Al ministerio no le interesan las sanciones, sino el trabajo con vocación de permanencia

Revista Nº 183 Mayo-Jun. 2014

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Juan Carlos Cortés 

Viceministro de empleo y pensiones del Ministerio del Trabajo 

El viceministro de empleo y pensiones del Ministerio del Trabajo, Juan Carlos Cortés, en entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, explicó los aspectos fundamentales del plan de acción de esa cartera.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué significado tiene para el Ministerio del Trabajo su eslogan “el trabajo como debe ser”?

Juan Carlos Cortés: Uno de los éxitos para la sociedad con la reconstitución del Ministerio del Trabajo, a través de la Ley 1444 del 2011, y su posterior organización, por Decreto 4108 del 2011, fue recuperar el concepto de trabajo que se había perdido en el país. No teníamos una autoridad con capacidad regulatoria, no teníamos un ente capaz de pensar en políticas activas y pasivas de empleo y, entonces, el concepto de trabajo se había diluido. En consecuencia, lo primero que se quiere resaltar es que la reconstitución del ministerio entraña recuperar, para la política pública y la sociedad, el concepto de trabajo como derecho y como deber.

A. L.: ¿Qué implicaciones tiene la aplicación del mismo?

J. C. C.: Esto nos obliga a hacer una dinámica de trabajo para que ese concepto se incluya en los planes locales de desarrollo y se vuelva un tema de las políticas públicas. Uno de los objetivos es que, en el futuro, alcaldes y gobernadores del país sean evaluados por la capacidad de apoyar la generación de empleo, como ocurre en otras sociedades. Hasta ahora, en el país, el empleo era un problema del ministerio del ramo. La idea es que el trabajo sea materia central de la política pública. Y ¿por qué ‘como debe ser’? Porque la finalidad del ministerio no es solamente promover la ocupación y la generación de empleo, sino garantizar que este se materialice en condiciones de trabajo digno, de trabajo decente, según las expresiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que satisfaga las condiciones mínimas constitucionales. Por eso, una de las prioridades de la política de empleo es la formalización laboral, garantizar que ese trabajo cumpla estándares laborales y de seguridad social. De ahí que vayamos ligados, en ese concepto: ‘el trabajo como debe ser’, a la noción de seguridad social para todos.

A. L.: ¿Por qué la prioridad en la formalización?

J. C. C.: Nos habíamos acostumbrado a la informalidad, se volvió parte del paisaje. Nuestro país tiene unos índices altos de informalidad. Siempre, en promedio, del 60 % en el ámbito nacional. Parece que todos estamos cómodos con la informalidad laboral y eso no puede ser; cómodo el empleador, porque considera que se ahorra unos costos, pero no tiene en cuenta las contingencias futuras. Y cómodo el trabajador, porque, ni siquiera es solamente un problema de costos del empleador, sino que el trabajador mismo se siente, a veces, más tranquilo con que no lo afilien a la seguridad social, porque dice que teme perder el derecho al régimen subsidiado de salud.

A. L.: ¿Esa idea todavía está presente en la mente de los trabajadores informales?

J. C. C.: Sí, porque la ven, en muchos casos, como una amenaza a la continuidad de sus subsidios. Hemos creado una política de subsidios fuertes que desestimula la formalización, y eso hay que irlo rompiendo desde la perspectiva del empleador. Un trabajador informal es un riesgo. Tenemos que seguir buscando que cada vez menos gente dependa de los subsidios.

A. L.: ¿Qué tan importante es la generación de trabajos para el viceministerio de empleo y pensiones?

J. C. C.: La política de empleo que estamos impulsando, desde el Viceministerio, se estructura, por supuesto, en un pilar de generación de empleo, en todas las políticas activas que lo promueven y que no son improvisadas, porque vienen de atrás: facilitan trámites, reducen costos, además, arrancaron con la Ley 1429 del 2010 y con la reciente reforma tributaria. Estas normas recogen la iniciativa de reducir el costo laboral para facilitar la generación de empleo y abarcan también el tema de los trámites, pues hay que facilitarle la vida a la gente; esa es una de nuestras prioridades hacia el futuro: impulsar el programa ‘Afíliate’, y quisiéramos, en el corto plazo, tener un formulario único de afiliación a la seguridad social.

A. L.: ¿En qué consiste ese programa?

J. C. C.: En la posibilidad de tener una plataforma única de afiliación a la seguridad social, como la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) para la afiliación, el reporte de afiliación, de novedades y retiros.

A. L.: ¿Es un complemento de la formalización?

J. C. C.: Exactamente, porque todo esto forma parte de las políticas activas de empleo. La política de empleo se basa, adicionalmente, en la estructuración de políticas pasivas adecuadas que comprenden el manejo de los cesantes. Ahí es donde aparece el servicio público de empleo.

A. L.: ¿Este programa forma parte de un pilar en la gestión ministerial?

J. C. C.: Sí, se trata de apoyar a los trabajadores que quedan en cese. Para esto, el Gobierno se ha comprometido con el impulso del servicio público de empleo, que es otro de los componentes que hoy refleja resultados muy positivos, con 192 centros de empleo en el país y la puesta en funcionamiento, a partir de febrero de este año, de un nuevo seguro por desempleo. Entonces, este pilar lo conforman las políticas pasivas de empleo: seguro de desempleo, servicio público de empleo, acompañamiento a los cesantes para que busquen oportunidades laborales, lo cual se traduce en la noción de empleo sin ‘palancas’, es decir, que la gente pueda tener un apoyo; si pierde el empleo, que vaya a un centro, actualice su hoja de vida y lo orienten.

A. L.: ¿Cuál es el siguiente pilar?

J. C. C.: El que llamamos productividad y bienestar, que está relacionado con los aspectos de capacitación laboral, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con lo que hace la Dirección de Movilidad del Ministerio del Trabajo y con los servicios de bienestar, con todo lo que representan, en Colombia, las cajas de compensación familiar. No puede haber una política de empleo sana, si no se fortalece la competitividad a través del bienestar y la capacitación de los trabajadores.

A. L.: ¿En qué consiste el último pilar?

J. C. C.: Es el diálogo social. Por supuesto, en esta materia compartimos con el Viceministerio de Relaciones Laborales la preocupación de que en Colombia se fomente la sindicalización, se fortalezcan algunas prácticas de concertación laboral, crezcan las convenciones colectivas. En fin, todos los temas del diálogo social que impulsa este ministerio y con los que ha logrado, por ejemplo, en dos oportunidades, concertar el salario mínimo y hacer la gran negociación colectiva en el sector público. De esta forma, el diálogo social es un eje central de nuestra política.

A. L.: ¿Existe una iniciativa que predomine sobre las demás?

J. C. C.: Los pilares de la política de empleo van de la mano. No podemos decir que hay uno prevalente frente a los otros. Pero, en orden de necesidad, tenemos que trabajar muy fuertemente en el trabajo como debe ser, en la formalización. Estamos trabajando en todos a la vez: políticas activas, políticas pasivas, diálogo social, productividad, pero el de formalización lo resaltaría como prioritario.

A. L.: ¿Cree posible la generación de empleo mediante leyes?

J. C. C.: No se puede hablar solo de la ley. El empleo está ligado a un buen desempeño de la economía del país. Eso es innegable. Nosotros somos conscientes de que quien genera empleo en cualquier sociedad es el sector productivo, pero sí hay que configurar factores: el desempeño de la economía ligado a las políticas expresadas en las normas que se materializan. Esa conjunción es la que está viviendo en este momento el país y ahí reitero lo que señalaba al principio: volvimos a tener un Ministerio del Trabajo, una economía en adecuado funcionamiento y mejorando, así como políticas de empleo activas y pasivas.

A. L.: ¿En qué consisten los acuerdos de formalización laboral que promueve el Ministerio del Trabajo?

J. C. C.: En formalización tenemos varios componentes. Uno que llamaríamos pedagogía o socialización, que comprende una serie de campañas publicitarias. Tenemos otro componente institucional para facilitar la formalización a través de la política pública que se expresa en normas. Por ejemplo, la vinculación de las trabajadoras domésticas a las cajas de compensación familiar, la cotización a la seguridad social por periodos inferiores a un mes, el proyecto de decreto que busca formalizar la relación laboral de los taxistas, es decir, el diseño de la política pública para promover la formalización a la medida frente a los diferentes tipos de ocupación.

A. L.: ¿Cuál es el otro?

J. C. C.: El tercero es el de intervención. El ministerio va a poner a funcionar, desde el 1º de mayo, lo que hemos denominado la Red Nacional de Formalización, porque necesitamos darle caminos a la gente para facilitarle el proceso de formalización laboral. Los empleadores y los trabajadores no se formalizan solos. Ya hemos dicho que es intrincado, que deben ir a cuatro entidades para cumplir ese proceso; la gente no lo entiende muy bien. Entonces, buscamos generar mecanismos para facilitar este proceso, pues la experiencia nos enseña a hacerlo así. No basta solamente con la norma y un mensaje publicitario, sino que la gente encuentre caminos para hacerlo fácilmente. Vamos a tener una red a través de los gremios y de los centros de empleo del país. Vamos a tener personas dedicadas, especialmente, a orientar a los empleadores y a los trabajadores en el proceso de formalización.

A. L.: ¿Y el siguiente componente?

J. C. C.: Una cuarta intervención fuerte, en materia de formalización, la tenemos en los acuerdos de formalización que se acogieron en la Ley 1610 del 2013, la cual modificó el régimen de inspección, vigilancia y control en el país y que, por primera vez, le permite a nuestros inspectores de trabajo ser proactivos en la generación de empleo formal. Se basa en sustituir la sanción por la posibilidad de que el empleador formalice sus puestos de trabajo. Eso es muy importante: a febrero de este año, llevábamos 12.000 empleos formalizados a través de acuerdos. Anteriormente, estaban bajo distintas figuras irregulares de trabajo . Al ministerio no le interesan las sanciones, sino que exista trabajo con vocación de permanencia y formal, ‘trabajo como debe ser’. Los acuerdos de formalización son una alternativa para los empleadores y un buen mecanismo para los trabajadores.

A. L.: ¿Cuántos acuerdos han suscrito?

J. C. C.: En trámite hay 64 (hasta abr./2014). Recordemos que esto puede darse si existe o no en curso una actuación administrativa de la inspección de trabajo. Si la hay, se puede pedir un acuerdo de formalización o el empleador voluntariamente puede acercarse a un inspector de trabajo y plantearle hacer un acuerdo para regularizar la situación empresarial en cuanto a la vinculación de trabajadores.

A. L.: ¿Cómo está operando el mecanismo de inspección de trabajo?

J. C. C.: Se mantiene sectorialmente. El Viceministerio de Relaciones Laborales y la división de inspección de trabajo determinan, periódicamente, cuáles sectores económicos intervenir, donde haya más dificultades, más quejas. Hoy tenemos sectores como el palmícola, el minero y el de la salud, en los que se prioriza la intervención, se realizan las visitas y, si es necesario, se abren actuaciones administrativas.

A. L.: ¿Qué otros instrumentos de apoyo existen para los trabajadores informales?

J. C. C.: El Gobierno ha impulsado nuevas prestaciones alternativas en materia de seguridad, social como los beneficios económicos periódicos, que son una alternativa para el trabajador informal en tránsito de formalización. A aquella persona que va a ahorrar para la vejez le estamos dando esa opción, es como un tipo de ahorro más flexible, no limitado en el tiempo a una mensualidad; pueden hacerse pagos voluntarios, no se paga una cotización, sino un ahorro y, al final, el Estado le otorga un 20 % del valor real que ahorró esa persona. Consiste en una prestación que busca extender la cobertura de los beneficios de la seguridad social para la vejez, nunca sustitutiva de la pensión, pero sí complementaria, para responder a esa necesidad de los trabajadores en la informalidad y que están ganando menos de un salario mínimo.

A. L.: ¿Qué destaca en materia de pensiones para los mismos trabajadores informales?

J. C. C.: No podemos perder de vista la pensión familiar, que implica la posibilidad de conseguir una pensión de manera conjunta para las personas que forman una pareja o un matrimonio y que están cotizando, cada una, al sistema pensional, en cualquiera de los dos regímenes, pero que en caso de no cumplir los requisitos para obtener la pensión individualmente, puedan sumar sus tiempos de cotización o sus ahorros a fin de alcanzar una pensión familiar. Esta es otra alternativa para que esas personas que buscamos que ingresen al sistema formal de seguridad social puedan tener una solución pensional.