En busca de la armonía laboral entre equipos de fútbol y jugadores

Revista Nº 179 Sep.-Oct. 2013

Javier N. Rojas 

Especial para la revista Actualidad Laboral 

Los aficionados al fútbol están a la expectativa de los debates que tendrán lugar en el Congreso de la República, durante sus últimas sesiones del 2013, en torno al proyecto de ley que regula la relación laboral de los futbolistas profesionales con los clubes deportivos que los emplean, iniciativa del Ministerio del Trabajo, relación que se ha caracterizado por un clima permanente de tensión.

El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, reconoce un interés personal en el proyecto y recuerda que, en 2004, en su condición de senador, presentó al Congreso una iniciativa de esta índole que no prosperó, así como otra encaminada a la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas.

Precisa que la meta de llevar a los equipos a organizarse como asociaciones deportivas, conforme al Código Civil, o como sociedades anónimas, en los términos del Código de Comercio, ya se cumplió mediante la Ley 1445 del 2011, pero todavía no se ha materializado el objetivo de formalizar el aspecto laboral entre jugadores y clubes de fútbol, razón por la cual “tengo ese interés” en sacar adelante la propuesta.

Afirma que “el año pasado tuvo lugar una reunión con representantes de la Federación Internacional del Fútbol Aficionado (FIFA), en la cual se habló “sobre la necesidad de que Colombia sincronizara su legislación laboral con las normas que rigen a los jugadores y a los clubes. Y eso hemos venido haciendo desde febrero del 2013 con asesores de la FIFA, con la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y con representantes de los jugadores”.

Pardo reconoce que hay áreas grises en el esquema de contratos laborales que actualmente emplean los clubes. En la propuesta presentada se plantea que “lo óptimo para esta modalidad laboral es que sean contratos a término fijo con una duración mínima de un torneo y una máxima de cinco años”.

“El tema de los descansos, que también están regulados en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), es necesario adaptarlo a la realidad de este oficio; todos los trabajadores y jugadores tienen derecho a un día de descanso a la semana, pero, obviamente, para los futbolistas no puede ser el domingo, pues es el día del espectáculo futbolístico”. En tal contexto, a pesar de que el CST regula, de manera general, la relación laboral de los futbolistas con los equipos, recalca la importancia de una ley laboral del fútbol que especifique los modos “más apropiados” de aplicar el código a esta clase especial de labor.

“La esencia del proyecto es que haya un vínculo contractual entre el empleador y el jugador; el contrato debe tener todas las remuneraciones laborales y estipular las que no lo son” o, por lo menos, la forma de determinarlas. Explica que “todos los contratos tienen forma de deshacerse; por renuncia, por despido o porque se agota la materia del contrato. Y se establece, en estos casos, en qué condiciones y cuáles son las obligaciones de una y otra parte”. Espera que el proyecto surta un trámite ágil y pueda entrar en vigencia desde enero del 2014.

Entre tanto, Enrique Borda, asesor del Ministerio del Trabajo, explica que de las recomendaciones sugeridas en los encuentros organizados por esa cartera para presentar el proyecto de ley a futbolistas y clubes deportivos se juzgó como importante incorporar la regulación sobre las vacaciones de los jugadores.

El jugador de Millonarios Rafael Robayo comenta que es primordial el reconocimiento de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), agremiación que los representa. “Queremos que los muchachos que están empezando las carreras deportivas tengan a alguien en quien puedan confiar” y promueva la transparencia en los contratos laborales, así como en las relaciones entre jugadores y equipos de fútbol, a fin de que “no los vayan a ilusionar con cosas que, de pronto, no aparecen en el contrato después de firmarlo”.

Robayo anota que el principal problema de los jugadores es el incumplimiento de los pagos y de las cotizaciones a la seguridad social por parte de los equipos. “Hay jugadores a quienes, en otros clubes, no les cumplen con la seguridad social; no tienen la salud ni la pensión al día. Hay clubes en donde pasan dos o tres meses y no cancelan esas obligaciones, más aún cuando el equipo no puede conseguir resultados futbolísticos favorables; entonces, los directivos de un club se pegan de eso para no cumplirles a los jugadores”.

Asegura que se trata de una situación crítica “porque nosotros tenemos familias” y los deportistas obtienen sus ingresos y la cobertura de seguridad social únicamente del deporte. Se debe encontrar la fórmula legal en aras de lograr que los clubes respondan oportunamente por sus obligaciones laborales y que, si hay incumplimiento, también sean castigados, tal como los clubes los castigan por algún incumplimiento interno.

Pagos velados

Robayo también destaca que “en cualquier empresa, lo normal es que un trabajador tenga un solo contrato. En el fútbol colombiano se manejan contratos, convenios y dineros por debajo de cuerda. Se registra en un contrato laboral, por ejemplo, un millón de pesos y aparte le dan al jugador cinco millones de pesos de publicidad. Pero cuando se va a tramitar la pensión, esta se va a causar a partir de un millón de pesos y no por los seis millones”.

“Eso es ilegal; un trabajador debe tener, en el contrato, el valor de todo lo que se va a ganar, no importa que le descuenten por retención en la fuente, por todos los impuestos, lo de ley, porque eso también le representa un beneficio cuando tenga que presentar la declaración de renta. Entre más legales sean las cosas, mucho mejor va a ser, tanto para los clubes como para nosotros”, asevera Robayo.

“Millonarios no incumple desde ningún punto de vista. El jugador que viene al club sabe que tiene un contrato laboral único, donde aparece cuánto se va a ganar y cuánto tienen que descontarle por impuestos. De ahí en adelante, la responsabilidad es del jugador que llega al equipo a entregarlo todo”.

“Queremos que los demás equipos tengan esa legalidad en los contratos y que no ilusionen a los futbolistas con un dinero y que, por alguna circunstancia extradeportiva, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, se le deba liquidar una pensión por invalidez con base en el bajo salario que figure en el contrato laboral”, sin tener en cuenta los ingresos que se le pagaron veladamente.

El proyecto de ley laboral del fútbol “es en beneficio no solo de nosotros, sino también de los clubes que nos van a contratar”. Agrega que mientras mejor tengan al trabajador, van a tener mucha más tranquilidad a la hora de verlo jugar y el deportista se va a sentir más cómodo en el club.

En cuanto a los porcentajes originados en las transferencias de jugadores entre equipos, Robayo señala: “Se tienen que regular de acuerdo con lo que se hace en ligas importantes, no solo de Europa, sino de Suramérica, porque el protagonista es el jugador, el que debe salir a jugar, a arriesgarse a sufrir alguna lesión, él es quien debe poner la cara cuando pierde el equipo y decir por qué”.

Robayo concluye, entonces, con que el deportista debe recibir beneficios por las transferencias y “no que los clubes se queden con todo, ni los intermediarios, porque, al final de cuentas, el jugador tiene que esforzarse para que le vaya bien al equipo”, así como un buen nivel de vida para su familia a partir de los ingresos generados por su trabajo. Anota que entregar el 15% del valor acordado entre dos equipos por la transferencia de un jugador constituye un porcentaje justo, el mismo que se reconoce en las ligas suramericanas y en las europeas.

Ramón Jesurum, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), reconoce que existen vacíos en el aspecto laboral del fútbol, pero que “estamos aspirando a llenarlos hace mucho rato”, vacíos que afectan a clubes de fútbol y a futbolistas.

“El gobierno entendió muy bien la problemática”, que conocen a fondo jugadores y clubes. Durante el proceso de análisis del proyecto de ley se han tratado de “conjugar” las diferentes visiones y sacar adelante “una ley blindada que proteja a ambos sectores” en materia laboral, objetivo que ha tenido un camino difícil de recorrer.

Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Fedefútbol), no cree que el país se haya demorado demasiado en avanzar con respecto a la legislación laboral del deporte, sino que “hay una legislación laboral colombiana que está en contravía de ciertos aspectos de la legislación deportiva internacional”. Por eso la FIFA hizo una visita a la Fedefútbol, con el fin de solicitarle la gestión de entrevistas con el Gobierno, en aras de buscar la regularización en materias laboral y deportiva.

Bedoya reconoce la diligencia del ministro Pardo para tratar de subsanar esas incompatibilidades entre la ley laboral colombiana y las normas de la FIFA, por medio del actual proyecto de ley, proceso que implicó un ejercicio previo en el que se descartó la posibilidad de corregirlas a través de un decreto.

Estabilidad de doble vía

El dirigente de la Fedefútbol subraya que el proyecto no es para salvaguardar algunos derechos de los jugadores que se estén desconociendo. Se trata de que la contratación de un jugador debe garantizar la estabilidad al club y al futbolista, como ocurre “en el mundo entero”. Con miras a conseguirlo, “los contratos los deben cumplir los clubes y los jugadores y la legislación colombiana solamente crea una indemnización para cuando el club termine el contrato de trabajo”.

Califica como fundamental la disposición según la cual cuando el jugador termine el contrato de manera injustificada también haya que indemnizar al equipo. “Ese es el equilibrio que el fútbol tiene en el mundo. Hoy, ningún jugador de fútbol colombiano en el exterior está eximido de cumplir esto. Lo que la FIFA está pidiendo, que constituye base del proyecto, es que también exista esta norma en la legislación colombiana”.

De otro lado, Jesurum acota que en las operaciones de transferencias de un jugador entre dos equipos de fútbol, se le pague al jugador una suma en un rango entre el 8% y el 15% del valor de esa negociación. “Este es uno de los temas a estudiar y dentro de las discusiones tendremos que llegar a un acuerdo”.

A su vez, Bedoya explica que los clubes se muestran a favor de que se pague a jugador un valor mínimo equivalente al 8% del costo total de la transacción, “pero que se pueda pactar eventualmente otro porcentaje superior entre el club y el jugador en el momento de realizar el contrato de trabajo”.

Luis Carlos Serrano, abogado y especialista en Derecho Laboral, señala que las relaciones de trabajo entre futbolistas profesionales y clubes de fútbol, hasta ahora, “simplemente se han regido por el CST” y considera novedoso que el proyecto reconozca ciertos aspectos especiales en ese vínculo.

Comenta que, desde 2008, ha adelantado litigios en contra de distintos clubes colombianos de fútbol a causa del incumplimiento de aquellos, en unos casos, y del contrato laboral, en otros, del llamado convenio deportivo, el cual Serrano asimila al ‘reconocimiento de una prima extralegal aparte del contrato laboral”, valor que clubes y futbolistas han aceptado excluir, tradicionalmente, del contrato.

Así mismo, Serrano critica los artículos 13 y 14 del proyecto, alusivos a la terminación del contrato de trabajo por justa e injusta causa, respectivamente. Sostiene que es inconveniente definir los valores de la indemnización por la terminación justificada o no del contrato entre el equipo de fútbol y el futbolista, pues tal hecho involucra situaciones complejas de resolver, como una eventual decisión voluntaria y espontánea del deportista de retirarse del primer club donde se formó para pasar a otro, circunstancia en la que sobreviene la dificultad de valorar la inversión en que incurrió aquel a fin de convertirlo en profesional.

“No es difícil determinar ese porcentaje de los derechos deportivos, siempre y cuando se maneje un documento privado aparte”, pero se convierte en un ejercicio complicado cuando se incorpora “en el mismo contrato laboral. Hoy predomina la firma de un contrato laboral y de un convenio que estipula los derechos deportivos del jugador. El origen de la discusión es que algunos clubes hacen las cosas mal” y no se apegan estrictamente a la ley para elaborar los contratos de trabajo.

Serrano asegura que un jugador profesional con algo de experiencia no se está ganando menos de tres millones de pesos mensuales, mientras que otro con mayor experiencia y calificado como muy buen jugador puede ganarse entre 30 y 40 millones de pesos mensuales en el mercado.

Esa realidad de suscribir contratos laborales con bajos salarios no ha cambiado sustancialmente, “a pesar de las críticas y de la ley que estableció que no se permitía que más del 40% del sueldo fuera ‘desalarizado’, algunos clubes siguen contratando con ese modus operandi del salario mínimo y el pago velado del resto de los ingresos laborales”. Insiste en que el contrato laboral y el convenio deportivo deberían reglarse mediante leyes independientes e, inclusive, este último tendría que regularse con una norma de Derecho Civil.

En lo pertinente al convenio deportivo, “el jugador está protegido por una norma internacional de la FIFA”, aceptada en Colombia por los clubes agremiados en la Fedefútbol, “según la cual se le da a él una participación de 8% de acordado entre dos clubes por su trasferencia. Sin embargo, esa norma permite que el club negocie “libre y espontáneamente con el jugador” un porcentaje mayor por la operación. Serrano piensa que la regulación de este aspecto en una ley laboral le haría perder la naturaleza a esta disposición de la FIFA.

Eventual régimen excepcional

Serrano cree que si en el proyecto se le quiere dar competencia a la jurisdicción laboral para que contemple el aspecto del convenio deportivo, se estaría conformando un régimen especial, ante lo cual considera necesario que se precise en qué consisten el convenio deportivo y los derechos económicos (deportivos) que se derivan de este para el jugador, así como que se estableciera que estos últimos constituyen parte integral del contrato laboral. Insiste en que los clubes de fútbol han otorgado, hasta ahora, naturalezas distintas a los contratos laborales y a los convenios deportivos, pues a estos últimos se les ha dado calidad de contratos civiles.

Serrano ve “demasiados vacíos” en el proyecto, porque el jugador no va a tener un régimen especial como el de los servidores públicos. De otro lado, aunque se determina que “las partes podrán pactar en el contrato de trabajo una indemnización adicional en cuantía superior a la señalada”, cuando se presenta la terminación unilateral del contrato, critica que no se establezca un monto máximo a esa cuantía, con el objeto de proteger los intereses del futbolista en aquellos casos en que, en el contrato laboral con el equipo al que renuncia, se hubiese dispuesto una suma exorbitante como indemnización que es difícil de pagar por parte del jugador.

De otro lado, califica de inequitativa la indemnización que deberá pagar el jugador cuando decida rescindir, sin justa causa, el contrato con el equipo de fútbol, pues el deportista solamente tendrá que pagar una “indemnización igual al valor de los salarios equivalentes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado en el contrato”. En tal situación, se puede ver favorecido el deportista, al tener que pagar al empleador un valor indemnizatorio muy inferior a la inversión para formación en que incurrió el equipo del cual se retira.

Por su parte, el abogado Andrés Charria, experto en Derecho Deportivo, expresa que “en otras legislaciones hay una cláusula indemnizatoria, pero esta tiene un límite”. Conforme al artículo del proyecto relativo a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del club empleador o del jugador, “las partes podrán pactar en el contrato de trabajo una indemnización adicional en cuantía superior” a los “salarios equivalentes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado”. Coincide con Serrano en que “eso es abiertamente abusivo”, porque queda abierta la posibilidad de que un equipo fije una suma desproporcionada e imposible de pagar por un jugador que quiera rescindir el contrato con su empleador.

Entre tanto, Enrique Borda, asesor del Ministerio del Trabajo, comenta que “el aspecto de las indemnizaciones se recogió, precisamente, de lo que sienten los jugadores y los clubes de fútbol” y que el proyecto busca regular “solamente los temas laborales” y no la materia relativa a los llamados derechos deportivos.

Charria comenta que el proyecto pretende regular dos situaciones que históricamente han originado tensiones entre los jugadores y los directivos del fútbol. Primera, los derechos deportivos de los futbolistas constituyen el principal activo de los equipos y, por lo tanto, estos velan esmeradamente por impedir su depreciación, pues la solidez financiera de los clubes depende, en gran medida, de tales derechos.

Y, segunda, resulta “evidente que se han vulnerado los derechos laborales de los jugadores” durante mucho tiempo por parte de los clubes deportivos y, apenas en los últimos años, han comenzado a formalizar, acorde con la ley, la relación laboral con estos. Estas dos circunstancias han creado un clima laboral tenso, de manera que Charria cree sustantivo que se incluya en el proyecto un llamado al respeto mutuo de los derechos de cada una de las partes, así como a actuar de buena fe.

Acerca de tal petición, el ministro Pardo sostiene que “es un principio constitucional y legal que ya está en el CST; no hay por qué repetirlo”. Y precisa: “Para aquello que no esté contemplado en el proyecto, aplica el CST”.

Según Charria, el hecho de que el futbolista no sea fácilmente reemplazable cuando se retira de un equipo, permite hablar de una relación especial: “El contrato de trabajo, en la actividad del fútbol, es más igualitario que el contrato general” al que alude el CST.

Así, Charria no cree que se deba estipular en una ley el pago al futbolista de un porcentaje mínimo de la suma de dinero acordada entre dos clubes por el traspaso del deportista: “¿Por qué se debe incluir ese valor en el contrato, si va a haber uno nuevo para regular las relaciones del jugador con el otro equipo de fútbol?”.

Entre tanto, juzga conveniente para tanto empleador como trabajador que se establezca el modelo de contrato laboral a término fijo, tal como lo recomienda la FIFA. Esta opción, producto del desarrollo legal en el ámbito mundial de este deporte, brinda la posibilidad a los equipos de aprovechar, por periodos razonables, el talento de un jugador y a este de encontrar nuevas y mejores oportunidades futbolísticas y laborales.

Riesgo de inconstitucionalidad

En cuanto a la fórmula de indemnización propuesta en el proyecto por la terminación unilateral de un contrato sin justa causa por el jugador, conforme a la cual deberá cancelar al equipo “una indemnización igual al valor de los salarios equivalentes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado en el contrato”, piensa que va a ser declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Precisa que en los contratos normales de trabajo, el empleado no paga nada cuando decide retirarse de la empresa donde labora. Uno de los derechos mínimos del trabajador es la posibilidad de retirarse de una compañía cuando lo desee, sin pagar indemnización alguna. En este sentido “no se puede pactar nada en contrario” con un empleador. Por eso califica de ilegal la disposición del proyecto que obliga al futbolista a pagar indemnización al empleador cuando da por terminado el contrato laboral sin justa causa.

Respecto a la posibilidad de que algunos aspectos de la futura ley pudieran ser declarados inconstitucionales, el ministro Pardo comenta: “Me parece que es hilar muy delgado”, y argumenta que el Ministerio del Trabajo ha contado con asesores solventes intelectualmente. “Sabemos qué estamos haciendo; tenemos suficiente solidez en los conceptos jurídicos”.

En lo relativo a las copias de los contratos de trabajo de los futbolistas, Charria anota que el proyecto debería disponer expresamente la entrega de una copia del mismo al jugador, una al club de fútbol, una a la Fedefútbol y una a Coldeportes, “porque uno de los principales problemas del jugador es que no le entregan copia del contrato” después de firmado, lo cual dificulta la defensa de sus derechos cuando surge un conflicto con el equipo que lo emplea. Tal deficiencia facilita, eventualmente, la alteración de las condiciones originales del contrato por parte de los clubes deportivos.

Charria considera que los contratos de trabajo con los futbolistas no deberían firmarse por un tiempo máximo de cinco años, según lo señala el proyecto y lo estipula la FIFA, sino mantener el parámetro vigente de tres años, pues piensa que aquel es un periodo prolongado e inconveniente para los intereses tanto del empleador como del trabajador, agrega que también existe el riesgo de que la Corte Constitucional declare inconstitucional este aspecto.

También destaca la obligación que se impone a los equipos de “garantizar la ocupación efectiva” del futbolista y de evitar que lo excluyan “de los entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias de los partidos, torneos y competiciones en las que el club participe, salvo en caso de sanción o lesión”. Suele ocurrir que al futbolista se le pague el sueldo, pero no se le permita jugar en los partidos oficiales ni participar en los entrenamientos por causas extra futbolísticas, circunstancia que lo lleva a perder condición física y técnica. “Eso es una falta grave y una justa causa para terminar el contrato de trabajo”, asevera Charria.

De otro lado, afirma que en el proyecto se podría incorporar la figura de jugadores en formación, con el propósito de brindar cierto grado de estabilidad a las relaciones deportivas y laborales entre los clubes de fútbol y los jugadores muy jóvenes que comienzan su aprendizaje de este deporte en determinado equipo. Esa figura se emplea en Francia, España y Chile.

Comenta que “en el proyecto no se mencionan los derechos de imagen; eso es importante y se deberían incluir”. Parte de la remuneración de un jugador, denominada derechos de imagen, proviene del patrocinio que brinda una marca muy reconocida al equipo. Entonces, surge una duda entre las partes: ¿de quién son esos derechos? Cada uno, club y jugador, esgrimen argumentos para demostrar que les pertenecen, razón por la que “se necesita regular este aspecto” o definir, al menos, el porcentaje que le corresponderá al jugador por ese concepto.

Finalmente, aboga por una ley laboral del fútbol que también cobije a entrenadores y asistentes técnicos de los clubes, pues estos empleados “tienen los mismos problemas que los jugadores”.

Visto todo lo anterior, se augura un agitado debate de este proyecto en el Congreso, particularmente en lo relativo a demostrar, ante los parlamentarios, que la iniciativa garantiza, en realidad, una relación equilibrada entre jugadores y equipos de fútbol que les permita actuar en un armónico clima de trabajo y con pocas probabilidades de llegar a tener conflictos laborales.

 

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