Desafíos del sistema tributario ante eventual impuesto a los dividendos

Revista Nº 193 Ene.-Feb. 2016

Javier Nelson Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

El seminario Enrique Low Murtra, de la Universidad Externado de Colombia, realizado a finales de septiembre del 2015, fue escenario de un intenso debate académico acerca de los “supuestos de abuso y de planeación económica de dividendos, en el contexto de su posible gravamen en Colombia”, en el cual participaron reconocidos expertos en derecho tributario y de quienes se presentan algunas de sus apreciaciones en este informe especial.

Ante la posibilidad de que en Colombia se empiecen a gravar los dividendos, Diego Cubillos, contador público y especialista en derecho tributario, considera que “si queremos apuntarle, en Colombia, a una eficiencia tributaria debemos empezar a trabajar en estos aspectos. Uno, mirar cuál es la tasa efectiva de tributación ideal, real, la que necesitamos, pero también la que no dispare los índices de evasión. No sé si hoy en día, con una tasa de renta nominal que va a llegar al 43%, en los próximos años, que se convierte en una tasa efectiva de tributación, cuando empezamos a hacer la depuración, por encima del 50%, en muchos casos” el país puede ser no competitivo desde la óptica tributaria y “si a eso le sumamos un impuesto a los dividendos”, se acentuaría esa condición impositiva negativa.

A Cubillos le parece interesante establecer si al proponer un impuesto a los dividendos se podría incurrir en doble tributación. “Hay argumentos para decir que sí hay un esquema de doble tributación, si se gravan los dividendos”, situación que “el mismo artículo 49 del estatuto tributario ha querido evitar”.

Asegura que uno de los temas que se deben analizar en la reforma tributaria estructural corresponde a “algo que se ha descuidado mucho y es el efecto que tienen las normas internacionales de información financiera (NIIF) o IFRS (sigla en inglés de las NIIF), porque en la mayoría de los países, la base de la tributación o el punto de partida para la tributación es una información objetiva y la más objetiva de la que se puede partir, con el fin de analizar estos impuestos, es la contabilidad”.

Explica que “en Colombia la contabilidad, históricamente, ha sido el punto de partida para elaborar las declaraciones tributarias, pero cuando estamos en un proceso de cambio de esa contabilidad, pues tenemos que analizar cuáles son los efectos que ese cambio, en las bases de contabilidad, nos va a traer en la tributación y este es un estudio que se debió hacer hace diez años, cuando se empezó a hablar del tema”.

Realmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no tuvo un plan de transición de la contabilidad tradicional del país a las NIIF y con la Ley 1607 del 2012, “el único remedio que existió, para subsanar el tema, fue el artículo 165”, que consistió en “darnos cuatro años más para analizar esos efectos tributarios de toda la implementación en Colombia de las IFRS”.

Y continúa Cubillos: “en la mayoría de los países del mundo, este análisis se ha hecho juiciosamente y al final, el año en que entran en vigencia las normas internacionales de contabilidad, se llega a una conclusión” orientadora que en muchas de esas naciones ha sido: “el camino adecuado es hacer una reforma tributaria para que aquellos elementos que la norma tributaria toma de la contabilidad se ajusten a la nueva contabilidad (NIIF) o simplemente decir: de ahora en adelante, esos elementos que se remiten a la contabilidad (tradicional) los vamos a remitir a las normas internacionales de contabilidad”.

En Colombia, insiste, “eso no se hizo en su momento y hasta ahora se está empezando a analizar y, hoy en día, entre tanto, se está hablando del libro tributario (estatuto) como un puente mientras llegamos al 2018 o al 2019, dependiendo del grupo de empresas, para mirar los efectos fiscales”.

El proceso de transición a normas internacionales de contabilidad exige “tener en cuenta varios problemas que se deberían analizar si se llegara a crear el impuesto sobre los dividendos”, pues cuando eso ocurre, usualmente, los contribuyentes afectados ya han encontrado esquemas alternativos de planeación fiscal o de evasión encaminados a evitar o disminuir el pago del nuevo impuesto. Ante tal situación reitera la importancia de “considerar varios temas que se deben ajustar o corregir para llegar al estándar óptimo de ese impuesto sobre los dividendos”.

Cubillos asegura que uno de los aspectos que ameritan reflexión, en ese contexto de la adopción de las NIIF, es la figura de subcapitalización que se incorporó a la normativa tributaria colombiana mediante la Ley 1607 del 2012. “Este concepto, en el ámbito internacional, significa que aquellos endeudamientos y pagos de intereses que hacen las entidades por ese financiamiento, si es con vinculados económicos, se tienen que recaracterizar y tratar como dividendos, porque generalmente es la forma como se sacan las utilidades”.

Recalca que, internacionalmente, la subcapitalización consiste en asimilar endeudamiento a capital, pero, en Colombia, el concepto no se adoptó bien, pues simplemente se dispuso que consistía en “cualquier deuda financiera que se tenga, incluso, con no vinculados económicos y el sector financiero es el único grupo al que no le aplican los conceptos de subcapitalización”.

En consecuencia, cree que se debe modificar el concepto de subcapitalización conforme “a los criterios internacionales para que, en el momento en que se cree un impuesto sobre los dividendos, no se escapen los dividendos vía pago de intereses, considerando también que la base para el cálculo de la subcapitalización es el patrimonio líquido (máximo tres veces el patrimonio líquido). Pero, hoy en día, existen esquemas donde se puede dejar un patrimonio líquido que se determina fiscalmente a partir de las cifras del Decreto 2649 de 1993 (reglamenta la contabilidad en general), o sea del libro fiscal”.

Pero, “alguien puede llegar a un esquema, hoy en día, donde el patrimonio líquido es grande, porque parte de unas cifras que son diferentes a su nivel de endeudamiento. Entonces, puede manejar unas deudas pequeñas comparándolas con un patrimonio mucho más grande, porque el hecho de manejar dos esquemas diferentes, uno bajo el Decreto 2649 y otro bajo normas internacionales, permite generar todas esas eficiencias fiscales que otros llamarían esquemas de evasión, pero la norma como está hoy en día se presta para eso”.

Según Cubillos, “también hay que mirar el tema del patrimonio fiscal y la deuda financiera, la proporción tres a uno, como está establecido en la norma (la deuda no puede ser superior al valor de multiplicar por tres el patrimonio líquido de la empresa que toma del crédito). Pero hay sectores, por ejemplo, el de la construcción que se tienen que endeudar para poder funcionar y, generalmente, es en una proporción de más de tres a uno y con entidades financieras que no necesariamente son vinculados económicos. Un esquema de esos no se prestaría para sacar dividendos. Lo ideal sería ajustar el esquema de subcapitalización solamente a operaciones entre vinculados económicos que es donde se emplean estas estructuraciones o ventanas de utilización fiscal”.

Igualmente, sigue Cubillos, “habría que analizar todas las operaciones entre la sociedad y los accionistas como personas naturales. Hoy en día existe un control, pero no detallado. Si estamos frente a un impuesto a los dividendos, lo que menos van a querer los accionistas es que les paguen más dividendos; un accionista pretendería que le pagaran por otros conceptos para disminuirlos. Entonces, pediría que le pagaran, de pronto, una asistencia jurídica o comercial. Y como hacen las fundaciones, que vía salario se sacan las utilidades, muy seguramente por ahí se empezarían también a escapar los dividendos al estructurarlos bajo otros conceptos”.

Entonces, sostiene Cubillos, habría que analizar la pertinencia, ante un futuro impuesto sobre los dividendos, de establecer una especie de sistema de “precios de transferencia entre las sociedades y los accionistas para mirar que las operaciones hechas entre aquellos sean realmente a precios de mercado”.

Cubillos explica que en Europa, “cuando las sociedades pasaron de un esquema de contabilidad local a normas internacionales (NIIF)”, el efecto principal fue que “sus resultados se incrementaron, en muchos casos, se doblaron; con las mismas operaciones que hacían, con su misma estructura financiera, simplemente al pasar de una contabilidad local a una internacional, de un momento a otro, generaron el doble de las utilidades”.

Él advierte: “eso hay que considerarlo, si estamos pensando en un impuesto sobre los dividendos, no solamente desde la óptica de la norma, sino localmente, desde el punto de vista de las empresas para mirar cómo las afectaría y el 2015 es clave para ese análisis. Si se viene a un ritmo de utilidades y se duplican, de un momento a otro, estas, que van a estar sujetas a tributación de un posible impuesto a los dividendos, ¿serán reales? Muchas son utilidades que no se pueden distribuir”. Así ocurre, por ejemplo, “hoy en día, en el estado financiero, donde se calculan unas utilidades, pero se tienen que dejar como una reserva, en el patrimonio, hasta el momento en que se realicen”.

Globalización contable

Cubillos recuerda que “Colombia inició todo este proceso de internacionalización de la contabilidad con la Ley 550 de 1999 de reestructuraciones empresariales. En el 2009, ya en el artículo 4º, de la Ley 1314 de este mismo año, se dispuso que las entidades tenían diez años para iniciar todo este proceso. Y en la Ley 1607 del 2012, en el artículo 165, se estableció que por cuatro años más las compañías tenían que seguir remitiéndose al Decreto 2649 de 1993 para efectos de hacer sus declaraciones tributarias en general”.

“Y aquí surge un tema importante. La norma estableció que el punto de partida para hacer las declaraciones tributarias, no solamente la declaración de renta, era el Decreto 2649 de 1993. Esa contabilidad especial (con rango de estatuto tributario), que no es la oficial financiera, es el punto de partida para hacer la declaración de renta, pero también para hacer la declaración del impuesto de industria y comercio (ICA), para manejar la proporcionalidad del impuesto sobre las ventas (IVA), para manejar todos los temas relacionados con impuestos”. Y plantea una duda: ante un eventual impuesto a los dividendos, ¿también se tendrá que aplicar el Decreto 2649?

Si se llegara a crear el impuesto a los dividendos, expresa Cubillos, la base gravable correspondería a la utilidad real o financiera que se determina bajo los parámetros de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y no de aquellos establecidos en la contabilidad especial del Decreto 2649 de 1993.

Cubillos asevera que “el manejo de estos dos esquemas, el sistema contable bajo normas internacionales y el sistema tributario para efectos de hacer las declaraciones tributarias”, conduce a tomar en cuenta dos aspectos importantes: “uno, tener claro que la utilidad distribuible, la utilidad que van a recibir los accionistas, es la utilidad NIIF; esa es la financiera, la real. Dos, la utilidad que genera el libro tributario o la calculada bajo el Decreto 2649 solamente” se emplea para determinar los impuestos.

En consecuencia, Cubillos precisa que “el punto de partida para hacer la declaración tributaria es el Decreto 2649, pero para el cálculo del artículo 49 (del estatuto tributario sobre dividendos y participaciones no gravados), la utilidad distribuible, la que se va a considerar como gravada y no gravada es la utilidad NIIF, de tal forma que el cálculo lo vamos a considerar teniendo un impuesto determinado con base en el Decreto 2649, la utilidad que vamos a distribuir la vamos a establecer con base en las NIIF. Buena parte de esa utilidad que se va a distribuir va a quedar gravada en cabeza del accionista”.

“El manejo de estos dos esquemas va a generar diferentes análisis y muchas empresas han llegado a la conclusión de que las utilidades que se deben considerar para el cálculo del artículo 49 (del estatuto tributario) y las que, incluso, se van a distribuir, son las del Decreto 2649, por la mala interpretación que se ha hecho del artículo 165 de la Ley 1607 del 2012, frente a las remisiones. La disposición establece que las normas fiscales se tienen que remitir a las normas contables, pero en lo que tiene que ver con la determinación de las bases gravables”, anota Cubillos.

Al considerar que “hay dos esquemas de contabilidad, uno bajo normas internacionales de contabilidad y otro como punto de partida para hacer las declaraciones tributarias que se va a ver reflejado, también, en activos, en pasivos, y principalmente en el impuesto sobre la renta, eso nos lleva a un efecto complementario que es el impuesto de renta diferido. Este impuesto sí tiene un impacto directo sobre las utilidades que se distribuyen a los accionistas”, porque implica “un mayor gasto o un mayor ingreso que debe reconocer la sociedad y que va a ser una menor o mayor distribución de las utilidades y de los dividendos”.

Respecto del tipo societario que se podría utilizar para efectos de minimizar el impacto que tendría el eventual impuesto a los dividendos, Sergio Corredor, abogado y especialista en derecho tributario, socio de la firma Corredor Segura Abogados, afirma que tal decisión amerita una reflexión en perspectiva “desde el punto de vista del vehículo que genera el beneficio” y del correspondiente al que lo recibe.

En el primer caso, “siempre estamos frente a una sociedad que produce utilidades para que sean distribuibles como dividendo. No obstante, en Colombia, también ha sido de alguna manera costumbre, por algunos tipos de negocios, tratar de encuadrar actividades comerciales y lucrativas dentro de un tipo societario” denominado “sin ánimo de lucro como el caso de las fundaciones, donde esta tiene un régimen tributario especial e, incluso, si reinvierte el beneficio generado en su objeto social, no está sujeta a impuestos. Lo que han hecho estas estructuras es tratar de sacar los dividendos de manera anticipada, incluso, vía salarios o pago de servicios”.

En cuanto al vehículo que “recibe el beneficio estamos hablando de quién es el accionista que va a recibir el dividendo, si es una sociedad, una persona natural, una sociedad extranjera o una persona natural extranjera o nacional”.

En relación con el tipo societario que le convendría a un contribuyente para disminuir el impacto de un eventual impuesto a los dividendos, Corredor asevera: después de analizar el tipo de vehículo que se podría utilizar, “tendría que hacer una diferenciación entre el receptor de los dividendos, el accionista, si es una persona natural o jurídica, y el receptor, si se trata de una sociedad o de una persona natural extranjera o nacional”. Y habría que mirar la forma de hacer la “inversión en la sociedad colombiana para que, al momento en que reciba los dividendos que van a estar sujetos a un impuesto al dividendo, el impacto sea menor”.

En aras de determinar si se invierte como persona natural o a través de una sociedad, Corredor señala que “al hacer esta comparación lo primero que se debe mirar es el sistema de tributación de cada una. Por ejemplo, si se trata de una persona natural con una clasificación de empleado y esta persona tiene una empresa y unas acciones en la misma, cuando esa persona recibe los dividendos, pues estos van a estar sujetos a un impuesto al dividendo, pero también están siendo pagados de unas utilidades que estuvieron, sí o no, sujetas al impuesto de renta en cabeza de la sociedad que distribuye”.

“Cuando se recibe el ingreso como accionista persona natural, lo va a tener que incluir dentro de la base de tributación. Las personas naturales que tienen clasificación de empleados no pueden depurar la renta, porque tienen las deducciones limitadas. Entonces, prácticamente el ciento por ciento del dividendo que esté recibiendo, a menos que sea pagado como ingreso no constitutivo de renta, va a tener que pagar impuestos dentro de la declaración de renta bajo la tarifa que va entre el 19% y el 33%, dependiendo del nivel de ingreso, sin poder utilizar deducciones para disminuir este”.

Según Corredor, cuando una sociedad recibe el dividendo que ya estuvo sujeto a un impuesto de dividendos, se parte de la base de que este se va a cobrar vía retención en la fuente. Pero si no se hiciera por esta vía, al ir a pagarlo habría que establecer si la estructura de este nuevo impuesto al dividendo permitiría “mezclar ese ingreso como sociedad dentro del total del ingreso, con lo cual, eventualmente, con los demás costos y deducciones” que tiene la empresa, se puede disminuir la base del impuesto o, definitivamente, hay que “cedular el ingreso del dividendo, lo cual no sería lógico desde el punto de vista de la técnica contable en una empresa, y contra ese ingreso no se podría imputar ningún costo ni deducción”.

Corredor considera que lo acertado sería lo primero, es decir, al recibir el dividendo como “sociedad, este entra a formar parte de los demás ingresos que obtiene la sociedad, sean operacionales o no operacionales, contra los cuales se van a imputar los costos y las deducciones que cumplan los requisitos del artículo 107 (del estatuto tributario) y que no estén limitados en la ley” y a partir de ese resultado se calcula el impuesto de renta.

Por otra parte, manifiesta Corredor, se debe comparar si el inversionista es una sociedad o una persona natural extranjera o nacional, porque se tendría que revisar si, por ejemplo, en caso de ser una sociedad extranjera con domicilio en un país con el cual Colombia tiene un convenio para evitar la doble imposición, sería más conveniente que la inversión viniera a Colombia de la persona natural o de la sociedad extranjera, pues “probablemente se podría aprovechar alguna de las cláusulas para evitar la doble imposición, pero eso también dependería mucho del tipo bajo el cual se creara este impuesto al dividendo”.

Corredor precisa que ya existe la retención en la fuente para dividendos “cuando se están pagando dividendos en calidad de gravados o que no fueron gravados en cabeza de la sociedad”. Entonces, habría que conocer “cómo se va a manejar este impuesto al dividendo, porque si va a ser un impuesto de renta adicional” bajo una figura de “retención adicional a las que ya existen, eventualmente, sí se pueden” contemplar las posibilidades de constituirse como persona jurídica o natural, si se constituye en el exterior para invertir en Colombia o si actúa como un inversionista persona natural, residente en el exterior, que va a invertir en Colombia, porque en el caso de que el impuesto a los dividendos se cree como un impuesto nuevo, se va tener poca “maniobrabilidad para manejar este impuesto, desde el punto de vista del tipo de vehículo que invierte o que está pagando los dividendos”.

En tal caso, habría que “mirar más bien otras alternativas de planeación que tendrían que verse desde el punto de vista de gastos o de alguna otra forma de extraer caja antes de llegar al punto de pagar dividendos”.

Armonía normativa con convenios

De otra parte, José Manuel Castro, especialista en derecho comercial e investigador del Centro de Estudios Fiscales de la Universidad Externado de Colombia, comenta que de empezar a gravar las personas naturales, en Colombia, con el impuesto a los dividendos, se debería analizar también si se van “a tratar de forma distinta” las inversiones de portafolio y las inversiones sustanciales en las compañías.

Luego de resolver las dudas en torno a este aspecto, “la cuestión es cómo mantenemos un grado aceptable de neutralidad con sucedáneos, con otro tipo de operaciones”. Por ejemplo, “al pensar en un inversionista extranjero, ¿es lo mismo invertir en Colombia a través de una filial o de un establecimiento permanente?” Al respecto, “los legisladores colombianos dijeron: consideremos como dividendos la remesa de utilidades de establecimientos permanentes a su casa central y eso lo incluimos dentro de la definición de dividendos”.

Pero, advierte Castro, “esto no se articu­la con los convenios de doble imposición que hemos suscrito y mi posición es: no se puede aplicar ese gravamen sobre los dividendos, básicamente, por un tema de que eso no encuadra dentro de la definición de dividendos del artículo 10 (del modelo colombiano de convenio para evitar la doble imposición) y porque el propio artículo 10 habla de los dividendos pagados por una sociedad. El establecimiento permanente no es una sociedad y el artículo 10 estipula pagados por una sociedad residente en un estado contratante. Entonces, estaríamos suponiendo que el establecimiento permanente es una sociedad residente en Colombia y no lo es”.

Castro señala que “se nos vuelve un poco extraña la aplicación del convenio de doble imposición y por reglas de discriminación uno diría, al final, el gravamen del establecimiento permanente se va por el artículo 7º de los convenios de doble imposición: beneficios empresariales. Y estos se gravan a partir de unas reglas que no deben ser discriminatorias y ese gravamen de los dividendos resultaría discriminatorio”. A la postre, “un inversionista extranjero tendrá la posibilidad de escoger filial o establecimiento permanente y ahí no hemos logrado neutralidad.

Ahora, continúa Castro, “puedo financiar la sociedad con deuda o con fondos propios. La deuda me genera intereses, los fondos propios, dividendos. Ya se ha mencionado mucho el tema de subcapitalización, donde claramente sabemos que el instrumento es de endeudamiento, pero ahora viene un tema nuevo”. Se conoce la “discusión que se presenta actualmente con los híbridos financieros (instrumentos financieros con características de deuda y patrimonio) y el decreto que no ha salido y el estudio que hizo el Ministerio de Hacienda”.

En este contexto, Castro cuestiona: “¿qué va a pasar con los híbridos?, ¿qué pasa con Basilea III (comité de bancos y autoridades internacionales para la supervisión bancaria) y la aceptación de híbridos? Ahí puede haber problemas de calificación. ¿Esos híbridos van a generar dividendos o gastos financieros?” Este tema se debe analizar junto con el de subcapitalización, sentencia el experto.

Manifiesta que el segundo tema relativo a la neutralidad concierne a si “vamos a distribuir los beneficios como dividendos o creamos otro tipo de rentas y esos tipos de rentas pueden” incorporar “distribuciones encubiertas de beneficios. Y, en este tema, qué vamos a hacer con las normas de precios de transferencia, porque si fortalecemos el gravamen a los dividendos, tenemos que fortalecer la independencia de la sociedad con el socio. Tendríamos, entonces, que desarrollar esta teoría de repartos ocultos de dividendos, si queremos gravarlos”.

Otro asunto relevante corresponde a las fórmulas alternativas de remuneración a los accionistas y “si no se logra la neutralidad, encontramos un espacio para la elusión fiscal, para la planeación fiscal, para el arbitraje y tendrán que venir unas medidas fuertes para evitar la elusión fiscal. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de subcapitalización, como no se puede solucionar el ‘debt-equity conundrum’ (dilema entre deuda y aportes de capital), pues hay que establecer normas de limitación de gastos financieros y normas de subcapitalización”.

Según Castro “es importante tener en cuenta que para el socio existen dos rentabilidades de su acción”. La primera son los dividendos que se distribuyen y la segunda el mayor valor, la plusvalía de la acción. “Y este punto económico es fundamental, porque en algunos casos puede ser mejor tener fórmulas alternativas de remuneración como las recompras de acciones”.

“Además, cuando se reparte un dividendo, el valor de la acción disminuye y ahí es cuando se ata el valor de la acción con la remuneración que recibe periódicamente (el beneficiario)”, es decir, los dividendos. De modo que “la regulación de los dividendos tendrá que analizar cómo se va a interactuar con el impuesto de renta de una persona física (natural) que reciba dividendos, cómo va a interactuar con el impuesto sobre la renta de una sociedad que los obtiene, cómo va a interactuar con las normas de ganancias de capital por la enajenación de estas participaciones o acciones”.

“Y, finalmente, sobre el tema de la deducibilidad de los gastos, no podremos lograr una completa neutralidad, pero tendremos que establecer normas fuertes de control de la erosión de la base imponible de la sociedad”.

Para Jairo Higuita, especialista en derecho tributario y socio de impuestos y servicios legales de Crowe Horwath, “una vez que los dividendos se graven, si no se hace un análisis de todo el sistema y se logra nutrir de elementos de neutralidad frente a operaciones de la misma naturaleza y de elementos de consistencia que impidan el arbitraje tributario, sin duda, el tema del impuesto a los dividendos, respecto a un recaudo esperado”, no va a estar claro, “porque seguramente los contribuyentes van a hacer todo lo posible para evitar este tipo de gravamen”.

Higuita cuestiona si las sociedades, en Colombia, son los vehículos más eficientes para desarrollar actividades comerciales, tema de “un debate que vale la pena plantear, porque en el mundo y en Colombia hemos venido viendo que hay nuevos vehículos que se vienen afianzando para el desarrollo de actividades comerciales. Por ejemplo, los fondos de inversión colectiva”. La Superintendencia Financiera ha avanzado en materia regulatoria de los vehículos o fondos de inversión colectiva, “con reglas de gobierno corporativo claras, con aseguramiento de recursos para terceros” con el fin de evitar el riesgo de fraude a los mismos.

Agrega que ese proceso “ha venido acompasado con una serie de reglas tributarias” que han afianzado el principio de transparencia fiscal en los fondos de inversión colectiva y en los patrimonios autónomos o contrato de fiducia mercantil. Cuando hay rendimientos generados por “estos dos vehículos, la transferencia de esos beneficios en favor de los inversionistas o partícipes definitivamente no son dividendos. En consecuencia, estos vehículos son mucho más eficientes (fiscalmente), en algunos casos, que las sociedades o que las personas jurídicas bajo los tipos societarios que existen en Colombia”.

Incluso, recalca, “con la versatilidad que nos otorgan las sociedades por acciones simplificadas, va a ser mucho más probable que los inversionistas sustraigan, de sus decisiones de inversión, el tema de crear sociedades o vehículos societarios” y, en contraste, se verá la marcada tendencia a conformar fondos de inversión colectiva o patrimonios autónomos.

Higuita insiste en que “hoy se vienen utilizando ciertos mecanismos o alternativas para disminuir la base de determinación del impuesto y la de determinación de las utilidades para los accionistas, porque es mucho más eficiente utilizar ciertas figuras que implican un rédito a favor, una salida de caja a favor de los accionistas o de los socios, diferentes a la distribución típica de los dividendos”. En caso de crearse el impuesto a los dividendos, ese tipo de alterativas van a proliferar. En Colombia, por ejemplo, “se evalúa siempre la posibilidad de no distribuir dividendos, sino de impu­tar costos y gastos a la sociedad a través de honorarios o servicios prestados por parte de los accionistas”.

Parece haber coincidencia entre los expertos acerca de la importancia de realizar un análisis integral sobre los efectos que tendría en el sistema tributario y en la economía la creación de un impuesto a los dividendos, propuesta que adquiere trascendencia en momentos en que el país prepara una reforma tributaria estructural.

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