibilidad financiera del sistema y, en aras de equilibrar los intereses en pugna, el juez constitucional realiza una interpretación no sobre la existencia de la prescripción, sino sobre la manera de contabilizarla, lo que conlleva que solo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible.

4. A manera de conclusiones, la Corte Constitucional resuelve en la Sentencia SU-1073 de diciembre 12 del 2012, además de unificar el criterio del carácter universal y erga omnes de la indexación, fijar el criterio de que el pago del retroactivo de la mesada indexada causado con anterioridad a la Constitución de 1991, se contará solo a partir de la fecha de expedición de ésta sentencia (dic. 12/2012), porque es a partir de esta fecha que tienen derecho a dicha indexación y por los tres años anteriores a esa fecha de expedición.

En consecuencia, la sentencia comentada deja sin efecto las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y demás corporaciones y tribunales, contrarias a esta decisión y dispone la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales de los accionantes relacionados. Pero, para mantener el equilibrio y sostenibilidad del sistema de pensiones, el pago del retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de la expedición de la presente sentencia de unificación.

De igual manera, dispone la Corte Constitucional requerir a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, al resolver sobre las solicitudes de indexación de la primera mesada pensional, aplique la jurisprudencia constitucional sobre el carácter universal del derecho a la indexación, incluso, de aquellas reconocidas con anterioridad a la Constitución de 1991.

5. En el salvamento parcial de voto de la magistrada María Victoria Calle Correa, manifiesta su desacuerdo en esencia contra el alcance que la Sala Plena le otorga a esta sentencia para determinar el pago del retroactivo, el cual fija la fecha de su expedición en relación con las mesadas causadas tres años antes de la notificación de la sentencia en comento, porque, según la magistrada, dicha determinación se basó en dos consideraciones que no comparte, a saber: i) La inexistencia de certeza sobre la existencia del derecho a la indexación para pensiones preconstitucionales antes de la decisión; y ii) La necesidad de preservar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

Para apartarse del criterio de mayoría, acude al argumento de que la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre la indexación de las mesadas pensionales causadas antes de la Constitución de 1991 y cita las sentencias SU-120 del 2003, C-862 del 2006 y C-891A del 2006, así como otras decisiones de revisión, donde la Corte reconoció tal derecho, por lo que concluye que no es del caso indicar que ésta sentencia, la SU-1073 del 2012 es la de unificación del asunto en cuestión referido a las pensiones causadas antes de la Constitución de 1991. Y en cuanto a la segunda discrepancia, la de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, considera que al aplicar la prescripción tan solo a partir de la vigencia de la presente sentencia constituye una sanción a los trabajadores en la defensa de sus derechos, razón por la cual si mientras las entidades e instituciones recibieron aportes de buena fe por parte de los peticionarios, los manejaron con sus portafolios financieros y percibieron, incluso, rendimientos por dichas reservas y/o cotizaciones, se viola el derecho a los actores a no reconocerles una prestación derivada de la equidad y la afectación que toda persona sufre en sus ingresos cuando son liquidados varios años después sin indexar en un contexto inflacionario.

6. Siguiendo el criterio fijado por la Corte Constitucional, es del caso señalar que recientemente, en marzo del 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al fallar una tutela a favor de un extrabajador del liquidado Banco Cafetero, quien pretendía la indexación de la primera mesada pensional que se había causado en julio de 1973, dejó sin efectos un fallo de casación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que había negado dicha actualización pensional al considerar que ese derecho solamente es procedente para las pensiones originadas después de la promulgación de la Constitución de 1991. En la sentencia de tutela precitada, el Consejo de la Judicatura retomó la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional al asegurar que la actualización de la mesada pensional no es exclusiva de determinadas categorías de pensionados, porque todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación monetaria, por lo tanto es un derecho de carácter universal que si no se garantiza produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad, para lo cual señaló que, “Para la Sala el permitir que la citada sentencia de casación laboral siga produciendo efectos no consulta los criterios de justicia y equidad invocados y vulnera el derecho a la igualdad del actor, pues no existe ninguna razón constitucionalmente válida para diferenciar a los pensionados, en tanto todos se ven afectados por la depreciación de la moneda”.

7. Varios son los comentarios que debemos señalar en este escrito a manera de conclusiones. En primer lugar, si bien en gracia de discusión se admite la indexación de la primera mesada pensional a las pensiones reconocidas en vigencia de la Constitución de 1991, a pesar de nuestra oposición expresada en numerosas demandas de casación respecto de las pensiones de origen extralegal, convencionales o voluntarias, en cuyas normas particulares no se señaló fórmula alguna de actualización del último salario devengado como trabajador por el hoy pensionado al servicio de la entidad o empresa demandada, no es posible extenderla ahora a las igualmente voluntarias, convencionales o extralegales causadas antes de la Constitución de 1991, e incluso a las legales anteriores, de lo cual me aparto, porque no es cierto que las entidades o empresas hayan recibido aportes ni obtenido rendimientos financieros, como lo afirma la magistrada Calle Correa ni tampoco es cierto que los fundamentos de la Constitución de 1991 puedan aplicarse retroactivamente a eventos causados y reconocidos bajo un estatuto constitucional que no lo contemplaba. Se pasa por alto que las empresas que tenían consagradas en sus convenios colectivos de trabajo o que elaboraron los cálculos actuariales para determinar los pasivos pensionales en sus balances, en ningún momento incluyeron por acuerdo inter partes fórmulas que indexaran tales pasivos, pues siempre se hicieron con base en el último salario devengado por el trabajador a la fecha de su retiro. Recordemos que tales requerimientos solo comenzaron a efectuarse en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no antes.

En segundo lugar, si también en gracia de discusión, se admite la indexación de la primera mesada pensional para las pensiones causadas y reconocidas antes de la vigencia de la Constitución de 1991, al menos la Corte Constitucional tuvo la precaución de que los efectos aplicables a pagos retroactivos tuvieran un límite, como que solo se aplicará a los tres años inmediatamente anteriores a la expedición de la Sentencia SU-1073 del 2012 del 12 de diciembre. Ello significa que, a pesar de impactar los tres años retroactivos en las reservas pensionales que se tienen por dichas pensiones reconocidas y causadas en aquella etapa preconstitucional, alivia un tanto la situación financiera de entidades, empresas e instituciones para asumir esa carga por la diferencia que habrá de liquidarse entre la pensión pagada y la nueva ajustada. En ese sentido, los argumentos expresados en el salvamento de voto de la magistrada Calle Correa se apartan de claros principios de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y de mantener el equilibrio financiero de las partes, pues si se hubiera llegado a la decisión de aplicar la retroactividad desde la fecha en que se hizo exigible, por más que se aplicase la prescripción de las mesadas más antiguas, el impacto financiero se aminora en aras del equilibrio financiero entre las partes.

Y en tercer lugar, debe descartarse el argumento de que para los pensionados anteriores a la vigencia de la Constitución de 1991 resulten lesionados sus intereses económicos por esta decisión más equilibrada adoptada por la Corte Constitucional, por no ser ciertos, porque es claro que ningún estatuto, ni legal ni convencional o voluntario, contenía fórmulas de reajuste automático o de actualización de la moneda, salvo un par de disposiciones excepcionales mencionadas al inicio de este escrito.

Sin perjuicio de lo anterior, precisa señalar, conforme lo señalamos en aquel artículo rememorado a propósito de esta sentencia que revisamos, que si se pretendiera continuar dando aplicación a las decisiones de mayoría de la Sala Laboral de la Corte, sin tener en cuenta los principios de equidad y favorabilidad expresados en reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, seguiremos el camino de continuar presenciando la intervención del juez constitucional en las decisiones judiciales por vía de hecho, teniendo en cuenta el criterio expresado por esa corporación en reiterada jurisprudencia donde ha señalado que “(...) en principio, contra las decisiones judiciales no procede la acción de tutela y que de estas se predica su obligatoriedad incondicional, comoquiera que cuando el órgano judicial aplica la voluntad abstracta de la ley a un caso concreto se supone que lo hace con sujeción estricta a la Constitución Política, porque a los jueces y a los tribunales les compete acatar la Carta, y lograr su aplicación en los hechos, las relaciones sociales y las acciones de los poderes públicos”(3); pero, “(...) cuando la regla del sometimiento de las decisiones judiciales al ordenamiento constitucional se quiebra, porque la solución que el juez resolvió imponer al asunto sometido a su consideración no concuerda con los dictados de la Constitución Política, puede decirse que su legalidad es solo aparente, y que el juez constitucional debe intervenir, porque la ausencia de juridicidad impone que las sentencias no puedan ser definitivas”.

(1) Sagues, Néstor Pedro. “La indexación de los créditos laborales”. Citado por Clarisa Viviana Killing en una monografía sobre el tema presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2005.

(2) Jiménez Díaz, Ernesto. “La indexación en los conflictos laborales”. Trabajo de ingreso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Revista Derecho Social, Colegio de Abogados del Trabajo, Nº 32, diciembre, 1991, págs. 21 y ss. Citado también en la Sentencia C-862 del 2006.

(3) Sentencia C-739 del 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.