El delito de sedición(*)

Revista Nº 24 Jul.-Sep. 2008

Yesid Reyes Alvarado(*) 

Profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes (Colombia) 

En las sociedades políticamente organizadas, el funcionamiento del Estado se regula fundamental mente de acuerdo con los parámetros contenidos en la Constitución Política y conforme con las leyes que el Congreso expida para ese efecto. A partir de esta premisa puede afirmarse que las normas reguladoras del régimen constitucional y legal de un Estado delimitan la existencia y funcionamiento del sistema político imperante en una sociedad. Por lo tanto, cuando el legislador eleva a la categoría de delito comportamientos que atentan contra la existencia o funcionamiento del Estado, está sancionando conductas que perturban la operatividad del sistema político imperante, razón por la cual la doctrina suele conocer esta clase de infracciones penales con el nombre de delitos políticos(1), o delitos contra el régimen constitucional(2).

Aun cuando recientemente se ha dicho que en Colombia la noción de delito político ha evolucionado para pasar de una concepción subjetiva del mismo a una objetiva(3), lo cierto es que la característica diferenciadora de los delitos políticos es precisamente la existencia de un ingrediente subjetivo que consiste en la finalidad de suprimir o perturbar el funciona miento del régimen constitucional o legal vigente (4). Si se elimina de la descripción típica del delito político esa finalidad, la conducta queda reducida a la simple utilización de armas, comportamiento cuya punibilidad resultaría bastante discutible, no solo por lo imprecisa que sería esa conducta (empleo de armas), sino por la dificultad de justificar esa anticipación de la punibilidad con miras a la protección de un bien jurídico como el de la seguridad pública.

La idea de que a través del concierto para delinquir se podría sustituir la punibilidad del delito político(5) tampoco es correcta, porque la característica esencial del concierto para delinquir es la pretensión de cometer un número indeterminado de delitos en el futuro, finalidad que contrasta con la voluntad única de quienes solo quieren suprimir o perturbar el funcionamiento del régimen legal o constitucional vigente. No desconozco que en desarrollo de esa finalidad los rebeldes o sediciosos puedan asumir anticipadamente la necesidad de cometer una serie indefinida de delitos como hurtos, lesiones o muertes; pero esos no son delitos políticos y, por consiguiente, su sanción no está íntimamente ligada a la existencia del delito político; en otras palabras, si bien quienes desean derrocar un Gobierno pueden aceptar anticipadamente la necesidad de cometer pluralidad de delitos comunes en desarrollo de sus actividades, el delito político surge a la vida jurídica como consecuencia de una voluntad orientada a la comisión de una única infracción penal, lo cual contrasta con la naturaleza misma del concierto para delinquir. Piénsese, por ejemplo, en el coronel Antonio Tejero Molina, quien el 23 de febrero de 1981 ingresó a la sede del Parlamento español, zarandeó a algunos parlamentarios e hizo disparos al aire; si el delito de rebelión no hubiera existido en España, el coronel Tejero solo habría sido procesado por un delito menor —que probablemente no habría supuesto para él su ingreso en prisión— pese a que su actuación estuvo claramente orientada al derrocamiento del Gobierno español. Si fue condenado a la pena de prisión de 30 años, fue precisamente porque sus disparos al aire y los empujones a los funcionarios del Parlamento estuvieron guiados por la finalidad de derrocar el Gobierno imperante, y la demostración de esa finalidad permitió acomodar su conducta a la descripción típica del delito de rebelión.

La protección del régimen constitucional y legal de un Estado (esto es, la protección de su régimen político), resulta de vital importancia para garantizar tanto su estabilidad como su propia existencia; eso explica el reconocimiento de un bien jurídico digno de protección penal como es el régimen constitucional y legal de un Estado, cuya salvaguardia se busca mediante la creación de normas que elevan a la categoría de delito las conductas de quienes mediante el empleo de las armas pretendan suprimir ese régimen constitucional o legal, o perturbar de manera transitoria su normal funcionamiento. Cada país puede incorporar dentro del catálogo de normas penales que se orientan a la protección de ese bien jurídico las conductas que a su juicio deban ser sancionadas con miras a conservar la estabilidad del régimen constitucional y legal vigente, de acuerdo con su propia realidad histórica; en Alemania, por ejemplo, la impronta dejada por el nacionalsocialismo ha llevado al legislador a sancionar como autor de un delito contra el Estado democrático de derecho a quien difunda propaganda de organizaciones contrarias al régimen constitucional(6), o a quien como cabecilla o instigador mantenga operativo un partido político declarado contrario al orden constitucional(7), o a quien use signos distintivos de organizaciones contrarias al régimen constitucional(8) o, incluso, a quien niegue la existencia del holocausto judío. En otros países como España, se sanciona como delito contra las instituciones del Estado la invasión violenta o con intimidación del local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma(9) y se consideran como delitos contra la Constitución aquellas conductas violentas orientadas a la destitución del Rey, la disolución de las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, o a quien acompañado de actuaciones violentas declare la independencia de una parte del territorio nacional (10).

Si no se quiere renunciar a la posibilidad de imponer penas a quienes desarrollen conductas orientadas a eliminar o perturbar el funcionamiento del régimen legal o constitucional, las legislaciones penales deben mantener normas tendientes a proteger ese bien jurídico como de hecho ocurre en España y Alemania, para citar solamente esos dos ejemplos.

La Corte Suprema de Justicia colombiana ha dicho que en sociedades con altos grados de conflictividad social surge el delito político, mientras en sociedades con elevados niveles de consenso esa clase de hechos punibles tienden a desaparecer y menciona como ejemplo a Estados Unidos y los países de la Unión Europea, en los que no se tiene existencia de grupos rebeldes(11). La primera parte de esta afirmación no es aplicable solamente al delito político, sino a cualquier clase de conducta punible; en puridad de términos, el delito surge como manifestación de conflictos sociales, de tal forma que los índices de delincuencia son mayores en aquellos países con altos grados de conflictividad social. Pero eso no significa que deban retirarse de la legislación penal aquellas conductas delictivas que al tener poca ocurrencia permitan suponer un bajo nivel de conflictividad en determinados ámbitos de la vida social, pues por esa vía en Colombia deberíamos despenalizar el genocidio, la manipulación genética, la repetibilidad del ser humano, el tráfico de embriones humanos, los experimentos biológicos en persona protegida, los ataques contra represas o centrales nucleares, la desaparición forzada, el apoderamiento de aeronaves, las emisiones ilegales de moneda, el manejo ilícito de microorganismos nocivos, la provocación de inundación o derrumbe, la introducción al país de residuos nucleares, la perturbación de instalación nuclear o radiactiva, o la propagación del virus de inmunodeficiencia humana.

Por lo que respecta a la segunda parte del planteamiento esbozado por la Corte Suprema de Justicia, creo que proponer la eliminación en Colombia de los delitos de rebelión o sedición con el argumento de que en países como Estados Unidos o Alemania no existen grupos de rebeldes, es tanto como pensar que los alemanes despenalizarán la creación y puesta en marcha de movimientos nacionalsocialistas con el argumento de que tales conductas no son punibles en Estados Unidos ni en Colombia, o como suponer que los españoles retirarán del Código Penal los delitos contra la Corona o el alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, con el argumento de que tales comportamientos no son punibles en Colombia. El delito político debe estar presente en todas las legislaciones penales, porque siempre existirá la necesidad de que los Estados garanticen el normal funcionamiento del régimen constitucional y legal que los caracteriza; un Estado que tolerara los ataques violentos a su sistema político desembocaría en la anarquía. Sin embargo, como cada país tiene sus propias particularidades, es comprensible que las manifestaciones del delito político sean diversas en cada uno de ellos, bien sea protegiendo la realeza en aquellas naciones donde se mantiene esa institución, o sancionando las declaraciones violentas de independencia respecto de parte del territorio nacional en los países que tienen movimientos separatistas armados, o elevando a la categoría de delito los intentos de reimplantar partidos políticos de tendencia nacionalsocialista en países que como Alemania han quedado históricamente marcados por los excesos de esa clase de movimientos, o reprimiendo las acciones de quienes mediante el uso de las armas pretenden derrocar el Gobierno o impedir el normal funcionamiento de sus instituciones, como acontece en Colombia y España.

Si bien es cierto que la desaparición del delito puede conseguirse desde el punto de vista meramente formal con la eliminación de la norma que lo crea, esa actitud no elimina el conflicto social que subyace bajo todo delito. La aspiración de todo Estado de Derecho no debe ser la de una simple supresión formal de conductas delictivas, sino la eliminación de las condiciones que las generan. Pero mientras en un país existan personas que de una u otra manera atenten contra el régimen constitucional y legal, es comprensible que esa clase de comportamientos se mantengan como delitos, sobre el supuesto de que la intervención del derecho penal es el mecanismo de disuasión más poderoso con que cuenta un Estado de Derecho. Eso explica que en España haya trece delitos contra la Constitución, siete delitos contra la Corona, diecinueve delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes, entre otras muchas normas orientadas a proteger la estabilidad del régimen constitucional y legal, y que en Alemania haya diez delitos contra el Estado democrático de derecho.

El debate no debe girar entonces en torno a la despenalización del llamado delito político, porque la importancia de proteger penalmente como bien jurídico la estabilidad del régimen constitucional y legal no admite discusión. Lo que debe ser objeto de un mayor análisis es la clase de conductas que deben ser mantenidas como delitos de esa naturaleza de acuerdo con la realidad socio-política de cada país, el tratamiento punitivo que debe otorgarse al delito político y, en particular, si se trata de conductas que deben ser castigadas más benignamente que los delitos comunes y si merecen seguir siendo susceptibles de indultos y amnistías.

Delitos como la rebelión y la sedición no pueden ser válidamente sustituidos por los de concierto para delinquir o terrorismo, porque se trata de comportamientos distintos cuya punición está orientada a la protección de bienes jurídicos diversos. La circunstancia de que la principal diferencia entre esos tres delitos radique en la finalidad con la que esas conductas se despliegan, no hace desaparecer la importancia de esa distinción; son muchos los delitos cuya autonomía depende exclusivamente de la finalidad que con ella se busca, porque ese direccionamiento de la voluntad es lo que permite establecer el bien jurídico contra el que se pretende atentar. Así, por ejemplo, la simple reunión de un número plural de personas armadas solo podrá calificarse de rebelión, concierto para delinquir o terrorismo, dependiendo de si ellas orientan sus acciones a suprimir el régimen constitucional vigente, a cometer en el futuro un número indeterminado de delitos o a causar zozobra o terror en la población o en un sector de ella.

Si desde el punto de vista político criminal se llega a la convicción de que quienes cometen delitos políticos lo hacen a pesar de que no existen suficientes razones sociales, económicas y políticas para que resulte comprensible su actitud de propugnar por una modificación violenta de las instituciones, la simple actitud de retirar del Código Penal los delitos políticos no hace que en la práctica desaparezcan las personas que se arman con la finalidad de derrocar al Gobierno imperante o perturbar temporalmente el funciona miento del régimen constitucional o legal vigente. Retirar de la legislación penal los delitos políticos equivale a simular la desaparición de esa clase de conductas en nuestro país. A mi modo de ver, cuando político criminalmente se concluye que los autores de delitos políticos actúan a pesar de que no hay razones de índole social, económica o política que justifiquen el empleo de las armas para conseguir modificaciones en las instituciones del Estado, la actitud correcta debe consistir en plantear la eliminación de indultos y amnistías para esa clase de delitos o, cuando menos, propugnar por el drástico aumento de las penas previstas para los mismos, tal como ha sido sugerido por la propia Corte Constitucional(12); en Alemania, para citar solo un ejemplo, en agosto de 2000 un ciudadano alemán fue condenado a cadena perpetua por haber matado a golpes a un emigrante mozambiqueño, por razones de xenofobia; el Tribunal encargado del juzgamiento justificó lo elevado de la pena por tratarse de una conducta que amenazaba la seguridad interna de la República Federal.

Es importante tener en cuenta que los fines nobles que se suelen atribuir al delito político no son un elemento de su descripción típica y por tanto no deben ser utilizados para determinar si una conducta se acomoda o no a la descripción típica de los delitos de rebelión o sedición. Quienes mediante el uso de las armas realicen acciones encaminadas a deponer el Gobierno para sustituirlo por otro que defiende el comercio ilícito de estupefacientes, propugna por implantar el delito de opinión, defiende la tortura como mecanismo para obtener la confesión y apoya la implantación de la pena de muerte, siguen siendo autores de un delito de rebelión, aun cuando las finalidades que buscan con la toma del poder no puedan ser consideradas como altruistas(13). Por eso las referencias que históricamente se han hecho en relación con los fines altruistas de los delincuentes políticos, no están orientadas a incluir esa tendencia moral como elemento del delito político, sino que han sido utilizadas como argumentos para justificar una menor punibilidad de esa clase de delitos(14), o para sostener la posibilidad de que sus autores puedan ser beneficiados con amnistías o indultos(15). No es entonces correcto negar la tipicidad de los delitos de rebelión o sedición, con el argumento de que quienes han desarrollado las conductas descritas en esos tipos penales lo hicieron careciendo de una motivación altruista, porque esta no es una circunstancia que forme parte de la descripción de ninguno de esos dos delitos. Si se tiene el convencimiento de que los grupos rebeldes que pretenden sustituir o perturbar el régimen constitucional o legal vigente actúan sin motivaciones altruistas, lo que corresponde al legislador es propugnar por el aumento de las penas previstas para esos delitos, y limitar, condicionar o eliminar la posibilidad de que sus autores puedan ser beneficiados con indultos o amnistías.

Otro aspecto discutible en relación con los delitos de rebelión y sedición tiene que ver con la posibilidad de que algunos delitos comunes puedan ser considerados como indisolublemente ligados a aquellos y que, por esa razón, el legislador decida prescindir de sancionarlos autónomamente. Sobre el supuesto de que quienes se alzan en armas para derrocar el Gobierno o perturbar el funcionamiento del régimen constitucional o legal solo pueden alcanzar dicha finalidad mediante la utilización de las armas que empuñan, se ha propuesto que los delitos de lesiones y homicidios cometidos en desarrollo de las actividades propias de la rebelión o la sedición sean comprendidos por estos últimos delitos, de tal manera que sus autores no reciban una condena adicional por su comisión. Desde el punto de vista normativo, el legislador colombiano de 1890 elaboró una larga lista de los delitos que debían quedar comprendidos por la rebelión y la sedición (art. 177), entre los cuales sobresalían la recaudación de contribuciones de carácter general, ocupaciones de propiedades para la defensa de los alzados en armas y la violencia contra las personas que hostilizaran a los rebeldes o sediciosos. Por el contrario, se prohibió de manera expresa incorporar dentro de los delitos de rebelión y sedición conductas como el saqueo de poblaciones, el incendio cuando no fuera absolutamente necesario para las operaciones de la guerra, así como “el homicidio y demás violencias contra las personas, ejecutados fuera de una función de armas, o sin que sean necesarias para mantener el orden en el bando, partido o ejército respectivo”.

El Código Penal colombiano de 1936 (arts. 141 y 143) señaló que los rebeldes y sediciosos no estarían sujetos a responsabilidad penal por las muertes o lesiones causadas en el acto de un combate. Pero a renglón seguido advirtió el legislador que “el homicidio cometido fuera de la refriega, el incendio, el saqueo, el envenenamiento de fuentes o depósitos de agua y en general los actos de ferocidad o barbarie, darán lugar a las sanciones respectivas, aplicadas acumulativamente con la de rebelión”. El legislador penal de 1980 se limitó a mantener dentro del título de los delitos contra el régimen constitucional una norma (art. 127) conforme a la cual los “rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”. La existencia de disposiciones legales como las acabadas de citar, hacían posible que cuando se producían amnistías por delitos políticos, los rebeldes o sediciosos no fueran responsabilizados penalmente por delitos como las lesiones y homicidios cometidos en combate; debe quedar claro, sin embargo, que la falta de sanción por esos delitos no era consecuencia de un indulto o una amnistía que se extendiera a delitos comunes, sino de la voluntad misma del legislador para no responsabilizar a los alzados en armas por los delitos comunes que pudieran considerarse como estrechamente vinculados a los de rebelión y sedición.

Si bien la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 127 del Código Penal de 1980 con el argumento de que esa disposición legal encubría una amnistía generalizada que es contraria a la Constitución Política, también fue clara al puntualizar que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma comentada no excluye la posibilidad de que los delincuentes políticos puedan ser amnistiados o indultados por el Congreso, cuando respecto de cada caso concreto considere que algunos delitos comunes perpetrados por los rebeldes o sediciosos puedan considerarse como conexos con el delito político y susceptibles de ser cobijados por el indulto, en contraposición a aquellos que por su ferocidad, por su barbarie o por constituir delitos de lesa humanidad, deben quedar excluidos de la posibilidad de un indulto(16).

El hecho de que en el Código Penal colombiano de 2000 —y atendiendo a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 127 del Código Penal de 1980—, no se haya incluido ninguna norma similar a las acabadas de transcribir, no elimina la posibilidad teórica de que algunos de los delitos comunes cometidos por los alzados en armas puedan resultar impunes, al quedar subsumidos por los delitos de rebelión y sedición. De una parte, la propia Corte Constitucional advirtió en la mencionada providencia que el Congreso podrá extender los beneficios de indultos o amnistías a delitos que siendo conexos con la rebelión y la sedición considere susceptibles de ser cobijados por tal beneficio. De otro lado, en ausencia de normas que expresen cuáles son esos delitos que no deben ser autónomamente sancionados, también es factible que el intérprete (doctrina y jurisprudencia) determine aquellos eventos en los cuales surja el fenómeno de la concurrencia aparente entre los delitos políticos (rebelión y sedición) y algunos delitos comunes que puedan ser cometidos por los alzados en armas. Las hipótesis en las que sea reconocida la existencia del concurso aparente, deberán ser resueltas por alguno de los mecanismos que la doctrina ha venido desarrollando para solucionar esos tipos de concurrencia y que, en términos prácticos, supone la no aplicación de pena respecto de los delitos cuyo desvalor quede comprendido por el de la rebelión o la sedición.

Aun cuando desde el punto de vista teórico la polémica sigue abierta en relación con cuáles son los delitos comunes que pueden considerarse absorbidos por los de rebelión y sedición(17), existe una generalizada tendencia a rechazar la posibilidad de que delitos como el narcotráfico, la tortura, el secuestro, la desaparición forzada y, en general, los delitos de lesa humanidad sean considerados como estrechamente vinculados a los de rebelión y sedición, razón por la que los alzados en armas que incurran en esas conductas delictivas deberán responder penalmente por estas, con absoluta independencia de si llegan o no a ser beneficiados por un indulto o amnistía en relación con el delito político por ellos cometido. Debe quedar claro, sin embargo, que la circunstancia de que los alzados en armas deban responder por delitos como la tortura, el secuestro, el narcotráfico, el terrorismo o la desaparición forzada, no elimina respecto de ellos su condición de delincuentes políticos. En otras palabras, quien acomoda su conducta a la descripción típica del delito de rebelión y adicionalmente comete delitos como el de terrorismo o el de narcotráfico, no pierde por ello su condición de rebelde; simplemente deberá responder penalmente como rebelde, terrorista y narcotraficante, sin que estas dos últimas calificaciones le hagan perder su condición de delincuente político, por cuanto desde el punto de vista del derecho penal condiciones como la de rebelde y terrorista, o rebelde y narcotraficante no son excluyentes; por el contrario, pueden considerarse como cumulativas en aquellos eventos en los que una misma persona cometa el delito de rebelión, el de narcotráfico y el de terrorismo, evento en el cual deberá responder como autor de un concurso material de esos delitos. Desde luego, en el evento de que el Gobierno decidiera conceder un indulto o amnistía a ese rebelde, esa gracia solo cobijaría el delito político, dejando intacta la responsabilidad penal que le pueda caber por hechos de narcotráfico o de terrorismo.

En una reciente providencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana se ocupó de analizar la posibilidad de que los paramilitares pudieran responder como autores de un delito de sedición, concluyendo que ello no era factible. A juicio de la Corte Suprema de Justicia, los paramilitares no cometen delito de sedición, sino que acomodan su conducta a la descripción típica del concierto para delinquir:

“Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no solo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta —entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana— que se les brindaría por medio de amnistías e indultos, medidas que podrían ser tomadas a discreción del ejecutivo y el legislativo y sin posibilidad de control judicial, tornándose en un imposible la obtención de la verdad, el deber de recordar y el derecho a saber lo que realmente sucedió en el caso”(18).

Rechazar la posibilidad de que las actividades paramilitares puedan ser consideradas sedición con el argumento de que ellos no actúan con fines altruistas, es desconocer que el altruismo no es elemento de la descripción típica del delito de sedición; el único ingrediente subjetivo que aparece expresamente consagrado para este delito en la legislación penal colombiana, es la finalidad de “impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente”, con absoluta independencia de si ese propósito de los sediciosos es consecuencia de un fin altruista o no. Téngase en cuenta que en virtud del principio de legalidad constitucionalmente consagrado, ningún funcionario judicial puede agregar a una norma penal elementos que no aparezcan expresamente incorporados a ella por el legislador como elementos del tipo. Por con siguiente, si el delito de sedición no exige para su configuración típica el que sus autores actúen con fines altruistas, al intérprete le está vedado exigir la presencia de ese elemento como requisito para considerar la existencia de ese delito, so pena de quebrantar el principio de legalidad.

Como ya se expuso en precedencia, la única utilidad que tiene la referencia a los fines altruistas del delincuente político es de naturaleza político criminal, en cuanto históricamente ha servido para asignar penas leves a esta clase de delitos y para consagrar respecto de los mismos la posibilidad de conceder amnistías e indultos. Por esa razón considero incorrecto sostener que el paramilitarismo no puede ser considerado un delito político, porque de esa manera sus autores podrían ser beneficiados con amnistías e indultos. Si la Corte Suprema de Justicia tiene reparos sobre la posibilidad de que los delincuentes políticos puedan ser amnistiados o indultados, lo que debe hacer es promover una reforma legal que elimine tales beneficios para esa clase de delitos, propósito en el cual sí puede resultarle de utilidad el argumento de que quienes en Colombia están alzados en armas no son personas orientadas por fines altruistas. Pero mientras esa modificación legislativa no ocurra, es innegable que todo delito político es susceptible de indulto y que no resulta válido modificar la tipicidad de una conducta exigiendo elementos que no están consagrados en la norma (como la finalidad altruista), con la única pretensión de evitar la posibilidad de que un delincuente político pueda ser beneficiado por el indulto.

Si el temor de la Corte no es la posibilidad de que se concedan amnistías e indultos por el delito de sedición, sino que tales beneficios se extiendan a delitos que constituyan violaciones a derechos protegidos por la Convención Americana, entonces está trasladando de manera indebida a los delitos comunes, las consecuencias del delito político. Esa confusión puede apreciarse en algunos apartes de la sentencia comentada, en los que se abunda en argumentos de esta clase para negar la aplicación del delito de sedición a los paramilitares; dijo la Corte Suprema de Justicia que “Entre los diferentes ataques que puede sufrir la integridad personal aparece con nota sobresaliente la tortura. La práctica de esta clase de atentado a la dignidad humana aparece prohibida en términos absolutos e inderogables por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo ella ilegal aun en circunstancias de guerra exterior o interna, persecución al terrorismo y cualquier otro delito, estados de emergencia o conmoción interior, situaciones de emergencia o calamidad pública. A partir del Derecho Internacional Humanitario, que se aplica a conflictos tanto internacionales como internos, están prohibidas las torturas y demás actos crueles, humillantes y degradantes, razón por la cual los responsables de tales acciones deben responder por crímenes de guerra tanto en el orden interno como a la luz del Estatuto de Roma.

“La libertad personal es uno de los bienes más preciados por los miembros de las sociedades contemporáneas; su esencia estriba en no ser privado de ella en forma arbitraria o ilegal. Tristemente tal ataque ha sido práctica frecuente de los grupos de autodefensas, que utilizan el secuestro y la desaparición forzada como arma de eliminación de sus enemigos en particular y de intimidación de la población en general. Por la falta de efectividad del Estado en la persecución de atentados a este preciado bien ya se han producido condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”(19).

La confusión de la Corte Suprema de Justicia consiste en suponer que cuando un rebelde o un sedicioso comete un delito común, esa sola circunstancia le hace perder su condición de delincuente político, lo cual no es cierto. Quien alzado en armas pretende derrocar al Gobierno acomoda su conducta a la descripción típica del delito de rebelión y deberá responder como autor este, con absoluta independencia de si en desarrollo de ese propósito comete o no algún delito diverso de la rebelión misma. Si como consecuencia de esas actividades de rebelión, los alza dos en armas cometen delitos como los de narcotráfico o terrorismo, su situación jurídica varía en el sentido de que no responderán ante la justicia únicamente por el delito de rebelión, sino que deberán ser juzgados por un concurso entre ese delito político y los hechos punibles comunes de narcotráfico y terrorismo. Por eso la simple circunstancia de que pueda afirmarse válidamente que algunos rebeldes son terroristas por desplegar acciones que encuadran dentro de la descripción típica del delito de terrorismo, no les hace perder su condición de rebeldes. Simplemente, respecto de ellos se predicarán esas dos condiciones y ante la justicia penal deberán responder por ambos delitos.

Lo anterior significa que si dentro de un proceso penal se demuestra que un sedicioso ha cometido delitos como los de tortura, terrorismo, secuestro o desaparición forzada, esa circunstancia no le hace perder su condición de delincuente político. Tal como ocurre con el delito de rebelión, la única consecuencia que de esos hechos se desprende para el sedicioso, es que ya no responderá solamente como autor de un delito político, sino que adicionalmente será procesado por los delitos comunes que haya perpetrado. Esa posibilidad de separar las diversas conductas punibles que una misma persona pueda perpetrar, es lo que permite explicar que cuando un rebelde o un sedicioso cometen adicionalmente a ese delito político otros de naturaleza común, puedan ser beneficiados con un indulto o amnistía exclusivamente por la rebelión o la sedición, sin que en momento alguno puedan extenderse de manera automática esos beneficios a delitos comunes cometidos por el alzado en armas, como por ejemplo la tortura, el terrorismo, el secuestro o la desaparición forzada.

Por lo tanto, el hecho de que algunos paramilitares hayan podido cometer delitos comunes como los mencionados por la Corte Suprema de Justicia en la providencia comentada, no es argumento suficiente para negarles su condición de sediciosos, porque es perfectamente factible que una misma persona cometa delitos políticos y comunes, sin que la ejecución de estos últimos haga desaparecer aquellos.

Otro de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia para negar a los paramilitares la condición de sediciosos, tiene que ver con el apoyo que habrían recibido de miembros de la institucionalidad; en sus apartes pertinentes, esto se afirma en la providencia comentada: “Todo lo expresado debe obligar a la Corte a considerar, en aras del imperio de la justicia nacional, el respeto de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos y la efectividad de los derechos fundamentales, al constatar que resulta siendo un imposible jurídico asimilar, y como consecuencia de ello darle el tratamiento de delito político a aquellos comportamientos desplegados de manera sistemática, con una ponderada programación del hecho, en muchos casos con el apoyo directo y en otras soterrado de miembros de la institucionalidad, y que fueron ejecutados por los miembros de los señalados grupos —a cuyo surgimiento contribuyó el propio Estado— en desmedro de los más caros bienes jurídicos de ciudadanos inermes y de la humanidad en general”(20).

Este parece el argumento más sólido de los esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia, pues si el delito de sedición consiste en el empleo de las armas para “impedir transitoriamente el libre funciona miento del régimen constitucional o legal vigente”, parecería innegable que si los paramilitares no impidieron el funcionamiento de ese régimen constitucional o legal, sino que se incorporaron a él para defenderlo, no podrían ser considerados como autores del delito de sedición. Sin embargo, el razonamiento empleado por la Corte Suprema de Justicia es equívoco, porque si se asume que el apoyo que recibieron los paramilitares fue institucional, no cabría la menor duda de que las conductas de los paramilitares serían lícitas en cuanto delito político, porque lejos de impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal, se habrían incorporado a él mediante el respaldo institucional a sus actividades. Si, por el contrario, lo que la Corte Suprema de Justicia menciona no es el apoyo institucional a las actividades para militares, sino tan solo el apoyo individual de personas pertenecientes a la institucionalidad, ese respaldo convierte a quien lo brinda en partícipe del delito de sedición, pero no desnaturaliza ese hecho punible. Si alguien colabora de manera activa en acciones desarrolladas por un sedicioso para interrumpir el normal funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente, podrá ser procesado como partícipe del delito de sedición, con absoluta independencia de si ese colaborador forma o no parte de las instituciones. Lo que no resulta correcto, es sostener que cuando el individuo que presta apoyo a los sediciosos forma parte de la institucionalidad, entonces esa colaboración hace desaparecer el delito político.

Puntualizado que el delito de sedición no requiere para su configuración que los autores actúen con fines altruistas, que la circunstancia de que un sedicioso cometa delitos comunes no elimina el delito político, que los indultos y amnistías solo pueden cobijar los actos de sedición y en ningún caso comprenden de manera automática los delitos comunes cometidos por el delincuente político y que el apoyo individual de personas vinculadas a la institucionalidad no hace desaparecer la sedición, sino que convierte en partícipes de esta a quienes apoyan las actividades de sus autores, resta por analizar si los paramilitares pueden ser considerados como personas alzadas en armas con el propósito de “impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente”.

De acuerdo con las informaciones que ofrecen los medios de comunicación sobre las actividades de los grupos paramilitares, su actividad está orientada a combatir por las armas a los grupos guerrilleros, suplantando en el desarrollo de esa labor tanto a la Policía Nacional, como a las Fuerzas Militares y a la propia administración de Justicia. Las noticias dan cuenta de que los paramilitares no enfrentan a la guerrilla en la misma forma en que lo hacen los fiscales, los jueces, la policía y las Fuerzas Militares, sino que utilizan métodos claramente incompatibles con los que el Estado emplea para combatir a la guerrilla. Eso significa que la actividad paramilitar perturba el normal funcionamiento de la administración de justicia, porque en lugar de someter a investigación y juzgamiento a aquellas personas sospechosas de pertenecer a la guerrilla, se las suele matar incluso en estado de indefensión, o se las desplaza de sus lugares de asentamiento.

De la misma manera, esas actuaciones desplegadas por grupos paramilitares entorpecen las actividades de la fuerza pública, no solo porque actúan sin sujeción a ninguna de las normas que regulan los conflictos armados internos y externos, sino porque en no pocas oportunidades han enfrentado con las armas a la policía y a las Fuerzas Militares. El repudio general a las actuaciones de los paramilitares proviene, justamente, de que con ellas se entorpece el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigente, al tratarse de personas cuya motivación central es suplantar tanto a las Fuerzas Militares como a la administración de justicia en la persecución de los grupos guerrilleros.

Sobre el supuesto de que los grupos paramilitares se alzaron en armas para combatir a la guerrilla con métodos diversos de los que el Estado ha puesto en manos de sus Fuerzas Militares y de su aparato de justicia, considero que acomodan su conducta a la descripción típica del delito de sedición, porque con sus actuaciones buscan “impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigente”. En contra de esta afirmación no puede negarse a los paramilitares su condición de sediciosos, por el hecho de que no pretenden derogar el Gobierno, pues esa es una finalidad propia del delito de rebelión y no de la sedición(21); este último delito nace a la vida jurídica sin necesidad de que sus autores busquen el cambio de Gobierno, y por el solo hecho de que con sus actuaciones pretendan “impedir transitoria mente el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigente”(22), razón por la cual alguna parte de la doctrina ha calificado al delito de sedición como una rebelión pequeña(23).

Ninguna duda cabe en cuanto a que aquellos paramilitares a quienes se demuestre la comisión de delitos como el de terrorismo, tortura, tráfico de estupefacientes, secuestro o desaparición forzada, deberán responder como autores de tales conductas, sin que por ello pierdan la condición de sediciosos. La comisión de un número plural de delitos no hace desaparecer ninguno de ellos sino que, por el contrario, da lugar al surgimiento de un concurso de delitos que es precisamente una suma de hechos punibles por todos los cuales debe responder su autor, y en ningún caso una resta. Incluso existe la posibilidad de que esos paramilitares puedan ser beneficiados por un indulto, que solo les eximiría de pena por el delito de sedición, pero que mantendría incólume la responsabilidad por todos los delitos comunes en que hubieran incurrido. En estas circunstancias, no resulta correcto afirmar que reconocer a los paramilitares su condición de sediciosos supone dejar en la impunidad la comisión de delitos como el narcotráfico, el terrorismo o el secuestro, pues se trata de conductas que no pueden ser objeto de indulto. Si nos despojamos de este equivocado prejuicio, podremos analizar de manera más sosegada si el paramilitarismo puede o no encajar en la descripción del delito de sedición, con la tranquilidad de que reconocer ese hecho, no nos llevará a dejar en la impunidad los graves delitos comunes y de lesa humanidad que algunas de las personas vinculadas a los grupos paramilitares han cometido.

(*) Texto de la conferencia dictada en la Universidad de los Andes, dentro de un seminario sobre “Delito Político y Terrorismo en conflictos armados”, celebrado el 27 de marzo de 2008.

(1) “Se llama política aquella que rige la creación, desenvolvimiento y vida del Estado; luego los atentados contra éste, metafísicamente delitos políticos habían de llamarse. Esta sencilla digresión basta para fijar, justificándolo, el nombre de los mismos”. Rodrigálvarez, Luis Pidal. La punibilidad de las ideas y del delito político. Madrid, 1925, p. 175.

(2) “El título II de la parte especial versa sobre los delitos políticos, y efectivamente así debieran denominarse porque los hechos descritos en la sección atacan la organización gubernamental existente, tratando de destruirla o cambiarla por medio de las armas, o perturbando el orden social con procedimientos menos drásticos. La doctrina y la jurisprudencia se ocupan de los delitos políticos como de una variedad definida con ese nombre, pero el Código la encubre presentándola como ‘delitos contra el régimen constitucional’, desconociendo inclusive expresas normas constitucionales que se ocupan del instituto y que responden a su auténtica naturaleza y a sus protecciones particulares.

“Idéntica falta de claridad y franqueza brotaba del estatuto de 1936, que agrupaba la rebelión, la sedición y la asonada como ‘delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado’, en lugar de titularlos según conviene a su innegable autenticidad: delitos políticos”. Pérez, Luis Carlos. Derecho Penal partes general y especial. Bogotá: Editorial Temis, 1984, t. III, p. 121.

(3) Ver en este sentido las afirmaciones de Restrepo, Luis Carlos en Crímenes altruistas (compilado por Leonardo Botero Campuzano). Ed. Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, 2007, pp. 100 y 103

(4) La Corte Suprema de Justicia confunde el concepto de ingrediente subjetivo con la noción de dolo, cuando señala que “El dolo que se presenta en el delito político se dirige a socavar la institucionalidad proponiendo un nuevo orden o perturbando el existente y promoviendo otro en el que se mejore la dirección de los intereses públicos”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 11 de julio de 2007, magistrados ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca (Rad. 26945).

(5) Ver en este sentido las afirmaciones de Restrepo, Luis Carlos en “Crímenes altruistas” (compilado por Leonardo Botero Campuzano), ed. Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, 2007, pp. 100 y 103.

(6) § 86 del Código Penal alemán.

(7) § 84 del Código Penal alemán.

(8) § 86a del Código Penal alemán.

(9) Artículo 503 del Código Penal español.

(10) Artículo 472 del Código Penal español.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 11 de julio de 2007, magistrados ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca (Rad. 26945).

(12) “De hecho en las sociedades democráticas que, como la colombiana, ofrecen canales múltiples para ventilar el disenso y buscar la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas, el ámbito del delito político no puede tener ya el mismo alcance que pudo tener en el pasado, lo que no quiere decir que esta modalidad delictiva haya desaparecido de los códigos y de la Constitución.

“En las sociedades fundadas sobre presupuestos democráticos y sobre el respeto a los derechos fundamentales, se torna cada día más difícil y menos justificado apelar a formas delictivas a fin de expresar la inconformidad política y pretender la transformación de la sociedad. En todo caso, a la altura del tiempo presente y de los desarrollos constitucionales del país, dando por descontada la existencia de la delincuencia política —a su modo contemplada en la misma Constitución—, lo que todavía le presta apoyo a la consagración de un régimen menos severo para el delito político son los ideales que encarnen los rebeldes, no así el recurso constante a la violencia que los caracteriza. Por lo demás, la tendencia que se observa en el mundo es la de no amparar bajo el concepto del delito político las conductas violentas”. Corte Constitucional sentencia del 23 de septiembre de 1997 (C-456 de 1997, magistrados ponentes: Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz).

(13) No puede olvidarse que solo se sanciona a los rebeldes que fracasan, en cuanto es el gobierno imperante quien juzga la licitud de sus conductas y califica su orientación como altruista o despreciable; pero cuando un grupo rebelde triunfa, el nuevo régimen no suele juzgarlo como autor de un delito político ni cuestionar la nobleza de sus ideales.

(14) “Al delito político se le otorga un tratamiento distinto del aplicable al delito común, en razón de los móviles de beneficio social que eventualmente pueden anidar en el alma de los rebeldes, pero nunca porque se juzgue apropiado el recurso a la violencia”. Corte Constitucional, sentencia del 23 de septiembre de 1997 (C-456 de 1997, magistrados ponentes: Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz).

(15) “La ley penal es suave para los delincuentes por rebeldía, esto en consideración a que los motivos determinantes de estos delitos son generalmente altruistas y a que muchas personas van a ellos obligadas por el contagio mental”. Vilar, Eduardo. El nuevo Código Penal y el modo de interpretarlo científicamente. Bogotá: Ed. Librería Colombiana, 1939, p. 121.

(16) “Al Congreso corresponderá, en esa ley extraordinaria, determinar los delitos comunes cometidos en conexión con los estrictamente políticos y que, por lo mismo, pueden quedar cobijados por la amnistía y el indulto. Y cuáles, por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de lesa humanidad, no pueden serlo.

Lo dicho demuestra que incurren en error quienes afirman que la declaración de inexequibilidad del artículo 127 dificulta cualquier proceso de paz con gentes al margen de la ley. No, en un eventual proceso de paz, puede el Congreso ejercer la facultad que le confiere el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución. A la paz no se tiene que llegar por medio de la consagración de la impunidad permanente de las peores conductas criminales”. Corte Constitucional, sentencia del 23 de septiembre de 1997 (C-456 de 1997, magistrados ponentes: Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz).

(17) Una muestra de este interesante debate se dio en la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Penal de 1974, en una de cuyas sesiones se suscitó la siguiente polémica entre los profesores Bernardo Gaitán Mahecha y Alfonso Reyes:

“Doctor Gaitán: En lo que se refiere a la norma según la cual se deja sin sanción a los rebeldes que durante el combate perpetran homicidios o lesiones, cierto es que esa norma tiene su origen en el derecho de gentes, pero considero que no debe aprobarse por esta Comisión. Terceras personas pueden ser sujetos pasivos de esta clase de delitos y no encuentro razón valedera para afirmar que esas terceras personas deben ser víctimas de una impunidad que introduce el legislador. Si la muerte o las lesiones se ocasionan a quienes están defendiendo el gobierno legítimo, estas víctimas ejercen el derecho de defensa y los homicidas rebeldes no deben quedar amparados por la impunidad. Se han esgrimido una serie de consideraciones de carácter ‘romántico’, pero que no alcanzan a tener tal fuerza como para justificar la presencia de un texto de esta naturaleza.

“Doctor Reyes: No puedo estar de acuerdo con el doctor Gaitán. Todo depende de la presentación que se dé al problema. Si la rebelión y la sedición llevan ínsito el combate, resulta difícil pensar en una figura de esta naturaleza en la que no se produzcan necesariamente, otras adecuaciones típicas, que por lo general serán el homicidio y las lesiones personales. En el fondo no se está consagrando impunidad alguna, sino que se está aceptando una realidad y es la de que el combate, para que sea tal, conlleva otros resultados, por su misma naturaleza; de lo contrario, no deberíamos hablar de ‘alzamiento en armas’”. Anteproyecto de Código Penal colombiano, edición oficial Ministerio de Justicia, Bogotá, 1974, p. 435.

(18) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 11 de julio de 2007, magistrados ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca (Rad. 26945).

(19) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 11 de julio de 2007, magistrados ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca (Rad. 26945).

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 11 de julio de 2007, magistrados ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca (Rad. 26945).

(21) “En cuanto a la existente entre Rebelión y Sedición, en términos generales, hemos de decir, con Cuello Calón: ‘Estos delitos (de sedición) tienen de común con los de Rebelión el medio de ejecución, pues ambos se realizan mediante un alzamiento público. Pero se diferencian de estos en que en la rebelión el alzamiento va dirigido directamente contra los Poderes del Estado, es un alzamiento hostil al Gobierno, mientras que en la sedición el alzamiento no es de hostilidad directa contra el Gobierno, sino más bien contra ciertas Autoridades o clases sociales o del Estado, o contra bienes de éste o de Corporaciones públicas. Estos delitos, por su menor trascendencia, nunca son tan graves como los de Rebelión’”. (Stampa Irueste, Felipe. El delito de rebelión. Madrid: Ediciones de los Estudiantes Españoles, 1945, p. 13).

(22) “En tercer lugar, debe precisarse que las diferentes modalidades previstas en el artículo 544 hacen pensar en una finalidad política distinta de la destrucción o alteración del Estado democrático de derecho. Aquí se trata de un entorpecimiento en su funcionamiento de tal manera que el sujeto actúa para impedir la aplicación de las leyes o el legítimo ejercicio de la autoridad; para impedir, en fin, el normal funcionamiento del Estado democrático” (Stampa, Felipe, ob. cit., p. 844).

(23) “La sedición es, como señala acertadamente el Tribunal Supremo, una rebelión en pequeño, caracterizada por la menor entidad de los fines ilícitos perseguidos”. (Vives Antón, Tomás Salvador (y otros). Derecho Penal – parte especial. Valencia: ediciones Tirant Lo Blanch, 1999, 3.ª edición, p. 843). Según otros autores “... tanto la doctrina como la jurisprudencia se refieren a la sedición calificándola de ‘rebelión en «pequeño»’, según frase acuñada en su momento por Pacheco” (Calderón, Ángel Cerezo y Choclán Montalvo, José Antonio. Manual de Derecho Penal – parte especial. Barcelona: Ed. Deusto Jurídico, 2005, 3ª edición, t. II, p. 615). En palabras de Muñoz Conde, “En cierto modo la sedición es una rebelión en pequeño, pero desprovista del contenido político de este delito y, por tanto, mucho menos grave o, por lo menos, menos inquietante para el Poder constituido y para la Instituciones políticas fundamentales del Estado” (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal – parte especial. Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch, 2002, 14.ª edición, p. 839).