Aplicación de derechos ‘antidumping’

Revista Nº 191 Sep.-Oct. 2015

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

El Gobierno Nacional ha decidido regular nuevamente la aplicación de los denominados derechos antidumping mediante la expedición del Decreto 1750 del 2015, con el cual se deroga en su totalidad la normativa anterior prevista por el Decreto 2550 del 2010.

Se trata del ejercicio de las facultades reguladoras que —en materia de aduanas y comercio exterior— le atribuye el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Nacional, desde luego, con sujeción al artículo 10 de la Ley 7ª de 1991 que le permite amparar la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional, fijando los requisitos, procedimientos y factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales o definitivos por parte de la autoridad competente.

En tal sentido, el decreto regula lo relacionado con el procedimiento administrativo a seguir por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el inicio de una investigación e imposición de derechos antidumping, que responden al interés público de prevenir y corregir: i) la causación de un daño importante a una rama de producción nacional de bienes similares, o ii) la amenaza de un daño importante a la misma, o iii) el retraso importante en el establecimiento o ampliación de una rama de producción nacional, siempre que la ocurrencia de cada uno de estos hechos tenga una relación causal con la práctica del dumping.

En efecto, una de las prácticas comerciales desleales es la importación al mercado colombiano de productos a un precio inferior a su valor normal, lo que a juicio de la norma determina la existencia del dumping, en la medida que el precio de exportación sea menor que el precio comparable de un producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país de origen, todo ello, en el curso de operaciones comerciales normales; así las cosas, desde ahora es posible realizar la comparación de los precios, no solo del país exportador investigado —como lo contemplaba la disposición anterior— sino que, en caso de tratarse de un tercer país por el cual transiten simplemente los productos de exportación, la investigación se extenderá a los precios comparables del país de origen.

De la comparación entre el valor normal y el precio de exportación —realizada sobre una base equitativa y aplicando los ajustes a que haya lugar—, se obtiene el margen de dumping que corresponde al monto exacto en el cual el precio de exportación es inferior al valor normal.

En tal caso, la dirección de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo —mediante resolución motivada— determinará y ordenará el cobro de derechos antidumping definitivos a todo producto objeto de dumping, sobre las siguientes bases: i) los derechos se pueden imponer de manera particular sobre los productores y exportadores de un país, o, eventualmente, respecto de un país; ii) el monto de los derechos podrá expresarse en un porcentaje ad valorem y/o de acuerdo con un precio base; iii) los derechos podrán calcularse en un nivel inferior o igual a la totalidad del margen de dumping, pero nunca superarlo; iv) los derechos expiran a los cinco (5) años, aunque el término puede ser inferior si es suficiente para eliminar el daño, o incluso puede ser prorrogado si, por el contrario, persisten las causas que determinaron su imposición; v) estos derechos no pueden concurrir con derechos compensatorios, destinados a remediar una misma situación resultante del dumping o de las subvenciones.

Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de impedir que se cause daño durante el plazo de la investigación, la autoridad puede aplicar derechos provisionales hasta por un término máximo de nueve (9) meses, caso en el cual los importadores —al momento de presentar la declaración de importación—, pueden optar por cancelar los respetivos derechos o por constituir una garantía en favor de la DIAN para afianzar su pago. La totalidad o parte de los derechos provisionales cancelados serán objeto de devolución, si al culminar la investigación resulta que no había lugar a establecer derechos definitivos o estos resultan inferiores a los pagados provisionalmente.

Esta regulación mantiene su ámbito de aplicación a las investigaciones sobre productos originarios tanto de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como de países no miembros con los cuales Colombia tiene tratados o acuerdos comerciales internacionales vigentes, e incluso, de los países con los cuales no se tiene compromiso internacional alguno en relación con estos derechos.

En los considerandos del decreto expedido no se expresa el contenido del concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior que condujo a la derogatoria de la normativa anterior, decisión sin justificación alguna, atendiendo a los puntuales cambios registrados, que pudieron ser reflejados mediante un simple ajuste de la disposición derogada.